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Sevilla recuperó en junio el 88,5% de los viajeros y de las pernoctaciones nacionales que tuvo en el mismo mes previo al coronavirus

En el caso de los turistas y pernoctaciones de origen internacional la proporción fue inferior al 25%

En turismo, al igual que en cualquier otro sector económico o actividad humana, del metafórico vaso se puede fijar la atención en la parte que está más llena o en la que está más vacía. Los datos del Instituto Nacional de Estadística referidos a junio del año en curso revelan que, especialmente en el caso de los turistas foráneos, Sevilla está aún lejos de los registros del junio anterior al estallido del coronavirus, pero se queda muy cerca de recuperar las cifras de turistas y pernoctaciones hoteleras de origen nacional de aquel entonces.

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El ‘Black Friday’ de Miguel Rus

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Después de años reivindicando los túneles de la SE-40 el presidente de la CES y líder de Sevilla Ya se conforma con un puente

Mientras Teruel existe empieza arrancando 30 millones al Gobierno, Rus quiere ahorrarle entre 500 y 1.000 millones de los túneles

Si dice que cambia de opinión tras consultar a los técnicos, entonces su discurso anterior careció de base técnica y se queda sin credibilidad

El ‘Black Friday’ (literalmente, ‘Viernes Negro’) es la denominación anglosajona del viernes con el que se abre la temporada de compras navideñas y que se caracteriza por la aplicación de importantes rebajas por la inmensa mayoría de los comercios.

Pues bien, el presidente de la Confederación de Empresarios de Sevilla (CES) y líder de la plataforma cívica ‘Sevilla ya’, Miguel Rus, aprovechó el ‘Black Friday’ del año 2019 para ofertar una sorpresiva e importantísima rebaja en las reivindicaciones del también conocido como “lobby del ladrillo”, especialmente en lo referido a los túneles de la ronda de circunvalación SE-40.

Miguel Rus, presidente de la CES y líder de la plataforma Sevilla Ya

Dijo Miguel Rus al hacer el primer balance de las actividades de la Plataforma que habían mantenido en estos meses contactos con los principales técnicos del proyecto (se supone que de la SE-40) y que la mayoría de ellos no ve factibles los túneles planeados para que la autovía salve el cauce vivo del Guadalquivir, amén de que la opción del puente es “más sencilla” y su coste “muy inferior”.

El presidente de la CES recordó cómo se había rescindido uno de los contratos para la construcción de los túneles y se había actualizado el proyecto antes de sacarlo de nuevo a licitación, así como las “complicaciones técnicas y de ingeniería”, por lo que se provocaría una desviación presupuestaria desde los aproximadamente 800 millones del coste inicial de los túneles a más de 1.300 ó 1.400 millones de euros.

Por tanto, según Rus, la sustitución de los túneles por un puente se antoja ahora “más sencilla, factible, realista, práctica y barata, ya que sólo requeriría unos 350 millones de euros y su plazo de ejecución se reduciría bastante”.

El ‘Black Friday’ o rebajas navideñas de Rus equivale a la caída de Saulo del caballo camino de Damasco, después de haberse llevado años y años exigiendo el paso subterráneo del Guadalquivir y descalificando con su verbo a quien aún no lo ha ejecutado.

Si dice ahora que su conversión a la nueva fe del paso en altura sobre la lámina de agua del río se debe a que ha hablado “con los principales técnicos de este proyecto” (pero no dice ni los nombres de los técnicos ni cuándo habló con ellos, ¿o es que sólo hace seguidismo de las opiniones del presidente de Ayesa, José Luis Manzanares?), entonces ¿qué credibilidad merece un dirigente empresarial que ha estado durante años clamando por una solución constructiva (él, que para colmo preside una empresa constructora y que ha sido el presidente de la patronal del sector) sin haberse asesorado previamente por los técnicos, que supuestamente abogan por la solución contraria o alternativa? ¿Tienen la misma falta de fundamento técnico el resto de reivindicaciones de la plataforma Sevilla Ya?

Si se tira de hemeroteca se puede comprobar la magnitud del giro copernicano de Miguel Rus, para satisfacción del Gobierno y especialmente del Ministerio de Fomento (del que ha acabado convertido en el mejor aliado objetivo) a los que tantísimo había criticado en el pasado por lo que él calificaba como “maltrato presupuestario” a Sevilla. Veamos algunas declaraciones de Rus en diversos foros y/o medios de comunicación en los últimos años, en las que exigía una y otra vez los túneles de la SE-40 como condición “sine qua non”:

–Marzo 2016, en la inauguración de su segundo mandato como presidente de la CES: Miguel Rus hizo en su discurso un repaso a los proyectos empresariales y a las inversiones públicas y privadas que, en su opinión, permanecen bloqueadas por problemas achacables a la Administración. Entre ellos citó los edificios de la Gavidia, Altadis, Sevilla Park -zona comercial y de ocio prevista en el puerto-, las Atarazanas, la Ciudad de la Justicia, el Metro, el dragado y los túneles de la SE-40…

–Marzo 2017, en la asamblea general de la CES, celebrada en el Club Antares: “¿Se imaginan -dijo- que el nuevo puente de Cádiz no se hubiera hecho o estuviese parado como los túneles de la SE-40? ¿Se imaginan que el aeropuerto de Málaga no estuviese conectado con la red de trenes AVE? ¿O que no se hubiesen terminado las obras del Metro de Granada? (…) Mientras la futura autovía metropolitana SE-40 sólo cuenta con algunos tramos que llevan a “ninguna parte” al no haber empezado siquiera los túneles del río o no haya planificación para las tres líneas de Metro pendientes, lo cierto es que en Sevilla no pasa nada”.

Miguel Rus, ante la asamblea de la patronal sevillana (CES)

–Julio 2017: En una entrevista concedida a Europa Press “pide que comiencen ya los túneles de la SE-40 y considera “una vergüenza” que la capital de Andalucía esté “bloqueada, como mínimo tres veces al día, por el cuello de botella que supone el puente del V Centenario. Por todo ello vuelve a pedir que comiencen ya los túneles de la SE-40….”.

–Septiembre de 2018: La Confederación de Empresarios de Sevilla ha dirigido cartas al ministro de Fomento y al delegado del Gobierno en Andalucía en las que pide un pronunciamiento claro sobre los túneles de la SE-40 y expresen públicamente si van a seguir adelante con el proyecto bajo el río Guadalquivir.

Al principio de su carta, el presidente de la CES, Miguel Rus, expresa tanto a José Luis Ábalos como a Alfonso Rodríguez Gómez de Celis la preocupación del empresariado sevillano ante “la cascada de informaciones por la posible paralización del proyecto de túneles bajo el río Guadalquivir, obra necesaria e imprescindible para la conexión de los tramos de la SE-40, sin la que no tiene sentido su configuración…

(….) Para la CES, el hecho de que el Ministerio vaya a primar, y dotar presupuestariamente, el estudio para la ampliación del puente del Centenario puede entenderse como “una maniobra de distracción” y que vayan a dejar en el olvido uno de los proyectos necesarios para nuestra provincia; los trabajos sobre la SE-40 deben ser una prioridad en los Presupuestos Generales del Estado, incluyendo la obra de los túneles del río”.

–6 Marzo 2019. Intervención del presidente de la CES, Miguel Rus, ante la Asamblea General en la Sala Machado de la Fundación Cajasol: “En el mes de septiembre del pasado año dirigimos al ministro de Fomento una carta en la que le especificábamos la necesidad de retomar las obras de los túneles de la SE-40 bajo el río. No hemos tenido noticias oficiales al respecto, pero sí que se había destinado una importante partida en los Presupuestos Generales del Estado que le han tumbado al actual Gobierno. Con lo que, seamos realistas, seguimos sin ese paso bajo el río. Una obra de gran envergadura pero necesaria y urgente para la vertebración viaria de Sevilla y su área metropolitana. Seguiremos, por tanto, sufriendo el calvario del puente del Centenario y con una SE-40 sin conectar entre sí”.

