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El Colegio de Arquitectos de Sevilla recurrirá ante el Tribunal Supremo por las indemnizaciones

La asamblea urgente y extraordinaria del Colegio de Arquitectos de Sevilla, convocada por la nueva Junta de Gobierno para que adoptara la decisión de cómo afrontar el pago de las elevadas indemnizaciones pendientes (entre 500.000 y 700.000 euros, en números redondos) a trabajadores de la entidad despedidos durante el mandato de Ángel Díaz del Río como decano, adoptó el acuerdo de que se presente un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, en la esperanza de ganarlo o de al menos conseguir una sustancial rebaja de la cantidad.

Prevista en principio en el salón de actos del colegio (calle Imagen), la asamblea hubo de trasladarse a la sede de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura, en la avenida de la Reina Mercedes, ante la expectación creada y por esperarse una asistencia muy superior a la habitual. El encuentro no estuvo exento de tensión y de acaloradas discusiones, especialmente por la actitud discordante de colegiados afines a la anterior Junta Directiva.

Finalmente se decidió la elevación de un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, amparándose para ello en informes jurídicos que avalarían la posibilidad de ganarlo o, en su defecto, de conseguir rebajar la cifra a pagar. La votación se saldó con 265 votos a favor, ninguno en contra y seis abstenciones.

Para el caso de que hubiera que pagar por una sentencia desfavorable se acordó  una cuota extra de 30 euros en diciembre y una aportación mensual de 4,5 euros a partir de enero de 2018 que se sumaría a la actual, resultando  una mensual de 30 euros.

Fuentes del COAS han confirmado este recurso y dicen que  busca la “unificación de doctrina ante la viabilidad de presentarlo que ha manifestado el informe jurídico encargado por el Colegio”.

El ladrillo nunca duerme

Apenas conocerse las dos sentencias por las que el Tribunal Supremo ha desestimado las pretensiones del consorcio dueño de Tablada y ratificado su condición de no urbanizable, Torrijos instó a Zoido a que convocara a los portavoces de los grupos municipales y, después, a “todas las partes interesadas” para explorar posibles soluciones sobre la base de que el precio de los terrenos se valore como suelo rústico y no como urbanizable para, se presupone habida cuenta de su política al respecto cuando era socio de Monteseirín en el gobierno, avanzar en su idea de la expropiación con el fin de convertir la dehesa en un parque periurbano.

Recapitulemos. Primer concepto básico: Tablada siempre ha estado calificada como No Urbanizable. Prohibición de construir. Así lo disponía el PGOU de 1987 y así lo ratificó el Plan vigente, aprobado en 2006.

Los poderes fácticos de la ciudad, con sus habituales connivencias políticas, creyeron fácil cambiar con el devenir del tiempo esta calificación urbanística, por todo el enorme negocio que supondría. Por eso, las ya extintas Cajas sevillanas, El Monte y San Fernando, le compraron la dehesa, contra el derecho del pueblo de Sevilla al que debió haber revertido, al Ministerio de Defensa en 1997 por 30 millones de euros.

Tres años después, en pleno ‘boom’ inmobiliario, le dieron el pase al consorcio Tablada-Híspalis, un ‘pool’ de inmobiliarias y constructoras como Osuna, Sando, Noriega, Arenal 2000…. a cambio de 82 millones. A continuación, el consorcio, que no podía decirse engañado por el carácter rústico, inundable y no urbanizable de los terrenos que compraba, las valoró en libros en 210 millones de euros sin haber puesto un solo ladrillo. Así se gestan los pelotazos inmobiliarios.

Para tratar de justificar esta milagrosa multiplicación de los euros, se hicieron algunas transacciones de suelos entre ellas mismas a precios inflados, dando la apariencia de una cotización de mercado que era puro artificio y basada en la expectativa de lograr la recalificación.

Al no poder cambiar el Plan General, lo han intentado por la vía judicial, agarrándose a la puerta que les abrieron Monteseirín y Torrijos con su idea, un mero futurible no plasmado en el PGOU, de convertir Tablada en un parque periurbano mediante su expropiación a precio de suelo rústico, algo en lo que vuelve a insistir Torrijos.

Naturalmente, los señores del ladrillo, que se habían gastado 82 millones de euros en ese suelo rústico con la idea de multiplicar ‘ad infinitum’ cada euro llenando de pisos y más pisos Tablada (¿cuál habría sido en tal caso la magnitud del estallido de la burbuja inmobiliaria en Sevilla si se hubieran satisfecho sus pretensiones?), no han estado ni están dispuestos a entregársela al Ayuntamiento por los 7 millones de valoración realizada por este último.

