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No tocata y fuga

Zoido ha perdido en tan sólo medio año tres de los cuatro independientes que iban en su lista electoral
A Espadas se le fueron dos de los cuatro “galácticos” que fichó en el anterior mandato, con fuerte malestar interno

 

El arquitecto José Luis Vargas, uno de los cuatro candidatos independientes que iban en la lista del PP para las elecciones municipales del 22 de mayo y fichaje estrella de Zoido para ocuparse  de la Delegación de Urbanismo en el caso de que, como confiaba, él resultara reelegido alcalde ha dado un portazo y ha dimitido como concejal del grupo Popular antes de que acabara el año y poco más de seis meses después de constituida la nueva corporación municipal.

Urbanismo, la delegación tradicionalmente más poderosa del gobierno local y de la que depende la Gerencia como organismo autónomo, había pasado sin pena ni gloria durante el mandato de Zoido como alcalde y pese a que su mayoría absolutísima de 20 concejales le permitía hacer y deshacer a su antojo sin ninguna oposición tras el castigo infligido por los sevillanos en la persona de Espadas a la nefasta gestión de Monteseirín y su socio Torrijos.

Sin embargo, la falta de peso político y de conocimientos técnicos en la materia de la dupla Vílchez/Leopoldo se convirtió en un lastre insalvable tanto para desbloquear a tiempo para su rentabilización política por Zoido proyectos como la segunda tienda de Ikea, el Caixaforum en las Atarazanas, una tienda de Decathlon en la isla de la Cartuja, la SE-35…. como para proceder a la tantas veces anunciada revisión del PGOU para adecuarlo a la nueva coyuntura de grave crisis económica.

 

UN EXPERTO

 

Por eso Zoido decidió darle un giro de 360 grados a la cuestión al pensar nombrar como responsable de esa parcela municipal no a un neófito como Vílchez sino a todo un arquitecto experto como José Luis Vargas, director general del estudio Orfila 11, con 35 personas en nómina, un historial a sus espaldas como restaurador de edificios antiguos en la ciudad y ganador de proyectos de hospitales en Brasil.

Vargas, tras su fichaje por Zoido después de haberle asesorado en el montaje de la Copa Davis, anunció que abandonaría su estudio de arquitectura para dedicarse de lleno a la política, confiando, como el entonces alcalde, en que ejercería como nuevo delegado de Urbanismo del Ayuntamiento. Sin embargo, sus expectativas no se cumplieron, ya que Zoido acabó relegado al palomar de la oposición y Vargas, a un concejal raso sin relumbrón, con un horizonte de cuatro años dedicado a la ingrata labor no de “hacer ciudad”, sino de fiscalizar la que haga el gobierno de Espadas.

En vez de renunciar a las obras que ya llevaba como arquitecto, las mantuvo, como la reforma de la casa de la calle San Fernando, antigua sede de Agua de Sevilla, para la cadena Hard Rock Café, que para colmo le había sido paralizada por la Gerencia de Urbanismo todavía en el mandato de Zoido como alcalde. Dicho de otro modo, Zoido había fichado para delegado de Urbanismo a un arquitecto al que su futurible Delegación le había paralizado unas obras por su presunta ilegalidad. No cabía mayor desatino.

En vez de hacer mutis por el foro, evitar un conflicto de intereses y un quebradero de cabeza a Zoido, su gran valedor, Vargas no tuvo empacho en simultanear su profesión de arquitecto con las tareas de concejal y de representante del PP en la Gerencia de Urbanismo, la misma que le había parado las obras en el Hard Rock Café y que recibía las denuncias contra él de los vecinos y las peticiones de información al respecto del Defensor del Pueblo por la polémica adaptación para local de ocio y restauración de un inmueble contiguo a viviendas. Al final, Vargas ha tirado la toalla. El fichaje estrella, estrellado.

LA CUARTA PARTE

Zoido, del que aún se teme que tras su elección como diputado acabe dejando también el Ayuntamiento, ha batido un récord en el Consistorio sevillano, ya que en tan sólo medio año le han dimitido tres concejales, lo que supone la cuarta parte de su grupo municipal. Todos ellos, independientes, y todos tras haber ocupado los puestos de privilegio de la lista electoral. Los cuatro independientes fichados por el exalcalde figuraban entre los seis primeros y, por tanto, con un puesto garantizado en el Ayuntamiento: Asunción Fley (número dos), Javier Landa (número tres), José Luis Vargas (número cinco) y Dolores De Pablo-Blanco (número seis).

La primera en tomar las de Villadiego fue Asunción Fley, que sólo duró una semana, ya que dimitió el 17 de junio, tras haber sido, como delegada de Hacienda en el mandato anterior, la persona clave a la hora de ejecutar el plan de austeridad con mano de hierro y de recortar sin contemplaciones en gastos e inversiones para que Zoido luciera como gran aval de su gestión el supuesto saneamiento de las cuentas municipales. Pero, víctima de las propias políticas de austeridad del Gobierno nacional del PP y del ministro Montoro, a quien ya no le salían las cuentas como edil condenada a la oposición era a la propia Fley, que no estaba dispuesta a perder del orden de mil euros mensuales como concejal de a pie en vez de como funcionaria de alto rango en el Ayuntamiento, el puesto al que decidió volver más pronto que tarde: en sólo una semana.

El siguiente en abandonar el equipo municipal del PP fue otro independiente y número tres en la lista de Zoido: Javier Landa. Aunque el PP, frente a las tesis del gobierno socialista local, mantenía contra viento y marea que Landa podía simultanear su acta de concejal con el puesto que se había venido trabajando durante el mandato anterior -delegado del Gobierno en la Zona Franca- y para el que había sido nombrado previamente por Montoro, finalmente optó por evitar cualquier conflicto de intereses por su doble condición de edil y delegado especial del Ejecutivo y anunció su dimisión a finales de noviembre, tan sólo unas semanas antes que el arquitecto Vargas. Así que a Zoido sólo le queda una independiente de su lista: Dolores De Pablo-Blanco. ¿Hasta cuándo?

 

HISTORIAS PARALELAS

La situación que vive actualmente el PP recuerda a la que sufrió el PSOE de Espadas durante el anterior mandato, con un evidente paralelismo. Espadas también llevaba a cuatro independientes entre los seis primeros puestos de una lista que, por ello, fue muy contestada y recibió escasa colaboración en la campaña electoral por parte de algunas agrupaciones socialistas en los distritos: Mercedes de Pablos,  periodista y antigua miembro del Consejo Audiovisual (número dos), Eugenio Suárez Palomares, fiscal en excedencia y abogado (número tres), Susana López, presidenta de la Asociación de Empresarias de Sevilla (número cuatro), y Antonio Muñoz, director general de Planificación Turística de la Junta de Andalucía (número seis).

