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Una pregunta

papeleoA propósito del gerente de Urbanismo, Miguel Ángel Millán, que en relación con el caso Mercasevilla testificó ante la juez Mercedes Alaya que no había tenido tiempo de leerse los informes de los técnicos antes de la licencia (y resulta que el único que dijo haberse leído no existe según esos mismos técnicos), un lector ofrece su propio testimonio, al tiempo que pregunta: “Soy –dice- un humilde asesor de empresarios autónomos y “minipymes” (ya sabe: nóminas, seguros sociales, módulos, Ivas, declaraciones de Renta, etc…) que, junto a mi mujer (trabaja conmigo) en el año 2010 “hemos ganado” 16.000-17.000 euros mal contados (menos del 10% que el señor Millán), con despacho abierto trabajando de 9 a 14 y de 16 a 20 horas, de lunes a viernes; y en época de “puntas de faena”, también los sábados por la mañana. ¿Cuántos telediarios duraría nuestro despacho si “mi socia y yo” alegáramos falta de tiempo para leer legislaciones (Boe, Boja, Bop, convenios…), requerimientos de la AEAT, de la TGSS, de los Ayuntamientos, facturas, albaranes, correos electrónicos, etc?”.

Chungos de lectura

Celis

Celis

El entonces delegado de Presidencia del Ayuntamiento, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, arguyó allá por 2008 que el escándalo de las facturas falsas en el Distrito Macarena se había producido porque los concejales firmaban de manera habitual los documentos sin leérselos previamente. Para evitar la repetición de nuevos casos como aquél, Celis propugnó que buena parte de las competencias de los ediles fueran asumidas por los técnicos municipales. La consecuencia de tal propuesta era obvia: los políticos podrían eludir siempre cualquier tipo de responsabilidad (la política, valga la redundancia, y la jurídica) al invocar la delegación de sus facultades en los tecnócratas.

Esta filosofía en plan ‘reina pero no gobierna’ fue resumida por Monteseirín en su famosa frase de por qué nunca se enteraba de ningún escándalo en el Ayuntamiento: “Yo soy médico”.

SÓLO UNO DE CUATRO

Parafraseando a ‘Salvi’ Domínguez (aquel director general de Canal Sur que, obligado a comparecer ante el Parlamento, se salió por la tangente con una frase memorable por su descaro: “Señorías, estoy chungo de papeles”), el gerente de Urbanismo, Miguel Angel Millán, se ha confesado, al igual que Celis, chungo de lectura.

Miguel Angel Millán

Miguel Angel Millán

Citado por la juez Alaya como imputado en la rama urbanística del caso Mercasevilla, el gerente ha declarado que él “no puede estudiar los expedientes”, y que aunque disponía de cuatro informes sobre el asunto sólo se leyó uno de carácter recopilatorio, cuya existencia, para colmo, niegan los técnicos de Urbanismo.

Ahora, ha testificado que “si hubiera conocido tales informes sobre la ausencia de obras e infraestructuras eléctricas, hubiera ordenado la caducidad de la licencia”. Pero, ¿acaso no deben constar todos los informes en el expediente? Con lo cual cabe darle la vuelta al argumento del gerente: si se hubiera leído el expediente y todos los informes…..

Millán es uno de los ‘cienmileuristas’ municipales, con unos emolumentos anuales que en aquellas fechas rondaban los 170.000 euros, pero, al parecer, leerse los papeles no entra dentro de su sueldo.

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LECTURA ENOJOSA

La consejera de Hacienda y mano derecha de Griñán desde hace años, Carmen Martínez Aguayo, en su afán de colocarse como escudo humano de su jefe en el escándalo de los EREs, tuvo la ocurrencia de fotografiarse hace unos días ante una pila de archivadores que supuestamente contendrían los ciento y pico de informes que anualmente envía a su Departamento la Intervención General.