Toda la batalla judicial que han mantenido en estos años y que han perdido finalmente, al menos en esta etapa (el ladrillo nunca duerme y se queda latente en espera de la próxima revisión del PGOU), tenía por objetivo que el suelo rústico fuera declarado urbanizable para propiciar así el pelotazo, de momento imposible por el estallido de la burbuja, o, como mal menor, que se incluyera dentro del sistema general de espacios libres, con adscripción al suelo urbanizable a efectos de su valoración. O sea, que los dejaran en posición de construir o de ser expropiados al precio que ellos consideren de mercado de un suelo urbanizable con tales expectativas, que ahora sencillamente se han desinflado por el crash inmobiliario. Expectativas, nulas.

Independientemente de todas las matizaciones hechas en las sentencias y de las posibilidades que abriría al justificar la condición de no urbanizable de Tablada por la inundabilidad (¿hasta allí donde alcance el agua?) pero también por la discrecionalidad política, el Tribunal Supremo rechaza las dos pretensiones del consorcio, y subraya: “En realidad es la propia entidad recurrente quien al propugnar la inclusión de los terrenos de Tablada en el sistema de espacios libres está pretendiendo que el Plan General incorpore un título habilitante para su expropiación, pues la clasificación que el instrumento de planeamiento les asigna no supone ni determina la expropiación”.

Y ahora viene Torrijos (más Espadas) y le hace el juego al consorcio Tablada-Híspalis al plantear de nuevo justamente su pretensión subsidiaria, la que en la sentencia le niega el Supremo: volver a hablar de expropiación al volver a hablar del parque periurbano.

¿Es urgente? La última propuesta conocida para la creación de un parque periurbano en la dehesa fue la elaborada hace un par de años por la Plataforma Tablada Verde y Pública, que propugna excavar allí un lago de 40 Has., dotarlo de playa fluvial al precio de 3 euros por acceso, escuela de hípica, carril-bici, parapentes, aeromodelismo, huertos…. al coste inicial estimado de 20 millones de euros y de 1,5 millones de mantenimiento anual.

En el actual escenario de crisis y recortes hasta en servicios básicos como la sanidad, la educación, la dependencia, el transporte metropolitano, etcétera, es inoportuno plantear el parque periurbano en Tablada, que abriría otra vez la vía de la expropiación.

Además, desde que Monteseirín y Torrijos lanzaron esta idea se han ampliado considerablemente las zonas verdes mediante el plan de restauración hidrológico-forestal conveniado con la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y que, con una inversión de 109 millones, ha permitido reforestar 425 Has. Las últimas, las 60 del parque del Guadaíra.

Y 425 Has. son más que las 367 de Tablada.

 

La Administración desoye 7 sentencias del Supremo sobre riegos ilegales

 

 

Ecologistas en Acción denuncia al fiscal la connivencia con fincas

que extraen 15 millones de m3 de agua al año

 

La Junta de Andalucía ‘maquilló durante dos años un informe optimista

sobre el acuífero cuando iba cada vez peor

 

Otorgada sin convocatoria pública una concesión de 900.000 m3 de

escorrentías a la finca que impide el paso a los guardas

 

Ecologistas en Acción ha denunciado ante la Fiscalía de Medio Ambiente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía a funcionarios públicos que están permitiendo la extracción, por parte de los propietarios de unas fincas,  de aguas subterráneas para regadíos ilegales que a juicio de los verdes están causando un daño evidente y directo en los ecosistemas de Doñana. Ecologistas les acusa de hacer la vista gorda sobre las sentencias dictadas al respecto por el Tribunal Supremo, inhibirse permitiendo así que continúe la situación, omitir su deber de vigilancia, realización de informes falseados sobre el estado real del acuífero del que se nutre el Parque Nacional y concesión de autorizaciones temporales de riego con aguas pluviales y de escorrentía técnicamente imposibles.

