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No tocata y fuga

Zoido ha perdido en tan sólo medio año tres de los cuatro independientes que iban en su lista electoral
A Espadas se le fueron dos de los cuatro “galácticos” que fichó en el anterior mandato, con fuerte malestar interno

 

El arquitecto José Luis Vargas, uno de los cuatro candidatos independientes que iban en la lista del PP para las elecciones municipales del 22 de mayo y fichaje estrella de Zoido para ocuparse  de la Delegación de Urbanismo en el caso de que, como confiaba, él resultara reelegido alcalde ha dado un portazo y ha dimitido como concejal del grupo Popular antes de que acabara el año y poco más de seis meses después de constituida la nueva corporación municipal.

Urbanismo, la delegación tradicionalmente más poderosa del gobierno local y de la que depende la Gerencia como organismo autónomo, había pasado sin pena ni gloria durante el mandato de Zoido como alcalde y pese a que su mayoría absolutísima de 20 concejales le permitía hacer y deshacer a su antojo sin ninguna oposición tras el castigo infligido por los sevillanos en la persona de Espadas a la nefasta gestión de Monteseirín y su socio Torrijos.

Sin embargo, la falta de peso político y de conocimientos técnicos en la materia de la dupla Vílchez/Leopoldo se convirtió en un lastre insalvable tanto para desbloquear a tiempo para su rentabilización política por Zoido proyectos como la segunda tienda de Ikea, el Caixaforum en las Atarazanas, una tienda de Decathlon en la isla de la Cartuja, la SE-35…. como para proceder a la tantas veces anunciada revisión del PGOU para adecuarlo a la nueva coyuntura de grave crisis económica.

 

UN EXPERTO

 

Por eso Zoido decidió darle un giro de 360 grados a la cuestión al pensar nombrar como responsable de esa parcela municipal no a un neófito como Vílchez sino a todo un arquitecto experto como José Luis Vargas, director general del estudio Orfila 11, con 35 personas en nómina, un historial a sus espaldas como restaurador de edificios antiguos en la ciudad y ganador de proyectos de hospitales en Brasil.

Vargas, tras su fichaje por Zoido después de haberle asesorado en el montaje de la Copa Davis, anunció que abandonaría su estudio de arquitectura para dedicarse de lleno a la política, confiando, como el entonces alcalde, en que ejercería como nuevo delegado de Urbanismo del Ayuntamiento. Sin embargo, sus expectativas no se cumplieron, ya que Zoido acabó relegado al palomar de la oposición y Vargas, a un concejal raso sin relumbrón, con un horizonte de cuatro años dedicado a la ingrata labor no de “hacer ciudad”, sino de fiscalizar la que haga el gobierno de Espadas.

En vez de renunciar a las obras que ya llevaba como arquitecto, las mantuvo, como la reforma de la casa de la calle San Fernando, antigua sede de Agua de Sevilla, para la cadena Hard Rock Café, que para colmo le había sido paralizada por la Gerencia de Urbanismo todavía en el mandato de Zoido como alcalde. Dicho de otro modo, Zoido había fichado para delegado de Urbanismo a un arquitecto al que su futurible Delegación le había paralizado unas obras por su presunta ilegalidad. No cabía mayor desatino.

En vez de hacer mutis por el foro, evitar un conflicto de intereses y un quebradero de cabeza a Zoido, su gran valedor, Vargas no tuvo empacho en simultanear su profesión de arquitecto con las tareas de concejal y de representante del PP en la Gerencia de Urbanismo, la misma que le había parado las obras en el Hard Rock Café y que recibía las denuncias contra él de los vecinos y las peticiones de información al respecto del Defensor del Pueblo por la polémica adaptación para local de ocio y restauración de un inmueble contiguo a viviendas. Al final, Vargas ha tirado la toalla. El fichaje estrella, estrellado.

