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La posverdad de Zoido

El ministro, detractor inicial de la Torre Sevilla, se presenta ahora como su paladín

Fue él quien escribió a la Junta y al Gobierno sobre la indemnización por la anulación de la licencia

 

Juan Ignacio Zoido ya no sabe qué hacer con tal de prolongar sus habituales estancias de fin de semana en Sevilla, al igual que en su tiempo hacía Javier Arenas cuando estaba en el Gobierno de la nación. El pasado lunes presidió y protagonizó el acto de inauguración de unas oficinas de la empresa Deloitte en el rascacielos de la Cartuja, rebautizado oficialmente como Torre Sevilla y que popularmente sigue siendo conocida como Torre Pelli por el nombre del arquitecto argentino que diseña casi siempre la misma pero con algunas variantes, de ahí que se pudiera intercambiar perfectamente con la Torre Iberdrola, de Bilbao, y no se notaría en demasía la diferencia.

Parafraseando el título de la película de Fernando Colomo, hay que preguntar qué hacía todo un ministro del Interior en un sitio como ése, ya que Deloitte es una consultora con cinco ramas de actividad (consultoría, fiscalidad, asesoría jurídica, asesoría financiera y auditoría) y ninguna de las mismas está vinculada a la seguridad o el orden público, por lo que ese acto de carácter privado habría correspondido en todo caso y en un ejercicio de licencia política al ministro de Economía, al de Hacienda o en último extremo al de Justicia, pero no a Zoido.

Sin embargo, ya es conocida en nuestros lares la propensión del ex alcalde a cortar todo tipo de cintas inaugurales y a aparecer allí donde se le reclame, sea conveniente o inconveniente para su imagen y su cargo, habida cuenta su natural inclinación a decir sí a todos para tratar de no quedar mal con nadie, aun a riesgo de ser él quien quede de forma inapropiada para sí mismo.

CAMBIAR EL PASADO

Aprovechando que el Guadalquivir pasaba por Sevilla y al pie mismo del rascacielos, Zoido hizo con la torre un ejercicio de ese neologismo declarado como palabra del año por el Diccionario de Oxford pero aún no reconocido por el de nuestra Academia de la Lengua: un ejercicio de “posverdad” o, como lo calificó Espadas, de reescritura de la historia.

Frente a los hechos objetivos recogidos en las hemerotecas de que el hoy ministro fue un detractor de la Torre Pelli (hoy Torre Sevilla) y de que incluso se mostró partidario de pararla cuando tan sólo se habían levantado unas cuantas plantas de la misma en caso de que llegara, como llegó, a la Alcaldía, Zoido ha retorcido ahora el pasado para presentarse como un converso e incluso un paladín del rascacielos, al margen de cualquier “pecado original”.

En su parlamento en el acto de Deloitte, Zoido afirmó que “hubo un momento en que tuve que decidir, porque había quien decía que la Torre Sevilla había que tirarla”. El ministro habla de terceras personas, como si no hubiera sido él mismo quien cuando se hallaba en la oposición y/o en su campaña hacia la Alcaldía no se hubiera alineado con quienes eran partidarios de tumbar el rascacielos por entonces aún en ciernes con tal él de arañar votos donde fuera para erigirse en el sucesor de Monteseirín en la Casa Grande.

Añadió Zoido que él acudió a San Petersburgo “a pelear con uñas y dientes y con argumentos sólidos la permanencia de los monumentos del casco histórico como Patrimonio de la Humanidad y también que la Torre Sevilla fuera una auténtica realidad, puesta al servicio del crecimiento y la seguridad jurídica que supone invertir en Sevilla; y -aseveró- lo logramos”.

ECONOMÍA

¿Al servicio del crecimiento económico? Pero si hace siete años declaró en un foro periodístico lo siguiente sobre la torre: “Me parece un proyecto que, hoy por hoy, no tiene viabilidad económica”.