La denuncia empieza refiriéndose a las actuaciones de la Administración responsable en materia de aguas (primero, la Confederación Hidrográfica; luego, la Agencia Andaluza del Agua; y ahora, de nuevo, la CHG) en relación con las fincas Hato Blanco Viejo y Hato Ratón Viejo, sitas en el término de Aznalcázar (Sevilla), desde 2006 hasta la fecha. Los organismos públicos tienen, según Ecologistas, notorio conocimiento de que en las mismas se producen extracciones ilegales de agua porque existen resoluciones de expedientes sancionadores previos del Consejo de Ministros que obligaban a indemnizar por los daños causados al dominio público hidráulico en cuantías incluso superiores a 1,5 millones de euros y referidas a superficies de riego no autorizado de miles de hectáreas. Por tanto, se trata de extracciones ilegales del acuífero que se evalúan del orden de 15 millones de m3/año (el 15% de las extracciones ilegales para regadío desde el acuífero).

En concreto, el Tribunal Supremo ha dictado cuatro sentencias condenatorias contra la propiedad de la finca Hato Ratón Viejo entre 2007 y 2009, y tres contra la propiedad de Hato Blanco Viejo entre 2008 y 2012, y en todas se especifica la obligación de inutilizar los mecanismos que permiten derivar ese agua no autorizada, básicamente los pozos y otras instalaciones necesarias para la extracción.

El origen de estas sentencias del Tribunal Supremo radica en expedientes administrativos sancionadores instados por la propia Administración de Aguas, la cual sin embargo no ha hecho nada al respecto, por lo cual continúan los daños al dominio público hidráulico y a Doñana. “Este hecho es de extraordinaria gravedad -puede leerse en el documento elevado al fiscal-, dado que la misma Administración que califica los hechos de muy graves no ejecuta las acciones a que la obliga el Tribunal Supremo para impedir que se sigan produciendo”. Además, Ecologistas denuncia que la Guardería Fluvial se ha visto impedida de acceder a las fincas para ejercer su labor de control e investigación, sin que los responsables de la Administración hayan actuado en consecuencia ni pedido auxilio judicial, como se hizo en ocasiones anteriores, para entrar en Hato Blanco Viejo y Hato Ratón Viejo. Asimismo, subrayan que no se ha producido ninguna sanción en el trienio en que la autoridad responsable en materia de aguas ha sido la Junta de Andalucía y que la CHG tampoco muestra una actitud proactiva para evitar esta situación, por lo que esta dejación de funciones se traduce en daños a Doñana.

Asimismo, Ecologistas denuncia ante el fiscal la realización de informes por parte de la jefa del Dominio Público Hidráulico de la Junta de Andalucía que ‘maquillan’ la situación real del acuífero del que se nutre el Parque Nacional y que eleva al Consejo Rector del mismo, compuesto en su gran mayoría por personas carentes de conocimientos hidrológicos. Por tanto, esa información no del todo cierta y que contrasta con la de otros organismos puede inducir a aquéllas a adoptar decisiones erróneas sin saberlo. La jefa del Dominio Público Hidráulico desoía al jefe de Aguas Subterráneas, su subordinado y persona de reconocido prestigio en Hidrología, con una dilatada experiencia como responsable del acuífero de Doñana.

Los verdes aportan pruebas que demuestran que la Agencia Andaluza del Agua estuvo presentando durante dos años el mismo informe presuntamente falseado sobre el estado del acuífero pero cambiando las fechas y calificando la situación como “de estabilidad”, cuando la conclusión del informe del jefe de Aguas Subterráneas era que los datos demostraban una situación preocupante porque los niveles de aguas cada año eran más profundos y porque en una tercera parte de los puntos de toma de muestras eran peores que cuando la terrible sequía del año 1995. Por ende, las alertas dadas al respecto por el representante de Ecologistas en el Consejo del Agua nunca eran recogidas en acta ni trasladadas al Pleno del Consejo Rector, ya que sólo se transmitía lo que quería la Junta de Andalucía.

SIN INFORMACIÓN PÚBLICA

 

Por otra parte, Ecologistas denuncia que se ha otorgado a la SAT Sotogordo autorización, sin previo proceso de información pública,  para derivar aguas de los canales de drenaje de su finca, sin derecho al uso privativo, por un volumen total anual de 902.189 m3 con destino al riego de 243 Has. de arroz, por inundación, y 550 Has. de huertas, por aspersión.