Suárez Palomares sólo aguantó ocho meses en la corporación de Zoido como alcalde y de Espadas como líder de la oposición. Aunque según la versión oficiosa del grupo Socialista el abogado dejó el Consistorio por problemas de compatibilidad con su actividad como letrado, trascendieron sus diferencias políticas con Espadas, ya que éste se había alineado con Carme Chacón como candidata a la Secretaría General del PSOE ante el congreso socialista que se iba a celebrar precisamente en Sevilla y Suárez Palomares apostó por su el rival de aquélla y a la postre candidato vencedor, Alfredo Pérez Rubalcaba, de la vieja guardia del partido.

La número dos de Espadas, la también independiente Mercedes de Pablos, abandonó el barco en enero de 2013, al cabo de año y medio, “rescatada” por la entonces aún consejera de Presidencia e Igualdad, Susana Díaz, como nueva directora-gerente del Centro de Estudios Andaluces.

Así pues, de los cuatro “galácticos” de Espadas, sólo sobrevivieron hasta el final Antonio Muñoz, revalorizado para el rol que desempeña en el actual mandato, y una apagada Susana López, cuyo aguante durante cuatro años en el banquillo de la oposición le fue premiado con su nombramiento posterior (agosto de 2015) como delegada provincial de Economía de la Junta de Andalucía.

Las experiencias de Espadas y Zoido demuestran que los independientes como fichajes estrella están dispuestos a permanecer en el Ayuntamiento si tocan el Poder y ocupan un cargo, pero que su capacidad de aguante es muy limitada en cuanto ven la perspectiva de permanecer cuatro años en la oposición, por lo que existen muchas posibilidades de que acaben dándose a la fuga o cambiando de destino.

Y es que, como decía Valdano de los 90 minutos de los partidos de fútbol que se disputan en el Bernabéu, también los 1.460 días en el palomar del Ayuntamiento se hacen demasiado largos.

 

El problema azul

Zoido no ha tenido mejor ocurrencia que conmemorar su tercer aniversario al frente del Ayuntamiento y a tan sólo once meses de las elecciones municipales que incumpliendo una de las reglas no escritas de la política, aquella que prescribe adoptar las decisiones impopulares en los primeros meses, o a lo sumo el primer año del mandato (por ejemplo, Rajoy con la subida de los impuestos), para que el tiempo mitigue sus efectos y el recuerdo que de ellas quede en el electorado.

Pues bien, el alcalde ha hecho justamente lo contrario con la extensión de la zona azul a todo el barrio de Bami (1.767 plazas), Macarena (229), Pirotecnia (772) y Luis Montoto (786) con la excusa, sobre todo en el primero, de acabar con los gorrillas. Como no ha podido con ellos, ha acabado castigando a sus víctimas allí donde más les duele, sus bolsillos, con el predecible efecto de acabar provocando la rebelión de éstas.

Así que mientras aún está por ver que los gorrillas desaparezcan de los barrios con nueva zona azul, Zoido ha conseguido el efecto contrario de soliviantar a una parte de los vecinos y comerciantes, a los más de 6.000 trabajadores de la ciudad sanitaria Virgen del Rocío, a la infinidad de enfermos y sus familiares que se ven obligados a estancias de larga duración en el complejo médico, a los mismos colectivos de las clínicas privadas (por ejemplo, la del Sagrado Corazón) radicadas en Bami y sus aledaños, a los centenares de estudiantes allí asentados por la proximidad del campus de Reina Mercedes y a las plantillas de las consejerías de Medio Ambiente y de Agricultura, sitas en el área de influencia del centro sanitario y también por tanto de la nueva zona azul.

NO HAY CONSENSO

El final del curso ha paliado las protestas estudiantiles en el campus de Pirotecnia y la inminencias de las vacaciones de verano hará lo propio en julio y agosto con los trabajadores del complejo sanitario, por lo que la oposición podría radicalizarse aún más en septiembre, con el inicio del último curso político de este mandato. Además, al Ayuntamiento se le ha abierto otro frente entre los trabajadores del área de Luis Montoto, con los 800 empleados de Telefónica a la cabeza, los cuales han recabado en tan sólo unos días 500 firmas en contra de la zona azul y proyectan una manifestación conjunta de todos los colectivos afectados.

Estas protestas, el sabotaje de parquímetros en Bami y el mismo anuncio de los delegados de Movilidad, Juan Bueno, y del distrito Sur, José Luis García de crear mesas de diálogo con los afectados desmienten las afirmaciones oficiales de que la extensión del aparcamiento regulado en superficie se ha realizado por consenso y a petición de los propios vecinos.

El gobierno municipal, ya claramente a la defensiva, ha incurrido en flagrantes contradicciones al tratar de sofocar el descontento ofreciendo ahora bonos de descuento a quienes trabajan en Bami y en la ciudad sanitaria (en este caso, tan sólo unos 150) para que gocen de las mismas condiciones que los vecinos, los cuales deberán pagar 80 euros anuales para el derecho a aparcar en la zona azul, pese a que ya abonan cada año el sello del coche.

DECÍAN QUE ERA ILEGAL

En su momento, tanto la Confederación de Empresarios de Sevilla, como el PSOE, IU y el Consejo de Alumnos de la Universidad de Sevilla (Cadus) presentaron emiendas y/o alegaciones al proyecto de Ordenanzas Fiscales en las que, entre otros, pidieron al gobierno local bonificaciones, exenciones y reducciones para comerciantes, trabajadores y estudiantes afectados por la zona azul. IU incluso fue más lejos al plantear que los descuentos fueran mayores en función del Iprem.

La respuesta municipal entonces fue que no se podían conceder bonificaciones a los no residentes porque vulnerarían el mismísimo concepto de la zona azul, cuyo objeto era precisamente obligar a la rotación de vehículos en los aparcamientos, no a que éstos estuvieran ocupados la mayor parte del tiempo por los mismos coches.

La delegada de Hacienda, Asunción Fley, respondió lo siguiente: “Hemos de estar a lo previsto en la Ley General Tributaria, que dispone en su art. 8 que se regularán por ley: d) El establecimiento, modificación, supresión y prórroga de las exenciones, reducciones, bonificaciones, deducciones y demás beneficios e incentivos fiscales. De la norma se extrae -aseguró- que no existe habilitación legal para el establecimiento de los citados beneficios fiscales”.

Si, según la delegada, es ilegal ofrecer bonificaciones a los no residentes, no se comprende cómo ahora el Ayuntamiento recurre a ellas para tratar de sofocar el conflicto, aunque no es la primera vez que Asunción Fley tacha de ilegal propuestas de la oposición y que pasado el tiempo haya acabado haciéndolas suyas, olvidándose de sus propias palabras en sentido contrario.

