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Entre la realidad y el deseo

El anuncio de Susana Díaz de reactivar el sector de la construcción llegó al tiempo que la Gerencia de Urbanismo anulaba el convenio con Noga, que ha dejado sin hacer 2.110 viviendas en Sevilla Este

La juez Alaya cree que la prórroga en 2006 del acuerdo con Noga fue para compensarlo por no haberle adjudicado los suelos de Mercasevilla pese a que ofertó 158 millones de euros por los 106 millones de Sanma
El anuncio parlamentario de la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, de que va a constituir una Mesa de Trabajo para activar la construcción sostenible en la comunidad autónoma (en realidad, existe una Mesa de la Construcción desde hace un par de años al menos, sin que se le conozca actividad o utilidad) por el hecho de que la mitad de los parados proviene del estallido de la burbuja inmobiliaria coincidió con la decisión de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla de anular el convenio con el grupo Noga para la erección de 2.100 viviendas en Sevilla Este.

Volvemos a movernos en la cernudiana dicotomía entre la realidad y el deseo, en un contexto socioeconómico en el que se dejan sentir las presiones de quienes abogan por potenciar la economía del ladrillo como método expeditivo de rebajar las altas tasas de paro en Andalucía y, por extensión, de Sevilla en cuanto provincia con mayor número de desempleados en la región.

En este marco venimos escuchando desde el advenimiento de Zoido a la Alcaldía las voces de quienes propugnan una reforma del Plan General de Ordenación Urbana con el argumento de que falta suelo para atender la demanda de nuevas viviendas, cuando resulta que en el PGOU vigente hay aún terreno calificado para poder alzar aún decenas de miles de pisos, pero a la hora de la verdad no aparecen los promotores y constructores que -dicen- estarían llamando a las puertas del Ayuntamiento para levantar nuevas promociones inmobiliarias.

ANULACIÓN

Un nuevo ejemplo palmario lo hemos tenido con la anulación del convenio urbanístico suscrito el 16 de febrero de 2006 con varias empresas del grupo Noga (Inmobiliaria Osuna) para la construcción de 2.161 viviendas en Sevilla Este, el mismo barrio en el que la Fundación de la CEA ha sido incapaz de terminar y entregar 583 VPO a sus compradores, pese a que éstos habían adelantado el dinero. Un escándalo que ha acabado con la imputación de Santiago Herrero y varios directivos más de la patronal y, a la postre, provocando la dimisión de aquél como presidente.

En el caso del grupo Noga, llueve sobre mojado, porque mucho antes de 2006 ya arrastraba el incumplimiento de los compromisos adquiridos para la erección de viviendas, un incumplimiento cuya consecuencia obligada era la retirada de los permisos por parte del Ayuntamiento y la imposibilidad de construir. ¿Por qué, entonces, se le prorrogó esa potestad en 2006?

La juez Mercedes Alaya, en virtud de un informe redactado por la Guardia Civil en 2013, estima que esa prórroga acordada durante el mandato de Monteseirín como alcalde tenía como objetivo encubierto compensar al grupo Noga por la adjudicación a su rival Sanma (filial del grupo Sando) de los suelos de Mercasevilla, pese a que ésta había ofrecido por los mismos 106 millones de euros y aquél, 158 millones. El Consistorio dio los terrenos a Sanma aun perdiendo 52 millones de euros (casi 9.000 millones de las antiguas pesetas) en la operación.

Y siendo tan ostensible la diferencia económica entre una oferta y otra, la pregunta que se hizo la juez Alaya era cómo entonces el grupo Noga no había planteado ningún recurso contra la decisión adoptada en Mercasevilla.

COMPENSACIÓN

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil llegó a la conclusión en un informe elevado a la juez de que la posterior firma del convenio con Inversiones Noga, Inonsa e Inmobiliaria Osuna, mediante el cual se ampliaba el plazo para edificar en Sevilla Este durante ocho años más y se dejaba sin efecto la inclusión de las 36 parcelas en el Registro de Solares y Edificaciones Ruinosas suponía un gran beneficio, que cabía entender como una compensación por no recurrir el concurso sobre los suelos de Mercasevilla.