LA CUARTA PARTE

Zoido, del que aún se teme que tras su elección como diputado acabe dejando también el Ayuntamiento, ha batido un récord en el Consistorio sevillano, ya que en tan sólo medio año le han dimitido tres concejales, lo que supone la cuarta parte de su grupo municipal. Todos ellos, independientes, y todos tras haber ocupado los puestos de privilegio de la lista electoral. Los cuatro independientes fichados por el exalcalde figuraban entre los seis primeros y, por tanto, con un puesto garantizado en el Ayuntamiento: Asunción Fley (número dos), Javier Landa (número tres), José Luis Vargas (número cinco) y Dolores De Pablo-Blanco (número seis).

La primera en tomar las de Villadiego fue Asunción Fley, que sólo duró una semana, ya que dimitió el 17 de junio, tras haber sido, como delegada de Hacienda en el mandato anterior, la persona clave a la hora de ejecutar el plan de austeridad con mano de hierro y de recortar sin contemplaciones en gastos e inversiones para que Zoido luciera como gran aval de su gestión el supuesto saneamiento de las cuentas municipales. Pero, víctima de las propias políticas de austeridad del Gobierno nacional del PP y del ministro Montoro, a quien ya no le salían las cuentas como edil condenada a la oposición era a la propia Fley, que no estaba dispuesta a perder del orden de mil euros mensuales como concejal de a pie en vez de como funcionaria de alto rango en el Ayuntamiento, el puesto al que decidió volver más pronto que tarde: en sólo una semana.

El siguiente en abandonar el equipo municipal del PP fue otro independiente y número tres en la lista de Zoido: Javier Landa. Aunque el PP, frente a las tesis del gobierno socialista local, mantenía contra viento y marea que Landa podía simultanear su acta de concejal con el puesto que se había venido trabajando durante el mandato anterior -delegado del Gobierno en la Zona Franca- y para el que había sido nombrado previamente por Montoro, finalmente optó por evitar cualquier conflicto de intereses por su doble condición de edil y delegado especial del Ejecutivo y anunció su dimisión a finales de noviembre, tan sólo unas semanas antes que el arquitecto Vargas. Así que a Zoido sólo le queda una independiente de su lista: Dolores De Pablo-Blanco. ¿Hasta cuándo?

 

HISTORIAS PARALELAS

La situación que vive actualmente el PP recuerda a la que sufrió el PSOE de Espadas durante el anterior mandato, con un evidente paralelismo. Espadas también llevaba a cuatro independientes entre los seis primeros puestos de una lista que, por ello, fue muy contestada y recibió escasa colaboración en la campaña electoral por parte de algunas agrupaciones socialistas en los distritos: Mercedes de Pablos,  periodista y antigua miembro del Consejo Audiovisual (número dos), Eugenio Suárez Palomares, fiscal en excedencia y abogado (número tres), Susana López, presidenta de la Asociación de Empresarias de Sevilla (número cuatro), y Antonio Muñoz, director general de Planificación Turística de la Junta de Andalucía (número seis).

Suárez Palomares sólo aguantó ocho meses en la corporación de Zoido como alcalde y de Espadas como líder de la oposición. Aunque según la versión oficiosa del grupo Socialista el abogado dejó el Consistorio por problemas de compatibilidad con su actividad como letrado, trascendieron sus diferencias políticas con Espadas, ya que éste se había alineado con Carme Chacón como candidata a la Secretaría General del PSOE ante el congreso socialista que se iba a celebrar precisamente en Sevilla y Suárez Palomares apostó por su el rival de aquélla y a la postre candidato vencedor, Alfredo Pérez Rubalcaba, de la vieja guardia del partido.

La número dos de Espadas, la también independiente Mercedes de Pablos, abandonó el barco en enero de 2013, al cabo de año y medio, “rescatada” por la entonces aún consejera de Presidencia e Igualdad, Susana Díaz, como nueva directora-gerente del Centro de Estudios Andaluces.

Así pues, de los cuatro “galácticos” de Espadas, sólo sobrevivieron hasta el final Antonio Muñoz, revalorizado para el rol que desempeña en el actual mandato, y una apagada Susana López, cuyo aguante durante cuatro años en el banquillo de la oposición le fue premiado con su nombramiento posterior (agosto de 2015) como delegada provincial de Economía de la Junta de Andalucía.