La polémica jurídica no acaba aquí. Tanto los partidos de la oposición municipal como la asociación de consumidores Facua han anunciado la presentación de recursos contra la ampliación de la zona azul por el hecho de que el gobierno municipal no incluyó la lista de calles afectadas en la Ordenanza Fiscal reguladora, sino en una disposición muy posterior, lo que a juicio de los recurrentes vulneraría la ley de Haciendas Locales.

CIUDAD SANITARIA

El conflicto afecta especialmente a Bami, donde se han incluido todas y cada una de sus calles. Era previsible salvo, al parecer para el propio Ayuntamiento, que sólo ha tenido en cuenta la opinión favorable de una parte del barrio -esgrime varios miles de firmas a favor-, pero no se ha percatado de la existencia de millares de trabajadores de la sanidad pública y privada que allí acuden a diario y del gran número de pacientes y de sus familiares que requieren sus servicios y que también se ven afectados por la zona azul sin los beneficios paliativos del bono de residencia.

Por la propia naturaleza de la función médica y la condición de los enfermos y de los familiares que los acompañan, este gran colectivo no se puede permitir, aunque económicamente pudiera, salir del hospital cada dos horas a retirar el vehículo aparcado y dar vueltas en busca de un nuevo estacionamiento. Piénsese, por ejemplo, en un cirujano operando en quirófano o en un paciente en plena diálisis.

Se ha estimado que un trabajador de la ciudad sanitaria o de cualquier otro establecimiento sito en Bami necesitaría pagar 260 euros mensuales y estar saliendo de su trabajo cada dos horas para mover el coche si pretende aparcar en la zona azul dentro del barrio, una situación similar a la que sufrirían los familiares de enfermos de larga duración internados en el Virgen del Rocío, por lo cual la medida municipal acabará creando una onda expansiva por toda la ciudad a modo de recordatorio permanente de la política de movilidad del Consistorio.

INSOLVENTES

Zoido podría haber argumentado que hizo lo mismo e incluso más que sus predecesores para acabar con la lacra de los gorrillas y cumplir su promesa electoral al respecto. Incluso llegó a anunciar una Ordenanza que permitiera requisarles el dinero que llevaran en sus bolsillos, pero como jurídicamente habría sido muy difícil demostrar que todos sus fondos procedían de una actividad ilegal, desistió. También los ha acribillado a multas, pero con nulo efecto práctico. A título de ejemplo, a principios de año el BOP de Sevilla publicó más de 500 sanciones de entre 30 y 50 euros a gorrillas por su actividad como aparcacoches y a los que no se había podido notificar individualmente por hallarse en paradero desconocido. Y cuando se les localiza se declaran insolventes.

El alcalde, pues, podría haber demostrado que no se cruzó de brazos o haber adoptado medidas disuasorias y no probadas hasta ahora, como habría sido un despliegue permanente de la Policía Local en la treintena de calles de Bami, cumpliendo así la función añadida de Policía de proximidad, pero en vez de eso ha optado por la solución más impopular y aún más gravosa que la propina al gorrilla de turno: la ampliación de la zona azul, con lo que ha acabado proyectando la imagen de que en el fondo hay también un afán recaudatorio en beneficio de la empresa municipal Aussa.

La nueva tasa de basura se aplica a 15.000 locales vacíos

El número de expedientes ha pasado de 27.762 a 42.691

Recaudados casi 4 millones de euros en el primer trimestre de 2014

La factura de las empresas municipales asciende a 40.000 euros

El crecimiento en un 53,77% de expedientes por la aplicación de la nueva tasa de recogida de residuos sólidos conforme a la modificación de la Ordenanza, en virtud de la cual los inmuebles son dados de alta por los datos del Catastro aunque estén vacíos y no se ejerza actividad en ellos, es la demostración, a juicio del gobierno municipal, del fraude fiscal que existía antes del nuevo modelo.

La delegada de Hacienda, Asunción Fley, ha contestado en la Comisión de Ruegos, Preguntas e Interpelaciones a una serie de cuestiones planteadas por el Grupo Socialista en relación con la aplicación de la nueva tasa de basuras a los locales comerciales existentes según los datos del Catastro y aunque en parte de ellos, como consecuencia de la crisis económica, no se desarrolle actividad y por lo tanto no se generen residuos.

La delegada afirma que no es técnicamente correcto decir que hay nuevas altas de locales como consecuencia de la modificación de la Ordenanza, ya que todos los contribuyentes del año 2014 han cursado alta en la matrícula, aunque al menos puede inferirse a cuántos está afectando, por la diferencia de expedientes vigentes en los dos últimos ejercicios.

Así, en 2013, el número de expedientes para el pago de la tasa de basuras en Sevilla era de 27.762. En 2014, ha aumentado en un 53,77%, hasta elevarse a 42.691, lo que significa 14.929 más que antes. A juicio de Fley, estos datos ponen de manifiesto “el fraude fiscal existente anteriormente al presente modelo”.

Por la tasa de basuras de todo tipo de locales, la Hacienda municipal ha recaudado en el primer trimestre de este año 3.970.740,35 euros, aunque la delegada no ha ofrecido el dato del año pasado para poder establecer comparaciones recaudatorias.

Sí ha respondido al interés del Grupo Socialista en conocer el dinero abonado por este concepto por el Ayuntamiento y las empresas municipales, ya que es sabido que Emvisesa aún mantiene en su poder un buen número de locales vacíos. Según la delegada, al Ayuntamiento no se le han liquidado cantidades, por aplicarse el criterio de confusión de deudas entre acreedor y deudor, pero cinco entes municipales han abonado en conjunto 39.882 euros, conforme al siguiente desglose: Emvisesa, 22.690 euros; Sevilla Global (en liquidación), 11.375; Tussam, 3.273, 75; Emasesa, 2.029,55, y Lipasam, 515 euros.

GARAJES

Por otra parte, Asunción Fley afirma que ninguna entidad sin ánimo de lucro ha sido dada de alta en el pago de la tasa como consecuencia de su modificación, dado que tanto antes como ahora estaban y están sujetas al pago de la misma y no tenían derecho a beneficio fiscal alguno.7

En cuanto a los garajes que no aparecen en el Catastro con la calificación de uso residencial, Fley estima que figurarán normalmente con el uso de ‘almacén-estacionamiento’, de modo similar al de los trasteros, pero que no han sido incluidos en la base de expedientes iniciales de la nueva tasa de basuras, por lo que no se les ha liquidado ninguna cantidad.

De forma cautelar, hasta su cambio de uso catastral, se han excluido de oficio, para su análisis, las referencias catastrales en subsuelo (-1, -2…) de escasa superficie y en otras tipologías de uso. La delegada asevera que a los garajes cuyo uso figure de forma errónea en el Catastro se les excluye del pago de la tasa y se tramita su modificación catastral siempre que medie el oportuno recurso o declaración por parte del contribuyente.