Y ya que Zoido estuvo en las oficinas de Deloitte, es el momento de recordar el estudio que en marzo del año 2009 hizo esta consultora para Cajasol, la promotora inicial del rascacielos, sobre el impacto económico que iba a tener el inmueble, un auténtico cuento de la lechera: con su construcción -decía- se iban a crear más de 4.000 empleos en Sevilla; en su primer año de funcionamiento (se cumple ahora en febrero) iba a generar más de 561 millones de euros (es decir, casi tanto como toda la Feria de Abril) y 11.327 puestos de trabajo; en el segundo año, 795 millones de euros y 16.106 empleos, y en el noveno año, 1.351 millones de euros (dos veces la Feria) y 27.910 empleos.

Habrá que preguntarse en qué se basó Deloitte para hacer tal ejercicio de economía-ficción.

 

SEGURIDAD JURÍDICA

La tercera línea argumental de Zoido en su reescritura de su posición sobre la torre ha sido la de erigirse en el valedor de la seguridad jurídica, con estas palabras: “las Administraciones tienen que ser salvaguarda de la seguridad jurídica para generar confianza en los inversores. Yo he procurado guiarme cada vez que he ocupado un puesto por el sentido común, la razón y la ley…. Mi obligación era salvaguardar la legislación vigente y los legítimos intereses de unos promotores que habían confiado en una legislación y que en base a las licencias legalmente concedidas habían iniciado su proyecto. Habría sido una irresponsabilidad -añadió- si paraba la obra, que reunía todos los permisos, como si no hubiera impedido que Sevilla perdiera la condición de Patrimonio de la Humanidad”.

¡Pero si Zoido puso en duda antes de acceder a la Alcaldía la validez de la licencia urbanística otorgada por Monteseirín a la torre! Item más, tan sólo tres meses después de ser elegido alcalde envió sendas cartas a los entonces presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, y la ministra de Cultura, Angeles González Sinde, para plantearles quién tendría que asumir las indemnizaciones en caso de que la licencia de obras del rascacielos se revisara o se anulara.

¿Y quién, sino él como alcalde, planteaba la posibilidad de la revisión o anulación, esa que seis años después ha negado en las oficinas de Deloitte?

 

PRECEDENTES

Por más que Zoido haya acuñado su posverdad sobre la torre y cambiado de discurso, las actuaciones de sus predecesores al frente de la Alcaldía demuestran que en Sevilla ha sido posible paralizar grandes proyectos urbanísticos por razones políticas, independientemente de las jurídicas.

Rojas Marcos frenó la denominada torre cilíndrica, proyectada por Pérez Escolano en la Plaza de Armas, aunque para ello tuvo que compensar a los promotores con mayor edificabilidad en la construcción de un hotel en la Buhaira.

Monteseirín liquidó el proyecto de sede administrativa para el Ayuntamiento que en el Prado de San Sebastián diseñó Rafael Moneo cuando Soledad Becerril era alcaldesa, pese a que la constructora Dragados le amenazó con pedir una indemnización multimillonaria en los tribunales, del mismo modo que amenazaban con hacer los promotores de la hoy Torre Sevilla.

Zoido, con sus 20 concejales y su mayoría absolutísima, no tuvo la misma determinación que Rojas Marcos y Monteseirín pese a haber militado en las filas de los detractores del rascacielos de la Cartuja, y ahora quiere pasar por su gran paladín.

Como en el soneto de Miguel de Cervantes, y en tantas ocasiones durante su mandato como alcalde, en el caso de la Torre Sevilla, antes Pelli, Zoido “miró al soslayo, fuese y no hubo nada”.

Gobierno sin funcionarios

El vicepresidente de la Corporación de Empresas Municipales (CEMS) y consejero delegado de Emasesa, Jesús Maza, saltó a la arena pública hace unos días para dar la versión oficial de que “por un error” se había incluido en la página del Perfil del Contratante un contrato de 60.000 euros con la arquitecta Soledad Cruz Guzmán, adjudicado por la vía de negociación, para la captación de inversiones, cuando en realidad ascendía a 30.000 euros. Según la explicación dada por Maza, el contrato era de 30.000 euros por un año pero con posibilidad de prórroga por otro periodo de 365 días, por lo que se incluyó la cantidad total del bienio cuando técnicamente sólo debió figurar la retribución de un solo ejercicio.

