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Franklin y los impuestos

El inventor del pararrayos, periodista y diplomático estadounidense Benjamín Franklin, que como firmante de la Declaración de Independencia está considerado uno de los padres fundadores de los Estados Unidos, acuñó una frase que suelen repetir en su descargo los ministros de Hacienda cuando adoptan medidas impopulares: “En este mundo sólo hay dos cosas seguras, la muerte y pagar impuestos”.

Por ese permanente recordatorio de la inevitabilidad de habérselas con el Fisco que supone su aforismo, el Gobierno norteamericano eligió su efigie para ilustrar el billete de curso legal con más valor, el de 100 dólares (hasta mediados del siglo pasado los hubo también de 500 dólares, 1.000, 5.000 y ¡hasta de 10.000 dólares!).

A la frase de Franklin podría añadírsele una coda en el sentido de que pocos quieren enfrentarse a la muerte y al abono de los impuestos, sea al gobierno que sea y se llamen como se llamen. Y en Sevilla no íbamos a ser la excepción, de ahí la rebelión suscitada entre los empresarios tras la presentación de las primeras Ordenanzas Fiscales del gobierno de Espadas.

EL LÍMITE DEL MILLÓN DE EUROS

Como es sabido, el alcalde ha plasmado en el texto su promesa de congelación de los impuestos y/o tasas que afecten de forma más directa a las familias y pequeñas y medianas empresas sevillanas (el IBI, el sello del coche, las tasas de Tussam..) y también ha materializado el anuncio que hizo en aquel desayuno periodístico de que pediría un sobreesfuerzo a los que más tienen o más facturan subiendo los impuestos a las empresas con una cifra de negocio igual o superior al millón de euros anualmente.

Al igual que a nadie le gusta pagar más a Hacienda, a ningún gobernante le suele gustar arrostrar la impopularidad que supone incrementar la presión fiscal sobre los contribuyentes, ya sean personas físicas o jurídicas (sociedades), y menos en tiempos de una crisis económica que dura ya siete años y ha dejado más de 84.000 parados en la ciudad.

Sin embargo, Espadas ha llegado a la Alcaldía con una previsión de ingresos por la participación en la ciudad en los fondos del Estado inferior en 6 millones de euros a la cantidad que percibió el Ayuntamiento durante el último año del mandato de Zoido. A esos -6 millones se unen mayores gastos por la subida del 1% en las nóminas a los funcionarios  y el abono de la paga de Navidad, que las Administraciones Públicas están recuperando tras el sacrificio impuesto anteriormente.

En resumen, para lograr el principio de suficiencia financiera del Ayuntamiento y no incurrir en un mayor endeudamiento, que tampoco permitirían la ley de Estabilidad Presupuestaria y un vigilante Ministerio de Hacienda al que el interventor municipal está obligado legalmente a comunicar cualquier desviación presupuestaria del Consistorio, Espadas necesita recaudar 8 millones de euros más.

IBI E IAE

Su previsión, contenida en las Ordenanzas Fiscales para 2016, es que ese dinero salga de la subida del IBI (5,5 millones de euros) a 4.604 inmuebles de uso no residencial con los valores catastrales más altos (entre los que están 2.422 comercios, 603 industrias y hasta los estadios del Sevilla y del Betis) y de la subida del Impuesto sobre Actividades Económicas (2,5 millones de euros) a 3.615 empresas que facturan un millón de euros o más.

Obviamente, dada la natural aversión al pago al Fisco, la Confederación de Empresarios de Sevilla (CES), que preside Miguel Rus, ha descalificado el proyecto de Ordenanzas Fiscales de Espadas, al que ha tachado de “populista”.

Según la CES, la decisión de subir impuestos “en momentos tan delicados de incipiente recuperación económica y con tan altas tasas de desempleo no ayudan en nada a la necesaria atracción de inversiones productivas e industriales que tanto necesita Sevilla. Decisiones políticas y populistas como las propuestas en estas Ordenanzas Fiscales -añade- ponen en riesgo los proyectos de inversión, continuidad y crecimiento de nuestras pocas grandes empresas y, sin duda, sus consecuencias sobre el empleo”.

No se recuerda una reacción similar de la patronal cuando era Zoido el que subía los impuestos aún en mayor medida que Espadas, aunque fuera forzado por el Ministerio de Hacienda para incrementar la recaudación de las Administraciones Públicas.

SUBIDAS MAYORES

Pese a la leyenda urbana y a la propaganda municipal en aquel tiempo en el sentido de que con Zoido en la Alcaldía se rebajaron los impuestos, los datos anuales de previsión de ingresos sólo por el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) demuestran lo contrario.

Así, en el último año de gobierno de Monteseirín, 2010, la previsión de ingresos por el IBI fue de 170.450.437 euros. A partir de 2011, ejercicio que se reparten a medias Monteseirín y Zoido, los ingresos por este tributo, el principal que pagan los sevillanos, se disparan y no se moderarán hasta los dos últimos años del mandato, cuando se van aproximando las elecciones municipales. Aun así serán superiores a los calculados en la época de Monteseirín.