Carmen Martínez Aguayo

Carmen Martínez Aguayo

Recordarán que Intervención alertó en  2005, 2006 y 2007 a la Consejería, cuyo titular era por entonces Griñán, de que la de Empleo y el IFA/IDEA tramitaban  subvenciones excepcionales –a cuenta del ‘fondo de reptiles’ de los 647 millones de euros- prescindiendo de forma total y absoluta del procedimiento administrativo establecido por la Ley de Subvenciones. En al menos uno de esos informes, según ha denunciado el PP, se hacía constar expresamente que se le diera traslado al consejero, hoy presidente, José Antonio Griñán, conforme a lo estipulado por la ley (ese tipo de documentos han de dirigirse al titular de la Consejería). Aguayo, por entonces viceconsejera, ha tratado de actuar de cortafuegos de Griñán diciendo que era ella la que los recibía “de oficio”; que nunca se los entregó ni comentó porque no alertaban de ninguna irregularidad (¿?) y que ni siquiera ella misma  se los leyó al detalle, porque eran demasiados: ese centenar.

Osea, que la hoy consejera con fama entre las filas socialistas de altamente eficaz desde sus tiempos de gerente del SAS, también confiesa estar chunga de lectura y desbordada por el papeleo. Cien informes al año suponen uno cada tres días y aún sobran 65 jornadas. Un folio de esos informes redactados con un procesador de textos Microsoft Word –el más habitual- está compuesto por unas +/- 682 palabras según el número de párrafos, en familia tipográfica Times New Roman, cuerpo 12.

Un universitario normal lee al ritmo de 240 palabras/minuto. Una persona entrenada en la lectura de  papeles, como es el caso de Martínez Aguayo, debe ser capaz de leer a un ritmo de entre 800 y 1.500.

Suponiéndole tan sólo un ritmo de un folio por minuto, la consejera debería poder leerse en un día de trabajo 420 folios, pues para eso le pagan los contribuyentes. Dedicando sólo un día de cada tres a examinar documentos (el 27% de su tiempo laboral), podría leer al cabo del año 42.000 folios, y a buen seguro que habría tenido tiempo y capacidad sobrados para abarcar todos los informes, aunque fueran cien, de la Intervención, los más importantes para un alto cargo de la Hacienda autonómica.

‘CÓDIGO ROJO’

En línea con Celis y Millán, Aguayo también sostiene que en la Junta sólo se leen los documentos de Intervención si los técnicos los marcan con una especie de ‘código rojo’ o ‘informe de actuación’ sobre fraude o irregularidades contables, y que como no venían marcados con esa clave por tratarse sólo de una cuestión de procedimiento, acabaron en el Archivo.

Esa omisión del procedimiento a la que Aguayo no dio la más mínima importancia es la que, de momento, ha propiciado el escándalo de los EREs, con su secuela de prejubilaciones falsas y un desfalco de millones a la Hacienda andaluza.

Cabe preguntarse:

Si los informes de la Intervención no se los leen los consejeros que han de gobernar, ¿para qué sirve ese Departamento?

Si los consejeros sólo se leen los informes que expresamente tienen que indicarles los interventores y demás funcionarios en cada campo para que adopten decisiones de gobierno, ¿por qué no gobiernan los técnicos  y nos ahorramos a los políticos?

Remembranzas de Juan Guerra

Segundas acotaciones al escándalo de los EREs, del que, por lo que se vislumbra, sólo ha emergido la punta del iceberg:

Los “discordantes” de Recio: El consejero de Empleo ha acuñado un nuevo palabro eufemístico y se ha referido a los intrusos y/o falsos prejubilados en los EREs como “discordantes”.

Recio, tras investigar las prejubilaciones de 1.569 trabajadores en 35 empresas, dice que le salen 70 discordancias, osea, “un 0,04% frente al total”.

Manuel Recio

Manuel Recio

La Junta sólo ha investigado a 35 empresas de las 196 beneficiadas por el ‘fondo de reptiles’ (Guerrero dixit), osea, apenas el 17,85%. Asimismo, ha escrutado a 1.569 de los 25.000 trabajadores acogidos a los EREs en estos diez años. Suponen, pues, sólo el 6,27% del total. Y de los investigados, el 4,46% han cometido presuntas irregularidades. Si esta proporción se mantuviera en todos los EREs, las “discordancias” podrían ascender a  nada menos que 1.115.

Romería al despacho: Coincidiendo  con la comparecencia de Recio, El País publicó una entrevista con el director general de Trabajo durante nueve años, Francisco Javier Guerrero. Como dijo Valderas en el Parlamento, la entrevista no tenía desperdicio, porque a su manera Guerrero hacía su particular ‘Yo acuso’.