Las experiencias de Espadas y Zoido demuestran que los independientes como fichajes estrella están dispuestos a permanecer en el Ayuntamiento si tocan el Poder y ocupan un cargo, pero que su capacidad de aguante es muy limitada en cuanto ven la perspectiva de permanecer cuatro años en la oposición, por lo que existen muchas posibilidades de que acaben dándose a la fuga o cambiando de destino.

Y es que, como decía Valdano de los 90 minutos de los partidos de fútbol que se disputan en el Bernabéu, también los 1.460 días en el palomar del Ayuntamiento se hacen demasiado largos.

 

El Ayuntamiento paga 16.500 euros por el cuadro del rey Felipe VI

El cuadro del nuevo rey Felipe VI que desde el mes de marzo cuelga de los muros del Ayuntamiento y que hasta ahora pasaba por ser una donación del pintor extremeño afincado en Sevilla Juan Valdés ha costado en realidad 16.500 euros a la corporación municipal, según se ha sabido posteriormente por una modificación presupuestaria tramitada por el edil Javier Landa.

El delegado de Relaciones Institucionales y presidente del Pleno municipal, Javier Landa, recibió del alcalde el encargo de hallar una solución al problema surgido tras la entronización de Felipe VI como nuevo rey, ya que aunque la Casa Real envió fotografías del monarca para sustituir la imagen oficial del rey emérito Juan Carlos I, su colocación en el Ayuntamiento  habría desentonado en comparación con el resto de retratos de reyes de España: todos los monarcas de los dos últimos siglos contaban con un lienzo en el Consistorio y Felipe VI no debía ser menos.

Según se dijo en su día, en principio se pensó en convocar un concurso público para que un pintor realizara el cuadro de Felipe VI pero no hizo falta porque Juan Valdés se ofreció a pintar la tela de forma altruista, misión que terminó en tan sólo dos semanas gracias a que trabajó en la obra día y noche.

El pintor recibió elogios, tanto por la pintura del rey como por la supuesta donación de la misma, hasta el punto de que un conocido cronista le dedicó un artículo titulado ‘Juan Valdés sin trincar’.

Sin embargo, el pasado 13 de abril Javier Landa solicitó al Area de Hacienda la tramitación de un crédito extraordinario por importe de 16.500 euros con el fin de “afrontar el gasto derivado del suministro de un cuadro de S.M. el Rey Felipe VI para el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Sevilla”.

Esta solicitud ha revelado que el cuadro de Juan Valdés no fue una donación, motivo invocado para no convocar un concurso público entre los pintores. El dinero para pagar la pintura se ha detraído ahora de la partida ‘Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales’, con cargo al Servicio de Planificación y Coordinación de Programas.

Espadas entró al trapo

Zoido decidió tras acceder a la Alcaldía nombrar como presidente de la Comisión de Sugerencias y Reclamaciones del Ayuntamiento, vulgo Defensor del Ciudadano, a una persona muy singular, con un sentido entre quijotesco y mesiánico de la vida y que para irritación de los políticos no tiene pelos en la lengua, porque dice lo que siente sin pensar en las consecuencias de lo que dice: el comandante de Caballería en la reserva, José Barranca.

Los grupos municipales de PSOE e IU decidieron boicotearlo de inmediato con medidas como no participar en la Comisión y ausentarse de los Plenos en que aquél estuviera institucionalmente presente, por considerarlo un “protogolpista”.

Y es que Barranca, con la impulsividad propia de su carácter y quizás más con un sentido de adhesión personal y lealtad militar al superior jerárquico que otra cosa, tuvo la ocurrencia de enviar a dos periódicos locales una carta para solidarizarse con el teniente general Mena tras ser éste destituido a raíz del discurso que pronunció durante la Pascua Militar del año 2006.

LA CARTA

Mena, general jefe de la Fuerza Terrestre del Ejército, advirtió de su discurso de las consecuencias que para aquélla podría tener la aprobación del nuevo Estatuto de Cataluña y dejó entrever, o más que entrever, que en el caso hipotético de que la Constitución fuera rebasada, el Ejército tendría vía libre para una actuación en defensa de la norma suprema.