Sin embargo, el grupo Noga tampoco ha aprovechado esta segunda oportunidad, ya que se comprometió en 2006 a edificar en Sevilla Este 2.161 pisos y en los ocho años transcurridos desde entonces sólo ha terminado 51 (el 2,36% del total planificado), pese a que en este periodo todavía se ha beneficiado de dos prórrogas más. Ha dejado sin iniciar 2.110 viviendas y tampoco ha hecho efectivo el aval de 221.963 euros como garantía económica ante el posible incumplimiento del deber urbanístico de edificar, como finalmente ocurrió.

EN BLANCO

Los casos de Noga y de la Fundación de la CEA no son las excepciones. Recuérdese que, anteriormente, la Gerencia de Urbanismo tuvo que declarar desierto el concurso público que convocó para construir 220 viviendas protegidas en una parcela de la Hacienda del Rosario porque no se presentó empresa alguna. Las condiciones no eran aparentemente demasiado gravosas: adelanto del 5% de un importe total de 3,8 millones de euros.

A ello hay que sumar otros concursos desiertos relacionados con la construcción, como el del chalé de Villa Encarnita en Nervión, pese a la libertad total de usos dada por Urbanismo a quien se quedara con el inmueble; los relativos a la construcción de sendos parkings en el Prado de San Sebastián y la plaza de San Martín de Porres;  la imposibilidad de sacar adelante por falta de interesados y/o de financiación 16 VPO en la Ronda de Capuchinos, y el encefalograma plano de la Empresa Municipal de la Vivienda, incapaz de lanzar una sola promoción en lo que va de mandato de Zoido.

En el balance hay que incluir la decisión política adoptada en su día por la Gerencia de Urbanismo de suspender en toda la ciudad el plazo para cumplir el deber de edificar en fincas declaradas en ruinas y en solares destinados a otros usos diferentes al residencial, con carácter retroactivo hasta el 10 de mayo de 2010 porque -se argumentaba- “lo que inicialmente se consideró una circunstancia aislada para las fincas de uso residencial se ha convertido en una tónica general”.

REHABILITACIÓN

En este panorama, por lo que a Sevilla y en materia de viviendas se refiere, la idea de Susana Díaz de reanimar el sector de la construcción cuidando de despojarla de sus connotaciones especulativas y transformando su actividad en sostenible devuelve al primer plano de la actualidad aquel plan en el que coincidieron en el Senado dos políticos de signo ideológico opuesto, como son la ministra de Fomento, Ana Pastor (PP), y el portavoz del grupo municipal Socialista en el Ayuntamiento de Sevilla, Juan Espadas, lo cual demuestra que si se recuperara el espíritu de la Transición sería posible lograr consensos en políticas básicas en vez de perder el tiempo en estériles confrontaciones que dejan al margen las necesidades y demandas de los ciudadanos.

Ana Pastor y Juan Espadas coincidieron en apostar por la rehabilitación y la dotación de eficiencia energética -máxime tras el continuo incremento de la factura de la luz- del envejecido parque de viviendas actual.

En la propuesta de Espadas, orillada luego por el partido en el Gobierno, se tomarían como proyecto piloto los 3.500 pisos del Polígono de San Pablo para, mediante su readaptación con  financiación público-privada, relanzar la construcción en Sevilla capital, crear empleo, ahorrar una energía cada vez más cara y mejorar las condiciones de vida de miles de sevillanos.

 

Pintura

El nuevo gerente de Mercasevilla, Manuel Blanco, ha descubierto que uno de los presuntos testaferros del caso de los ERE le facturó al mercado central de abastos 326.707 euros por la supuesta compra de 112.064 kilos de pintura de todo tipo de colores salvo el azul (paradójicamente, la tonalidad aplicada tras unas obras de mejora en la lonja) pero de los que no existe constancia de su entrega mediante albarán alguno ni nadie vio jamás pero por los que se ingresó el dinero en una cuenta bancaria.