En la entradilla/síntesis, el diario afín hacía una descripción demoledora para el Gobierno andaluz: “Consejeros, delegados de la Junta, alcaldes, concejales, sindicalistas, empresarios….Al despacho de Javier Guerrero acudieron durante nueve años cargos de todo rango a pedir dinero del fondo para empresas en crisis”.

De golpe y porrazo parece como si nos hubiésemos retrotraído a los tiempos en que había otro despacho al que, con la excusa de los cafelitos, también acudían en peregrinación quienes buscaban intercesión para conseguir los favores del Poder: el de Juan Guerra.

Juan Guerra tomando un cafelito junto a su hermano Alfonso

Juan Guerra tomando un cafelito junto a su hermano Alfonso

Como Lopera, pero en la Junta: Guerrero afirma que los intrusos en los EREs no son tales, sino “criaturas necesitadas de ayuda sociolaboral que están desempleadas”. Las criaturas acogidas al seno de la Junta recuerdan a las ‘criaturitas’ de que hablaba Lopera en sus tiempos en el Betis, una denominación que denota una concepción paternalista, populista y clientelar.

El exdirector general olvida que el fin no justifica los medios y que si esas personas necesitaban auxilio, la Junta contaba con la Consejería de Asuntos Sociales. Llevando al extremo estas prácticas, ello equivaldría a solucionar el problema de los parados andaluces colándolos como intrusos en EREs. ¿Por qué esas ‘criaturas’ tenían que beneficiarse de un ERE y los demás desempleados andaluces no?

Normas reducidas a caprichos: Empleo acuñó en la práctica su propio principio: ‘Cuando se te interponga un obstáculo administrativo, sáltatelo’. Guerrero ha contado: “Como no podíamos estar al pairo de los caprichos del interventor”, el cual se negó a autorizar un pago equivalente a 900.000 euros de ahora, se decidió saltarse el procedimiento establecido, previa consulta con un bufete jurídico externo, Garrigues.

Lo lógico habría sido elevar una consulta a los Servicios Jurídicos centrales de la Junta, pero se habría corrido el riesgo de que su dictamen hubiera sido negativo y en tal caso ya no habría habido coartada para arbitrar un sistema fuera de control. Y esto era justamente de lo que se trataba, como denotan las palabras del exdirector general al calificar a la Intervención como un capricho en vez de cómo un fiscalizador del dinero público.

Sin coartada: Pensemos por un momento con lógica. ¿Es creíble la versión de la Junta de que un mero director general manejó 647 millones de euros a espaldas de los consejeros a cuyas órdenes estuvo y que éstos no supieran nada de ese fondo y sus manejos? En su testimonio, Guerrero desmonta en al menos cinco ocasiones  la coartada política de la Junta, cuando dice:

-Viera y Fernández nunca dijeron lo contrario. Nadie puso pegas a que una criatura solicitara lo mismo que los sindicatos o un colectivo.

-Teníamos consejo de dirección y siempre he dado cuenta de lo que hacía, como cualquier director general, porque no había nada ilegal.

-Ellos (Viera y Fernández) han tenido más interés o menos en función de la relación que tenían con las empresas. (Este aserto es toda una carga de profundidad, calificada por el PP en el Parlamento como “tráfico de influencias”).

Francisco Javier Guerrero

Francisco Javier Guerrero

-Hubo una segunda propuesta de Dhul que se habló con Fernández y éste dijo que no se daba más dinero.

-Los informes (negativos de la Intervención sobre el procedimiento de las ayudas) no me acuerdo cómo eran porque le llegan al consejero.

La contradicción de Griñán: Cuando Arenas sacó a colación en el Parlamento estas declaraciones, Griñán le reprochó que diera “más credibilidad a un imputado que a personas honorables”. ¿Acaso no es eso mismo lo que han hecho Griñán y el PSOE con Antonio Rivas, darle credibilidad,  pese a su imputación en una variante del caso Mercasevilla? Griñán ha defendido que permaneciera en su alto cargo de la Junta durante casi un año y luego lo ha mantenido otro año en cargos orgánicos, y a la hora de la verdad el PSOE no ha presentado ninguna acusación contra él.

Como en ‘Rebelión en la granja’, de Orwell, para Griñán y el PSOE todos los imputados son iguales, pero algunos son menos imputados que otros.