Esta es la evolución de los ingresos por IBI en los últimos seis años: 2010, 170,4 millones de euros; año 2011, 178,2 millones; año 2012, 183,1 millones; año 2013, 201,9 millones; año 2014, 173,5 millones; y 2015, 173,5 millones de euros. Se aprecia que en los dos primeros años completos  de Zoido se recaudan por el IBI 5 millones y 23,7 millones más que en 2011, el ejercicio a medias con Monteseirín (Zoido llega a la Alcaldía a mediados de junio). Y todo ello en plena crudeza de la crisis económica, cuando en la ciudad se pasa de 76.600 parados a 91.600.

INCENTIVOS

Nada dijo entonces la patronal sevillana sobre que esas elevadas subidas del IBI pese al enorme ascenso del paro eran decisiones políticas y populistas que ponían en riesgo los proyectos de inversión de las grandes empresas y tendrían consecuencias negativas sobre el empleo.

La CES pone el acento en el incremento de la presión fiscal por Espadas sobre las grandes empresas como si por esta subida del IBI se pusiera en peligro la implantación de la segunda tienda de Ikea en Sevilla y omitiendo que, por ejemplo, pueden mitigar el incremento del IAE deduciéndoselo  en el impuesto de sociedades, y la existencia de lo que podríamos llamar el cheque de Espadas.

Y es que en estas primeras Ordenanzas de la nueva Corporación Municipal, las empresas que se creen quedarán exentas del pago de algunos tributos en los dos primeros años de su existencia y gozarán de una bonificación del 50% del IAE en los tres años siguientes.

Asimismo, para fomentar el empleo, se crea un cheque fiscal de 250 euros multiplicado por el incremento medio de la plantilla (contratos indefinidos en jornada completa), que en función de diversos factores puede permitir significativos ahorros en el IAE, IBI y hasta en la tasa de basuras (y hay que recordar que ahora se elimina la tasa de basuras a los locales vacíos que implantó Zoido).

Así pues, hay instrumentos en las Ordenanzas para incentivar los proyectos de inversión y la creación de empleo, pese a los temores en sentido contrario expresados por una patronal que fue demasiado complaciente con la política fiscal municipal en el anterior mandato y se muestra demasiado alarmista al inicio del actual.

Ahora bien, la CES tampoco puede darle un cheque en blanco a Espadas y debe estar vigilante para que el incremento de recaudación que se va a lograr con estas Ordenanzas no se pierda en un sumidero de iniciativas estrambóticas como la compra de lubricantes para uso vaginal y anal con destino a talleres municipales que se ha conocido esta semana.

El secreto está en la tasa

Cuenta la leyenda que Leonardo Fernández Pujals, el cual había conocido en Estados Unidos el ‘boom’ del reparto de comida a domicilio y en especial el de pizzas, se propuso emular en España aquel negocio de éxito, para lo cual dejó su cómodo puesto de directivo de una multinacional, hipotecó su casa para conseguir liquidez y empezó desde la nada las probaturas para fabricar pizzas antes de poder repartirlas.

Los niños que jugaban al fútbol en las calles del madrileño barrio del Pilar fueron sus conejillos de Indias. Les dio a probar todo tipo de combinaciones de ingredientes y sólo cuando la mayoría de ellos coincidieron en señalar la que más les gustaba de todas supo que había dado con la fórmula, la cual tradujo en un lema comercial: ‘El secreto está en la masa’. Había nacido Telepizza.

Asunción Fley, la delegada de Hacienda de Zoido que pasa por ser la dama de hierro y la ‘manostijeras’ municipal (por aquello de los recortes a troche y moche, salvo cuando se trata de subirle el sueldo hasta los 105.000 euros a su directora general), le ha dado un sinfín de vueltas al proyecto de Ordenanzas Fiscales de 2014, para conciliar el mensaje propagandístico del alcalde de que supondrían la mayor rebaja impositiva de la historia de la Democracia con la necesidad de compensar de tapadillo y por otras vías la caída de ingresos que supondrá la congelación del IBI, previa subida del 10% en ejercicios anteriores.

Tras frustrarse, por impopular, la idea de implantar el copago policial, la oposición descubrió en el Pleno de las Ordenanzas celebrado el pasado 30 de octubre que el secreto de Fley estaba en la tasa….. de la basura, en la Ordenanza reguladora de la recogida de residuos. Así, se suscitó un debate entre lingüístico y técnico, de esos que espantan a los no iniciados, pero que justamente por la aversión que suscitan permiten que en caso de no producirse los tecnócratas como Asunción Fley, fichada para la política por Zoido, acaben camuflando sus medidas y que éstas no se perciban hasta que sus consecuencias no se hacen evidentes, ya demasiado tarde.

ANÁLISIS COMPARADO

Juan Espadas, el portavoz socialista, comparó la redacción de la Ordenanza Fiscal de las Basuras de 2013 y 2014 y reparó con alarma en, sobre todo, el artículo 6º, que ahora reza así: “Constituye el hecho imponible de la presente Tasa, la prestación del servicio de recepción obligatoria de gestión de residuos urbanos que se generen o que puedan generarse, tanto en viviendas y edificaciones cuyo uso catastral sea predominantemente residencial, como en alojamientos, edificios, locales, establecimientos e instalaciones de todo tipo, cuyo uso catastral no sea residencial en los que se ejerzan o puedan llegar a ejercerse actividades comerciales, industriales, profesionales artísticas, administrativas, de servicios y sanitarias públicas o privadas”.