Para los verdes es evidente, como podría confirmar cualquier técnico agrónomo, que es un absurdo pensar que con una autorización de 902.189 m3 se pueden regar 243 Has. de arroz y 550 Has. de huertas cuando las necesidades hídricas para ello rondan los 6 millones de m3, si se tiene en cuenta que una Ha. de arroz precisa entre 12.000 y 14.000 m3 de agua de riego, y una de huerta, 5.500 m3 aproximadamente. Y en este sentido, una de las sentencias del Tribunal Supremo resta credibilidad al argumento asumido por la Administración Hidráulica para autorizar la solicitud de derivación de aguas.

Ecologistas se pregunta si resulta razonable que a una finca que, como dice el Supremo, demuestra una clara posición de obstrucción a la actividad inspectora le sea autorizada una concesión de aguas técnicamente imposible cuando impide que se compruebe si el agua con la que riegan no procede de los pozos denunciados. A juicio de los verdes, la respuesta sólo se puede encontrar en que la Administración Hidráulica le otorga una cobertura ‘legal’ (la autorización de derivación de aguas de los canales de drenaje) a esta finca, permitiendo así que continúe extrayendo ilegalmente aguas del acuífero mientras prohíbe el paso a la guardería fluvial y, en consecuencia, perjudicando a Doñana.

* Texto íntegro de la denuncia de Ecologistas en Acción:

Denuncia Ecologistas

 

Hato Blanco también se libra de multas millonarias

La Administración vuelve a dejar de ejecutar

multas millonarias por riegos ilegales en Doñana

Seis expedientes con sanciones desde 1997 no han sido aplicados a la finca ‘Hato Blanco Viejo’

A la misión de la Unesco que va a inspeccionar Doñana durante el mes de diciembre empiezan a acumulársele los motivos para actuar contra la desidia e inhibición de la Administración española. Ecologistas en Acción rescata ahora expedientes sancionadores y sentencias judiciales por más extracciones de aguas ilegales en el entorno del Parque Nacional y que nunca habrían sido ejecutados, con lo que la impunidad correría a sus anchas por la marisma, convertido en un territorio fuera de la ley.

El caso de la finca ‘Hato Ratón’ no es el único en el que extracciones ilegales de millones de metros cúbicos del acuífero de Doñana (el número 27) han quedado impunes pese a las sanciones administrativas refrendadas incluso por el Tribunal Supremo.

Ecologistas en Acción aportan ahora una sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera, tras la vista del recurso 1497/2000, y seis expedientes incoados desde 1997 a 2004 por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir contra los regantes de la finca ‘Hato Blanco Viejo’ para demostrar las sistemáticas prácticas de regadío ilegal en la marisma de Aznalcázar y la impunidad con que se llevan a cabo: expedientes sancionadores millonarios que se dejan caducar y otros que seguían su curso pero que pese a ser ratificados por los tribunales nunca han sido ejecutados, según los ecologistas.

Esta finca acumula al menos seis expedientes sancionadores entre 1997 y 2004 (el 415/97; el 395/98; el 552/2001; el 661/03; el 564/04 y el 434/04) por riego ilegal en cada caso de 698 Has., 354, 449, 444, 89  y 667 Has. El volumen de agua extraído de forma clandestina se eleva a 12.629.000 m3, con daños al dominio público hidráulico por valor cercano a los 3 millones de euros, motivo por el cual se le impusieron sanciones por casi 2 millones, que no habrían sido ejecutadas por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir pese a contar con fallos judiciales a su favor y hasta con resoluciones del Consejo de Ministros.

Siguiendo la táctica habitual en estos casos, como ocurrió en la finca ‘Hato Ratón’, la comunidad de regantes se dedicaba a impugnar ante las más altas instancias jurídicas las sanciones con el fin de demorar el proceso. Así ocurrió tras serle notificado la resolución del expediente 661/03 al detectarse la extracción ilegal de 5 millones de m3 de agua.

El caso llegó hasta el Tribunal Supremo, el cual confirmó a principios de 2009 la multa impuesta de 601.012 euros, más el pago de una indemnización por 1.123.416 euros tras captar ilegalmente esos 5 Hm3 para regar arroz, algodón y remolacha. Esta sentencia confirmaba en todos sus extremos la resolución del Consejo de Ministros, que en febrero de 2004 ratificó la multa por una infracción “muy grave”.

Según la resolución, los agricultores tenían en explotación once captaciones de aguas subterráneas sin autorización de la Confederación Hidrográfica (CHG), la cual las descubrió el 19 de octubre de 2000, cuando ya habían regado al menos 383 Has. de arroz por inundación, 86 Has. de algodón por goteo y 20 Has. de remolacha por aspersión.