Se han presentado 150 recursos de reposición

La delegada de Hacienda reconoce que en la actualidad se están presentando numerosos escritos ante el Ayuntamiento en relación con la nueva tasa de basuras, los cuales no califica estrictamente como reclamaciones.

En este sentido, afirma que se presentan declaraciones sobre inquilinos a efectos del cambio de sujeto pasivo, declaraciones de cambios de usos catastrales por errores, solicitudes de unificación de expedientes por referencias catastrales contiguas, declaraciones de superficie a efectos catastrales….

Sí reconoce que contra la propia liquidación de la tasa se han presentado, al margen de errores materiales o procedimientos reglados de gestión, unos 150 recursos de reposición.

Conflicto político en el gobierno de Zoido por las ITE

La delegada de Hacienda desautoriza al de Urbanismo al boicotear la inspección del patrimonio municipal

Vílchez deja en evidencia a Zoido, alineado con Fley, al sostener que la Ordenanza obliga a los edificios oficiales

A Urbanismo no le constan las revisiones periódicas a los edificios del Consistorio que invoca Hacienda

El delegado de Urbanismo, Maximiliano Vílchez, ha quedado en una situación política insostenible dentro del gobierno municipal al ser desautorizado por la delegada de Hacienda, Asunción Fley, en su intento de aplicar la Ordenanza de la Inspección Técnica de Edificios (ITE) a los inmuebles del Ayuntamiento y ver cómo el alcalde ha tomado partido por esta última y en contra de sus tesis.

El portavoz del grupo municipal del PSOE en el Consejo de la Gerencia de Urbanismo, Antonio Muñoz, aprovechó ayer la reunión de este organismo y la presencia del delegado de Urbanismo, Maximiliano Vílchez, y del gerente, Alberto de Leopoldo, para abordar la polémica desatada tras revelar Viva Sevilla que el Ayuntamiento no aplica la Ordenanza de la ITE a sus inmuebles (unos 400) mientras está imponiendo multas de hasta 6.000 euros a los sevillanos que la incumplen.

A preguntas del concejal socialista, Alberto de Leopoldo confirmó que no existe ningún informe jurídico en la Gerencia que justifique que los edificios municipales no deban pasar la ITE. En este sentido, el artículo 1.2 de la norma dice textualmente: “Toda clase de edificaciones y construcciones, con independencia de su uso o destino, estarán afectadas por la obligación regulada en esta Ordenanza”.

La Gerencia no tiene ningún informe que contradiga lo dispuesto en la norma y Alberto de Leopoldo tampoco conoce que el área de Edificios Municipales, dependiente de la Delegación de Hacienda, haya elaborado ningún documento en ese sentido, pese a la cual la delegada, Asunción Fley, sostiene que la Ordenanza no es aplicable a los inmuebles del Ayuntamiento.

Llegados a este punto, Antonio Muñoz planteó a los responsables de Urbanismo si van a mantener alguna reunión con la Delegación de Hacienda para afrontar el problema creado en el seno del gobierno municipal. El gerente respondió que habrá un encuentro “próximamente”.

 

SE PLIEGA ANTE HACIENDA

 

El portavoz socialista planteó entonces si los edificios municipales van a pasar finalmente la ITE, ante lo cual el gerente contestó que Urbanismo, la Delegación competente para aplicar la Ordenanza e imponer sanciones por su incumplimiento, se ha plegado a solicitarlo ante el Departamento que vela por los inmuebles propiedad del Ayuntamiento, y reconoció implícitamente el boicot de Hacienda al decir que esa solicitud estaba en vía muerta porque la Gerencia no puede sancionar al Ayuntamiento del que depende.

A la pregunta directa del concejal socialista sobre si Urbanismo entiende que los edificios municipales deben pasar la ITE como el resto de inmuebles de Sevilla, el gerente, avalado por Maximiliano Vílchez con su silencio, ratificó que debe ser así, ya que en caso contrario no hubiera cursado la petición ante Hacienda.

Estas afirmaciones contradicen al propio alcalde, Juan Ignacio Zoido, que se ha alineado claramente con Asunción Fley en el conflicto que enfrenta a dos de sus delegados, ya que el pasado martes declaró que los edificios municipales no deben pasar la ITE “porque gozan de otra condición”. Según el alcalde, en 2010 (mandato de Monteseirín) “no se había pasado ninguna revisión y las que necesitan los edificios municipales se han pasado con este gobierno”.


Sin embargo, Urbanismo también dejó ayer en evidencia a Zoido, ya que en la reunión del Consejo de Gerencia sus máximos responsables reconocieron que no les consta que se haya hecho revisión alguna a los 400 edificios municipales por la Delegación de Hacienda ni se le ha remitido tampoco por esta última informes que acrediten el estado de conservación de estos inmuebles, manifiestamente deficiente en casos a la vista de todos como los de Villa Encarnita y la estación de autobuses del Prado de San Sebastián.

El secreto está en la tasa

Cuenta la leyenda que Leonardo Fernández Pujals, el cual había conocido en Estados Unidos el ‘boom’ del reparto de comida a domicilio y en especial el de pizzas, se propuso emular en España aquel negocio de éxito, para lo cual dejó su cómodo puesto de directivo de una multinacional, hipotecó su casa para conseguir liquidez y empezó desde la nada las probaturas para fabricar pizzas antes de poder repartirlas.

Los niños que jugaban al fútbol en las calles del madrileño barrio del Pilar fueron sus conejillos de Indias. Les dio a probar todo tipo de combinaciones de ingredientes y sólo cuando la mayoría de ellos coincidieron en señalar la que más les gustaba de todas supo que había dado con la fórmula, la cual tradujo en un lema comercial: ‘El secreto está en la masa’. Había nacido Telepizza.

Asunción Fley, la delegada de Hacienda de Zoido que pasa por ser la dama de hierro y la ‘manostijeras’ municipal (por aquello de los recortes a troche y moche, salvo cuando se trata de subirle el sueldo hasta los 105.000 euros a su directora general), le ha dado un sinfín de vueltas al proyecto de Ordenanzas Fiscales de 2014, para conciliar el mensaje propagandístico del alcalde de que supondrían la mayor rebaja impositiva de la historia de la Democracia con la necesidad de compensar de tapadillo y por otras vías la caída de ingresos que supondrá la congelación del IBI, previa subida del 10% en ejercicios anteriores.