Barranca reaccionó enviando la misiva, titulada ‘Mi respetado general’, a los periódicos y en la que, entre otras cosas, decía: “Hacía tiempo que me preguntaba cómo era posible que nadie dijera nada y mirase hacia otra parte ante la ruina moral en que este Gobierno ha sumido a nuestra nación….. Mi general, somos muchos los españoles que pensamos y estamos unidos a usted en estos momentos. Desde estas letras, mi respeto y mi apoyo más sincero….”. Barranca concluía su escrito con una petición de dimisión generalizada del Gobierno por “desleal” con la Constitución y la nación española, “la única hasta la llegada de los progresistas”.

QUEBRADERO DE CABEZA

En los tres años del mandato de Zoido, Barranca se ha convertido en un dolor de cabeza para el gobierno municipal, que lo ha visto más como un aliado de la oposición por el tono de las críticas a la gestión y al estado de la ciudad que como el mero florero que este tipo de cargos son para la clase y el sistema políticos con el fin de aparentar que los ciudadanos tienen valedores independientes y fuera del control del aparato de los partidos.

Barranca es un verso suelto que va por libre y no se somete a nada ni nadie. Además, interpreta de modo muy particular y ‘sui generis’ su función, hasta el punto de que no se limita a recibir, enumerar y transcribir las quejas de los sevillanos en el típico Informe anual que eleva y presenta ante el Pleno, sino que cámara de fotos en ristre se pasea con ojos escrutadores por la ciudad y va tomando notas y recogiendo pruebas sobre lo que ve, para así formarse su propia opinión sobre el funcionamiento de los servicios municipales. El ciudadano José Barranca acaba formulando al Defensor José Barranca sus propias quejas además de o al margen de las que le envían los sevillanos, y luego las incluye en su Informe anual.

Barranca entiende que de esa forma actúa de oficio como Defensor y que está legitimado y tiene autonomía para hacerlo. Sonados son sus enfrentamientos con la Policía Local, a una minoría de cuyos integrantes achaca un comportamiento arrogante, y los taxistas del aeropuerto.

UN PROBLEMA

Al principio, el Defensor del Ciudadano, por su propia rareza, cayó simpático en las filas de un gobierno cómodamente instalado en su mayoría absoluta, pero a medida que se acercan las elecciones municipales y sus quejas sobre el funcionamiento del Ayuntamiento y del estado de la ciudad podían suponer munición para la oposición y calar en los votantes, Barranca pasó a convertirse en un problema. Ha sido sobre todo para el primer teniente de alcalde y presidente del Pleno, Javier Landa, de quien institucionalmente depende y al que por ser un político al que se da por amortizado para las próximas elecciones el PP encomendó la difícil misión de domeñar al rebelde militar.

El catedrático Landa, Reglamento en mano, vetó en primera instancia el Informe anual del Defensor con el argumento de que refleja más, o además, sus opiniones personales que las quejas de los sevillanos. El enfrentamiento entre ambos provocó un retraso en la presentación del Informe anual al Pleno y un principio de crisis al filtrarse a los medios de comunicación. El alcalde se vio entre dos fuegos por no desautorizar a ninguno de los dos y se intentó una solución salomónica que no dejara desairado a nadie.

CAMBIO DE ESTRATEGIA

En este contexto se celebró hace unos días el Pleno en que el Defensor presentaba su Informe correspondiente a 2013. Los ediles de IU, coherentes con su posición de rechazo a Barranca, abandonaron sus puestos y se fueron. Sin embargo, en vez de hacer lo mismo en línea con lo acaecido en años anteriores, los socialistas de Espadas permanecieron en sus escaños. ¿Por qué modificaron su estrategia? Quizás porque esperaban contemplar -y sacar partido del mismo- el enfrentamiento entre Barranca y Landa.