La diferencia esencial es que hasta ahora la tasa de la basura se cobra a viviendas y locales o establecimientos donde se ejerzan actividades de cualquier tipo o sean utilizados a modo particular por el contribuyente, sea empresario, profesional o un simple vecino sin más, y que a partir de ahora, conforme a esta nueva redacción del artículo 6º la tasa de basura se cobrará tanto por la actividad que se realice en los locales comerciales, profesionales, industriales…. (en suma, los no destinados a vivienda o uso residencia) como por la actividad que pueda llegar a ejercerse en los mismos.

La conclusión es obvia: un local comercial o destinado a usos profesionales (despacho de abogados, por ejemplo) o de cualquier tipo que no sea para vivienda particular pagará la tasa de la basura aun cuando esté vacío; aun cuando no se desarrolle ninguna actividad en el mismo, ya que se grava por igual que allí no haya una actividad de tipo económico y esté ocupado por personas que generan residuos que deba recoger Lipasam como el hecho de que en un futurible pueda ser alquilado o comprado para instalar un nuevo negocio, ya que por definición un local que no es vivienda es porque va a ser utilizado de forma no residencial.

LA TESIS DE FLEY

La delegada de Hacienda sostiene que no ha cambiado nada, lo cual no se compadece entonces con la necesidad de haber modificado ocho artículos de la Ordenanza de 2013 y una decena de tarifas, sino que sólo se produce una especie de afinación en el criterio a la hora de cobrar la tasa: hasta hoy se tenía en cuenta la solicitud de alta que realizaba el promotor del negocio o el propietario del local comercial, pero con la nueva Ordenanza se toma como referente los datos del Catastro, el cual refleja la categoría del local, si es para uso residencial o no residencial. Con esta medida, según Fley, se simplifican los procedimientos y se combate mejor el fraude fiscal.

La delegada sostuvo en el Pleno que el servicio de recogida de basuras por Lipasam se sigue prestando, con independencia de que un negocio se haya cerrado o no, lo cual justificaría, a su juicio, la polémica redacción del artículo 6º.

La tesis de Asunción Fley no parece muy consistente: los camiones de Lipasam siguen pasando por la calle donde se haya clausurado un negocio y por tanto el local comercial está ya vacío, pero los operarios no recogen ninguna basura procedente de los mismos ni cajas vacías de cartón, no le prestan ningún servicio técnicamente hablando, sencillamente porque el comerciante o el profesional ya ha echado el cierre por la crisis y lo único que queda es un cartel sobre la luna del escaparate o en la puerta con el anuncio de ‘se vende’ o ‘se alquila’. Los centenares de locales afectados por el cerrojazo seguirán generando derechos de cobro de la tasa de basura para Hacienda aunque no generen ninguna renta para sus propietarios, los cuales en muchos casos han invertido en ellos los ahorros de toda una vida.

¿Y cuánto le puede costar al dueño mantener vacío, no precisamente por su voluntad sino por causa de la crisis, un local comercial? Pues en función de su superficie (de menos de 20 m2 hasta 500 m2) entre 96 euros y 1.245 euros anuales.

EL CATASTRO

El hecho imponible para el Ayuntamiento de Zoido – el mismo que hablaba de bajar impuestos, eliminar trabas administrativas y tender alfombras rojas a los inversores- ya no es el alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas, sino que un local no residencial esté calificado como tan en el Catastro, esté activo o inactivo, ocupado o vacío. Da igual porque va a pagar el ‘tasazo’ de la basura, en expresión de Espadas, sólo por el hecho de que por su puerta pase el camión de Lipasam y aunque no tenga nada que recoger.

Como medida defensiva, el propietario al que se le quede vacío un local comercial podría tratar de darle de baja en el Catastro para así librarse del tasazo de Fley, pero la delegada ya ha previsto tal posibilidad y ha modificado también la Ordenanza para asegurarse seguir cobrando por la basura durante el tiempo que el Catastro tarde en hacer la modificación y hasta tanto el propietario no presente una declaración fehaciente del cambio.

El informe técnico de la Delegación de Hacienda para justificar el cambio normativo revela que el objetivo del mismo es lograr un incremento de ingresos por valor de 2,184 millones de euros, lo cual permitirá “la financiación -puede leerse- de las bajadas previstas en los impuestos de plusvalía, ICIO e IAE, los beneficios fiscales otorgados en materia de fomento del empleo y hacer  frente a la financiación suficiente por la congelación generalizada de tasas  y precios públicos”.

COMPENSACIONES

Salta a la vista: Fley compensa por un lado con nuevos ingresos, en este caso por el ‘tasazo’ de la basura a los locales vacíos, las rebajas que por el suyo anuncia Zoido, aunque ello suponga una incoherencia para la ideología del PP y una increíble aproximación a las tesis de Izquierda Unida sobre la propiedad privada.

Las malas lenguas dicen que Torrijos no sufrió una lipotimia por el exceso de calor y la fatiga en el último Pleno municipal, sino por la emoción que le produjo comprobar el desplazamiento de Zoido hacia la izquierda en el espectro político: IU propuso antes del Pleno que se gravaran las viviendas vacías; el PP ha empezado por aprobar el ‘tasazo’ a los locales vacíos.

Como decía Fraga, la política hace extraños compañeros de cama.

