Hato Blanco también se libra de multas millonarias

La Administración vuelve a dejar de ejecutar

multas millonarias por riegos ilegales en Doñana

Seis expedientes con sanciones desde 1997 no han sido aplicados a la finca ‘Hato Blanco Viejo’

A la misión de la Unesco que va a inspeccionar Doñana durante el mes de diciembre empiezan a acumulársele los motivos para actuar contra la desidia e inhibición de la Administración española. Ecologistas en Acción rescata ahora expedientes sancionadores y sentencias judiciales por más extracciones de aguas ilegales en el entorno del Parque Nacional y que nunca habrían sido ejecutados, con lo que la impunidad correría a sus anchas por la marisma, convertido en un territorio fuera de la ley.

El caso de la finca ‘Hato Ratón’ no es el único en el que extracciones ilegales de millones de metros cúbicos del acuífero de Doñana (el número 27) han quedado impunes pese a las sanciones administrativas refrendadas incluso por el Tribunal Supremo.

Ecologistas en Acción aportan ahora una sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera, tras la vista del recurso 1497/2000, y seis expedientes incoados desde 1997 a 2004 por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir contra los regantes de la finca ‘Hato Blanco Viejo’ para demostrar las sistemáticas prácticas de regadío ilegal en la marisma de Aznalcázar y la impunidad con que se llevan a cabo: expedientes sancionadores millonarios que se dejan caducar y otros que seguían su curso pero que pese a ser ratificados por los tribunales nunca han sido ejecutados, según los ecologistas.

Esta finca acumula al menos seis expedientes sancionadores entre 1997 y 2004 (el 415/97; el 395/98; el 552/2001; el 661/03; el 564/04 y el 434/04) por riego ilegal en cada caso de 698 Has., 354, 449, 444, 89  y 667 Has. El volumen de agua extraído de forma clandestina se eleva a 12.629.000 m3, con daños al dominio público hidráulico por valor cercano a los 3 millones de euros, motivo por el cual se le impusieron sanciones por casi 2 millones, que no habrían sido ejecutadas por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir pese a contar con fallos judiciales a su favor y hasta con resoluciones del Consejo de Ministros.

Siguiendo la táctica habitual en estos casos, como ocurrió en la finca ‘Hato Ratón’, la comunidad de regantes se dedicaba a impugnar ante las más altas instancias jurídicas las sanciones con el fin de demorar el proceso. Así ocurrió tras serle notificado la resolución del expediente 661/03 al detectarse la extracción ilegal de 5 millones de m3 de agua.

El caso llegó hasta el Tribunal Supremo, el cual confirmó a principios de 2009 la multa impuesta de 601.012 euros, más el pago de una indemnización por 1.123.416 euros tras captar ilegalmente esos 5 Hm3 para regar arroz, algodón y remolacha. Esta sentencia confirmaba en todos sus extremos la resolución del Consejo de Ministros, que en febrero de 2004 ratificó la multa por una infracción “muy grave”.

Según la resolución, los agricultores tenían en explotación once captaciones de aguas subterráneas sin autorización de la Confederación Hidrográfica (CHG), la cual las descubrió el 19 de octubre de 2000, cuando ya habían regado al menos 383 Has. de arroz por inundación, 86 Has. de algodón por goteo y 20 Has. de remolacha por aspersión.

En su defensa, la comunidad de regantes de ‘Hato Blanco Viejo’ argumentó que hicieron aquellas captaciones para “optimizar técnicamente” el agua, ya que según su versión no incrementaron el caudal que tenían autorizado y, por ejemplo, regaban el algodón con el agua resultante del desecho del cultivo de arroz.

El. Tribunal Supremo falló que no sólo estaban realizando siete captaciones en pozos para los que previamente la CHG les había negado la autorización, sino que además las estaban usando en unas zonas no autorizadas para ser regadas. El fallo judicial consideró demostrado que la comunidad de regantes utilizó indebidamente 5.349.600 m3 de agua, valorados en 1.123.413 euros, que deberían pagar a la Confederación.

Ecologistas en Acción ha denunciado que ni siquiera aquel caso sirvió para frenar las extracciones ilegales en el entorno de Doñana, ya que dicha comunidad de regantes volvió a ser merecedora de dos sanciones posteriores por captar 5.942.000 m3 de agua de forma clandestina, multas que tampoco se habrían ejecutado hasta la fecha.

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