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El ex decano Angel Díaz del Río tumba la Asamblea de Presupuestos del Colegio de Arquitectos de Sevilla

El y cinco colegiados más presentan

Un recurso de alzada contra la Junta de Gobierno

 

La nueva Dirección acusa al equipo anterior de

Torpedear su gestión con continuas denuncias

 

Revela que ha heredado más de 30 pleitos con

Posibles indemnizaciones y un saldo de -27.000 euros en caja

La Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla (COAS) se vio obligada a suspender ayer sobre la marcha la Asamblea General Ordinaria prevista para la aprobación de los Presupuestos de la entidad de 2018 al recibir tan sólo unas horas antes (13:10) una notificación del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Arquitectos (CACOA) sobre la presentación cinco días antes de un recurso de alzada por parte del ex decano, Angel Díaz del Río.

El recurso, encabezado por el antiguo máximo dirigente de la institución colegial, lo firmaron con él los arquitectos José María Gentil, Marcelino Sánchez, Pedro Moscoso, Enrique Soler Arias y Luis Tulla. Va dirigido contra el acuerdo de convocatoria de Asamblea General, adoptado el pasado 20 de noviembre.

Conforme al texto del recurso, piden su nulidad por no haberse incluido en el orden del día una propuesta por ellos presentada para que sea resuelta por el Pleno de Consejeros en lugar de por el presidente del CACOA.

Por su parte, este último ha informado a la Junta de Gobierno del Colegio sevillano que dada la fecha de presentación del recurso (tan sólo unas pocas fechas antes) por el anterior decano y otros cinco colegiados no existía plazo suficiente para convocar un Pleno de consejeros de carácter extraordinario como aquellos demandaban; que él carecía de conocimiento sobre las cuestiones de fondo que planteaban y que al no poder decidir sobre la suspensión cautelar de la Asamblea que solicitaban lo dejaba todo en manos de la nueva decana y de la actual Junta de Gobierno del COAS.

La decana y su Junta, para evitar el riesgo de una posible nulidad de la Asamblea General, han decidido su suspensión hasta que no se pronuncie la Asesoría Jurídica del Colegio. El nuevo equipo de gobierno ha acusado al anterior de torpedear su gestión desde que aquél perdió las elecciones internas hace seis meses, ya que se ha dedicado a presentar “de modo recurrente escritos con peticiones exageradas y amenazas que están judicializando las actuaciones de la Junta de Gobierno y que no hacen más -afirma- que colapsar el normal funcionamiento de este Colegio”.

Los miembros de la nueva Junta de Gobierno revelan que tras tomar posesión de sus cargos el pasado 14 de junio se encontraron con que el Colegio de Arquitectos tenía un saldo negativo de 27.000 euros y más de 30 pleitos iniciados con posibles indemnizaciones para las que no dispone de recursos económicos.

El Colegio de Arquitectos de Sevilla recurrirá ante el Tribunal Supremo por las indemnizaciones

La asamblea urgente y extraordinaria del Colegio de Arquitectos de Sevilla, convocada por la nueva Junta de Gobierno para que adoptara la decisión de cómo afrontar el pago de las elevadas indemnizaciones pendientes (entre 500.000 y 700.000 euros, en números redondos) a trabajadores de la entidad despedidos durante el mandato de Ángel Díaz del Río como decano, adoptó el acuerdo de que se presente un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, en la esperanza de ganarlo o de al menos conseguir una sustancial rebaja de la cantidad.

Prevista en principio en el salón de actos del colegio (calle Imagen), la asamblea hubo de trasladarse a la sede de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura, en la avenida de la Reina Mercedes, ante la expectación creada y por esperarse una asistencia muy superior a la habitual. El encuentro no estuvo exento de tensión y de acaloradas discusiones, especialmente por la actitud discordante de colegiados afines a la anterior Junta Directiva.