 

Urbanismo, el reloj averiado de Zoido

La Delegación de Urbanismo, por acción u omisión, ha vuelto una vez más a chafarle los titulares al alcalde, que había planificado el inicio del nuevo curso político con la plasmación de su vieja promesa de rebajarles los impuestos a los sevillanos. La otrora área más poderosa del Ayuntamiento, y ahora bajo mínimos por su sobredimensionamiento tras la crisis económica general y el estallido de la burbuja inmobiliaria en particular, anunció una propuesta de modificación de las Ordenanzas Fiscales a elevar al Pleno municipal con la misma estrategia que Tussam empleaba cada año con la revisión de las tarifas para el autobús.

La empresa municipal de transportes desviaba la atención de la opinión pública hacia el dato de la subida media del autobús intentando convencer de que se alineaba con la inflación prevista o incluso se situaba por debajo del IPC. Para ello aprobaba subidas mínimas en los títulos de viaje menos utilizados mientras cargaba la mano en los billetes y bonobuses más demandados por los sevillanos. En apariencia, la subida media estaba por debajo del coste de la vida, pero en la práctica los usuarios habituales del autobús pagaban y pagan más cada año.

UN ‘TROYANO’ EN LAS ORDENANZAS

Siguiendo la misma estrategia del bonobús, el delegado de Urbanismo, Maximiliano Vílchez, presentó un cuadro de rebajas para 2014 que en puridad sólo se producía en cuatro tasas menores y sin apenas incidencia en el bolsillo de la mayoría de los sevillanos; suponía una ‘congelación’, que no rebaja, en el resto y ocultaba un ‘caballo de Troya’ que, de no haber sido advertida a tiempo antes de su aprobación por el Pleno, habría incrementado hasta en un 100% el coste de las licencias de obras.

El ‘troyano’ de Vílchez era un párrafo que rezaba así: “Se entenderá, en todo caso, que tienen carácter singularísimo y peculiar a estos efectos las obras o instalaciones proyectadas cuyos presupuestos excedan en más de un 25% del valor resultante de la ampliación de las reglas y módulos que se contienen en los artículos 10 y 11”. Hasta ahora, el módulo base fijado por Urbanismo es de 486 euros, pero si se aprobaba este punto y se tomaba como referencia el valor real en un proyecto a un coste de 1.000 euros el m2, la licencia de obras se duplicaría.

La Gerencia de Urbanismo, que ha pasado de nadar en la abundancia a sufrir pérdidas y a conocer que el Ayuntamiento piensa en su disolución y en un recorte salarial del 30% a una plantilla en la que casi la mitad de sus miembros cobra un plus por jefatura de algo, ya intentó el año pasado incrementar sus ingresos con una Ordenanza Fiscal similar a la de este proyecto.

MALESTAR DE LA PATRONAL

Aquel intento fue considerado ‘casus belli’ por la patronal sevillana, la CES, y la sectorial de la construcción, Gaesco, cuyo líder en ambos casos es el constructor Miguel Rus, el cual ha mantenido desde el principio algunos llamativos desencuentros, por decirlo diplomáticamente, con el Gobierno municipal. Zoido, una de cuyas máximas era la de tender alfombras rojas a los inversores, ordenó a Vílchez que retirara la propuesta.

Para salvar la cara ante los empresarios y la opinión pública hubo que lanzar la versión de que se había tratado de un borrador, un documento provisional redactado por los técnicos a espaldas o sin la aprobación del gerente, Alberto de Leopoldo (procedente de Cajasol y sin experiencia conocida en las lides urbanísticas), y del delegado, Maximiliano Vílchez, también sin antecedentes profesionales ligados a esta disciplina tan especializada.

La coartada ponía a los pies de los caballos a ambos responsables políticos, porque era el reconocimiento público de que no controlaban la Delegación y de que los técnicos maniobraban a su antojo. Si a ello se le unían fiascos anteriores como la pérdida de la inversión de Decathlon en la Cartuja y del proyecto de La Caixa en las Atarazanas, más el anuncio sin fundamento del inminente desbloqueo que nunca llega de la segunda tienda de Ikea, más que llovía sobre mojado en las caracolas de la Cartuja, sede de la Gerencia.

Fue el grupo municipal Socialista, liderado por Juan Espadas, el que destapó sobre la marcha que Urbanismo intentaba colar por segunda vez en dos años una Ordenanza Fiscal que le permitiría incrementar en un 100% el coste de las licencias de obras expedidas en la ciudad pese al hundimiento del sector de la Construcción, el cual lleva cinco años sin levantar cabeza. Esta contumacia podía de nuevo al alcalde en la tesitura de enfrentarse al ‘lobby’ del ladrillo y reeditaba el hondo malestar de los empresarios con un Ayuntamiento que no deja de proclamar su apuesta por la iniciativa privada y por la necesidad de rebajar impuestos para reactivar la economía.

SEGUNDO PRETEXTO

En un ‘déjà vu’ del año anterior, Urbanismo ha tenido que buscarse otro pretexto para tratar de justificar su actuación y la retirada, por segunda vez, de la Ordenanza de la discordia. Ahora, la coartada oficial consiste en que se ha producido un “error material” que ha propiciado “la introducción de un párrafo relativo a la tasa por licencia de obras que había quedado anteriormente suprimido del texto, no debiendo, por tanto, haberse reproducido”.