Inmediatamente, su antecesor en el cargo, pagador de la pintura ‘fantasma’ y ya condenado en una de las ramas del caso Mercasevilla, Fernando Mellet, se ha apresurado a emitir, a través de su abogado, una nota de prensa en la que dice que si firmó el abono de aquellas facturas fue como en el caso de tantas otras miles y por la confianza que tenía en su equipo de colaboradores, amén de que cree recordar que en su época se hicieron trabajos en la nave 5, “que era de una entidad considerable”.

Mellet, pues, lanza la pelota no hacia arriba, sino hacia abajo cuando menciona a sus subordinados por pasarle las facturas a la firma, como si entre sus funciones como director-gerente no hubiera estado la supervisión de los papeles que llegaban hasta su mesa y no debiera haberle llamado la atención la acumulación de facturas de un mismo proveedor en tan corto espacio de tiempo (algunas se sucedían mes tras mes)  y por unas magnitudes desproporcionadas. Y es que con esos 112.064 kilos de pintura se habrían rellenado 5.603 latas de 20 kilos o 4.482 latas de 25 kilos, los formatos profesionales más habituales. ¿Cómo es que Mellet ni nadie recuerda haber visto un solo recipiente de una carga digna de un tráiler?

Si una lata de formato digamos doméstico (0,75 kilos) permite pintar una superficie de 7 a 10 m2 según los propios fabricantes, los 112.064 kilogramos aparentemente suministrados a Mercasevilla habrían permitido cubrir una superficie de entre 1.045.930 m2 y 1.494.186 m2, cifra equivalente a entre 104 y 149 campos de fútbol y por tanto de muchísima mayor entidad que la nave 5 supuestamente pintada, pero en todo caso de azul, en la época de Mellet.

Curiosamente, cada vez que estalla un escándalo, resulta que el máximo responsable,  por sus funciones directivas o como supervisor del proceso, nunca se ha leído los papeles o nunca se le ha ocurrido tirar de calculadora para comprobar si los números son acordes a la realidad.

Nunca pintaban nada, salvo a la hora de pasar por caja a final de mes.

Armstrong bis

El jurado ha declarado culpable de cohecho en el caso Mercasevilla al exdelegado de Empleo de la Junta, Antonio Rivas, una sentencia pendiente de ratificación por el juez y por las instancias judiciales superiores en la hipótesis de que sea recurrida. Si se confirmara, sería el primer alto cargo condenado por corrupción en los 30 años de historia de la Junta y se desmontaría el argumento de Griñán en contrario, eso de que jamás se había producido tal circunstancia. Lo significativo es que ahora tanto la Junta como el PSOE reniegan de Rivas y subrayan que ya no vive allí: dimitió de su puesto de alta responsabilidad y entregó el carné de militante, cuando su condena deriva justamente de sus actuaciones cuando era director general de la Consejería afectada por el escándalo de los EREs (Griñán lo mantuvo en el puesto aun estando imputado, en contra de su doctrina al respecto) y hombre fuerte del partido en Camas y de confianza de Viera cuando éste ocupaba la Secretaría General. A Rivas quiere hacerle el PSOE lo mismo que la UCI a Armstrong: borrarlo de la historia.

 

La querella

Si no fuera verídico, como habría dicho Paco Gandía, parecería un chiste del serio humorista sevillano o de Gila: Mellet, el exgerente de Mercasevilla, se ha querellado contra los empresarios del grupo La Raza que, por indicación de un alto cargo de la Junta al que acudieron a contarle lo que les estaba pasando, grabaron la conversación en que aquél, presuntamente, les exigió el pago de comisiones ilegales. Saltó así el escándalo Mercasevilla, que en sus distintas ramificaciones, cual cerezas entrelazadas saliendo de un cesto, ha acabado destapando el de los ERE, los intrusos, los falsos prejubilados…. Sostiene Mellet que los empresarios han incurrido en un delito contra la intimidad y de violación de secretos. Pero, ¿qué quería, que le hubieran avisado de que le iban a poner una grabadora por delante para que les repitiera eso de que les pagara 450.000 euros en comisiones? ¿Y que hubieran guardado un silencio cómplice porque la exigencia, obviamente, era secreta? Si no fuera cierto la presentación de la querella, parecería un chiste, el chiste de Mellet.