25 Junio 2019: Presentación de la plataforma Sevilla Ya (Por una Sevilla con futuro) en el Salón de Grados de la Facultad de Ciencias del Trabajo. “No vamos contra nadie, pero reivindicamos ante nuestros políticos, porque queremos que nos oigan y actúen”, aseveró Miguel Rus poniendo su mirada en los próximos Presupuestos Generales del Estado para 2020, al objeto de que dicho documento presupuestario suponga ya un punto de inflexión en las “infraestructuras estratégicas” que necesita Sevilla, como la finalización de la SE-40, con todos los túneles proyectados en el tramo comprendido entre Dos Hermanas y Coria del Río….

1 Julio 2019. Entrevista a Miguel Rus:
Pregunta: Dentro de la lista de infraestructuras e inversiones pendientes que reclama la Plataforma (Sevilla Ya), ¿hay alguna(s) que consideren más urgente (s)?

Respuesta de Miguel Rus: ….como ya he mencionado, la construcción de la Red completa de Metro, la finalización de la SE-40, especialmente el “arco Sur” con los túneles para la conexión Huelva-Cádiz….

Los agradaores de Rus califican su renuncia a los túneles de la SE-40 como «un ejercicio de pragmatismo». Entonces, conforme a esta nueva doctrina de aceptar lo más baratito que se despache para Sevilla y su provincia, cualquier rebaja que también en plan ‘Black Friday’ apliquen las Administraciones Públicas al Metro, el Museo de Bellas Artes, el Museo Arqueológico, la conexión entre el aeropuerto de San Pablo y la estación ferroviaria de Santa Justa, etcétera, etcétera, deberá ser calificada no como hasta ahora, en que se tachaban de ejemplos palmarios del evidente y tradicional maltrato a Sevilla desde los tiempos de la Expo-92, sino como ejercicios de pragmatismo presupuestario que permitirán al Gobierno y/o la Junta de Andalucía ahorrar recursos económicos que se detraerían de Sevilla para su inversión en otra parte menos conformista.

Para este viaje, y viraje, de Miguel Rus no hacían falta las alforjas de la Plataforma Sevilla Ya….(te veré).

Declaró el presidente de la CES y líder de la Plataforma Sevilla Ya…(veremos): “Aquí no tenemos un Teruel existe, pero sí un Sevilla Ya al que van a tener que escuchar” (¿?).

La gran diferencia demostrada objetivamente por la realidad es que mientras Teruel existe ha conseguido de Pedro Sánchez como precio a su investidura 30 millones de euros de inversión inicial para su provincia (el equivalente al coste de la conexión ferroviaria entre San Pablo y Santa Justa), la plataforma Sevilla Ya de Miguel Rus quiere hacerle perder a la capital de Andalucía y a su provincia -y por tanto a ahorrárselos al Gobierno socialista- entre 500 y 1.000 millones de euros con la renuncia a los túneles de la SE-40 a cambio de un puente, para felicidad del ministro de Fomento, José Luis Ábalos, quien ha encontrado en Rus el mejor e inesperado aliado para sus tijeras y su política de recortes.

Sevilla ya

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Andalucía recibió con motivo de la Expo-92 el doble de inversión que Sevilla, que era la sede del evento

Durante la crisis, los Presupuestos del Estado han destinado mil millones más a Málaga que a Sevilla

El presidente de la Confederación de Empresarios de Sevilla (CES), Miguel Rus, ha impulsado un ‘lobby’ o grupo de presión denominado ‘Por una Sevilla con futuro’, a la que hasta ahora se han adherido medio centenar de entidades y que, con el lema Sevilla ya, tiene por objetivo declarado la exigencia a las Administraciones Públicas de que inviertan en las infraestructuras pendientes tanto en la capital como en la provincia, empezando por la ronda SE-40, las tres líneas de Metro, la conexión ferroviaria con el aeropuerto y el AVE a Málaga.

Aunque la plataforma se presenta, o la presentan, como la expresión de los anhelos de la sociedad civil sevillana, no es tal, ya que Rus se cuidó muy mucho de, por ejemplo, invitar al acto de constitución a Ecologistas en Acción, que podría haber puesto el contrapunto a su visión meramente desarrollista; y la Asociación de Jóvenes Agricultores (ASAJA) la declinó tras ver cómo el presidente de la patronal sigue apostando por el dragado del Guadalquivir, ahora rebautizado de forma eufemística como “mejora de la navegabilidad del río y del puerto”, pese a la oposición de agricultores y pescadores, científicos, Consejo de Participación de Doñana y la Unesco.

La segunda gran omisión de Rus ha sido la social, pese a que tiempo ha demostró su sensibilidad en un discurso ante la asamblea de la CES en el que se refirió expresamente a los barrios más pobres de España, que por desgracia están en Sevilla. La plataforma por él impulsada es como una moneda de una sola cara con la inscripción ‘infraestructuras’.

Carece de reverso social, ya que no reivindica ninguna medida para paliar la situación de esa media docena de barrios entre los de menos renta del país, como sería una mayor dotación y más celeridad en la ejecución de los planes de intervención en las zonas desfavorecidas o nuevos Edusi aparte del de la zona Norte.

Rus todavía está a tiempo de evitar que su plataforma se vea única y exclusivamente como el ‘lobby’ del ladrillo, el de los constructores e ingenieros, que por deformación o interés sólo tienen ojos para carreteras, puentes, ferrocarriles y dragados en medio de un panorama de emergencia social (casi 67.000 parados aparte de miles de familias pobres).

EL DESARROLLO

Esa visión reduccionista la trata de justificar el presidente de la CES con el argumento de que las infraestructuras traen el desarrollo, una tesis compartida por el secretario provincial de CCOO, Alfonso Vidán, que traduce desarrollo por empleo. El debate sobre las causas del desarrollo/subdesarrollo viene al menos desde los tiempos de Harry Richardson. ¿Son las infraestructuras las que generan el desarrollo o es el desarrollo el que demanda las infraestructuras?

Algunos datos para reflexionar al respecto. Se ha estimado que entre 1986 y 2012 Andalucía recibió en ayudas de todo tipo -especialmente para infraestructuras- de la Unión Europea unos 72.500 millones de euros, equivalentes a 12 billones de las antiguas pesetas, pese a lo cual seguimos en el furgón de cola continental. La lectura también podría ser la contraria: preguntarnos cómo estaríamos si no hubiéramos recibido tal ingente cantidad de dinero.

Item más, un reciente informe del Instituto de Estudios Económicos revela que Andalucía es la región que más inversiones estatales en infraestructuras del transporte ha recibido en el último decenio, con el 15,3% del total, seguida de Cataluña (14,7%) y de Madrid (13,1%). Por su parte, la Cámara de Comercio de Barcelona, tras analizar la ejecución de las inversiones del Ministerio de Fomento, llega a la conclusión de que Andalucía ha sido la más beneficiada también entre 2010 y 2016, sin que ello haya supuesto el despegue regional.

CASTIGO

Pero una cosa es el conjunto de Andalucía y otra, Sevilla y su provincia. En tal sentido, Rus denuncia que Sevilla ha sido la gran olvidada en la política de inversiones de las Administraciones Públicas en los últimos 25 años, “lo que no sólo ha repercutido, muy negativamente, en nuestro desarrollo -ha afirmado-, sino también en haber podido aprovechar la recuperación económica, que nos hubiera permitido consolidarnos como provincia de referencia a todos los niveles. Sevilla -ha añadido- ha estado castigada en los Presupuestos de manera reiterativa y es el momento de poner fin a este desprecio histórico”.

Ese “castigo” del que habla Rus en el último cuarto de siglo nos lleva al mito de que Sevilla ya tuvo una sobredosis de inversión con motivo de la Expo-92. Se trata de un mito infundado. En primer lugar porque las inversiones sirvieron en todo caso para compensar el déficit histórico acumulado. Y en segundo lugar, porque la gran beneficiaria fue en realidad Andalucía.

Tal como en su día reflejé en el informe ‘Los números que hicieron de Sevilla la mayor Exposición de la historia’, la inversión total en la región con motivo de la Muestra y excluyendo Sevilla y su área metropolitana ascendió a 847.200 millones de pesetas. En Sevilla y su alfoz las Administraciones invirtieron 275.800 millones. A ello hay que añadir los 130.009 millones que empleó la Sociedad Estatal en la isla de la Cartuja.