El intocable

mortadeloEl PSOE dice ahora que respalda la renuncia de Rivas a sus cargos orgánicos en el Comité Director, la Ejecutiva Provincial y la Dirección en Camas “para no erosionar el partido”. Osea, que lo estaba erosionando. Griñán incluso afirma que ve “perfecto” que haya asumido “su responsabilidad”. Osea, que la había. El problema es que Rivas ha tardado casi dos años en asumir esa supuesta responsabilidad y que en todo este tiempo el PSOE ha defendido su resistencia numantina a dimitir, primero como alto cargo de la Junta y luego como dirigente del partido, aunque estuviera tan imputado como Guerrero en el caso Mercasevilla. ¿Cómo es posible, sin caer en la esquizofrenia política, que se apoye por igual una cosa y la contraria: la obcecación en no dimitir y la dimisión misma? Por cierto, a Guerrero lo expulsaron de forma fulminante como presunto culpable y a Rivas lo han dejado caer, pero hay otro imputado en este escándalo que sigue tan campante en su puesto, entre pincelada y pincelada. ¿Será verdad que es intocable porque, como dicen las malas lenguas, sabe demasiado?

Acotaciones

Parafraseando a Wenceslao Fernández Flores, he aquí mis acotaciones como lector y oyente de cuanto se ha venido diciendo estos días sobre los EREs.

Camuflaje: Al rechazar en el Parlamento una comisión de investigación, Griñán dijo que las ayudas de la Junta han contribuido a mantener la actividad de empresas en crisis. Por su parte, Viera destacó en su rueda de prensa el empeño del Gobierno andaluz por “ayudar a las empresas en dificultades, al objeto de evitar que sus problemas tuviesen “un impacto laboral dramático”. Griñán y Viera reconocen que los 647 millones eran para EREs. Sin embargo, para justificar que ese dinero no pasara por el Consejo de Gobierno ni apareciese en el Boja, la Junta ha sostenido oficialmente que eran ayudas individuales a los trabajadores. Primera contradicción.

José Antonio Viera

José Antonio Viera

Excepción y regla: Viera, que ha dado varias versiones, defendió el libramiento de estos fondos al amparo de la Ley de Subvenciones y también dijo que las ayudas constituyen “subvenciones excepcionales a trabajadores”. Según algunas fuentes, en diez años se han beneficiado más de 25.000 andaluces, a un promedio de 25.000 euros por cabeza. Veinticinco mil no son una excepción sino una legión.

Tercera versión: Otra frase de Viera: “Las subvenciones a empresas tenían un recorrido y las ayudas individuales, otro”. Para conceder una ayuda individual, debe haber una solicitud previa. ¿Puede mostrar la Junta las 25.000 solicitudes de auxilio?

Y para dar una subvención a una empresa, se supone que debe mediar también una solicitud, convocatoria pública de ayudas y su publicación en el Boja. ¿Puede acreditar la Junta alguna de las tres circunstancias?

Paralalelismo: Las familias de las cinco víctimas del Bazar España recibieron cada una de ellas 72.000 euros del Ayuntamiento. Ana Albarrán ha recordado el procedimiento: en el mismo acto de firmar la solicitud, les dieron la ayuda solidaria/subvención. Primera observación: tuvieron que firmar una solicitud. ¿Han firmado los 25.000 subvencionados de los EREs?

Y con el tiempo, como era una ayuda/subvención individual, Hacienda les reclamó el pago del IRPF (¿un 40%?). ¿No habrían estado obligados a ese mismo pago  los subvencionados por la Junta? Salvo que lo de la subvención fuera una coartada del Gobierno andaluz para justificar la opacidad del procedimiento.

Sobreentendido: Empleo y el IFA firmaron un convenio mediante el cual se modificó el sistema por el que la Junta concedía las ayudas a los EREs: de subvenciones excepcionales con publicación en el Boja se convirtieron en transferencias de financiación de explotación. Esta semana, Mar Moreno ha declarado que al tratarse de un convenio con un ente instrumental propio de la Junta, no habría sido necesario el visto bueno de los Servicios Jurídicos, pero dio por sentado que contó con su aprobación.

Aquí no se da nada por sentado ni de pie. O tuvo la aprobación o no la tuvo. Y si la tuvo, ¿por qué la Junta no la enseña? ¿O es que no hubo tal aprobación, sino más bien vista gorda?