Explícitamente, pues, la Gerencia estaba reconociendo que había volcado el texto suprimido a última hora el año anterior en el de las Ordenanzas Fiscales para 2014, una chapuza informática que hunde aún más la reputación de un organismo que está colocado en el punto de mira de la Delegación de Hacienda por sus costes excesivos y sus números rojos y que da así más argumentos a la dama de hierro municipal, Asunción Fley,  para meterle las tijeras de los recortes.

Los frenazos y retrocesos de Urbanismo, que hay que justificar unas veces por el descontrol de sus dirigentes y otras por supuestos errores materiales -como si los ordenadores actuaran autónomamente y al margen de quienes los manejan-, suponen un tiro en el pie de un alcalde que en su toma de posesión anunció la excelencia en la gestión de los Servicios Públicos y que la ciudad funcionaría con la precisión de un reloj suizo.

EN EVIDENCIA

La Gerencia tiene 437 personas en plantilla, la mitad de ellos jefes que en conjunto cobran pluses millonarios por la responsabilidad que asumen en el desempeño de su labor. Pues bien, ninguno de estos 437 empleados municipales se percató del supuesto error motivado por la práctica de reproducir textos antiguos del proyecto de Ordenanzas Fiscales para 2013 y volcarlos en el de 2014 y salir así del paso lo más rápidamente posible. Tampoco se percató el Gobierno local, con sus 20 concejales y su amplio equipo de asesores.

Quien advirtió la supuesta duplicidad o el pretendido “error material” fue el Grupo municipal Socialista, compuesto por once ediles y un número reducido de asesores bajo la dirección de Juan Espadas, que ha dejado así en evidencia a toda la Gerencia y al equipo de Gobierno al demostrar un mayor celo y eficacia en la supervisión de la documentación remitida al Pleno y que la labor de la Oposición no consiste sólo en populistas paseos por los barrios para aparecer en las fotos estrechando las manos de los vecinos, sino también o incluso principalmente en un trabajo mucho más difícil, por su complejidad técnica, oscuro, callado y menos reconocido de pasarse muchas horas en los despachos escudriñando expedientes y haciendo números.

OTRO MÁS

El Gobierno municipal ha fallado y la Oposición no. Esa es la imagen que queda en la opinión pública tras este episodio y es lo que más debe preocupar al alcalde, que ha comprobado que la oposición frontal anunciada por Espadas es mucho más activa y eficaz que antes.

Los fallos en Urbanismo no se limitaban sólo a la Ordenanza que afectaba a las licencias de obras. Obligada por la denuncia/revelación del PSOE a revisar todos los expedientes -ahora sí-, la Gerencia se percató además de que el texto utilizado por supuesto error tampoco recogía unas modificaciones aprobadas por el Pleno y referidas a la Ordenanza Fiscal regulada de la tasa por los documentos que expida o tramite la propia Gerencia a instancia de parte. Corrección de errores sobre corrección de errores, error al cuadrado y en una materia tan delicada como el bolsillo de los ciudadanos.

Definitivamente, Urbanismo se ha convertido por deméritos propios en el reloj averiado de Zoido.

El pollo de Asunción

Se le atribuye a Mark Twain, considerado como el padre de la moderna literatura norteamericana, la frase de que hay tres clases de mentiras: mentiras, malditas mentiras y estadísticas. En el imaginario popular, la comprensión de la estadística deriva de la metáfora sobre el pollo, según la cual si de dos personas una se come dos pollos y la otra ninguno, la estadística hará la media y dirá que se han comido un pollo cada una de ellas.

La estadística fue parodiada hasta por los hermanos Marx en una de sus películas. El genial Groucho entraba en escena vestido como un médico y diciéndole a una enfermera: “Señorita, tengo mucha prisa. Déme una media de la temperatura de todos mis pacientes”.

El pasado viernes el gobierno local tiró de medias matemáticas y de la estadística en el Pleno en el que aprobó con su mayoría absoluta, previa aceptación de tres enmiendas del PSOE, las Ordenanzas Fiscales para el año 2013. La delegada de Hacienda, Asunción Fley, defendió el proyecto con el argumento de que, “matemáticamente”, han sido “congelados” los impuestos.

El término “congelación” en materia fiscal es sumamente equívoco, porque si originalmente estaba perfectamente claro y significaba que no había variación en el coste de un servicio o en la cuantía de un impuesto o tasa, posteriormente la clase política, especialmente durante la era Monteseirín, empezó a utilizarlo como sinónimo del IPC. Mientras que el ciudadano pensaba
que aquéllos no iban a subir de un año para otro porque oían decir a los políticos que quedaban congelados, en realidad éstos habían acordado una subida equivalente a la del coste de la vida previsto por el Instituto Nacional de Estadística o el Gobierno en sus previsiones macroeconómicas.

ZANAHORIA FISCAL

Asunción Fley puso por delante de los sevillanos la zanahoria de la presunta congelación del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE), el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (el popularmente conocido como ‘sello’ del coche), el de Construcción, Instalaciones y Obras (ICIO) ….. para tratar de justificar así, “matemáticamente”,  la subida de la mayor parte de las tasas y la creación de nuevas figuras tributarias, no precisamente para “congelar” los ingresos municipales, sino para incrementarlos, por mucho que tratara de camuflar la medida recurriendo a la estadística, como en el típico ejemplo del pollo.