En cuanto a la inversión de los países (100.000 millones) y de las empresas participantes (50.000 millones), fue ajena a la de las Administraciones españolas y conforme al Reglamento del BIE en principio eran de carácter efímero, ya que estaban obligados a demoler sus pabellones (que luego se los indultaran o que los cedieran por un precio simbólico fue otra historia). Así pues, Andalucía recibió 847.200 millones y Sevilla, 405.809 millones, menos de la mitad (el 47,9% de aquella cifra), pese a lo cual ésta ha colgado con el sambenito de privilegiada frente al resto de provincias andaluzas.

COMPARACIÓN

Rus ha puesto como prueba del “castigo” a Sevilla los datos de inversión en los Presupuestos Generales del Estado desde 2008 (848,15 millones de euros) a 2018 (239,08 millones). He tratado de poner estos datos aislados en el contexto regional comparándolos con las inversiones simultáneas en la provincia de Málaga, donde más se usa el agravio comparativo con Sevilla, a partir de las informaciones de los medios malagueños, declaraciones de sus políticos, informes de su patronal y otros. Aun admitiendo un margen de error, “grosso modo” en los últimos once años Málaga habría recibido mil millones de euros más en números redondos (5.606,3) que Sevilla (4.603,8), aun teniendo Sevilla más población (1.939.887 habitantes frente a 1.641.121) y el doble de territorio que atender (14.036 Km2 frente a 7.308).

La comparación podría ser todavía más desfavorable para Sevilla, ya que en abril del año pasado la vicesecretaria general del PSOE malagueño, Fuensanta Lima, declaró que la inversión del Gobierno socialista de Zapatero en Málaga desde 2005 a 2011 fue de 6.615 millones de euros.

La conclusión es que en un periodo largo de once años, coincidente además con la crisis económica y en el que ha habido recortes generales en la inversión para reducir el déficit público, los aplicados a Sevilla han sido superiores y que el déficit acumulado en la ciudad y su provincia o ha impedido iniciar proyectos necesarios y pendientes desde hace años (las líneas de Metro, la conexión ferroviaria del aeropuerto) o eternizado obras en curso (la SE-40, con menos de la mitad en servicio).

Comparación Sevilla-Málaga en los Presupuestos del Estado

Año Sevilla Málaga Diferencia

2008 848,15 1.130 (+ 281,85 Málaga)

2009 703,13 1.117 (+ 413,87 Málaga)

2010 663,29 1.068,5 (+ 405,21 Málaga)

2011 426,10 750 (+ 323,90 Málaga)

2012 270,00 264 (+ 6,00 Sevilla)

2013 275,41 289,9 (+ 14,49 Málaga)

2014 289,59 188,5 (+ 101,09 Sevilla)

2015 335,50 272,5 (+ 63,00 Sevilla)

2016 332,58 243,4 (+ 89,58 Sevilla)

2017 221,05 135 (+ 86,05 Sevilla)

2018 239,08 147,5 (+ 91,58 Sevilla)

Total 4.603,88 5.606,30 (+1.002,42 Málaga)

El vaso vacío de Rus

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Cada vez que habla del dragado, el presidente de la CES hace un discurso catastrofista sobre Sevilla

Los datos de Espadas, del Puerto y de nuestra economía dejan en evidencia las palabras del presidente de la patronal

El presidente de la Confederación de Empresarios de Sevilla (CES), Miguel Rus, reivindicó en el II Foro Conversa (Coria del Río) la “necesidad” de mejorar la navegabilidad del Guadalquivir “para atraer inversiones” y lamentó “las consecuencias que ya está teniendo en la economía sevillana la no realización del dragado del río”.

Como todos sabemos, el proyecto del dragado está suspendido hasta que los científicos no determinen en su auténtica magnitud su impacto ecológico (Doñana, salinidad del estuario, fauna acuática…) y económico (arrozales, otros cultivos, sector pesquero…). Entre tanto, Rus tiene todo el derecho del mundo a pedir que se ejecute, pero lo que no es admisible, máxime en un cargo institucional como él que debe tener una visión global de la economía sevillana y representar a todos los sectores y no sólo al de la construcción del que procede, es que en esa reivindicación deslice medias verdades, omita datos o deforme la realidad. Analicemos su discurso:

-Las consecuencias que ya está teniendo en la economía sevillana la no realización del dragado: Basta contraponer el discurso de Rus al casi simultáneo del alcalde, Juan Espadas, que con datos y no con palabrería sostiene que Sevilla está en “su mejor momento económico de los últimos seis años, mejorando notablemente el posicionamiento para el desarrollo de nuevos proyectos y la atracción de inversores”. Ha recordado el alcalde que tenemos la menor cifra de parados desde 2011; que las 1.638 licencias de obra pedidas hasta el 25 de octubre movilizarán una inversión de 222 millones de euros (el doble que en 2016), como en la época previa a la crisis y en proyectos como Puerto Triana, Palmas Altas, Astilleros, el centro logístico de Amazon y Cartuja; que hay en marcha 837 nuevas viviendas (más que entre 2011 y 2013) y próximos a desarrollarse Cisneo Alto, Hacienda del Rosario y Palmas Altas Sur, entre otras; que el tráfico del aeropuerto ha crecido en un 6,3%; que Fibes cerrará 2017 con 200 congresos (un 10% más) y su impacto económico en la ciudad será de 100 millones; que los proyectos hoteleros se han duplicado en sólo un año, al pasar de 28 a 44 y que la ciudad recibió 2,5 millones de turistas (se baten récord mes tras mes) y ha sido calificada por Lonely Planet como el mejor destino del mundo para 2018.

-Desde el año 2000 son numerosas las empresas que han tomado sus decisiones de traslado de sedes: Palabras que no pueden ser más inoportunas al establecer, siquiera inconscientemente, un paralelismo con Cataluña, donde hasta la fecha se han ido 2.540 compañías por causa del independentismo. El presidente de la Autoridad Portuaria, Manuel Gracia, no dijo hasta el 16 de marzo pasado que hasta 2020 no se volverá a plantear el dragado y que mientras tanto la estrategia será la de la mejora general del estuario y la de la competitividad del puerto mediante el enlace ferroviario con la Salud y cuantas otras medidas puedan acometerse. Por tanto, la supuesta relación causa-efecto entre la renuncia (temporal) al dragado y al también supuesto abandono de empresas debería establecerse a partir de marzo de 2017 y no (mediando la gravísima crisis económica a partir de 2008) remontándose hasta el año 2000. Para empezar, Rus no especifica ni número real (¿10, 15, 20 ó 3?) ni el nombre concreto de esas supuestas empresas en fuga. De las que tuvimos noticia que se fueron, por ser las más conocidas, o no tuvieron jamás su sede aquí o lo hicieron por razones ajenas al no-dragado, por concentración empresarial o caída de su mercado en Andalucía, casos de Cargill, Yoplait, Danone o Panrico.

-En algunos casos han expresado a la CES su preocupación al estar vinculada la continuidad de sus planes industriales a las mejoras de la navegabilidad del río: Que diga Rus el nombre de esas supuestas empresas, porque nunca lo dice. A ver si va a pasar como con las más de cien que según Zoido estaban en lista de espera para instalarse en la Zona Franca apenas se aprobara ésta y todavía las estamos esperando. Enlazando con lo anterior, Rus siempre omite las compañías que han venido desde el año 2000 y siguen viniendo, como Amazon, y que nuestro puerto es cada vez más importante como área logística e industrial que como comercial, de ahí el menor impacto y trascendencia del no-dragado.

Si le hubiera preguntado a la Autoridad Portuaria, ésta le habría respondido que, por ejemplo, el año pasado se produjo un hito en la historia del puerto cual fue la instalación de GRI Towers y la ampliación de Tecade en Astilleros. La concesión de GRI Towers es la de mayor superficie otorgada en los últimos 50 años e incluye las gradas uno y dos de la antigua factoría naval, así como varios edificios en el polígono y en su entorno. Esta compañía fabricará y expedirá desde Sevilla río abajo las estructuras metálicas y torres eólicas “off shore” para instalar aerogeneradores en el mar. Con una inversión de 54 millones de euros en el puerto, empleará a casi 400 personas y fabricará más de un centenar de torres al año.

