La asamblea urgente y extraordinaria del Colegio de Arquitectos de Sevilla, convocada por la nueva Junta de Gobierno para que adoptara la decisión de cómo afrontar el pago de las elevadas indemnizaciones pendientes (entre 500.000 y 700.000 euros, en números redondos) a trabajadores de la entidad despedidos durante el mandato de Ángel Díaz del Río como decano, adoptó el acuerdo de que se presente un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, en la esperanza de ganarlo o de al menos conseguir una sustancial rebaja de la cantidad.
Prevista en principio en el salón de actos del colegio (calle Imagen), la asamblea hubo de trasladarse a la sede de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura, en la avenida de la Reina Mercedes, ante la expectación creada y por esperarse una asistencia muy superior a la habitual. El encuentro no estuvo exento de tensión y de acaloradas discusiones, especialmente por la actitud discordante de colegiados afines a la anterior Junta Directiva.
Finalmente se decidió la elevación de un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, amparándose para ello en informes jurídicos que avalarían la posibilidad de ganarlo o, en su defecto, de conseguir rebajar la cifra a pagar. La votación se saldó con 265 votos a favor, ninguno en contra y seis abstenciones.
Para el caso de que hubiera que pagar por una sentencia desfavorable se acordó una cuota extra de 30 euros en diciembre y una aportación mensual de 4,5 euros a partir de enero de 2018 que se sumaría a la actual, resultando una mensual de 30 euros.
Fuentes del COAS han confirmado este recurso y dicen que busca la “unificación de doctrina ante la viabilidad de presentarlo que ha manifestado el informe jurídico encargado por el Colegio”.
Los poderes fácticos de la ciudad, con sus habituales connivencias políticas, creyeron fácil cambiar con el devenir del tiempo esta calificación urbanística, por todo el enorme negocio que supondría. Por eso, las ya extintas Cajas sevillanas, El Monte y San Fernando, le compraron la dehesa, contra el derecho del pueblo de Sevilla al que debió haber revertido, al Ministerio de Defensa en 1997 por 30 millones de euros.
Naturalmente, los señores del ladrillo, que se habían gastado 82 millones de euros en ese suelo rústico con la idea de multiplicar ‘ad infinitum’ cada euro llenando de pisos y más pisos Tablada (¿cuál habría sido en tal caso la magnitud del estallido de la burbuja inmobiliaria en Sevilla si se hubieran satisfecho sus pretensiones?), no han estado ni están dispuestos a entregársela al Ayuntamiento por los 7 millones de valoración realizada por este último.
En el actual escenario de crisis y recortes hasta en servicios básicos como la sanidad, la educación, la dependencia, el transporte metropolitano, etcétera, es inoportuno plantear el parque periurbano en Tablada, que abriría otra vez la vía de la expropiación.
La denuncia empieza refiriéndose a las actuaciones de la Administración responsable en materia de aguas (primero, la Confederación Hidrográfica; luego, la Agencia Andaluza del Agua; y ahora, de nuevo, la CHG) en relación con las fincas Hato Blanco Viejo y Hato Ratón Viejo, sitas en el término de Aznalcázar (Sevilla), desde 2006 hasta la fecha. Los organismos públicos tienen, según Ecologistas, notorio conocimiento de que en las mismas se producen extracciones ilegales de agua porque existen resoluciones de expedientes sancionadores previos del Consejo de Ministros que obligaban a indemnizar por los daños causados al dominio público hidráulico en cuantías incluso superiores a 1,5 millones de euros y referidas a superficies de riego no autorizado de miles de hectáreas. Por tanto, se trata de extracciones ilegales del acuífero que se evalúan del orden de 15 millones de m3/año (el 15% de las extracciones ilegales para regadío desde el acuífero).
Asimismo, Ecologistas denuncia ante el fiscal la realización de informes por parte de la jefa del Dominio Público Hidráulico de la Junta de Andalucía que ‘maquillan’ la situación real del acuífero del que se nutre el Parque Nacional y que eleva al Consejo Rector del mismo, compuesto en su gran mayoría por personas carentes de conocimientos hidrológicos. Por tanto, esa información no del todo cierta y que contrasta con la de otros organismos puede inducir a aquéllas a adoptar decisiones erróneas sin saberlo. La jefa del Dominio Público Hidráulico desoía al jefe de Aguas Subterráneas, su subordinado y persona de reconocido prestigio en Hidrología, con una dilatada experiencia como responsable del acuífero de Doñana.