Doble vara

Zoido, juez de profesión, alcalde y palangana confeso,  declaró el otro día que no tendrá inconveniente alguno en acudir al palco del Sevilla F. C. (equipo del que creo recordar presidió hasta una especie de peña) y sentarse junto a Del Nido, ya que, en su opinión, “no hay que precipitarse, porque la presunción de inocencia es para todos y hay que respetarla”. Recordemos que Del Nido ha sido condenado a 7 años y 6 meses de cárcel, inhabilitación y pago de 2,7 millones de indemnización por cooperación necesaria en los delitos de fraude, prevaricación y malversación de caudales públicos, aunque haya recurrido luego la sentencia. Tiremos de hemeroteca. Abril de 2011. Torrijos es imputado en el caso Mercasevilla. Reacción de Zoido: “Estar imputado es, de por sí, algo muy grave, pero por una venta irregular de unos terrenos, por pura especulación, es más grave todavía”. El hoy alcalde mostró entonces su “asombro” por que “no suceda nada”, y dijo del político de IU lo siguiente: “No pregona con el ejemplo. De una vez por todas tiene que asumir su responsabilidad”.

Casualidades

Antonio Pardal, dueño de Larena 98, reveló que le impusieron el patrocinio del Patín Macarena para entrar en Mercasevilla. Ahora se descubre que Monteseirín adjudicó el Plan Centro a una empresa que financiaba al equipo de fútbol del Cerro del Aguila, el barrio del delegado de Movilidad, Fran Fernández. La beneficiaria alega que no hay caso porque su patrocinio – “una acción social sin ánimo de lucro”, dice- se inició seis años antes del contrato. Sí, pero seis años antes el Cerro era tan coto de Fran Fernández como seis años después, y será casualidad, pero entre todos los equipos de Sevilla el patrocinado fue el del Cerro y no otro. Y también fue  casualidad que justo en la temporada pasada, a finales de la cual se adjudicó el Plan, el patrocinio se firmó a través del Ayuntamiento “para darle oficialidad a la colaboración”. ¿Por qué, si era una acción social sin ánimo de lucro? Aunque daba la casualidad de que así la empresa  permitía a Fran trasladar la imagen de que el barrio le debía a él la financiación del equipo. ¿No habrá alguna casualidad más?

 

 

La tómbola

¿Se puede ser gerente sin tener ni idea de la normativa que debe aplicarse en función del cargo y de la responsabilidad que ello entraña? Sería imposible en una empresa que se precie, porque el interfecto habría acabado de patitas en la calle al evidenciarse su ignorancia, pero en el Ayuntamiento de Monteseirín el desconocimiento de la ley no era un impedimento para ser alto cargo, ya que la ‘condición sine qua non’, como ha demostrado la deposición de su valido, Manuel Marchena, ante la juez Alaya era ser amiguete y paño de lágrimas del (ex) alcalde. Del interrogatorio de la magistrada al otrora gerente de Urbanismo ha trascendido que el cienmileurista (170.000 euros de sueldo) confesó desconocer el Reglamento de Gestión Urbanística y el expediente urbanístico relacionado con las empresas Larena y Sanma (a pesar de que estaban en juego 158 millones de euros), y que dijo tan campante que las firmas en los documentos eran “puramente procedimentales”.De todo lo cual se colige que a Marchena le tocó el cargo de gerente en una tómbola, la tómbola de Monteseirín.