Además, el espacio logístico e intermodal ubicado en la dársena del Batán recibió en 2016 un fuerte impulso gracias a tres empresas: OPDR (filial de la tercera naviera mayor del mundo, CMA CGM), Boluda (que gestiona la terminal de contenedores) y la socimi Merlin Properties (100% de acciones de Sevisur Logística, la sociedad gestora de la ZAL).

Otrosí, empresas ya instaladas en el puerto han pedido la ampliación de sus concesiones, como Sevitrade, para 19.000 m2 en la Zona Franca, donde ha construido una nave de 10.000 m2; Estibadora Sevillana, 5.200 m2; Almacenes y Depósitos Portuarios, que está terminando una nave de 5.000 m2 para cereal; Carbón Puerto, con 20.000 m2 para seis naves; Rocket Logística, que ocupará una parcela de 11.300 m2; Servicios Ambientales Llopis, que ampliará su superficie con 3.697 m2, y Tecade, que usará 2.994 m2 más. Y todo ello es inversión privada sin necesidad del dragado, pese a lo dicho por Rus.

-En la actualidad sólo vienen flotas obsoletas y barcos pequeños; hay que acaparar el transporte mediano e internacional, algo que sólo será posible con el dragado: Cuando en noviembre de 2010 se inauguró la nueva esclusa se comunicó oficialmente que permite pasar al 90% de la flota mercante del mundo y que con la misma el puerto aumentaría de forma considerable el transporte marítimo hasta pasar de los 5 millones de toneladas actuales hasta 12 millones, incrementar la actividad económica y crear 15.000 empleos. Que se sepa, entonces Rus no cuestionó ni los datos ni las expectativas.

-Airbus tiene una parcela en el puerto que no utiliza; Renault podría fabricar cajas de cambio para todo el mundo y la industria agroalimentaria empezaría a usar grandes barcos congeladores en detrimento del transporte por carretera, que es más costoso y contaminante: Sin abundar más en que nuestro puerto es cada vez más un área logística e industrial que una vía de transporte, la batalla del sector agroalimentario no es el congelado, sino la rápida distribución del producto en fresco, como demuestra Amazon hasta con el uso de drones para el reparto aéreo a domicilio y sus servicios exprés, que están obligando a reaccionar en la misma línea a todas las grandes cadenas comerciales.

Y si Airbus tiene una parcela en desuso, ya hemos visto ejemplos de otras empresas que cada vez piden y utilizan más superficie (hay 463.000 m2 de superficie en concesión). En cuanto al aserto de que Renault podría fabricar cajas de cambio para todo el mundo, no cabe mayor grado de ignorancia por parte del presidente de la CES. Este mismo verano, Renault celebró que en su factoría de San Jerónimo se habían fabricado ya 27 millones de cajas. La firma francesa destacó entonces que aquélla produce un tercio de todas las cajas de velocidad del Grupo Renault en el mundo y que exporta el 80% a más de 30 fábricas en distintos países.

-Lo más importante es el transporte de mercancías y no tanto el de cruceros, pues en su mayor parte se trata de turismo “low-cost”: Insisto: nuestro puerto es cada vez más logístico e industrial y menos mercantil (pese a lo cual en 2016 se movieron en el mismo 4,7 millones de toneladas de mercancías, el quinto mejor registro de su historia), pero en materia turística, ¿acaso cree Rus que de los 2,5 millones de visitantes de Sevilla y de los 75,3 millones de España son mayoría los turistas de lujo, o más bien usan vuelos de bajo coste para venir? En el caso de los cruceros a nuestro puerto (76 escalas previstas en 2017), los viajeros parece que tienen más poder adquisitivo que el resto y también vienen cruceros de lujo, como el “Sirena”, que con 635 pasajeros a bordo atracó en el muelle de las Delicias el 24 de julio pasado.

A Miguel Rus le puede pasar como a aquellos soldados japoneses perdidos durante 40 años en la selva y que no se habían enterado de que la guerra se había acabado. Aquí, la “guerra” por el dragado se ha terminado por una larga temporada, por mucho que el presidente de la patronal se empeñe en mantenerla viva con unos argumentos que no se ajustan a la realidad y con los que se desprestigia él al tiempo que la institución a la que representa. Rus debería reflexionar al respecto y comparar este discurso catastrofista sobre Sevilla con el esperanzador y totalmente opuesto que aún en plena crisis hizo el 17 de diciembre de 2014 y que figura en la página web de la CES: “Confianza en nuestras posibilidades”.

Ese Rus era muy distinto a éste, que cuando habla sobre el dragado no ve el vaso medio lleno, sino por completo vacío y al que cabría aplicarle la frase de aquel entrenador del F.C. Barcelona, Louis Van Gaal: “¡Siempre negativo, nunca positivo!”.

CES + IU

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La patronal sevillana e Izquierda Unida coinciden en contra de la ampliación del tranvía anunciada por Espadas
El alcalde apuesta por un tranvía redundante con la infraestructura actual mientras no hay doble vía en tramos del Cercanías

Un hecho insólito se ha producido la pasada semana en Sevilla: la patronal (CES) e Izquierda Unida (IU) ha coincidido en su rechazo, prácticamente con los mismos argumentos, al nuevo anuncio del alcalde de insistir en su idea de ampliar el tranvía desde San Bernardo hasta Santa Justa como proyecto estrella de su mandato y de redactarlo a lo largo del verano para licitarlo en septiembre, un asunto que ya abordamos en estas páginas el pasado 9 de mayo, en el informe “Tranvía al cubo”.

La paralización o ralentización de inversiones en grandes proyectos de infraestructuras desde el estallido de la crisis en 2008 con el fin de reducir el déficit público (líneas de Metro, el AVE Sevilla-Málaga por la campiña, los túneles del Guadalquivir para la SE-40, la conexión Santa Justa-aeropuerto, la ronda intermedia SE-35…) ha colocado al sector de la construcción en una dificilísima situación.

No hay mes en que desde alguna patronal provincial, regional o sectorial, o desde algún colegio profesional como el de los Ingenieros, se presenten informes sobre la drástica caída en la inversión en obra pública o listas de proyectos básicos aún pendientes de ejecución en Sevilla y Andalucía sobre los que alcanzar un mínimo consenso para, mediante su materialización, reactivar la economía y reducir nuestra elevada tasa de paro.

En este complicado contexto, cabría suponer que la patronal sevillana tendría que estar encantada por el anuncio de Espadas de lanzarse a ampliar el tranvía, un proyecto guadianesco desde los tiempos de Monteseirín y a un coste estimado de entre 76 millones de euros (el cálculo de Zoido cuando era alcalde) y 40 millones (el inicial de Espadas).

ERRORES POR DUPLICADO

Sin embargo, la Confederación de Empresarios, que preside un constructor tradicional como Miguel Rus, se ha pronunciado tajantemente en contra del plan del alcalde y utilizando para ello argumentos de la más pura lógica económica: “Volvemos a caer en el error -dice en un comunicado- de gastar decenas de millones de euros en duplicar unas conexiones que ya existen”. Y añade: “Actualmente, las líneas de trenes de cercanías C-1, C-4 y C-5 ofrecen una más que amplia alternativa desde San Bernardo hasta Santa Justa, con frecuencias semejantes a la del tranvía, mientras que en superficie Tussam tiene destinados a este recorrido varias líneas de autobuses, y además la línea 1 del Metro cubre ya el trayecto San Bernardo-Eduardo Dato”.

Por tanto, a juicio de la CES, carece de sentido gastar un dinero que no se tiene, y que habría que pedir (¿con qué justificación?) a Bruselas, en una infraestructura redundante en superficie con la ya existente en el subsuelo, mientras que el Ayuntamiento ni siquiera le recuerda a la Junta (¿será para no incomodar a Susana Díaz?) las tres líneas pendientes del Metro, que tendrían preferencia.