Deducción contraria: Si la consejera da por sentado que hubo un informe positivo de los Servicios Jurídicos, ¿por qué la Intervención General, dependiente de Griñán cuando consejero, lo cuestionó en 2005, 2006 y 2007?

Manuel Recio

Manuel Recio

Cambio de sistema: Si el procedimiento instaurado a raíz del convenio era perfectamente legal, ¿por qué el nuevo consejero, Manuel Recio, lo cambió apenas llegar a la Consejería? ¿Qué necesidad había? ¿O es que el escándalo del ERE de Mercasevilla estaba dejando en evidencia el sistema y había que reaccionar sobre la marcha?

Demasiadas coincidencias: Viera ha calificado de coincidencia el hecho de que fueran las mismas aseguradoras (Vitalia y Uniter) las que intermediaran en los EREs. Algo que se repite durante diez años es muchísimo más que una coincidencia: es una sospechosa contumacia con pinta de contubernio. ¿Por qué no se sacó a concurso público la prestación de este servicio?

Y si no se trataba más que de ayudas individuales, ¿qué necesidad había de intermediarios? ¿Y por qué aparecieron, si teóricamente no se sabía nada de que se estaban repartiendo 647 millones de euros al no haberse divulgado la concesión de ayudas a través del Boja? ¿Quién los puso sobre la pista del dinero?

A la calle: Viera ha dicho que confirmó a Francisco Javier Guerrero como director general de Trabajo por las llamadas de los agentes sociales y económicos, que le dieron magníficas referencias, y ha reclamado para él “la presunción de inocencia, que merece como cualquiera”. Primero lo expulsa del partido y luego va y pide presunción de inocencia (¿?).

La muerte de Sócrates por cicuta (Cuadro de David)

La muerte de Sócrates por cicuta (Cuadro de David)

Perejiles: El presidente del PSOE de Sevilla y de la Diputación, Villalobos, ha declarado por su parte que desde el punto de vista administrativo “no hay nada que objetar” al procedimiento de los EREs, pues en su opinión tenían “todos los parabienes y perejiles que deben tener”.

Aun así, ha justificado la expulsión de Guerrero del partido  y ha destacado que “nosotros, en menos de 24 horas, ponemos en su casa al presunto culpable”.

Atención a la perversión jurídica y del lenguaje: el presunto inocente según Viera pasa ‘ipso facto’ a ser presunto culpable según Villalobos, y expulsado en 24 horas sin siquiera trámite de audiencia. ¿Cómo sería la vida ordinaria si se trasladasen las prácticas internas del PSOE?

Y si, según Villalobos, el procedimiento tenía “todos los perejiles”, ¿de qué era culpable el exdirector general para su fulminante laminación interna?

A ver si va a resultar que en vez de perejil, el procedimiento cuestionado tanto por la Intervención General como por la Policía Judicial tenía en realidad cicuta, de similar aspecto, pero muy venenosa (causante, por ejemplo, de la muerte de Sócrates).

Tan venenosa que, si no le encuentran un antídoto a tiempo,  sus efectos tóxicos pueden ser letales para los socialistas en las próximas citas electorales.

El debate

debate2--478x270A Espadas le pasó con Monteseirín en el debate  entre los alcaldables lo mismo que a Recio con Viera y Fernández en el escándalo de los EREs y las falsas prejubilaciones. Ninguno de los dos ha puesto la mano en el fuego por su (s) antecesor(es), pero mientras el consejero de Empleo ha intentado al menos salirse por la tangente, Espadas acabó ante la ‘caja tonta’ (Giralda Tv) del ‘sin’ alcalde renegando de la era alfredista. Porque, ¿cómo defender al regidor bajo cuyo mandato se descubrió algo tan falso como las prejubilaciones de Mercasevilla, las facturas falsas del caso Macarena? ¿O el dispendio del nuevo estadio ‘olímpico’ en forma de setas en la Encarnación, que supera  con creces los 100 millones de euros? Recordarán que durante el fin de semana, en la convención del PSOE, Chaves dijo que la gestión de Monteseirín quedaría en la historia milenaria de la ciudad. ¿Mil años? Tan sólo 72 horas después, Espadas se desmarcó de Monteseirín sin defender su legado. Antes de que cante el gallo del 22-M, Espadas ya ha negado a Alfredo. Y no creo que sea la última vez.