Craso error. Espadas, en vez de quedarse sentado,  entró al trapo de las acusaciones de Barranca de que PSOE e IU actúan de forma conjunta con la Junta para boicotear a Sevilla. Y entonces el portavoz socialista continuó con una especie de cuerpo a cuerpo dialéctico con el Defensor del Ciudadano para acusarle de ejercer “un control político”  sobre la oposición pese a carecer de competencias para ello, recordarle que el PSOE no participaría en su Comisión y exigirle a Zoido su destitución.

El Pleno se convirtió, episodios con Landa aparte, en un rifirrafe entre Espadas y Barranca, para regocijo del PP, que pasó de presunto censor a presentarse como paladín de la libertad de expresión cuando Juan Bueno se permitió el lujo de acusar a Espadas de querer taparle la boca al Defensor mientras que el PP -dijo- escucha sus opiniones aunque no las comparta.

Los 265 expedientes de queja de los sevillanos por las multas, el ruido de los veladores, el vandalismo, la suciedad, etcétera, que habrían ocupado la sesión y los titulares de la prensa al día siguiente desaparecieron del debate y de la perspectiva de los sevillanos porque a Espadas se le ocurrió cambiar de estrategia política e ir al Pleno para decir que no cambiaría de estrategia pero entrando a la vez en un cuerpo a cuerpo con Barranca, por lo que los medios de comunicación transmitieron la imagen de un Pleno convertido en una bronca entre el Defensor y Espadas.

Así fue como Barranca dejó de ser el problema de Zoido y del PP para proyectarse como el problema de Espadas y del PSOE.

Hacienda dejó pasar el año sin aprobar los estatutos de la Zona Franca de Sevilla

El Ayuntamiento aún no las tiene todas consigo para materializar el único proyecto-estrella con posibilidades que le queda a Zoido para el resto del mandato: la Zona Franca portuaria. El primer teniente de alcalde, Javier Landa, ha reconocido a preguntas del Grupo Socialista en el último Pleno del año 2013 que la Secretaría de Estado de Hacienda aún no ha aprobado de forma previa los estatutos del consorcio que debe gobernar el futuro recinto con un régimen económico especial, y, por otra parte, la nueva ley de Administración Local, publicada ayer mismo en el BOE, exige unos requisitos que hoy por hoy son de dudoso cumplimiento por parte del Ayuntamiento.

La disposición sexta de la Orden de Hacienda del 30 de agosto de 2013 , por la que se autoriza la constitución de la Zona Franca de Sevilla, establece que con carácter previo al inicio de sus actividades deberán aprobarse por el órgano competente los estatutos del consorcio y el reglamento de régimen interior. Javier Landa ha reconocido que la Secretaría de Estado de Hacienda aún no ha dado luz verde a los estatutos, pese a haber transcurrido cuatro meses desde la aprobación de la orden ministerial, la cual da un plazo de veinticuatro para la puesta en marcha del proyecto, so pena de declarar su caducidad.

El segundo motivo de preocupación es la entrada en vigor de la nueva ley 27/2013, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, publicada el 30 de diciembre de 2013 en el BOE, y una de cuyas disposiciones, en concreto la adicional novena, podría afectar directamente al proyecto de Zona Franca sevillana. Tanto es así, que el primer teniente de alcalde también reconoce en su respuesta al Grupo Socialista que el Ayuntamiento ha solicitado a la misma Secretaría de Estado de Hacienda un informe sobre sus posibles efectos y en la participación del Consistorio en el futuro consorcio.

En síntesis, la Disposición Adicional Novena establece que los ayuntamientos no podrán constituir ni participar, directa o indirectamente, en consorcios como en de la Zona Franca mientras dure el periodo de vigencia de su Plan de Ajuste.

Quizás pensando en el caso de Sevilla, durante la tramitación de la ley en el Senado se enmendó la norma añadiéndole un párrafo en el que se contemplaban excepciones: si en el ejercicio presupuestario inmediatamente anterior (habrá que entender ya que deberá ser tomado como referencia el de 2013) el ayuntamiento hubiese cumplido con los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública y su periodo medio de pago a proveedores no supere en más de 30 días el plazo máximo previsto en la normativa de morosidad.