El hecho de que en vez de aplaudir al alcalde para tratar de participar de ese goloso pastel de entre 40 y 76 millones de euros que sería el tranvía, la CES subraye su innecesariedad y redundancia y lo rechace supone toda una sorpresa y produce un cambio de percepción de la imagen que proyectan nuestros empresarios, ya no tan ávidos del negocio por el negocio y pronunciándose en función de la racionalidad de los proyectos y de la mejor utilización del dinero público, venga de Bruselas o de Madrid.

Con esta posición, aparentemente en contra de sus propios intereses y anteponiendo los colectivos, la patronal y su presidente, Miguel Rus, ganan credibilidad ante la opinión pública al demostrar un mayor sentido de la responsabilidad frente a la imagen de los aeropuertos sin aviones y los trenes AVE sin apenas pasajeros que ha quedado de la España del ‘boom’ inmobiliario.

COINCIDENCIA

El diagnóstico de la CES ha coincidido con el de IU, probablemente porque ésta no es una cuestión ideológica, sino de sentido común. Por eso mismo sorprende mucho más la insistencia de Espadas, un político sensato y moderado, de convertir la ampliación del tranvía en el proyecto estrella de su mandato, sea o no sea necesaria o prioritaria. Habrá que remitirse a aquellas declaraciones en que le traicionó el inconsciente cuando dijo que algo tendría que hacer para que lo vieran los sevillanos antes de las próximas elecciones municipales.

Si ha habido una corporación en que la oposición más se haya esforzado en ofrecer alternativas en materia de transporte es ésta que preside Espadas: Ciudadanos elaboró un estudio sobre la reordenación de la zona azul y otro sobre la conexión entre Santa Justa y el aeropuerto, e IU presentó el pasado mes de mayo una moción muy bien construida para la puesta en valor de la Red de Cercanías como alternativa a la ampliación del tranvía anunciada por Espadas.

Curiosamente, el alcalde ha vuelto a la carga con el tema cuando Tussam había empezado ya a trabajar en el cumplimiento de algunos de los puntos de la moción de IU que aprobó el Pleno municipal hace dos meses, pero limitándose sólo a la mejora de la señalización y de la información en sus paradas de autobuses, para que los usuarios se enteren por fin de que en la ciudad existe una red de Cercanías ferroviaria con la que pueden conectar para desplazarse a un amplio arco de barrios extramuros gracias a sus cinco líneas y diez estaciones en el término.

PRIORIDADES

Al igual que la CES, IU decía en su moción: “Con la actual red de Cercanías, la conexión entre San Bernardo y Santa Justa se realiza en cuatro minutos, con una frecuencia de paso de 10 minutos de media. Cabe preguntarse, por tanto, si es operativo y prioritario en este momento una nueva infraestructura por la superficie, como el tranvía, teniendo ya una subterránea como el Cercanías aun sin haber realizado un adecuado estudio técnico que defina la necesidad real de esta intervención, así como su ampliación planificada y orientada a una futurible red de tipología tranviaria, del mismo modo que en su día se hizo con el Metro. ¿No sería más prioritario y operativo, antes de acometer nuevas grandes obras, focalizar todos los esfuerzos en la ansiada integración tarifaria y en el billete único?”.

En vez de duplicar el trayecto San Bernardo-Santa Justa con un tranvía en superficie, si se construyera una doble vía para el único sentido de la línea circular C-4, que ahora permite ir desde Santa Justa hasta Sevilla Este en unos 6 minutos, los sevillanos no tardarían 20 minutos en dar toda la vuelta a la ciudad si quieren viajar en sentido contrario. Esa doble vía y una mejor organización de los horarios permitiría además, según la moción de IU, reducir en 40 minutos el viaje entre Sevilla Este y la Cartuja.

La doble vía del C-4, la creación de un billete único que permitiera integrar el Cercanías en la red de transporte de la ciudad, la construcción de aparcamientos seguros para bicicletas en las estaciones ferroviarias o su entorno, la señalización combinada de todos los medios de transporte en las respectivas paradas, etcétera, etcétera, se antojan más urgentes y baratas que gastarse entre 40 y 76 millones de euros en conectar en superficie con un tranvía dos estaciones que ya lo están subterráneamente en tan sólo cuatro minutos con los servicios actuales de transporte.

Espadas aún no ha sabido explicar la relación coste/beneficio de un proyecto que por no convencer no convence ni a los que estarían más interesados en ejecutarlo: los empresarios.

La Raza vs El Barranco

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El Ayuntamiento ha declarado desierta la subasta que había convocado para alquilar un local de unos 54 m2 sito en los bajos del edificio Laredo en la calle Sierpes, contiguo al restaurante de la cadena Robles. Se da la circunstancia de que era esta cadena quien también lo explotaba, aunque con una fórmula hostelera distinta, tras suceder a una firma de helados italiana, bajo la figura de un contrato de renta antigua.

Al acabar el año pasado la moratoria de la ley de Arrendamientos Urbanos, el Consistorio, propietario del local, lo ha sacado a concurso por un mínimo de 38.400 euros/año, dada su privilegiada situación en el corazón de la ciudad y los precios de mercado vigentes en el casco histórico. La cadena Robles ha sido la única ofertante, pero el Ayuntamiento ha declarado desierta la subasta por considerar “inadmisible” la oferta recibida, quizás porque quienes la han efectuado aún piensan en clave de renta antigua.

En contraste, hace tres años y medio el gobierno de Zoido adjudicó por concesión administrativa la explotación del mercado gourmet en las naves del Barranco a la UTE del torero Rivera Ordóñez y del periodista Carlos Herrera a cambio del pago de un canon anual de 230.000 euros. Y ello sin contar la millonaria inversión de la sociedad para restaurar el histórico edificio.

Si el canon anual de las naves del Barranco es de 230.000 euros y por el local del edificio Laredo en Sierpes se pide un mínimo de 38.400 euros, ¿a cuánto debería ascender el canon por el restaurante de La Raza, que ocupa desde hace 44 años un privilegiado suelo de dominio público en el parque de María Luisa? El grupo hostelero del mismo nombre que lo explota sólo paga al Ayuntamiento 1.955 euros anuales (2.366 si se incluye el IVA, a una media mensual de 197 euros, en números redondos).

RESISTENCIA

Estas cifras y los enormes intereses en juego explican la numantina resistencia de los directivos del grupo hostelero La Raza a aceptar el final de la concesión que vienen disfrutando por ese módico precio desde hace casi medio siglo merced a un contrato que originalmente sólo es de carácter anual prorrogable y que expiraba el día 2 del año en que el Ayuntamiento dejara de prorrogarlo, como empezó a ocurrir cuando el gobierno de Zoido, que no el de Espadas, inició en 2014 el expediente de caducidad.

Al tratarse de un bien de dominio público o demanial como el Parque de María Luisa, en el que se integra, ha de sacarse a concurso de nuevo y no puede dársele preferencia al ocupante mediante un nuevo arrendamiento a precios actualizados, como habría sido el caso de un local afectado por el fin de la moratoria dada en la ley de Arrendamientos Urbanos.

La ley 33/2003, de 3 de noviembre del Patrimonio de las Administraciones Públicas estipula claramente que el otorgamiento de concesiones sobre bienes de dominio público se efectuará en régimen de concurrencia y que las concesiones y autorizaciones demaniales se extinguirán por muerte o incapacidad del usuario o concesionario (caso del bar Parada, en Heliópolis, del que ahora se ha descubierto un ilegal traspaso de concesionario hace cuatro años, en otra muestra del descontrol del Ayuntamiento sobre los bienes municipales), o caducidad o vencimiento del plazo de la concesión, caso en el que se encuentra La Raza, cuyo director general, Pedro Sánchez-Cuerda, ha declarado: “El propio Ayuntamiento reconoce que se estuvo prorrogando cada mes de mayo y nos instaba al desalojo ese mes”.

Pero no lo desalojaba, como no lo hizo tampoco a partir del año 1985, cuando inició 29 años antes que Zoido un expediente de caducidad del contrato, hasta que lo ha retomado Espadas tras los informes jurídicos en tal sentido emitidos por el secretario y el Servicio de Patrimonio del Ayuntamiento.