A título de muestra, oficialmente el Ayuntamiento dice haber congelado el Impuesto sobre Bienes Inmuebles , pero como ha eliminado la bonificación existente por domiciliación del pago a través de entidades bancarias, los miles y miles de sevillanos que habían recurrido a este método en beneficio tanto suyo como del Ayuntamiento (por ahorro de costes y mayor recaudación) verán en la práctica cómo el IBI se les incrementa.

Decisiones como ésta tienen un efecto disuasorio sobre los contribuyentes en una sociedad como la sevillana, tradicionalmente benevolente con aquellos que incumplen sus obligaciones tributarias con el Ayuntamiento y que históricamente se han beneficiado del calamitoso sistema -o más bien, falta de sistema- de la Hacienda local desde los no tan lejanos tiempos de los recaudadores que actuaban en su nombre a cambio de jugosas participaciones en las cantidades que lograban cobrar.

TASA DE MOROSIDAD

La ineficacia municipal en este sentido ha sido de tal magnitud que el Ayuntamiento ha dejado de ingresar en el último decenio más de 379 millones de euros, de los que considera ya incobrables 56 millones.

Justamente para combatir esta morosidad y ganar tiempo para reorganizarse internamente con la creación de una Agencia Tributaria propia, el Consistorio lanzó hace años una campaña entre los sevillanos para incentivar mediante una pequeña bonificación, descendente con el paso del tiempo, la domiciliación bancaria del pago de los tributos. De esta manera, los contribuyentes se libraban de la tentación de caer en el olvido de no pagar o de hacerlo fuera de plazo, con los consiguientes recargos, y la Hacienda municipal no sólo se garantizaba el cobro del dinero, sino también de hacerlo en el plazo más favorable para la Tesorería y se ahorraba los costes administrativos -de personal y papeleo- de emprender acciones contra los olvidadizos y morosos de larga duración (publicando los exhortos en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla).

Salvo error u omisión, el Ayuntamiento ha modificado 37 de las 44 Ordenanzas Fiscales preexistentes, con una subida media del 3% según Asunción Fley, la delegada municipal de Hacienda, que incluso llegó a decir que así se cumplía la promesa electoral de Zoido de bajar los impuestos en Sevilla porque este promedio era inferior al del IPC del pasado mes de septiembre, que fue del 3,5%. Sin embargo, la oposición ha subrayado que la Hacienda municipal ha tomado como referencia arbitraria el dato que recoge la media de marzo del último decenio por ser el más beneficioso para el Consistorio, no para los contribuyentes.

LOS SERVICIOS BÁSICOS

Independientemente de esta circunstancia, lo significativo no es que el Ayuntamiento rebaje la media estadística de la suma de impuestos/tasas congelando o subiendo poco una cantidad de tributos por servicios escasamente utilizados por los sevillanos (como podría ser la expedición de un documento en las caracolas de la Gerencia de Urbanismo), si no, y aquí radica la clave de la cuestión, la subida que ha aplicado a los servicios básicos o más demandados por los ciudadanos, como son las tarifas de Tussam (una media del 5%, superior por tanto a ese IPC del 3,5% citado por Asunción Fley como referencia), las de la zona azul y la grúa (un 6%) y la utilización de las instalaciones deportivas del IMD (hasta un 7%).

Y aún más significativo es que este encarecimiento del transporte público y  del uso de los espacios colectivos (también a los polémicos veladores se les ha aplicado una subida bastante apreciable) se haya realizado en un contexto de aguda crisis económica, con más de 90.000 parados en la ciudad, y pese a la promesa del alcalde de no subir los impuestos porque su doctrina económica consistía en hacer lo contrario, bajarlos,  para estimular así la actividad económica y porque así, a mayor crecimiento de la riqueza y del PIB sevillanos, mayores acabarían siendo por tanto los ingresos en las arcas municipales.

Y el tercer elemento significativo, ignorado por el gobierno local, ha sido el dictamen contrario y unánime, por primera vez en la historia del organismo, del Consejo Económico y Social de Sevilla, el órgano consultivo del Ayuntamiento y en el que están presentes los agentes sociales de la ciudad, que llevan al Consistorio la voz de la calle, la voz de la sociedad.

POR UNANIMIDAD

La Confederación de Empresarios de Andalucía, los sindicatos UGT y Comisiones Obreras, organizaciones de consumidores como Facua y UCE, CEPES, asociaciones de vecinos y expertos aprobaron por unanimidad un dictamen contrario al proyecto de Ordenanzas Fiscales redactado por Asunción Fley.

El CESS dictaminó en contra de esa subida media del 3% en tasas y precios públicos, tan invocada por la delegada de Hacienda , porque a su juicio carecía de lógica si el objetivo era el de acercar la referencia del incremento de las Ordenanzas a la realidad, porque tomaba como referente el IPC interanual de los últimos diez años en vez del de los últimos cuatro, el periodo de la crisis económica, ya que en este caso la subida tendría que haber sido de sólo el 1,8%.