Tras frustrarse, por impopular, la idea de implantar el copago policial, la oposición descubrió en el Pleno de las Ordenanzas celebrado el pasado 30 de octubre que el secreto de Fley estaba en la tasa….. de la basura, en la Ordenanza reguladora de la recogida de residuos. Así, se suscitó un debate entre lingüístico y técnico, de esos que espantan a los no iniciados, pero que justamente por la aversión que suscitan permiten que en caso de no producirse los tecnócratas como Asunción Fley, fichada para la política por Zoido, acaben camuflando sus medidas y que éstas no se perciban hasta que sus consecuencias no se hacen evidentes, ya demasiado tarde.

ANÁLISIS COMPARADO

Juan Espadas, el portavoz socialista, comparó la redacción de la Ordenanza Fiscal de las Basuras de 2013 y 2014 y reparó con alarma en, sobre todo, el artículo 6º, que ahora reza así: “Constituye el hecho imponible de la presente Tasa, la prestación del servicio de recepción obligatoria de gestión de residuos urbanos que se generen o que puedan generarse, tanto en viviendas y edificaciones cuyo uso catastral sea predominantemente residencial, como en alojamientos, edificios, locales, establecimientos e instalaciones de todo tipo, cuyo uso catastral no sea residencial en los que se ejerzan o puedan llegar a ejercerse actividades comerciales, industriales, profesionales artísticas, administrativas, de servicios y sanitarias públicas o privadas”.

La diferencia esencial es que hasta ahora la tasa de la basura se cobra a viviendas y locales o establecimientos donde se ejerzan actividades de cualquier tipo o sean utilizados a modo particular por el contribuyente, sea empresario, profesional o un simple vecino sin más, y que a partir de ahora, conforme a esta nueva redacción del artículo 6º la tasa de basura se cobrará tanto por la actividad que se realice en los locales comerciales, profesionales, industriales…. (en suma, los no destinados a vivienda o uso residencia) como por la actividad que pueda llegar a ejercerse en los mismos.

La conclusión es obvia: un local comercial o destinado a usos profesionales (despacho de abogados, por ejemplo) o de cualquier tipo que no sea para vivienda particular pagará la tasa de la basura aun cuando esté vacío; aun cuando no se desarrolle ninguna actividad en el mismo, ya que se grava por igual que allí no haya una actividad de tipo económico y esté ocupado por personas que generan residuos que deba recoger Lipasam como el hecho de que en un futurible pueda ser alquilado o comprado para instalar un nuevo negocio, ya que por definición un local que no es vivienda es porque va a ser utilizado de forma no residencial.

LA TESIS DE FLEY

La delegada de Hacienda sostiene que no ha cambiado nada, lo cual no se compadece entonces con la necesidad de haber modificado ocho artículos de la Ordenanza de 2013 y una decena de tarifas, sino que sólo se produce una especie de afinación en el criterio a la hora de cobrar la tasa: hasta hoy se tenía en cuenta la solicitud de alta que realizaba el promotor del negocio o el propietario del local comercial, pero con la nueva Ordenanza se toma como referente los datos del Catastro, el cual refleja la categoría del local, si es para uso residencial o no residencial. Con esta medida, según Fley, se simplifican los procedimientos y se combate mejor el fraude fiscal.

La delegada sostuvo en el Pleno que el servicio de recogida de basuras por Lipasam se sigue prestando, con independencia de que un negocio se haya cerrado o no, lo cual justificaría, a su juicio, la polémica redacción del artículo 6º.

La tesis de Asunción Fley no parece muy consistente: los camiones de Lipasam siguen pasando por la calle donde se haya clausurado un negocio y por tanto el local comercial está ya vacío, pero los operarios no recogen ninguna basura procedente de los mismos ni cajas vacías de cartón, no le prestan ningún servicio técnicamente hablando, sencillamente porque el comerciante o el profesional ya ha echado el cierre por la crisis y lo único que queda es un cartel sobre la luna del escaparate o en la puerta con el anuncio de ‘se vende’ o ‘se alquila’. Los centenares de locales afectados por el cerrojazo seguirán generando derechos de cobro de la tasa de basura para Hacienda aunque no generen ninguna renta para sus propietarios, los cuales en muchos casos han invertido en ellos los ahorros de toda una vida.

¿Y cuánto le puede costar al dueño mantener vacío, no precisamente por su voluntad sino por causa de la crisis, un local comercial? Pues en función de su superficie (de menos de 20 m2 hasta 500 m2) entre 96 euros y 1.245 euros anuales.

EL CATASTRO

El hecho imponible para el Ayuntamiento de Zoido – el mismo que hablaba de bajar impuestos, eliminar trabas administrativas y tender alfombras rojas a los inversores- ya no es el alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas, sino que un local no residencial esté calificado como tan en el Catastro, esté activo o inactivo, ocupado o vacío. Da igual porque va a pagar el ‘tasazo’ de la basura, en expresión de Espadas, sólo por el hecho de que por su puerta pase el camión de Lipasam y aunque no tenga nada que recoger.

Como medida defensiva, el propietario al que se le quede vacío un local comercial podría tratar de darle de baja en el Catastro para así librarse del tasazo de Fley, pero la delegada ya ha previsto tal posibilidad y ha modificado también la Ordenanza para asegurarse seguir cobrando por la basura durante el tiempo que el Catastro tarde en hacer la modificación y hasta tanto el propietario no presente una declaración fehaciente del cambio.

El informe técnico de la Delegación de Hacienda para justificar el cambio normativo revela que el objetivo del mismo es lograr un incremento de ingresos por valor de 2,184 millones de euros, lo cual permitirá “la financiación -puede leerse- de las bajadas previstas en los impuestos de plusvalía, ICIO e IAE, los beneficios fiscales otorgados en materia de fomento del empleo y hacer  frente a la financiación suficiente por la congelación generalizada de tasas  y precios públicos”.

COMPENSACIONES

Salta a la vista: Fley compensa por un lado con nuevos ingresos, en este caso por el ‘tasazo’ de la basura a los locales vacíos, las rebajas que por el suyo anuncia Zoido, aunque ello suponga una incoherencia para la ideología del PP y una increíble aproximación a las tesis de Izquierda Unida sobre la propiedad privada.

Las malas lenguas dicen que Torrijos no sufrió una lipotimia por el exceso de calor y la fatiga en el último Pleno municipal, sino por la emoción que le produjo comprobar el desplazamiento de Zoido hacia la izquierda en el espectro político: IU propuso antes del Pleno que se gravaran las viviendas vacías; el PP ha empezado por aprobar el ‘tasazo’ a los locales vacíos.

Como decía Fraga, la política hace extraños compañeros de cama.