 

 

Socrático

Manuel Marchena, el valido de Monteseirín, sufría tal impaciencia por declarar ante la juez Alaya tras su imputación en el caso Mercasevilla que otrora se presentó en los Juzgados sin cita previa. Tuvieron que echarlo de allí porque, fiel a sus despóticas maneras, ni siquiera había pedido la vez. Ahora, tras ocho meses en el corredor de los imputados, ha comparecido al fin ante su señoría. Cuentan las primeras crónicas que se quedó tan demudado al conocer que lo era por cuadruplicado, que lo único que se le ocurrió fue pedir un vaso de agua. De Emasesa, naturalmente, no de las de marca a  que acostumbraba en los restaurantes para acompañarse las pinceladas al centro. Repuesto del susto, el geógrafo se mostró más bien filósofo, en concreto socrático ateniense, al sostener: “Yo sólo sé que no sé nada”. El valido ha confesado ante la magistrada que él ni daba instrucciones en la Gerencia, ni sabía de expedientes, ni ná de ná. Osea, que lo único que sabía como gerente de Urbanismo era cobrar. Para eso era un lince: 170.000 euros  por no tener ni p..ajolera idea.

 

 

La doctrina

¿Qué es Mercasevilla? Una sociedad anónima mercantil, aunque el Ayuntamiento sea su accionista principal. No es una ONG ni una asociación benéfica, sino una empresa que, como tal y por definición, tiene ánimo de lucro: se crea para ganar dinero, no para regalarlo ni perderlo. Esta empresa recibió dos ofertas por su suelo: una de 158 millones y otra de 106. Lo vendió a la oferta que era un 33% más barata y perdió así 52 millones de euros. ¿No suena raro? Tanto que la juez Alaya le ha pedido explicaciones a Torrijos, su vicepresidente por entonces. Según Torrijos, el suelo se vendió al peor postor para evitar la especulación. Quédense con la copla de la doctrina Torrijos y aplíquenla al resto de las empresas municipales. ¿Qué van a comprar un bonobús de Tussam? Paguen un 33% menos. ¿La factura de Emasesa? Ordenen al banco un descuento del 33%. ¿La letra del piso de Emvisesa? Ídem de ídem. Y si alguien les exige responsabilidades o les acusan de insumisión u objeción fiscal, respondan con la doctrina de Torrijos: estamos contribuyendo a evitar la inflación.

 

La prueba del algodón

Imagine que es el consejero delegado de una empresa con unos 500 millones de euros de deuda y que entre sus activos figuran unos terrenos a nombre de una filial de la que su compañía es accionista mayoritaria y por los que recibe dos ofertas: una por más de 158 millones  y la otra por 106 millones. ¿Cuál aceptaría?

mercasevillaEl sentido común le dictaría la aceptación de la más alta, pero como en el Ayuntamiento, equivalente en el símil a esa empresa con 500 millones de deuda cuya filial –Mercasevilla- recibió esas ofertas de Noga y Sanma (filial de Sando), no impera el sentido común, sino intereses presuntamente espurios, los suelos del Merca fueron adjudicados a la más baja.

Y esa decisión fue adoptada con Torrijos como vicepresidente de la sociedad pública. Esta es una de las ramificaciones del caso Mercasevilla, por el que la juez Alaya ha imputado al alcaldable de IU. Su auto dice que del resultado de las pruebas practicadas “se deduce la responsabilidad y activa participación de Torrijos de modo especial en el proceso de adjudicación de la totalidad de los terrenos (de Mercasevilla) a Sanma”.

CLÁUSULA ‘AD HOC’

La magistrada sospecha que se convocó un concurso público para la venta del suelo con un pliego de condiciones que favoreciera claramente a Sanma frente al resto de aspirantes aunque su oferta fuese inferior.

AlayaPara ello se incluyó una cláusula que penalizaba las ofertas que excedieran del 10% de la media aritmética de todas las presentadas, cláusula que la juez calificó en su día como “antieconómica, contraria al interés general y no contemplada en la ley”.