En vez de rectificar su política fiscal conforme a las recomendaciones del CESS, el delegado de Economía, Gregorio Serrano, subrayó que este organismo ha emitido generalmente dictámenes contrarios a las Ordenanzas y los Presupuestos municipales y que como su carácter es meramente consultivo y no vinculante, el gobierno local haría lo que tuviera que hacer.

INDEPENDENCIA DE CRITERIO

Efectivamente, Gregorio Serrano tenía razón cuando recordaba que en los ocho años en que fue responsable en temas de Hacienda por el PP, el CESS prácticamente emitió dictámenes negativos, pero ello no le resta importancia al dato, sino todo lo contrario: revela su independencia de criterio respecto al gobierno de turno, y también cuando eran del PSOE e IU, con gran irritación de Monteseirín con el entonces presidente, José Vallés. En su sectarismo contra quien no opinara como él, el exalcalde esperaba un completo respaldo del CESS y de Vallés a sus políticas fiscales, habida cuenta de que éste había sido delegado de Hacienda, Patrimonio y Estadística con el socialista Manuel del Valle de alcalde, pero Vallés antepuso a su condición de socialista la de catedrático de Economía de la Universidad, su integridad moral y su independencia intelectual y acabó dejando el cargo antes que seguir soportando las presiones de Monteseirín.

Y lo que también demuestra la reacción de Gregorio Serrano de minusvalorar el papel del CESS es que la clase política desoye las voces críticas cuando se instala en el poder (bastaría comprobar qué decía Serrano sobre los dictámenes del CESS cuando se hallaba en la oposición y ahora) y que aquél y otros organismos consultivos no son a la postre más que floreros con que el sistema se adorna para aparentar una Democracia participativa y consultiva más ficticia que real.

Fotos

Zoido y/o su gabinete de prensa, que tanto monta monta tanto, difunden una foto del alcalde tres-en-uno (regidor, presidente del PP (A) y diputado autonómico, amén de señor de cuatro castillos medievales) y sin -dicen- tiempo ni para prepararse los Plenos del Parlamento  paseándose por la Alameda de Hércules con los componentes del grupo cordobés Medina Azahara, que habían venido para la grabación del videoclip de una canción dedicada a Sevilla. Espadas y/o su gabinete divulgan a continuación una foto de la reunión mantenida por el líder de la oposición con la plana mayor de la patronal Gaesco y el indignado (con el alcalde, claro) Miguel Rus al frente, para analizar el impacto de las Ordenanzas Fiscales y estudiar medidas para reactivar el depauperado (ahora) sector de la construcción. Pues nada, Juan Ignacio, tú sigue así: de las sevillanas de la Expo al rock andaluz en la Alameda, y tiras de folklore porque te toca, que la Sevilla de los 90.000 parados y de los cabreados empresarios, por ti pueden seguir esperando. Ahora sólo te falta la foto con Miguel Bosé.

 

¿Gobierna Zoido?

Cada día que pasa se conoce un nuevo detalle del proyecto de Ordenanzas Fiscales redactado por la Gerencia de Urbanismo para el próximo ejercicio de 2013. Iba a ser aprobado el pasado viernes, pero el gobierno local lo retiró ‘in extremis’ cuando conoció el rechazo suscitado después de que el PSOE desvelara el ‘tasazo’ que preparaba. El Plan preveía subidas de tasas por numerosos conceptos, y la creación de nuevas figuras impositivas o de cobros por servicios que hasta ahora han sido gratuitos. Así, a título de ejemplo, se pretendía incrementar el coste de las licencias de obras en un 100%, cobrar un mínimo de 120 euros por prorrogarlas, cuando hasta ahora se hacía sin coste alguno, y pasar de la gratuidad de la inspección arqueológica a exigir el abono de entre 1.200 y 3.900 euros.

A estas primeras medidas conocidas se han añadido posteriormente otras de las contenidas en el documento de 160 páginas preparado por los técnicos de Urbanismo. El sector de la hostelería, uno de los más mimados por Zoido, tendría que pagar con estas nonatas Ordenanzas una subida de entre el 5% y el 7% por las licencias de instalación de veladores, de los que ya hay más de 10.000 en las calles de la ciudad. Las tarifas llegaban hasta un alza del 9% cuando se trataba de licencias de carácter semestral.

TAMBIÉN LA SEMANA SANTA

Ni siquiera la Semana Santa escapaba a la voracidad fiscal del Ayuntamiento, que cobra al Consejo General de Cofradías 50.000 euros anuales por la ocupación de la vía pública con sillas y palcos para contemplar las procesiones y al que había previsto exigirle para el nuevo año el pago de un canon de 98.000 euros, casi un 100% más.
Tampoco se iban a librar los propietarios de viviendas y las comunidades de vecinos cuyos bloques tuvieran que pasar la Inspección Técnica de Edificios (ITE). Como se recordará, la Oposición pidió al gobierno local que dejara en suspenso esta obligación debido a que en una ciudad con 90.000 parados hay miles de casos de morosidad en las comunidades, con un incremento del 20% de impagos, según los datos del Colegio de Administradores de Fincas Urbanas.
El Ayuntamiento no sólo no ha accedido a esta petición, sino que había preparado una nueva tarifa añadida a las de las ITE vigentes de 95 euros. Su argumento para tratar de justificarla es que “encauza (sic) a contribuir financieramente el sostenimiento del servicio sin suponer una gran carga económica para los propietarios”. Oculta que esa apàrente pequeña aportación suplementaria para cada propietario, que por otra parte se suma a todas las subidas que viene sufriendo desde el estallido de la crisis (electricidad, gas, butano, gasolina, IVA…), supondría bastante dinero para las arcas municipales.