 

Zonal azul (2)

Como las coincidencias las carga el diablo, el Ayuntamiento ha tenido que atender a través del Servicio de Urgencias municipal que dirige la dama de hierro Asunción Fley un S.O.S. de Tussam y detraer casi 4,4 millones de euros del Presupuesto de la ciudad para pagarles las nóminas a los conductores de los autobuses a la misma vez, como habría dicho quien decirlo solía, que Aussa se comprometía a abonarle al Consistorio un canon anual de 1,5 millones por la explotación de la zona azul. Dado que Tussam tiene el 51% de las acciones de Aussa, en la teórica derrama societaria le correspondería desembolsar 765.000 euros. ¿Y cómo una empresa que no llega ni a fin de mes y necesita conectarse a la bombona de oxígeno de Plaza Nueva va a sacar para ese nuevo canon municipal? Para rizar el rizo de los despropósitos, ahora lo que faltaría sería que el gobierno de Zoido hiciera otra modificación del Presupuesto para aportarle a Tussam su parte alícuota en la adjudicación del concurso y pagarse a sí mismo a través de la empresa municipal de transportes el canon de la zona azul.

Conejos en la chistera

El pasado viernes se celebró el debate sobre el estado de la ciudad. La fecha no ha podido ser peor elegida por el alcalde, aunque tenga su lógica a modo de examen al final del curso político. Si hubiera tomado como referencia el final del año natural y antes de las vacaciones de Navidad no tendría tan cerca dos hitos que permiten establecer odiosas comparaciones: el aniversario de la toma de posesión de Zoido como alcalde, el 11 de junio, y la celebración de los debates sobre el estado de los once distritos, a modo de prólogo del gran debate y que ha permitido  obtener una visión de Sevilla mediante la yuxtaposición de las radiografías de cada una de las partes en que está dividida.

Viva Sevilla ha ofrecido un análisis socioeconómico de cada distrito y, previamente, un amplio informe en el ecuador del mandato de Zoido, en el que quedaba claro el incumplimiento de la mayor parte de las 135 promesas de su  programa para las municipales de mayo de 2011, desde los 29 aparcamientos (no ha hecho ninguno) hasta el pabellón cubierto en Los Bermejales con pistas de nieve artificial, pasando por centros cívicos y deportivos, guarderías, comisarías de Policía, mercados y hasta centros de salud.

PROGRAMA AL 70%

Pese a la evidencia del contraste entre lo prometido y la realidad, el alcalde y el grupo del PP proclamaron impertérritos en vísperas del 11 de junio que habían cumplido el 60% de su plan para Sevilla. Sin falsa modestia, algunos concejales han subido aún más el listón en los recientes debates de distrito: el delegado de Bellavista-La Palmera, Rafael Belmonte, evaluó en un 70% el cumplimiento del programa, y Francisco Pérez, delegado de Triana, en un 63%.

Y en esto Zoido llega al debate sobre el estado de la ciudad y afirma que ya ha cumplido el 70% de sus promesas. Del 60% del 11 de junio hemos pasado al 70% en menos de mes y medio. A este exagerado ritmo, Zoido puede dar por concluido su mandato en menos de cinco meses, pues en tal lapso de tiempo podrìa proclamar que ha cumplido el 100% del programa y que ya no le quedaría nada más que hacer, con lo cual a partir de enero de 2014 podría concentrarse única y exclusivamente en su rol de presidente del PP andaluz, por más que no sea previsible que para entonces tampoco haya construido ninguno de los 29 aparcamientos, las pistas de nieve artificial de Los Bermejales, los centros cívicos y demás.

Así, sin cortarse lo más mínimo, entró Zoido al debate, en el que no aludió a los 89.000 parados sevillanos, pese a su famosa promesa de convertirse en el ‘alcalde del empleo’ (12.000 parados más que cuando él llegó a la Alcaldía), ni a las 1.000 VPO que iba a construir cada año para los 16.600 sevillanos inscritos en la lista de espera de Emvisesa.

DESCRÉDITO

Zoido reeditó viejas promesas de, digamos, segunda generación, como la de un Plan de Empleo que ya prometió en 2012 y  que dijo presentaría a la vuelta de las vacaciones del año pasado, en septiembre, y del que a las puertas de un nuevo septiembre aún no se tiene noticia.

También hizo otra con pocos visos de credibilidad, como el anuncio de la adjudicación de las obras del edificio puente de Los Pajaritos a una nueva empresa, tras declararse la anterior en concurso de acreedores, para iniciar también en septiembre el realojo de 96 familias del barrio e iniciar así el derribo de las primeras infraviviendas de esta zona deprimida de Sevilla. Y es que el anuncio de Zoido se produjo tan sólo 48 horas después de que su Delegación de Urbanismo adoptara la iniciativa de reducir de 250.000 euros a tan sólo 15.000 el presupuesto que estaba aprobado este año para la rehabilitación integral del barrio, con lo cual los vecinos han perdido ya toda confianza en el alcalde y sus promesas.

Tomar este acuerdo dos días antes del discurso de Zoido equivalía a sabotear el mensaje del alcalde y demuestra la descoordinación existente en el seno del PP, o bien que gobierna al pairo  de sus potenciales votantes, como si creyera  permanentemente asegurada la mayoría absoluta. Ahora, para recuperar el crédito perdido en Los Pajaritos, a Zoido no le queda otra que rematar el edificio-puente en septiembre como sea.

ANUNCIOS-SORPRESA

Consciente de su pobre balance de gestión en estos dos años, por más que pregone lo del 70% del programa cumplido (su discurso ha oscilado entre la petición de perdón del primer año por no haber podido hacer más a decir en el segundo que lo mejor está aún por llegar) y de que la oposición le iba a echar en cara todo lo incumplido de lo excesivamente prometido, Zoido tenía que sacarse en el debate varios conejos de la chistera.

El primer efecto-sorpresa relativo fue el anuncio de que antes de que concluya julio Sevilla contará con la primera Zona Franca fluvial de España, de lo que se colige que Hacienda dará luz verde a la solicitud del Ayuntamiento, conforme a un expediente al que no se ha permitido acceso a la oposición municipal y que, por lo que se ha filtrado, incluiría entre las empresas potencialmente interesadas en instalarse en la misma a algunas como Danone, algo ilógico  tras la decisión de la multinacional del yogur de darle el cerrojazo a su fábrica de Sevilla.

Zoido no ha aclarado si Bruselas ha dado también su obligado plácet a la solicitud y, por otra parte, el presidente de la Autoridad Portuaria, Manuel Fernández, declaró tras conocer las palabras del alcalde que, por su experiencia con la Zona Logística, estima que haría falta un año y medio para preparar los terrenos antes de que se pueda instalar la primera empresa, por lo que verosímilmente la Zona Franca no estará activa durante este mandato.