Sánchez-Cuerda discrepa por entender que si se trata de una concesión y no de un alquiler de renta antigua debe expirar a los 50 años (en 2022) y no ahora. Esa diferencia de criterio se sustanciará probablemente en los tribunales, como corresponde en un Estado de Derecho, y es legítimo que el hostelero defienda por esa vía sus intereses.

Sin embargo, Sánchez-Cuerda ha ido mucho más allá, al presentar su caso o darle pábulo a quienes lo han presentado como una venganza política del gobierno socialista (obviando que fue Zoido y no Espadas quien inició el expediente de caducidad) por haber denunciado el caso Mercasevilla; haber amenazado con el forzado despido de 400 trabajadores (repartidos por sus seis unidades de negocio y no sólo el restaurante), cuando sabe que el Ayuntamiento dio ya por expirado el contrato hace dos años y debió por tanto prepararse para tal contingencia; haber iniciado una campaña victimista en las redes sociales con el lema “Salvemos la Raza”, como si tuviera un monopolio sobre el mismo y nadie más tuviera el derecho a participar en un concurso público para su gestión, y haber movilizado o permitido que se movilizara en su favor la Confederación de Empresarios de Sevilla, por unir a su condición la de presidente de la patronal de hostelería, con lo que la CES ha demostrado hasta dónde llega su corporativismo y cómo los poderes fácticos de la ciudad, los mismos que invocan el libre mercado, en realidad aspiran al más puro proteccionismo con la coartada de la “seña de identidad” o el “negocio emblemático”.

La CES debería explicarnos por qué el mercado gourmet del Barranco ha de pagar un canon de 230.000 euros y La Raza tan sólo 1.955 euros. Será quizás porque para la patronal que preside Miguel Rus no todos los empresarios de Sevilla son iguales o, como en la granja de Orwell, unos son más emblemáticos que otros.

Franklin y los impuestos

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El inventor del pararrayos, periodista y diplomático estadounidense Benjamín Franklin, que como firmante de la Declaración de Independencia está considerado uno de los padres fundadores de los Estados Unidos, acuñó una frase que suelen repetir en su descargo los ministros de Hacienda cuando adoptan medidas impopulares: “En este mundo sólo hay dos cosas seguras, la muerte y pagar impuestos”.

Por ese permanente recordatorio de la inevitabilidad de habérselas con el Fisco que supone su aforismo, el Gobierno norteamericano eligió su efigie para ilustrar el billete de curso legal con más valor, el de 100 dólares (hasta mediados del siglo pasado los hubo también de 500 dólares, 1.000, 5.000 y ¡hasta de 10.000 dólares!).

A la frase de Franklin podría añadírsele una coda en el sentido de que pocos quieren enfrentarse a la muerte y al abono de los impuestos, sea al gobierno que sea y se llamen como se llamen. Y en Sevilla no íbamos a ser la excepción, de ahí la rebelión suscitada entre los empresarios tras la presentación de las primeras Ordenanzas Fiscales del gobierno de Espadas.

EL LÍMITE DEL MILLÓN DE EUROS

Como es sabido, el alcalde ha plasmado en el texto su promesa de congelación de los impuestos y/o tasas que afecten de forma más directa a las familias y pequeñas y medianas empresas sevillanas (el IBI, el sello del coche, las tasas de Tussam..) y también ha materializado el anuncio que hizo en aquel desayuno periodístico de que pediría un sobreesfuerzo a los que más tienen o más facturan subiendo los impuestos a las empresas con una cifra de negocio igual o superior al millón de euros anualmente.

Al igual que a nadie le gusta pagar más a Hacienda, a ningún gobernante le suele gustar arrostrar la impopularidad que supone incrementar la presión fiscal sobre los contribuyentes, ya sean personas físicas o jurídicas (sociedades), y menos en tiempos de una crisis económica que dura ya siete años y ha dejado más de 84.000 parados en la ciudad.

Sin embargo, Espadas ha llegado a la Alcaldía con una previsión de ingresos por la participación en la ciudad en los fondos del Estado inferior en 6 millones de euros a la cantidad que percibió el Ayuntamiento durante el último año del mandato de Zoido. A esos -6 millones se unen mayores gastos por la subida del 1% en las nóminas a los funcionarios y el abono de la paga de Navidad, que las Administraciones Públicas están recuperando tras el sacrificio impuesto anteriormente.

En resumen, para lograr el principio de suficiencia financiera del Ayuntamiento y no incurrir en un mayor endeudamiento, que tampoco permitirían la ley de Estabilidad Presupuestaria y un vigilante Ministerio de Hacienda al que el interventor municipal está obligado legalmente a comunicar cualquier desviación presupuestaria del Consistorio, Espadas necesita recaudar 8 millones de euros más.

IBI E IAE

Su previsión, contenida en las Ordenanzas Fiscales para 2016, es que ese dinero salga de la subida del IBI (5,5 millones de euros) a 4.604 inmuebles de uso no residencial con los valores catastrales más altos (entre los que están 2.422 comercios, 603 industrias y hasta los estadios del Sevilla y del Betis) y de la subida del Impuesto sobre Actividades Económicas (2,5 millones de euros) a 3.615 empresas que facturan un millón de euros o más.

Obviamente, dada la natural aversión al pago al Fisco, la Confederación de Empresarios de Sevilla (CES), que preside Miguel Rus, ha descalificado el proyecto de Ordenanzas Fiscales de Espadas, al que ha tachado de “populista”.

Según la CES, la decisión de subir impuestos “en momentos tan delicados de incipiente recuperación económica y con tan altas tasas de desempleo no ayudan en nada a la necesaria atracción de inversiones productivas e industriales que tanto necesita Sevilla. Decisiones políticas y populistas como las propuestas en estas Ordenanzas Fiscales -añade- ponen en riesgo los proyectos de inversión, continuidad y crecimiento de nuestras pocas grandes empresas y, sin duda, sus consecuencias sobre el empleo”.

No se recuerda una reacción similar de la patronal cuando era Zoido el que subía los impuestos aún en mayor medida que Espadas, aunque fuera forzado por el Ministerio de Hacienda para incrementar la recaudación de las Administraciones Públicas.

SUBIDAS MAYORES

Pese a la leyenda urbana y a la propaganda municipal en aquel tiempo en el sentido de que con Zoido en la Alcaldía se rebajaron los impuestos, los datos anuales de previsión de ingresos sólo por el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) demuestran lo contrario.

Así, en el último año de gobierno de Monteseirín, 2010, la previsión de ingresos por el IBI fue de 170.450.437 euros. A partir de 2011, ejercicio que se reparten a medias Monteseirín y Zoido, los ingresos por este tributo, el principal que pagan los sevillanos, se disparan y no se moderarán hasta los dos últimos años del mandato, cuando se van aproximando las elecciones municipales. Aun así serán superiores a los calculados en la época de Monteseirín.

Esta es la evolución de los ingresos por IBI en los últimos seis años: 2010, 170,4 millones de euros; año 2011, 178,2 millones; año 2012, 183,1 millones; año 2013, 201,9 millones; año 2014, 173,5 millones; y 2015, 173,5 millones de euros. Se aprecia que en los dos primeros años completos de Zoido se recaudan por el IBI 5 millones y 23,7 millones más que en 2011, el ejercicio a medias con Monteseirín (Zoido llega a la Alcaldía a mediados de junio). Y todo ello en plena crudeza de la crisis económica, cuando en la ciudad se pasa de 76.600 parados a 91.600.

INCENTIVOS

Nada dijo entonces la patronal sevillana sobre que esas elevadas subidas del IBI pese al enorme ascenso del paro eran decisiones políticas y populistas que ponían en riesgo los proyectos de inversión de las grandes empresas y tendrían consecuencias negativas sobre el empleo.

La CES pone el acento en el incremento de la presión fiscal por Espadas sobre las grandes empresas como si por esta subida del IBI se pusiera en peligro la implantación de la segunda tienda de Ikea en Sevilla y omitiendo que, por ejemplo, pueden mitigar el incremento del IAE deduciéndoselo en el impuesto de sociedades, y la existencia de lo que podríamos llamar el cheque de Espadas.