Esta batería de medidas fiscales abortadas en el último minuto, con creación de nuevas figuras impositivas y subidas de hasta el 100% en algunas de las existentes, se había preparado sin consulta previa a los sectores más directamente afectados, pese a que Zoido había prometido una rebaja impositiva en su programa electoral. Como Rajoy, al final está haciendo todo lo contrario de lo que preconizó.

CONFIANZA PERDIDA

Gaesco, la patronal sevillana de la construcción, se ha sentido traicionada por la corporación local, a la que ha retirado su confianza. Su gerente, Juan Aguilera, ha mostrado públicamente su estupor por la preparación en secreto de un Plan que atacaba directamente a uno de los sectores más castigados por la crisis económica debido al frenazo de la obra pública y de la privada. Si en esta situación se multiplican los costes de las licencias de obras, de la colocación de cubas en la calle, etcétera, etcétera, no se incentiva precisamente, sino todo lo contrario, la realización de trabajos de rehabilitación, único pequeño salvavidas que le queda.

Juan Aguilera, el gerente de Gaesco, se ha lamentado de que pese al espíritu de colaboración de su organización con la Administración y el permanente contacto con la Gerencia de Urbanismo, el Consistorio les hubiera ocultado el expediente.

Igualmente, los hoteleros dicen sentirse “enormemente sorprendidos al conocer por los medios de comunicación que se estuviera valorando una posibilidad tan descabellada como ésta sin consultarnos primero: iría contra toda lógica que el Ayuntamiento optara por asfixiarnos así”.

EL PRETEXTO DEL BORRADOR

Ante el rechazo generalizado al proyecto de nueva Ordenanza Fiscal, el Ayuntamiento ha reaccionado en dos tiempos, tras apresurarse a retirarlas de la circulación. En la primera fase argumentó que se trataba de un mero borrador que no debía confundirse con el documento definitivo. En la segunda, el delegado de Urbanismo, Maximiliano Vílchez, ha señalado públicamente al gerente de Urbanismo y exresponsable de Empresas Participadas de Cajasol, Alberto de Leopoldo, y a los técnicos de la Gerencia como responsables de esta iniciativa presuntamente unilateral: “Lo elaboraron los técnicos -ha declarado-. Ni el responsable político de Urbanismo, que soy yo, ni el alcalde, lo conocían”.

¿Alguien puede creerse que un documento de 160 folios con todo tipo de datos, que incluye informes de jefes de Servicio y que está referido a la materia más sensible por excelencia de una Administración, cuales son los impuestos, puede ser elaborado por el departamento más poderoso del Ayuntamiento, la Gerencia de Urbanismo, por su cuenta y riesgo y al margen de cualquier directriz política del gobierno municipal? ¿Se han puesto acaso de acuerdo los casi 500 funcionarios de la Gerencia en perder su valioso tiempo concibiendo cómo subirle las tasas a los sevillanos en hasta un 100% e inventándose nuevas figuras impositivas mientras desatendían sus obligaciones habituales?

Naturalmente, la explicación de Maximiliano Vílchez carece de credibilidad, pero en su afán de exculparse frente a los sectores económicos más directamente afectados y ante todos los sevillanos no ha hecho sino empeorar aún más las cosas. Porque, como se dice popularmente, si admitimos pulpo como animal de compañía; si se admite como válida y verídica la explicación del delegado de Urbanismo, ello significa ni más ni menos que Zoido no gobierna en el Ayuntamiento, como prueba el hecho de que se adoptan iniciativas de este calado a sus espaldas y que lo dejan a los pies de los caballos ante la opinión pública sin que él se haya enterado previamente de nada.

AUTORIDAD CUESTIONADA

Y la Oposición y los ciudadanos pueden plantearse  cómo un alcalde que ignora hasta la cuantía de los impuestos que pretende cobrarle su Ayuntamiento a los ciudadanos podría aspirar a gobernar con solvencia toda Andalucía en caso de que, también como presidente del PP (A), su partido lo presentara como candidato a la Presidencia de la Junta. Si no controla ni su propio Ayuntamiento de Sevilla ni la Gerencia de Urbanismo ¿cómo va a controlar Andalucía entera? A esta deducción lleva la explicación dada por Vílchez sobre lo acaecido en la Corporación Local hispalense.

Una situación tan grave como ésta pone a Zoido en la tesitura de cortar cabezas de forma fulminante en la Gerencia de Urbanismo, por haberse diseñado en su seno y a sus espaldas una batería de medidas fiscales que ha soliviantado a los sevillanos y a los poderes fácticos de la ciudad. Si no hace nada y deja el ‘statu quo’ sería interpretado como la demostración de una falta de autoridad moral, derivada de haber utilizado a los técnicos como mera coartada (lo mismo que hacía Monteseirín) para no señalarse a sí mismo y a su gobierno como los artífices de unas medidas fiscales desproporcionadas (no estamos hablando de subidas acordes al IPC)  y contrarias a su propio programa electoral.

De prometer rebajar los impuestos a planear subirlos incluso en un 100%.