El supuesto error cometido en la contratación de servicios externos por parte del ‘holding’ municipal se produce tan sólo días después de que la Delegación de Urbanismo atribuyera a otro supuesto ‘error material’ la reiteración en las Ordenanzas Fiscales para 2014 de un texto que intentó introducir el año pasado y que le habría permitido incrementar en un 100% el importe de las licencias de obra a los promotores inmobiliarios.

Detectada la contumacia en su empeño, Urbanismo hubo de recurrir al pretexto del ‘error material’ para justificar la medida, que hubo de retirar de inmediato para evitarle otro conflicto al alcalde. Fuentes bien informadas cuestionan, sin embargo, la versión oficial por el hecho de que el polémico párrafo había sido destacado en el texto en letra negrita, para que no pasara inadvertido a los responsables de tomar la decisión. Maximiliano Vílchez y Alberto de Leopoldo, delegado y gerente de Urbanismo, respectivamente, aún no han sido capaces de explicar cómo es posible que además de repetirse el texto del año anterior, ahora apareciera en negrita para que resaltara aún más a la vista, salvo que los ordenadores en las caracolas de la Cartuja tengan vida propia.

ERROR DE SEIS MESES

Jesús Maza se ha visto en la misma tesitura de culpar a ‘errores materiales’, pero dados los precedentes, esta explicación no parece gozar entre la oposición y la opinión pública de muchos visos de credibilidad aun a su pesar, dado su propósito de que las empresas municipales funcionen con la eficacia y precisión de ese reloj suizo puesto como metáfora por Zoido. Al contrario: la reiteración de supuestos errores de bulto que no detectan los servicios y empresas municipales pese a los medios y el numeroso personal de que disponen, mientras que sí lo hace la oposición y los medios de comunicación aunque sus recursos sean limitados  denota, en el mejor de los casos, que la maquinaria administrativa falla de forma lamentable en una urbe en la que Zoido prometió despejar la chapuza, el enchufismo y los escándalos.

Uno de los problemas añadido para el caso de la arquitecta Sol Cruz Guzmán y su contrato edulcorado bajo la figura de la negociación radica en que la adjudicación por valor de 60.000 euros habría figurado en el perfil del contratante al menos desde el mes de marzo y que no fue corregido hasta el dia 24 de septiembre hacia las 15 horas, un día después de que la noticia fuera publicada por El País. Dicho de otro modo, durante seis meses ha figurado oficialmente la existencia de un contrato de asesoramiento externo por valor de 60.000 euros, y si un medio de comunicación no se hubiese percatado de tal circunstancia cabe preguntarse qué habría ocurrido. Así pues, por de pronto la prensa le ha ahorrado 30.000 euros al Ayuntamiento, cuya ineficacia ha quedado otra vez en evidencia.

AFÍN A ZOIDO

Casualidad o coincidencia (¿pero existen casualidades en política?), la beneficiaria del contrato en un Ayuntamiento en el que Zoido prometió acabar con el ‘enchufismo’ de correligionarios, amigos y parientes para pasar al Gobierno de los funcionarios es una arquitecta colaboradora del alcalde y del PP desde los tiempos en que el regidor estaba en la oposición.

A título de ejemplo, en noviembre de 2010 Zoido anunció su proyecto ‘Corazón de Sevilla’:  convertir el Parque de María Luisa y su entorno, desde la Puerta de la Carne a la Casa Rosa, en un Parque Central, un ‘Hyde Park’ a la sevillana, con la construcción en toda esa área de hasta tres aparcamientos subterráneos con 2.300 plazas para así erradicar todos los estacionamientos existentes en superficie y celebrar, completamente rehabilitado, el centenario del parque de María Luisa el 18 de abril de 2014.

La comisaria de ese proyecto iba a ser la exalcaldesa Soledad Becerril y su directora y brazo ejecutivo la arquitecta Sol Cruz Guzmán, la misma que cuatro meses después de ser contratada (el 11 de marzo de 2013) como asesora técnico-económica especializada en búsqueda de convocatorias y ayudas para financiar inversiones (un perfil más propio de un economista que de una arquitecta) era nombrada miembro del Consejo Social de la Universidad Pablo de Olavide (12 de julio) a propuesta del PP.