Con esta Disposición se comprende mejor la guerra desatada entre la delegada de Hacienda, Asunción Fley, y el interventor municipal, Braojos, y que quedó en evidencia con motivo del Pleno de Presupuestos. El interventor sostiene que el Ayuntamiento difícilmente cumple los objetivos de estabilidad presupuestaria y endeudamiento, por lo que ha instado a la redacción de sendos planes de saneamiento, frente al criterio de la delegada, totalmente opuesto y que los considera innecesarios.

En cuanto al periodo medio de pago a proveedores, en su informe del tercer trimestre el interventor estableció el retraso en 74 días, 14 más que el máximo que permite la nueva ley: 60.

Gobierno sin funcionarios

El vicepresidente de la Corporación de Empresas Municipales (CEMS) y consejero delegado de Emasesa, Jesús Maza, saltó a la arena pública hace unos días para dar la versión oficial de que “por un error” se había incluido en la página del Perfil del Contratante un contrato de 60.000 euros con la arquitecta Soledad Cruz Guzmán, adjudicado por la vía de negociación, para la captación de inversiones, cuando en realidad ascendía a 30.000 euros. Según la explicación dada por Maza, el contrato era de 30.000 euros por un año pero con posibilidad de prórroga por otro periodo de 365 días, por lo que se incluyó la cantidad total del bienio cuando técnicamente sólo debió figurar la retribución de un solo ejercicio.

El supuesto error cometido en la contratación de servicios externos por parte del ‘holding’ municipal se produce tan sólo días después de que la Delegación de Urbanismo atribuyera a otro supuesto ‘error material’ la reiteración en las Ordenanzas Fiscales para 2014 de un texto que intentó introducir el año pasado y que le habría permitido incrementar en un 100% el importe de las licencias de obra a los promotores inmobiliarios.

Detectada la contumacia en su empeño, Urbanismo hubo de recurrir al pretexto del ‘error material’ para justificar la medida, que hubo de retirar de inmediato para evitarle otro conflicto al alcalde. Fuentes bien informadas cuestionan, sin embargo, la versión oficial por el hecho de que el polémico párrafo había sido destacado en el texto en letra negrita, para que no pasara inadvertido a los responsables de tomar la decisión. Maximiliano Vílchez y Alberto de Leopoldo, delegado y gerente de Urbanismo, respectivamente, aún no han sido capaces de explicar cómo es posible que además de repetirse el texto del año anterior, ahora apareciera en negrita para que resaltara aún más a la vista, salvo que los ordenadores en las caracolas de la Cartuja tengan vida propia.

ERROR DE SEIS MESES

Jesús Maza se ha visto en la misma tesitura de culpar a ‘errores materiales’, pero dados los precedentes, esta explicación no parece gozar entre la oposición y la opinión pública de muchos visos de credibilidad aun a su pesar, dado su propósito de que las empresas municipales funcionen con la eficacia y precisión de ese reloj suizo puesto como metáfora por Zoido. Al contrario: la reiteración de supuestos errores de bulto que no detectan los servicios y empresas municipales pese a los medios y el numeroso personal de que disponen, mientras que sí lo hace la oposición y los medios de comunicación aunque sus recursos sean limitados  denota, en el mejor de los casos, que la maquinaria administrativa falla de forma lamentable en una urbe en la que Zoido prometió despejar la chapuza, el enchufismo y los escándalos.

Uno de los problemas añadido para el caso de la arquitecta Sol Cruz Guzmán y su contrato edulcorado bajo la figura de la negociación radica en que la adjudicación por valor de 60.000 euros habría figurado en el perfil del contratante al menos desde el mes de marzo y que no fue corregido hasta el dia 24 de septiembre hacia las 15 horas, un día después de que la noticia fuera publicada por El País. Dicho de otro modo, durante seis meses ha figurado oficialmente la existencia de un contrato de asesoramiento externo por valor de 60.000 euros, y si un medio de comunicación no se hubiese percatado de tal circunstancia cabe preguntarse qué habría ocurrido. Así pues, por de pronto la prensa le ha ahorrado 30.000 euros al Ayuntamiento, cuya ineficacia ha quedado otra vez en evidencia.