Y es que en estas primeras Ordenanzas de la nueva Corporación Municipal, las empresas que se creen quedarán exentas del pago de algunos tributos en los dos primeros años de su existencia y gozarán de una bonificación del 50% del IAE en los tres años siguientes.

Asimismo, para fomentar el empleo, se crea un cheque fiscal de 250 euros multiplicado por el incremento medio de la plantilla (contratos indefinidos en jornada completa), que en función de diversos factores puede permitir significativos ahorros en el IAE, IBI y hasta en la tasa de basuras (y hay que recordar que ahora se elimina la tasa de basuras a los locales vacíos que implantó Zoido).

Así pues, hay instrumentos en las Ordenanzas para incentivar los proyectos de inversión y la creación de empleo, pese a los temores en sentido contrario expresados por una patronal que fue demasiado complaciente con la política fiscal municipal en el anterior mandato y se muestra demasiado alarmista al inicio del actual.

Ahora bien, la CES tampoco puede darle un cheque en blanco a Espadas y debe estar vigilante para que el incremento de recaudación que se va a lograr con estas Ordenanzas no se pierda en un sumidero de iniciativas estrambóticas como la compra de lubricantes para uso vaginal y anal con destino a talleres municipales que se ha conocido esta semana.

Atrapados en el círculo

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Zoido dijo el pasado 16 de septiembre en una intervención pública que su reto consiste en crear el clima favorable para propiciar un cambio de modelo productivo a medio y largo plazo, que a su juicio pasa por fortalecer el sector industrial, logístico y tecnológico, además de por promover la investigación, el desarrollo y la innovación, sin renunciar a los pilares del modelo tradicional.

Fortalecer el sector industrial, logístico y tecnológico como una de las (si no la) salidas a la crisis. ¿Quién no suscribiría las palabras del alcalde? Van en línea con lo que se viene preconizando por parte de los agentes económicos y sociales y en foros como ‘Sevilla (en)clave industrial’, que organizó el sindicato CC OO el 24 de junio y que se convirtió en una auténtica ‘cumbre’ económica, por el número y categoría de los participantes, entre los que estuvo el propio Zoido.

Hasta el presidente de la Confederación Empresarial Sevillana (CES), Miguel Rus, subrayó en aquellas Jornadas que “es imposible una Sevilla de futuro sólo con el monocultivo de la industria de servicios”.

ALTADIS Y SEVILLA PARK

Pues bien, mientras el alcalde participa en Jornadas en las que se aboga por la reindustrialización de Sevilla tras el cierre en los últimos años de Danone, Cargill y Panrico -entre otras- y habla de fortalecer el sector industrial, tan sólo diez días después, en el Pleno municipal del 26 de septiembre, aprueba con su voto y el del Grupo Popular un convenio urbanístico con la multinacional tabaquera Altadis para recalificar los más de 26.000 m2 de su antigua fábrica a orillas del Guadalquivir, hasta ahora suelo industrial de carácter singular (la fábrica de Sevilla era la más antigua del mundo), y permitir así la demolición de parte del complejo fabril y la construcción en su lugar de inmuebles con usos terciarios: hoteles, comercios, oficinas…

Si a ello se une el entusiasmo con que el Consistorio ha acogido la iniciativa del puerto de recalificar también parte del suelo portuario industrial existente junto al puente de las Delicias para que se construya el complejo Sevilla Park, con el mayor centro comercial de Andalucía (65.000 m2, el triple que el Nervión Plaza), salta a la vista la contradicción existente entre las declaraciones públicas de Zoido y la política de eliminación de suelo industrial que a la hora de la verdad aplica el Ayuntamiento.

Una política que implicará la imposibilidad de reconstruir parte del tejido industrial con nuevos usos acordes al siglo XXI, como las tecnologías avanzadas no contaminantes y para las que Sevilla tendría un atractivo especial si se ubicaran en emplazamientos urbanos (no en alejados polígonos industriales) privilegiados al lado del río como es el caso de la antigua fábrica de Altadis.

MODELO TRADICIONAL

Sin embargo, las decisiones urbanísticas del Ayuntamiento van en sentido contrario o en el de fortalecer aún más los pilares del modelo económico tradicional a los que también se refería Zoido, ya que la conversión de suelos industriales en terciarios supone una renovada apuesta por el sector Servicios, pese a que es el que más está sufriendo los efectos de la crisis en la ciudad y donde se registra más destrucción de empleo: 60.076 parados del total de los 87.279 existentes (el 69%).

En vez de procurar diversificar nuestra economía y de poner en carga suelos industriales abandonados o infrautilizados pero de un gran valor potencial como los de Altadis, volvemos a crear las condiciones para un más de lo mismo económico, ese “monocultivo de los Servicios” con el que según el presidente de la patronal, Miguel Rus, es imposible construir la Sevilla del futuro.

Esta perseverancia en potenciar la economía turística y comercial, con la que nos mantenemos en el entorno de los 90.000 parados, es la cuestión de fondo que late en el convenio urbanístico con Altadis aprobado por el Ayuntamiento, más allá de otras consideraciones ya expuestas en esta página sobre el ‘pelotazo’ que supondrá para la multinacional tabaquera y pese a que, cuando se hallaba en la Oposición, Zoido, al igual que el resto de grupos políticos, anunció que no se llevaría un euro de Sevilla ni se la premiaría de ningún modo tras haber cerrado su histórica factoría y despedido a toda la plantilla.

DARLE EL PASE

Altadis ya ha anunciado que en cuanto logre la recalificación efectiva del suelo (la Junta de Andalucía deberá aprobar la modificación del PGOU) y la edificabilidad pactada en el convenio con el Ayuntamiento, le dará el pase a un tercero porque su vocación no es inmobiliaria, sino industrial. Según algunas estimaciones recogidas en el sector inmobiliario, podría obtener al menos 18 millones de euros por la venta. Haría lo mismo que otras empresas que tras obtener la recalificación de sus fábricas las vendieron y se fueron de Sevilla para no volver, caso de Uralita.

Si la propia Altadis reconoce que su vocación es industrial, ¿qué razón hay entonces para recalificar la fábrica y que haga un pingüe negocio inmobiliario, cuando el Ayuntamiento tiene instrumentos legales para obrar en consecuencia en un caso en que como éste la propiedad lleva diez años abandonada y sin cumplir la función social a que está obligada según la Constitución?

DECLARACIÓN DE INTENCIONES

Al margen de la contradicción que supone preconizar un cambio de modelo productivo en pro de la reindustrialización al tiempo que se elimina suelo industrial, el Ayuntamiento sostiene frente a las entidades ciudadanas, agentes sociales y partidos que han alegado al convenio urbanístico (alegaciones que ha desestimado en su totalidad pero sin fundamentar por escrito las razones del rechazo) que el documento pactado con Altadis es una mera declaración de intenciones, algo virtual, y que como no se han definido aún los usos, el texto queda pendiente de desarrollo.

Un convenio aprobado en Pleno, firmado por el alcalde y que establece la recalificación del suelo, los edificios que se derribarán y conservarán y hasta el reparto de la edificabilidad lucrativa no puede reducirse a una simple declaración de intenciones. Si mañana Zoido se arrepintiera de aplicarlo por que llegara una multinacional con una inversión tecnológica para esos terrenos, Altadis podría llevar al Ayuntamiento a los tribunales con ese convenio firmado en la mano y que ya le ha creado unas expectativas urbanísticas.

Por ende, se ha firmado un convenio en beneficio de Altadis cuando los suelos, pertenecientes a la antigua Tabacalera, ni siquiera constan aún a su nombre en el Registro de la Propiedad, ni coinciden los datos de los m2 de la parcela registrados con los que obran en poder del Ayuntamiento.

CONCURSO DE IDEAS

Zoido ha tratado de mitigar el rechazo de la oposición y de colectivos ciudadanos dando un golpe de efecto en el Pleno con el anuncio de la convocatoria de un concurso de ideas sobre Altadis, para que los técnicos y los ciudadanos puedan plantear soluciones y aprovechamientos en esos suelos.