El ‘EREgate’

Mar Moreno

Mar Moreno

La Junta de Andalucía, por boca de Mar Moreno, consejera de Presidencia y portavoz, ha tratado de reducir el escándalo de las falsas prejubilaciones según el ‘modus operandi’ de Mercasevilla (39 detectadas hasta ahora), a una mera discrepancia en el procedimiento para el reparto de 647 millones de euros en casi un decenio. Conforme a su tesis, “si alguien se salta los controles no es una falta de control”.

El procedimiento, esa discrepancia aparentemente menor, es justamente la cuestión, como el ser o no ser shakesperiano. Si no fuera así, no existiría una ley de Procedimiento Administrativo que hunde sus raíces en la de 1958, aún en plena Dictadura.

Según una definición de perogrullo  y de manual universitario, el procedimiento es el modo en que deben producirse los actos de la Administración y su importancia no es menor, sino esencial.

La Consejería de Empleo omitió la primera norma del Derecho Administrativo, salvo que me corrija el profesor Clavero: la Administración debe adecuar su actuación a unas reglas preestablecidas para, por una parte, evitar posibles conductas arbitrarias y, por otra, conseguir una mayor eficacia. De esta forma, el procedimiento supone una doble garantía: para la recta consecución de los intereses generales del modo más eficaz y para los derechos e intereses de los administrados.

BURLA

Si el procedimiento fuera una cuestión al albur del consejero de turno no merecería hasta un artículo de nuestra Constitución, que establece: la ley regulará “el procedimiento a través del cual deben producirse los actos administrativos”. Y entre los principios generales por los que debe regirse destacan los de transparencia, publicidad y participación.

En esencia, ¿qué hizo la Consejería de Empleo a partir de 2001? Dotarse de una pauta al margen del procedimiento establecido en la Ley General de la Hacienda Pública, sin transparencia (la mayoría del dinero se repartió a espaldas del Consejo de Gobierno), ni publicidad (sus acuerdos, totalmente discrecionales a la hora de favorecer a unas empresas y no a otras, con lo que incluso pudo distorsionar el mercado, no se publicaban en el Boja).

BojaSabemos de casos en que era la propia Consejería la que, para agradable sorpresa del empresario estratégicamente ‘tocado’, ofrecía subvencionar un expediente de regulación de empleo, ERE camuflado como ayuda individual a los trabajadores. Esta calificación fue defendida a capa y espada por Mar Moreno para justificar que no aparecieran en el Boletín Oficial. Y por eso el informe de la Policía Judicial  refleja que gracias a la firma de un acuerdo entre la Dirección General de Trabajo y el IFA (ahora IDEA), este último se convirtió en el pagador de las subvenciones, con lo que se evitaron los controles y fiscalización de este tipo de libramientos.

Mediante esta vulneración del procedimiento se burló, a juicio de la Policía Judicial,  la ley de Hacienda. Prueba de ello es que no consta en los expedientes ni una sola solicitud de ayuda por parte de las empresas beneficiadas. Si no había solicitud alguna, eso significa que se creó el instrumento para repartir arbitrariamente 647 millones de euros.

LA ‘AGILIDAD’

La coartada  para prescindir del procedimiento administrativo la dio Mar Moreno en su  comparecencia pública sobre los 37 nuevos falsos prejubilados: “aportar agilidad”. El mismo pretexto usado para la creación de la llamada ‘Administración paralela’ de la Junta: como por los controles garantistas que impone el Derecho Administrativo las Consejerías son lentas y burocráticas, se monta una red de empresas ‘agiles’ que permita tener manos libres y, de paso, ‘cementerios de elefantes’ donde colocar a los afines. De esos polvos vienen estos lodos.

Pese al escándalo que estamos viviendo, Mar Moreno ha dicho, impertérrita, que con el método arbitrario ideado por la Consejería de Empleo “se favorecía el adelanto de recursos sin esperar a los Presupuestos, y que (atención) se va a seguir haciendo”.

¿Y qué recursos había que adelantar, si según la Policía Judicial no consta solicitud de ayuda por empresa alguna? ¿Dónde está la urgencia? ¿Por qué saltarse entonces el procedimiento y el Derecho Administrativo?