AFÍN A ZOIDO

Casualidad o coincidencia (¿pero existen casualidades en política?), la beneficiaria del contrato en un Ayuntamiento en el que Zoido prometió acabar con el ‘enchufismo’ de correligionarios, amigos y parientes para pasar al Gobierno de los funcionarios es una arquitecta colaboradora del alcalde y del PP desde los tiempos en que el regidor estaba en la oposición.

A título de ejemplo, en noviembre de 2010 Zoido anunció su proyecto ‘Corazón de Sevilla’:  convertir el Parque de María Luisa y su entorno, desde la Puerta de la Carne a la Casa Rosa, en un Parque Central, un ‘Hyde Park’ a la sevillana, con la construcción en toda esa área de hasta tres aparcamientos subterráneos con 2.300 plazas para así erradicar todos los estacionamientos existentes en superficie y celebrar, completamente rehabilitado, el centenario del parque de María Luisa el 18 de abril de 2014.

La comisaria de ese proyecto iba a ser la exalcaldesa Soledad Becerril y su directora y brazo ejecutivo la arquitecta Sol Cruz Guzmán, la misma que cuatro meses después de ser contratada (el 11 de marzo de 2013) como asesora técnico-económica especializada en búsqueda de convocatorias y ayudas para financiar inversiones (un perfil más propio de un economista que de una arquitecta) era nombrada miembro del Consejo Social de la Universidad Pablo de Olavide (12 de julio) a propuesta del PP.

SEVILLA GLOBAL

La tercera circunstancia singular que concurre en este caso es que la contratación de esta asesoría externa se produjo prácticamente en paralelo al proceso de disolución y despido de toda la plantilla de la empresa municipal Sevilla Global, uno de los departamentos encargados de la misión de captar inversiones exteriores para Sevilla junto con la Asociación para la Promoción Exterior de Sevilla y la Oficina de Planificación Estratégica.

En su día, el Gobierno local trató de justificar la liquidación de Sevilla Global con, entre otros, el argumento de que carecía de sentido mantener su actividad por el ahorro que supondría la asunción de sus funciones por parte de la propia Delegación de Empleo y Economía. Mientras el Consistorio despedía al personal de esta empresa municipal estaba contratando a Soledad Cruz Guzmán y gasta dinero por partida doble: en el ERE de Sevilla Global y en el fichaje de asesores externos.

Además de incorporar a la arquitecta que iba a ejecutar el nonato proyecto ‘Corazón de Sevilla’ (otro más de los que han caído en el limbo del olvido del programa electoral de Zoido), el Ayuntamiento contrató a la consultora Deloitte tras propiciar la salida, el pasado mes de mayo, del hasta entonces director de la Oficina de Planificación Estratégica y Desarrollo (OPEyD), el catedrático Rafael Salgueiro.

TAMBIÉN DELOITTE

La misión reconocida de Salgueiro y la OPEyD era atraer inversiones a Sevilla, pero según la versión oficial del delegado de Relaciones Institucionales, Javier Landa, como la materialización de este cometido, cuya dificultad admite, “recibe una valoración poco satisfactoria a lo largo de estos dos años”, a Salgueiro se le invita a marcharse pese a que hasta entonces se le habñia atribuido un papel esencial en la consecución de la Zona Franca.

El 25 de julio, Javier Landa comunica al Consejo Asesor de la OPEyD que la empresa Deloitte ha resultado adjudicataria de un concurso que tiene por objeto facilitar las inversiones en Sevilla, “inversión en Sevilla -añade- entendida como atracción empresarial tanto a la zona portuaria, ya sea en el interior del recinto de la Zona Franca o en cualquier espacio portuario, como en otros espacios habilitados para el ejercicio de actividad industrial o empresarial, tal es el caso de la zona aeroportuaria”.