¿Qué sentido tiene este concurso y quién lo va a pagar? ¿Los contribuyentes sevillanos? Recuérdese que sólo para un nuevo puente en la Cartuja (y en Altadis se trata de ordenar más de 26.000 m2 de superficie) el Ayuntamiento ha convocado otro concurso al que destinará 50.000 euros para el ganador; 35.000 euros para el segundo clasificado; 18.000 para cada finalista; 150.000 para la redacción del anteproyecto y unos 750.000 para el proyecto.

¿Va a pagar Altadis un concurso de ideas virtuales sobre un terreno al que sólo quiere darle el pase? Y aunque lo pagara para estar en línea con el alcalde, ¿admitiría el comprador posterior del suelo el resultado del concurso si lo pintado sobre el papel o la pantalla del ordenador no concuerda con su proyecto para la parcela? Porque no es lo mismo dibujar un inmueble para un centro comercial que para un hotel; sin pretensiones o con intencionalidad simbólica; por un desconocido que por un arquitecto-estrella como valor presuntamente añadido…

Todavía se recuerda cuando Monteseirín compareció en el balcón del Ayuntamiento con Norman Foster, Jean Nouvel, Arata Isozaki y Guillermo Vázquez Consuegra el 25 de septiembre de 2006 para anunciar que ellos iban a diseñar el futuro de los suelos de la Cruzcampo, anuncio que quedó en nada.

Ocho años después, volvemos a hablar de concursos arquitectónicos, recalificaciones de suelo, pelotazos urbanísticos…..

No salimos del mismo círculo.

Reincidente

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Espadas ha cogido a Max Vílchez no con el paso cambiado, sino repitiendo el mismo que el año pasado tuvo que refrenar cuando fue también pillado ‘in fraganti’ tratando de colarle a los señores del ladrillo una Ordenanza Fiscal que le habría permitido subirles hasta en un 100% las licencias de obras. Sin propósito de enmienda, ha intentado repetir la jugada, pero su movimiento ha sido detectado por el radar de los sociatas, cuyo líder se ha declarado en guardia permanente para lo que resta de mandato. Para salir del desaguisado, política y económicamente incorrecto, Vílchez se ha escudado en que los duendes de Urbanismo han provocado el ‘error material’ de que se repitiera en el proyecto de Ordenanzas para 2014 el texto que había sido retirado a última hora el año pasado, merced a la alegación de Miguel Rus, de la Ordenanza de 2013. Vamos, que ha cantado la gallina de que en las caracolas de la Cartuja se recurre sin rubor al ‘copiar y pegar’. En su escala y salvando las distancias, las Ordenanzas de Urbanismo equivalen al caso Minutas del Gobierno Zoido.

Más ladrillo

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El anuncio del Ayuntamiento sobre la supuesta necesidad de ‘actualizar’ el PGOU, con la tesis de que impide el desarrollo al frenar la actividad económica, ha colmado sólo de momento las aspiraciones de Gaesco, cuyo aún presidente, Miguel Rus, ya ha revelado su estrategia: quiere más densidad de viviendas en el nuevo Plan y que se desarrolle el actual para construir los pisos que se pueda.

Más densidad de viviendas, ésta es una de las claves. Significa más ladrillo y más negocio, obviamente, pensando en que como los altibajos económicos son cíclicos, volverá a producirse otro ‘boom’ inmobiliario, y si para entonces se permite construir más pisos y/o que sean aún más pequeños, los beneficios del sector se multiplicarán. Quienes alientan el cambio del PGOU no están pensando a corto plazo, sino a medio y largo.

Gaesco invoca el dato del Ministerio de Fomento de que en el primer trimestre la venta de pisos ha repuntado un 11% en Sevilla, supuesta prueba de que entre nosotros ya no existe problema de ‘stock’ y razón por la cual habría que desarrollar más suelo urbano, objetivo teóricamente incumplido con el Plan General vigente, de lo que se deduciría la necesidad de su modificación.

CONCURSO DESIERTO

Apenas anunciada la ‘actualización’ del PGOU, en los últimos días algunas noticias cuestionan el argumentario de la patronal y del propio Consistorio. Urbanismo convocó un concurso para la construcción de 220 viviendas protegidas sobre una parcela de 7.586 m2 de la Hacienda del Rosario, con un presupuesto base de 3,8 millones de euros. Para optar a la concesión sólo era necesario depositar una fianza del 5% de dicha cantidad: 190.000 euros.

Dado que, según la patronal, ya no hay ‘stock’ de viviendas ni suelo desarrollado para construir y, por el contrario, una demanda creciente e insatisfecha, sobre todo de sevillanos desplazados al alfoz que quieren retornar, cabría esperar que las empresas se lanzaran en tromba a aprovechar esta buena oportunidad. Ha ocurrido todo lo contrario: Urbanismo ha tenido ahora que declarar desierto el concurso porque no se ha presentado ninguna oferta.

OBRAS PARADAS

Segunda noticia en paralelo: el Ayuntamiento ha detectado 109 obras de edificios en construcción paralizados en la ciudad, por lo que ha enviado a sus promotores un requerimiento para que en el plazo de diez días acrediten las medidas de seguridad adoptadas. Es una decisión más que acertada y oportuna, ya que en la memoria colectiva se mantiene el recuerdo de la tragedia por el derrumbamiento del muro perimetral del antiguo solar del Bazar España.

Si existiera esa demanda de pisos que supuestamente frena el actual PGOU, sería inimaginable que existieran 109 edificios en construcción paralizados por los promotores. Algo, pues, no cuadra aquí. Y no cuadra el argumentario de la patronal y del Ayuntamiento porque en Sevilla tenemos actualmente suelo desarrollado de sobra para construir tanto miles de viviendas de renta libre como de protección.

Sin embargo, los promotores no promueven, pese a la existencia de esas amplias bolsas de suelo (el reciente caso de la Hacienda del Rosario es la prueba evidente), pero siguen con su campaña, secundada por Zoido, de que el PGOU impide el crecimiento económico de la ciudad y su propia actividad sectorial.

STOCK Y SUELO

Si ha habido un repunte de las ventas de viviendas en el primer trimestre habrá contribuido a rebajar ese ‘stock’ cuya existencia también niega la patronal pero que han reflejado el Censo de Población y Vivienda del Instituto Nacional de Estadística (48.178 pisos vacíos en Sevilla capital, de los que 18.394 serían invendidos, y 126.900 en el conjunto de la provincia) y el Pulsímetro inmobiliario del Colegio de Aparejadores, según el cual en 2012 había en Sevilla 17.014 pisos nuevos terminados y sin vender.

En los cinco meses de 2013 transcurridos, es prácticamente imposible que se haya absorbido esa ingente cifra, porque en tal caso habría sido noticia económica nacional y hasta internacional. Fomento estima 1.219 transacciones en nuestra ciudad, sin discriminar entre pisos nuevos y de segunda mano, pero aunque todos fueran del primer tipo, tomando como referencia el Pulsímetro de los Aparejadores aún quedarían 15.795 viviendas nuevas en ‘stock’. Si se mantuviera ese ritmo de ventas y todas fueran de pisos nuevos, aún se tardarían casi cuatro años en poner el contador a cero.

LA ALAMEDA

No caigamos, pues, en falsos espejismos, porque una golondrina no hace verano. En Sevilla tenemos aún un amplio parque por colocar en el mercado y suelo desarrollado de sobra para seguir construyendo en paralelo, a fin de satisfacer un hipotético repunte sostenido de la demanda, por lo que si promotores y constructores no edifican no es precisamente porque se lo impida el Plan General vigente, sino porque no les interesa a los actuales precios de mercado, no quieren arriesgarse o no encuentran financiación bancaria en estos momentos de sequía crediticia.

Por otra parte, las modificaciones del PGOU para permitir la ejecución de los proyectos promovidos por Zoido, están empezando a levantar ampollas. El alcalde ha incurrido en un enorme patinazo al asegurar que el parking en la Alameda figuraba en su programa electoral, un aserto ajeno a la realidad, y el presidente del Colegio de Aparejadores y el secretario provincial de UGT han mostrado su abierta oposición a ese estacionamiento rotatorio y subterráneo en el bulevar, máxime tras unas obras de remodelación que duraron años y que fueron financiadas con fondos europeos. ¿Podría repetirse aquí la historia de la biblioteca en el Prado?