OFERTA DEL PRADO

El segundo conejo que el alcalde se sacó de la chistera tenía la apariencia de Ciudad de la Justicia en el Prado de San Sebastián, ya que los jueces -y Zoido lo es- no quieren irse ni a tiros a la proyectada por la Junta en Los Gordales. Zoido asegura que ya ha conseguido conformar una parcela de 220.000 m2 que ofrecer como alternativa a la del Gobierno autónomo, para lo cual ha añadido sobre el plano como futurible suelo judicial el antiguo solar del Equipo Quirúrgico, que pertenece a la Junta y cuyo destino es muy diferente: albergar un centro sanitario de alta resolución.

Está por ver qué dice la Consejería de Salud sobre esta apropiación por el procedimiento del tirón perpetrada por Zoido, aunque dadas las restricciones presupuestarias existentes hasta cabe dentro de lo posible que la consejera María Jesús Montero esté encantada con el favor que le haría el alcalde de librarla del compromiso de gastar parte de su presupuesto en un centro avanzado de salud en Sevilla. Al final va a resultar que quien boicotea a la capital de Andalucía no es la Junta, sino el propio alcalde en su afán de complacer a jueces y abogados y, de matute, a él mismo. En cualquier caso, de aceptar el consejero de Justicia y colega de Zoido, Emilio Llera, el ofrecimiento del Prado para la Ciudad de la Justicia habría que proceder a la modificación del PGOU, un lento trámite burocrático que, falta de dinero aparte, impediría que la primera piedra se pusiera en este mandato del alcalde.

BAJADA DE IMPUESTOS

El mayor conejo que de la chistera se sacó Zoido fue el retorno a otra promesa incumplida de su programa pero que achacó a la obligatoriedad de someterse a los dictados del Gobierno para reducir el déficit público: bajar los tributos municipales durante 2014, todos excepto el sello del coche, que se mantendría igual. Según Zoido, ello es ahora posible porque se ha controlado el déficit municipal, con lo cual la prioridad de su gobierno no es ya el pago de las deudas a los bancos, sino poner dinero a disposición de las familias y los emprendedores con una menor presión fiscal.

La paradoja del anuncio de Zoido es que esta política de incentivos a las familias y las empresas que ahora preconiza como posible es la misma que viene propugnando desde hace meses la oposición municipal. Cuando a principios de año los tres grupos del Ayuntamiento se reunieron para otro frustrado Pacto por el Empleo, Espadas (PSOE) propuso al gobierno local que propiciara la contratación de 3.600 parados mediante subvenciones y exenciones fiscales a pymes y autónomos, aunque ello supusiera la renuncia a unos ingresos de 4,6 millones de euros en concepto de impuestos y tasas: benificación del 95% en el IBI, IAE, ICIO y ocupación de vía pública.

Torrijos (IU), en sus alegaciones a las Ordenanzas Fiscales de este año, propugnó una rebaja del 10% en el tipo de gravamen del IBI para compensar el “tremendo subidón” -dijo- por la aplicación del Real Decreto del Gobierno central pero que reportó al Ayuntamiento unos ingresos extra de 8 millones de euros. Asimismo, propuso bonificaciones de entre el 20% y el 50% en el IAE para las pymes y del 30% en el ICIO.

La respuesta del Ayuntamiento a través de la delegada de Hacienda, Asunción Fley, ha sido siempre que no se podían atender estas demandas de la oposición, y más aún la rebaja del IBI, porque era “ilegal”. O sea, que cuando lo proponen Espadas y Torrijos no se puede, pero cuando lo anuncia Zoido, a pesar de que el Gobierno de Rajoy ha prorrogado el gravamen complementario del IBI hasta 2015, Asunción Fley deja de ser la dama de hierro de las cuentas y se aplica el lema de Obama: “Yes, we can”.

Motor gripado

Cuando Zoido accedió a la Alcaldía de Sevilla hace ahora casi 25 meses pensaba en un escenario socioeconómico condicionado por los recortes al déficit público que había impuesto la Unión Europea al conjunto de las Administraciones españolas y por la herencia de deudas a los proveedores y el ‘agujero’ en las empresas municipales dejados por Monteseirín. Por tanto, la idea del alcalde consistía en tender ‘alfombras rojas’ a los inversores privados que aparecieran por Sevilla o fueran captados desde el Ayuntamiento y crear las condiciones para favorecer la actividad económica del tejido de pequeñas y medianas empresas de la ciudad con medidas como la puesta a cero del contador de deudas con los proveedores, la rebaja en las tasas y tributos municipales y la eliminación de trabas burocráticas a la creación de empresas y apertura de nuevos negocios.

En esta línea, el gobierno municipal se acogió al plan de pago a proveedores aun a costa de suscribir nuevos préstamos con la banca, que acabarán lastrando de nuevo las cuentas municipales, sobre todo en futuros mandatos y agilizó la concesión de licencias basándose en las declaraciones responsables de los promotores, pero en vez de reducir la presión fiscal acabó creando nuevas tasas y tributos. Además, la dilación en los pagos por parte del Consistorio está empezando a llenar de nuevo los cajones con nuevas facturas pendientes con proveedores.

ORDENANZAS FISCALES

Como se recordará, el proyecto de Urbanismo de Ordenanzas Fiscales para 2013 preveía subidas de hasta el 100% en algunos casos, pero tras el escándalo suscitado y la indignación de los empresarios, el Consistorio tuvo que retroceder, no sin antes aprobar siete nuevas tasas, con figuras sacadas de la chistera como cobrar por la solicitud de estudios previos a la Gerencia, la prórroga de las licencias urbanísticas, protección arqueológica, declaración de la calificación de vivienda protegida, emisión de informes de declaración de situación de fuera de ordenación….

Para ponerse al día con los proveedores, a los que Monteseirín había dejado a deber más de 59 millones de euros, el Ayuntamiento se adhirió al Real Decreto Ley 4/2012 y suscribió dos operaciones de crédito por esa cantidad, con la que saldar casi 3.000 facturas pendientes, pero a costa de incrementar la deuda viva  hasta los 480 millones de euros, 28 millones más que un año antes, y de afrontar el pago de intereses por más de 20 millones de euros. Sin embargo, al cierre del ejercicio de 2012 el gobierno de Zoido había vuelto a las andadas y sólo la corporación municipal, sin sus empresas, tenía operaciones pedientes de pago por valor de 39 millones y con un periodo medio de pago de 83 días.

Además, Zoido no ha tenido apenas oportunidades de desplegar su ‘alfombra roja’ ante grandes inversores privados. Al contrario, ha asistido impotente a la deslocalización de empresas como Panrico, Cargill y Danone; ha propiciado con su actitud complaciente o de falta de reflejos la pérdida de proyectos como el Caixafórum en las Atarazanas y el Decathlon en la Cartuja, y se ha obcecado en sus confrontaciones urbanísticas con la Junta de Andalucía para tener argumentos con que justificar la revisión del PGOU. Los proyectos empresariales en ciernes datan casi todos del mandato anterior (segunda tienda de Ikea, mercado gourmet en el antiguo mercado del Barranco, Ciudad de la Imagen en el Higuerón…) y en la mayoría de los casos no se concretarán hasta el final de su mandato o incluso después.