En su defensa, la comunidad de regantes de ‘Hato Blanco Viejo’ argumentó que hicieron aquellas captaciones para “optimizar técnicamente” el agua, ya que según su versión no incrementaron el caudal que tenían autorizado y, por ejemplo, regaban el algodón con el agua resultante del desecho del cultivo de arroz.

El. Tribunal Supremo falló que no sólo estaban realizando siete captaciones en pozos para los que previamente la CHG les había negado la autorización, sino que además las estaban usando en unas zonas no autorizadas para ser regadas. El fallo judicial consideró demostrado que la comunidad de regantes utilizó indebidamente 5.349.600 m3 de agua, valorados en 1.123.413 euros, que deberían pagar a la Confederación.

Ecologistas en Acción ha denunciado que ni siquiera aquel caso sirvió para frenar las extracciones ilegales en el entorno de Doñana, ya que dicha comunidad de regantes volvió a ser merecedora de dos sanciones posteriores por captar 5.942.000 m3 de agua de forma clandestina, multas que tampoco se habrían ejecutado hasta la fecha.

Hato Ratón: multas impagadas por 13 millones

Una finca de Doñana lleva 13 años de riesgos

ilegales y sin pagar 13 millones en multas

Las sanciones no se han ejecutado por la Confederación ni la

Agencia del Agua pese al aval del Tribunal Supremo

La Sociedad Agraria de Transformación (SAT) Guadiamar acumula sanciones por más de 13 millones de euros por riegos presuntamente ilegales en una finca del entorno de Doñana llamada ‘Hato Ratón’ desde el año 1997 hasta la fecha sin que ni la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ni la Agencia Andaluza del Agua hayan sido capaces ni de cobrar las multas ni de clausurar los pozos clandestinos, pese a que el Tribunal Supremo ha rechazado sistemáticamente los recursos de la SAT y por tanto avalado las sanciones impuestas por estos regadíos al margen de la ley.Los ecologistas calculan que ha extraído del acuífero 27, del que se nutre Doñana, al menos 60 millones de m3 de agua.

La Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, de la que depende la Agencia Andaluza del Agua, ha confirmado indirectamente las denuncias de Ecologistas en Acción sobre la permisividad de las Administraciones Públicas con la SAT Guadiamar, explotadora de la finca ‘Hato Ratón’, al reconocer que los expedientes sancionadores contra esta sociedad por riegos ilegales en el entorno de Doñana han sido elevados ahora a la Agencia Tributaria en Madrid para que proceda a su ejecución.

Desde 1997, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir primero y posteriormente la Agencia Andaluza del Agua vienen mostrando su incapacidad para cobrarle lo más de 13 millones de euros en multas que acumula y clausurarle sus pozos ilegales, prueba del descontrol más absoluto que existe en materia de aguas en el Parque Nacional y su entorno.

La Consejería de Medio Ambiente se escuda en que como los expedientes sancionadores son anteriores a la fecha del traspaso del Guadalquivir a la Agencia del Agua, siguen siendo competencia de la Confederación Hidrográfica y no han sido asumidos en las transferencias, si bien le consta que han sido elevados a la Agencia Tributaria del Ministerio de Economía y Hacienda para que los ejecute directamente.

La Confederación Hidrográfica guarda un mutismo absoluto al respecto, pese a los reiterados intentos  a lo largo de semanas para obtener su versión de los hechos, y la Agencia Tributaria alega que no puede dar datos sobre contribuyentes.

Según las denuncias de Ecologistas en Acción, en la finca ‘Hato Ratón’ se habrían extraído ilegalmente al menos 60 millones de m3 de agua, pese a lo cual la Junta de Andalucía trata de ‘premiar’ a la SAT Guadiamar dando curso a su solicitud de que se le otorgue una concesión de aguas públicas procedentes del embalse del río Agrio, que ha quedado sin uso tras la catástrofe ecológica de Boliden en las minas de Aznalcóllar.

Ecologistas denuncian que los solicitantes ya están negociando con esta concesión, incluso antes de su adjudicación, para traspasarla a una compañía promotora de un proyecto de energía solar a cambio de más de un millón de euros anuales, ya que las plantas solares necesitan tierras con derecho a agua para refrigeración.

La Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía ha confirmado la existencia de la solicitud de esta concesión por la multisancionada SAT Guadiamar, pero la desvincula de estos expedientes sancionadores y dice que se enmarca en los acuerdos del Consejo de Participación de Doñana, el cual decidió en su momento ir sustituyendo progresivamente los riegos con aguas subterráneas del acuífero 27, del que depende el Parque Nacional, por otros con aguas superficiales como las del embalse del río Agrio. Esta concesión en trámite cumpliría, según la Consejería de Medio Ambiente, el objetivo de liberar más de 20 Hm3 de riegos con pozos para aliviar así la presión sobre Doñana.

AÑOS DE ILEGALIDADES

‘Hato Ratón’ es una finca de aproximadamente 1.500 Has. sita en la marisma de Aznalcázar, una tierra arcillosa y de escasa productividad agrícola salvo que se le aporte agua de riego que lave la sal característica de estos terrenos. En los años 70, el IRYDA realizó cerca de 400 sondeos para la explotación del acuífero 27 dentro del Plan Almonte-Marismas. Una veintena se hicieron en esta finca.

A finales de 1987, el Iara requirió a los dueños de ‘Hato Ratón’ para que pusiera a su disposición los pozos. Aquéllos presentaron recurso y el 28 de mayo de 1998 –más de diez años después- el Tribunal Supremo falló a favor del Instituto Andaluz para la Reforma Agraria.

Sin embargo, en ‘Hato Ratón’ se siguió haciendo uso de los sondeos. En julio del año 2000, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) resolvió denegar a la SAT Guadiamar la inscripción en el catálogo de aguas privadas de 20 sondeos construidos por el IRYDA. La situación no varió.

La CHG denunció los riegos, que se seguían haciendo pese a vulnerar la negativa a la inscripción, con resoluciones de los expedientes sancionadores del Consejo de Ministros de los años 1998, 2001, 2004, 2006…En este último años, el Gobierno le impuso una última sanción de 601.012,10 euros, con la obligación de indemnizar con 1.638.956 euros por los daños causados al dominio público hidráulico.

Nada de esto surtía efecto alguno y en ‘Hato Ratón’ se seguía regando ilegalmente y elevando recursos para no pagar las sanciones. A finales de 2007, el Supremo falló que la denegación de la inscripción de los sondeos realizados por el IRYDA era acorde a derecho.

Todo siguió igual, con recursos y más recursos. En el año 2009, el Supremo volvió a fallar que los expedientes sancionadores eran correctos y desestimó los recursos de la SAT. La paradoja es que en el año 2010, sin haberse ejecutado aún ningún expediente sancionador y tras haber extraído al menos 60 millones de m3 de agua según Ecologistas en Acción, la Junta de Andalucía ha dado curso a su solicitud de una concesión para el riego de 1.000 Has. justificándolo como una forma de evitar los problemas con los sondeos ilegales.

MIL POZOS ILEGALES MÁS DESDE 2004

Los ecologistas estiman que en el entorno de Doñana se han perforado en los últimos años un millar de pozos ilegales para el regadío de las fincas colindantes con el agua almacenada en el acuífero 27, del que depende la supervivencia del Parque Nacional, ya que los afloramientos de aguas subterráneas son vitales para el mantenimiento de los lucios y lagunas que sirven de refugio y hábitat a numerosas especies de aves acuáticas.

Un informe de la Agencia Andaluza del Agua realizado hace ahora aproximadamente un año puso de manifiesto que el nivel del acuífero había bajado en dieciocho metros como consecuencia de la sobreexplotación de sus recursos mediante estos pozos ilegales, sin que la Administración haya sido incapaz de clausurarlos ni de cobrar las sanciones impuestas a sus promotores, en el dudoso caso de que hayan sido notificadas.

Ante su propia incapacidad para hacer cumplir la ley, la Junta de Andalucía, responsable de la gestión del Parque y su entorno, trata ahora de consolidar la situación creada mediante un plan de reconocimiento de las hectáreas de regadío existentes, que cifra en algo más de 10.000 Has.

Para los ecologistas, sin embargo, no son 10.000, sino 14.000 las Has. puestas en riego ante las propias barbas de la Confederación Hidrográfica y la Agencia del Agua, por lo que no se puede premiar a los infractores de la ley, como en el sintomático caso de la finca ‘Hato Ratón’. La Junta pretende que el Consejo de Participación de Doñana bendiga con su aprobación esta nueva política de hacer borrón y cuenta nueva, es decir, lo mismo que se viene preconizando de toda la vida sin resultado alguno.