Sando estaba pagando a Mercasevilla 58.738 euros/mes por un derecho de superficie sobre los terrenos pese a que aquél no estaba legalmente constituido, de ahí que, en supuesta correspondencia, el concurso fuera presuntamente amañado mediante esa cláusula que otorgaba siete puntos de ventaja a su filial Sanma por haber suscrito previamente el citado derecho.

Torrijos ha reconocido que fue él quien impulsó el  concurso para la venta del suelo en lugar de la subasta porque pretendía evitar la especulación si se encarecía el precio. Este argumento no sólo choca con la opinión de la juez, sino también con una circular emitida recientemente por la Intervención General del Estado en el sentido de que en los concursos públicos debe primar el precio sobre cualquier otra consideración.

Pero tal como expresó en otro auto la juez, el “hecho delictivo” que persigue no es el concurso público utilizado para la adjudicación en lugar de la subasta, por mucho que no fuese el idóneo, sino demostrar que se eligió con la idea de favorecer a una empresa determinada (Sanma).

EXCEPCIÓN A LA REGLA

pipaTorrijos ha sido imputado en vísperas de la presentación por  IU del ‘Compromiso Ético por la Regeneración Democrática’, un decálogo contra la corrupción según el cual sus candidatos dimitirán de forma “cautelar” en caso de ser imputados o procesados por corrupción política o urbanística, supuesto este último en que se halla ahora el alcaldable, que corre el riesgo de una segunda imputación por un presunto delito de coacciones y contra la integridad moral de los trabajadores de Sevilla Global.

Torrijos se ha caracterizado por su cruzada contra los políticos en la misma situación procesal que él. Así, el 15 de octubre de 2008 ofreció una rueda de prensa en la que divulgó las mociones que IU llevaría al Pleno. Destacó una propuesta para exigir a la dirección del PP la dimisión “inmediata” de hasta 14 de sus cargos  que estaban imputados en causas judiciales. El alcaldable de IU subrayó que pretendía “apartar de la vida pública a personajes que se encuentran o imputados o condenados o con implicación notoria y evidente en casos de todo tipo”.

Torrijos retó al PP a incluir en otra propuesta a cargos de IU en la misma situación. Pues bien, ahora es el alcaldable de la coalición de izquierdas quien se ve reflejado en su propio espejo y, por tanto, para ser consecuente consigo mismo debería dimitir, por más que su correligionario Llamazares trate de dilatar la situación en espera de si es procesado o no. Nada de eso dice el código ético de IU, que de no ser aplicado en el caso de Torrijos quedará como papel mojado. El propio Torrijos ya ha anunciado que no dimite porque se considera inocente y porque su caso  no entra en los supuestos del código ético. Osea, que él es la excepción a la regla. ¿Acaso no se proclamaban también inocentes los otros políticos imputados, pese a lo cual él exigía su expulsión de la vida pública sin contemplaciones?

EL PACTO CON EL PSOE

La imputación de Torrijos deja en una posición injustificable  a IU y lastra al alcaldable socialista, Espadas, a la hora de repetir un hipotético acuerdo postelectoral si el candidato de IU se obceca en mantenerse en la carrera por el Ayuntamiento. El PP, raudo, ya pregunta públicamente a Espadas si va a pactar con un Torrijos imputado en un caso de presunta corrupción urbanística. El candidato del PSOE guarda por ahora un significativo silencio.

Cuando Torrijos presentó su propuesta de expulsión de la política de cualquier imputado y cayó en la cuenta de que en su lista no estaba incluido ningún edil del PP sevillano, ironizó diciendo que “la vida es larga” y destacó que su moción al Pleno era la “prueba del algodón” del supuesto compromiso de los concejales de Zoido contra la corrupción. Poco podía imaginar que, como efectivamente la vida es larga, iba a ser él mismo quien se erigiera en  “la prueba del algodón” de IU.