LA IMPORTANCIA DEL PRESUPUESTO

En este marco de recesión económica, caída del consumo, paro desbocado (más de 89.000 desempleados en la ciudad) y apenas inversión del sector privado, adquiere muchísima más importancia de lo que ‘a priori’ Zoido imaginó al llegar a la Alcaldía la inyección de dinero que el Ayuntamiento puede hacer en la economía local a través de la ejecución del Presupuesto del Consistorio y de sus organismos y empresas. Dicho de otro modo, en ausencia de grandes inversiones privadas, el Ayuntamiento queda como el principal motor de la economía sevillana. Sin embargo, ese motor está al ralentí o incluso gripado, a la luz del grado de ejecución del Presupuesto municipal revelado recientemente por el portavoz adjunto del grupo municipal socialista, Antonio Muñoz.

Según el balance del edil para el primer semestre del año en curso, de los 83 millones de euros existentes para inversiones o transferencias de capital entre el Consistorio y la Gerencia de Urbanismo, se han autorizado gastos o iniciado expedientes  por importe de 18 millones (el 21%), pero de este dinero tan sólo se han invertido realmente en la práctica 4,3 millones (el 5%).

La delegada municipal de Hacienda, Asunción Fley, descalifica al edil socialista con el argumento de que el Consistorio, al contrario que los anteriores, sólo contabiliza como inversión el proyecto que esté plenamente ejecutado , por lo que en la documentación oficial no aparecen aún como materializadas muchas inversiones que están en la recta final.

DOCUMENTOS CONTABLES

La ejecución presupuestaria consta de varias fases, y cada vez que administrativamente se activa o se culmina una de ellas los Servicios municipales van emitiendo documentos contables que dan continuidad a los procedimientos, hasta que se concluye el proceso con el pago final. Siguiendo el hilo de las tramitaciones se puede llegar hasta el ovillo del Presupuesto, y ésto es lo que ha hecho el edil Antonio Muñoz, utilizado para ello los propios documentos del Consistorio.

El balance que ha realizado el portavoz adjunto socialista es aún más preocupante si se tiene en cuenta que merced a su mayoría absoluta y al trabajo de Asunción Fley en su elaboración, los Presupuestos para este año fueron aprobados con antelación suficiente para que entraran en vigor en enero y, además, no incluían previsiones irreales, como en la etapa de Monteseirín, de vincular inversiones a la venta de inmuebles municipales, como antaño ocurría con el mercado del Arenal.

El Presupuesto del Ayuntamiento y de sus organismos y empresas se convertía así en el principal instrumento para tratar de dinamizar la economía de Sevilla en plena crisis, pero si a mitad de año su grado de ejecución es aún mínimo y no hay inyección de dinero municipal en la ciudad, toda Sevilla se resiente y sufre las consecuencias de la falta de gestión del Consistorio.

EL CENTRO DEL PROBLEMA

El embudo es especialmente preocupante en el caso de Urbanismo, la piedra donde reiteradamente está tropezando Zoido, el cual, para cortar este nudo gordiano, se piensa que la solución radica en cambiar el PGOU en vez de cambiar al equipo gestor, con dos neófitos en la materia al frente: Maximiliano Vílchez y Alberto de Leopoldo. La Gerencia sólo habría acometido inversiones por valor de 4,7 millones de euros. Por ende, hasta los distritos de la supuesta desconcentración municipal dependen de lo que se haga o deje de hacer en su sede de las caracolas de la Cartuja, ya que por la falta de capacidad técnica de aquéllos le acaban derivando el presupuesto que tienen asignado.

Y si a mitad de año no se han activado los procedimientos administrativos para ejecutar las inversiones pendientes, habrá que realizar un intenso sprint para llegar al final del ejercicio, cuando lo que habría interesado habría sido una lluvia fina inversora a lo largo de todo el año que repercutiera en el tejido productivo sevillano y contribuyera a mantener la actividad de nuestras empresas.

Por otra parte, si, como esgrime Asunción Fley, también ocurre que el grado de ejecución presupuestaria se está acompasando a la disponibilidad de los ingresos, ello denotaría que que la previsión en este capítulo no se ha ajustado a la realidad de Sevilla y se demostraría que no por mucho inventarse nuevas tasas y tributos se llena antes y más las arcas municipales.

La pareja

Aviso a navegantes, o más apropiadamente, a automovilistas. Demetrio Cabello, el Charles Bronson municipal,  ya tiene circulando por las calles de Sevilla a sus dos coches ‘ponemultas’ a la misma vez, como habría dicho el que decirlo solía: el viejo, que estaba la mitad del tiempo estropeado en el taller, y el novísimo, del que dicen incorpora los últimos adelantos en detección para que ningún vehículo escape a su ojo de Polifemo. Cuentan que pese a sus múltiples averías y períodos de inactividad, el ‘ponemultas’ original cazó el año pasado a 31.322 infractores de las Ordenanzas de Tráfico. A razón de 200 euros por conductor pillado ‘in fraganti’, la Hacienda municipal ingresó 6.264.400 euros gracias al dichoso cochecito. Un negocio redondo y tan bizcochable que la Dama de Hierro, Asunción Fley, se olvidó del plan de ajuste y de las tijeras de los recortes y decidió darle un hermanito para que el ‘ponemultas’, como Adán antes de tener su media costilla, no se sintiera tan solo. Ahora hay una pareja rondando por Sevilla y no es precisamente de la Guardia Civil.

El bizcocho

Zoido perdió  su primera votación pese a sus 20 concejales. A parte de su grupo no le dio tiempo a volver al Pleno debido a que, en comandita con ediles de la oposición, ¡se estaban comiendo fuera un bizcocho hecho por Asunción Fley y que todos coincidieron en que estaba de rechupete!. La situación fue de Berlanga, pero en vez de indignarnos por tal irresponsabilidad veamos el lado positivo del escandalillo gastronómico. Ha quedado demostrado que la delegada de Hacienda, apodada la Dama de Hierro por cómo recorta fríamente en el Consistorio, tiene corazón y no es de metal. También que al compartir el bizcocho ediles del PP, del PSOE y quizás hasta de IU, pueden ser todos amigos como lo eran durante la Transición y acababan de copas en El Portón. Ojalá redunde en el Pacto por Sevilla. Pero quedan dos incógnitas por despejar. ¿Empleó Fley el boicoteado yogur Danone para hacer el bizcocho? Y, lo más importante: si logró un insólito  consenso gracias al dulce, debe revelar la receta. A lo mejor sirve también para unir a Zoido y Griñán y acabar con la confrontación.