El Ayuntamiento aún no las tiene todas consigo para materializar el único proyecto-estrella con posibilidades que le queda a Zoido para el resto del mandato: la Zona Franca portuaria. El primer teniente de alcalde, Javier Landa, ha reconocido a preguntas del Grupo Socialista en el último Pleno del año 2013 que la Secretaría de Estado de Hacienda aún no ha aprobado de forma previa los estatutos del consorcio que debe gobernar el futuro recinto con un régimen económico especial, y, por otra parte, la nueva ley de Administración Local, publicada ayer mismo en el BOE, exige unos requisitos que hoy por hoy son de dudoso cumplimiento por parte del Ayuntamiento.

La disposición sexta de la Orden de Hacienda del 30 de agosto de 2013 , por la que se autoriza la constitución de la Zona Franca de Sevilla, establece que con carácter previo al inicio de sus actividades deberán aprobarse por el órgano competente los estatutos del consorcio y el reglamento de régimen interior. Javier Landa ha reconocido que la Secretaría de Estado de Hacienda aún no ha dado luz verde a los estatutos, pese a haber transcurrido cuatro meses desde la aprobación de la orden ministerial, la cual da un plazo de veinticuatro para la puesta en marcha del proyecto, so pena de declarar su caducidad.

El segundo motivo de preocupación es la entrada en vigor de la nueva ley 27/2013, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, publicada el 30 de diciembre de 2013 en el BOE, y una de cuyas disposiciones, en concreto la adicional novena, podría afectar directamente al proyecto de Zona Franca sevillana. Tanto es así, que el primer teniente de alcalde también reconoce en su respuesta al Grupo Socialista que el Ayuntamiento ha solicitado a la misma Secretaría de Estado de Hacienda un informe sobre sus posibles efectos y en la participación del Consistorio en el futuro consorcio.

En síntesis, la Disposición Adicional Novena establece que los ayuntamientos no podrán constituir ni participar, directa o indirectamente, en consorcios como en de la Zona Franca mientras dure el periodo de vigencia de su Plan de Ajuste.

Quizás pensando en el caso de Sevilla, durante la tramitación de la ley en el Senado se enmendó la norma añadiéndole un párrafo en el que se contemplaban excepciones: si en el ejercicio presupuestario inmediatamente anterior (habrá que entender ya que deberá ser tomado como referencia el de 2013) el ayuntamiento hubiese cumplido con los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública y su periodo medio de pago a proveedores no supere en más de 30 días el plazo máximo previsto en la normativa de morosidad.

Con esta Disposición se comprende mejor la guerra desatada entre la delegada de Hacienda, Asunción Fley, y el interventor municipal, Braojos, y que quedó en evidencia con motivo del Pleno de Presupuestos. El interventor sostiene que el Ayuntamiento difícilmente cumple los objetivos de estabilidad presupuestaria y endeudamiento, por lo que ha instado a la redacción de sendos planes de saneamiento, frente al criterio de la delegada, totalmente opuesto y que los considera innecesarios.

En cuanto al periodo medio de pago a proveedores, en su informe del tercer trimestre el interventor estableció el retraso en 74 días, 14 más que el máximo que permite la nueva ley: 60.