SEVILLA GLOBAL

La tercera circunstancia singular que concurre en este caso es que la contratación de esta asesoría externa se produjo prácticamente en paralelo al proceso de disolución y despido de toda la plantilla de la empresa municipal Sevilla Global, uno de los departamentos encargados de la misión de captar inversiones exteriores para Sevilla junto con la Asociación para la Promoción Exterior de Sevilla y la Oficina de Planificación Estratégica.

En su día, el Gobierno local trató de justificar la liquidación de Sevilla Global con, entre otros, el argumento de que carecía de sentido mantener su actividad por el ahorro que supondría la asunción de sus funciones por parte de la propia Delegación de Empleo y Economía. Mientras el Consistorio despedía al personal de esta empresa municipal estaba contratando a Soledad Cruz Guzmán y gasta dinero por partida doble: en el ERE de Sevilla Global y en el fichaje de asesores externos.

Además de incorporar a la arquitecta que iba a ejecutar el nonato proyecto ‘Corazón de Sevilla’ (otro más de los que han caído en el limbo del olvido del programa electoral de Zoido), el Ayuntamiento contrató a la consultora Deloitte tras propiciar la salida, el pasado mes de mayo, del hasta entonces director de la Oficina de Planificación Estratégica y Desarrollo (OPEyD), el catedrático Rafael Salgueiro.

TAMBIÉN DELOITTE

La misión reconocida de Salgueiro y la OPEyD era atraer inversiones a Sevilla, pero según la versión oficial del delegado de Relaciones Institucionales, Javier Landa, como la materialización de este cometido, cuya dificultad admite, “recibe una valoración poco satisfactoria a lo largo de estos dos años”, a Salgueiro se le invita a marcharse pese a que hasta entonces se le habñia atribuido un papel esencial en la consecución de la Zona Franca.

El 25 de julio, Javier Landa comunica al Consejo Asesor de la OPEyD que la empresa Deloitte ha resultado adjudicataria de un concurso que tiene por objeto facilitar las inversiones en Sevilla, “inversión en Sevilla -añade- entendida como atracción empresarial tanto a la zona portuaria, ya sea en el interior del recinto de la Zona Franca o en cualquier espacio portuario, como en otros espacios habilitados para el ejercicio de actividad industrial o empresarial, tal es el caso de la zona aeroportuaria”.

No consta la previa convocatoria de ese concurso del que resulta adjudicataria Deloitte para captar inversiones en Sevilla, pero una vez más nos encontramos con que se externalizan, con el consiguiente sobrecoste para las arcas municipales, funciones previamente asignadas a empresas, servicios u organismos del Consistorio, como serían Sevilla Global, la APES y la Oficina de Planificación Estratégica; y a la luz de las palabras de Landa, asumiendo incluso la labor que corresponde a entes ajenos, como la Autoridad Portuaria y el Aeropuerto de Sevilla.

Por tanto, ya no cabe hablar de ‘error material’ alguno, sino de una nueva política que prescinde de forma expresa y deliberada de los funcionarios y del personal municipales y, por ende, vacía de competencias organismos como el Instituto Municipal de Deportes, pese a que Zoido prometió que su Gobierno sería el de los funcionarios.

Un derecho de 700.000 sevillanos

Zoido denuncia que se ha silenciado una reunión de la Ejecutiva de Mercasevilla y, maliciándose que hubiera visto la auditoría encargada a Deloitte a raíz del escándalo de las comisiones y la venta de suelo por 56 millones menos de la cuenta, le pide a Monteseirín una copia. Maribel Montaño hace honor a su apelativo de la ‘portacoz’ del gobierno y con cajas destempladas dice que Zoido “no tiene derecho alguno” a exigirla. ¿Cómo que no? Mercasevilla es empresa pública municipal y como tal sus dueños son los sevillanos. El Ayuntamiento, pues, debe rendir cuentas no sólo a Zoido, sino a cualquiera de nosotros y ser una casa de cristal por transparente. Si no tuviera nada que ocultar no tendría reparo incluso en colgar el documento en Internet, pero como es deliberadamente opaco ha dejado fuera de las empresas municipales a la Oposición. Ya puestos, Zoido, que ganó las elecciones, tiene más derecho que la Montaño a ver la auditoría: él fue elegido por los sevillanos mientras que ella fue nombrada a dedo por Monteseirín y se limita a ser ‘la voz de su amo’.