No consta la previa convocatoria de ese concurso del que resulta adjudicataria Deloitte para captar inversiones en Sevilla, pero una vez más nos encontramos con que se externalizan, con el consiguiente sobrecoste para las arcas municipales, funciones previamente asignadas a empresas, servicios u organismos del Consistorio, como serían Sevilla Global, la APES y la Oficina de Planificación Estratégica; y a la luz de las palabras de Landa, asumiendo incluso la labor que corresponde a entes ajenos, como la Autoridad Portuaria y el Aeropuerto de Sevilla.

Por tanto, ya no cabe hablar de ‘error material’ alguno, sino de una nueva política que prescinde de forma expresa y deliberada de los funcionarios y del personal municipales y, por ende, vacía de competencias organismos como el Instituto Municipal de Deportes, pese a que Zoido prometió que su Gobierno sería el de los funcionarios.

El landismo (2)

Landa pide disculpas por haber expulsado del Pleno a un fotógrafo de El Mundo. El gesto le
honraría, porque errar es humano, pero…. Pero, y por eso hablaba en condicional, aquí entra
otra faceta del landismo político: fabricarse, por la soberbia de no admitir una equivocación, una
coartada que justifique la metedura de pata como algo exógeno. A pesar de que el expulsado
mostró su acreditación periodística cuando Landa decretó que abandonara el Pleno y de que los
portavoces de la Oposición -y hasta el alcalde- le señalaron a éste su error, el delegado de
Relaciones Institucionales se escuda ahora en que “malinterpretó” (vaya, siempre la dichosa
palabreja) que el fotógrafo era un espontáneo salido de entre el público y que no pudo identificar
bien que se tratara de un reportero gráfico. Para avalar la coartada del presidente del Pleno, el
Ayuntamiento va a obligar a partir de ahora a que los foteros lleven “acreditaciones más
visibles”. Y digo yo: en vez de cambiar toda la logística de prensa ¿no habría sido más fácil y
barato que Landa hubiera ido al oculista?

El landismo

El fichaje estrella de Zoido, Javier Landa, ordenó desalojar del Pleno a un fotógrafo de El Mundo que realizaba su trabajo –permitido por el Reglamento- con el argumento de que los reporteros gráficos sólo deben captar imágenes al inicio de la sesión y luego quitarse del medio porque estorban. Con la doctrina Landa, no existiría, por ejemplo, la foto que ilustra en los libros de Historia el golpe de estado de Tejero el 23-F ocupando la tribuna del Congreso brazo en alto y pistola en mano y con la que Manuel Pérez Barriopedro ganó el World Press Photo. Tampoco habría testimonio gráfico del ataque de risa contagiosa de los parlamentarios andaluces que en 1994 fue reproducido en todo el mundo. Y no habría imágenes del fútbol, porque los fotógrafos se tendrían que ir apenas comenzados los partidos tras haber inmortalizado a los equipos formando sobre el césped. Landa se convierte así en el exponente del landismo, ese hábito de la clase política de amordazar cada día más a los medios de comunicación con ruedas de prensa sin preguntas y, ahora, con Plenos sin fotos.

‘Violencia de género’

La izquierda se solivianta por que la ministra Ana Pastor y Javier Landa no hablan de  ‘violencia de género’ en los asesinatos de mujeres, sino de ‘violencia en el entorno familiar’. Torrijos le montó un numerito a Landa; Susana Díaz dice indignada que “a las cosas hay que llamarlas por su nombre”, y la consejera de Salud, Mª Jesús Montero, proclama que “el lenguaje importa”. De acuerdo al 100% con la consejera. Y como cuando enfermamos vamos al médico, que es el que sabe, en materia de lengua yo la remito a la máxima autoridad, la Real Academia, que ya hizo un esclarecedor dictamen -accesible en Internet- sobre la cuestión. Resumo sus argumentos y la conclusión: la expresión ‘violencia de género’ es una traducción (una más, como ‘piso piloto’ y tantas otras sin ton ni son) del inglés, sin sentido en nuestra maravillosa lengua que todos deberíamos defender y donde las palabras tienen género (y no sexo), mientras que los seres vivos tienen sexo (y no género). Por tanto, lo correcto es decir ‘violencia doméstica’ o ‘por razón de sexo’. Roma locuta, causa finita.