Finalmente se decidió la elevación de un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, amparándose para ello en informes jurídicos que avalarían la posibilidad de ganarlo o, en su defecto, de conseguir rebajar la cifra a pagar. La votación se saldó con 265 votos a favor, ninguno en contra y seis abstenciones.

Para el caso de que hubiera que pagar por una sentencia desfavorable se acordó  una cuota extra de 30 euros en diciembre y una aportación mensual de 4,5 euros a partir de enero de 2018 que se sumaría a la actual, resultando  una mensual de 30 euros.

Fuentes del COAS han confirmado este recurso y dicen que  busca la “unificación de doctrina ante la viabilidad de presentarlo que ha manifestado el informe jurídico encargado por el Colegio”.

La asamblea del Colegio de Arquitectos decidirá sobre las indemnizaciones

DESPIDOS

Hay que pagar medio millón de euros pendientes a dos de los siete despedidos

JUSTICIA

Se debe acordar si se paga o se presenta un recurso ante el Tribunal Supremo

DINERO

Si se decide no recurrir, hay que ver cómo afrontar el pago pese a la situación del COAS

 

La Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla (COAS), que dirige Cristina Murillo tras su victoria sobre Ángel Díaz del Río, ha decidido delegar en una asamblea urgente y extraordinaria del colectivo la decisión sobre cómo afrontar las elevadas indemnizaciones pendientes a trabajadores despedidos por la anterior Junta invocando la crisis económica y sus efectos en la entidad, que justamente por eso no se halla en una boyante situación financiera.

El estallido de la burbuja inmobiliaria dejó a un gran número de arquitectos en paro y provocó una gran caída en el número de visados que tramita el Colegio, cuyos ingresos se resintieron notablemente. Estas fueron las razones por las que la anterior Junta de Gobierno, que dirigía Ángel Díaz del Río, procedió en 2015 al despido de siete empleados de la entidad.

La extinción de la relación laboral fue avalada por el Tribunal Superior de Justicia de andalucía (TSJA), pero a dos arquitectos se les reconoció el derecho a una indemnización de 615.463 euros, de los que el Colegio, dada su precaria situación económica, sólo ha podido abonar 119.604 euros. Ahora quedan pendientes 495.859 euros, a los que habría que añadir 190.000 más en concepto de intereses y costas por un recurso perdido.

La única posibilidad legal que le queda al COAS para no pagar estas cantidades es elevar un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, una vía que no convencía mucho a la actual Junta de Gobierno por el precedente de un anterior recurso desestimado por el TSJA y porque a la larga podría suponer un coste aún mayor en caso de nuevo fallo judicial en contra. Esas dudas han motivado un enfrentamiento con el anterior equipo de gobierno, que ha instado a la presentación del recurso ante el Supremo, y los reproches de un colegiado en particular, Enrique Soler.

DECISIÓN COLECTIVA

En esta tesitura, la nueva Junta de Gobierno ha decidido convocar una Asamblea General Extraordinaria y Urgente para el próximo día 23 de noviembre en el salón de actos de la entidad (calle Imagen).

Según la Dirección, la envergadura y alcance económico de la sentencia “hace necesario que, como establecen nuestros Estatutos Particulares, sea la Asamblea del COAS la que tome las decisiones que estime convenientes para hacer frente a estas cantidades…”.

Con el fin de permitir que sea la Asamblea la que tome la decisión al respecto, “por razón de urgencia -añade la Junta de Gobierno en su convocatoria- se ha procedido a anunciar la presentación de recurso de casación para unificación de doctrina ante el Tribunal Supremo, ya que los plazos para convocar una Asamblea Extraordinaria son mayores que los establecidos para recurrir ante este Tribunal”.

De esta forma, a juicio de la Junta de Gobierno, la Asamblea podrá acordar si continúa con el recurso o si, por el contrario, se desiste del mismo. En caso de desistirse o de producirse una sentencia firme condenatoria al pago de estas cantidades tan elevadas, la Asamblea tendrá que decidir cómo hacer frente a las mismas.