DECISIÓN ‘POLÍTICA’

Se da la circunstancia de que con el actual presidente de la Junta, José Antonio Griñán, de consejero de Economía y Hacienda (2004-2008), la Intervención General cuestionó por tres veces (años 2005, 2006 y 2007) el arbitrario método implantado por la Consejería de Empleo pero, como ha reconocido la propia Mar Moreno en su rueda de prensa, aquél se mantuvo “por una decisión técnica y política”.

Más claro, agua. La Intervención General de la Junta, a las órdenes por entonces de Griñán, dio la voz de alarma, pero hubo una decisión “política” (¿quién la avaló?) de mantener un sistema ajeno al procedimiento administrativo y que ha propiciado tal cantidad de falsas prejubilaciones.

Richard Nixon

Richard Nixon

Cuando Nixon dimitió por el caso Watergate, dijo que más que por el asunto puntual del intento de espionaje al partido rival por los falsos fontaneros en el hotel del mismo nombre, lo hacía por haber permitido que se crearan las condiciones para que se produjera aquel escándalo que puso fin a una era de la política norteamericana.

En Andalucía, pese a que con el ‘EREgate’ se han dado también las condiciones propicias para el escándalo de las falsas prejubilaciones por una decisión política (Mar Moreno ‘dixit’) de ‘sostenella y no enmendalla’, ni siquiera se ha creado una comisión de investigación en el Parlamento.

Será que Andalucía es diferente.

El ERE y yo

Mar Moreno y Manuel Recio

Mar Moreno y Manuel Recio

Sabido es que el nuevo PSOE se forjó en un despacho laboralista de Capitán Vigueras. Salvo el teatrero Alfonso Guerra, los próceres del neosocialismo se precian de ser expertos en Derecho Laboral, desde Felipe González hasta Pepe Griñán (inspector de Trabajo), pasando por Escuredo y Chaves. Este le debe a Federico Durán el favor de que su plaza como ‘profe’ en la materia se la trasladara desde el País Vasco a Andalucía. Los discípulos de esta escuela sevillana del Derecho juran que no hay un fondo de reptiles en la Junta para untar a empresas amigas, porque en realidad la pasta no se repartió a los EREs de Mercasevilla, Río Grande, Egmasa, Hitemasa…, sino a los trabajadores a título individual. ¿Y por qué he de dudar yo de la palabra de esos sabios? No dudo, sino que la hago mía. Aviso a navegantes: voy a presentar en la ventanilla de la Junta un expediente de regulación de empleo de mí mismo, un ERE unipersonal. Albergo la secreta esperanza de trincar al menos las migajas de esos 647 millones que ni pasan por el Consejo de Gobierno ni se publican en el Boja.

Almas muertas, almas vivas

Nikolai Gogol

Nikolai Gogol

Ivanovich Chichikov (Pavel)  es el protagonista de ‘Almas muertas’, obra de Nikolai Gogol, considerado el precursor de la gran novela rusa moderna. En este libro,  en el que los críticos  encuentran reminiscencias del Quijote, Chichikov piensa que carecer de suficientes siervos a su servicio, por falta de dinero y de tierras para mantenerlos,  le resta categoría en el mundo burgués en el que se desenvuelve.

Y se le ocurre una solución: ya que muchos terratenientes poseedores de ‘esclavos’ no los dan de baja del censo cuando mueren, porque la notificación del deceso les obliga al pago de impuestos, él compraría los títulos de propiedad de estas almas muertas para así poder lucirlos como signo de estatus social.

A tal efecto va recorriendo Rusia en su destartalado coche de caballos. Los grandes propietarios, aunque extrañados al principio por la índole del negocio que les propone, acaban aceptando, encantados de ahorrarse un dinero ante el Fisco. El viaje de Chichikov  por las heladas estepas es convertido por Gogol en una excusa para hacer una radiografía social de ese inmenso país a caballo entre Europa y Asia.

FALSOS PENSIONISTAS

Una pluma como la del gran autor ruso hallaría hoy motivo de inspiración para otra novela que fuera el retrato de una época y la radiografía de Andalucía a partir del caso Mercasevilla, donde, al contrario que en ‘Almas muertas’, se engordan las prejubilaciones de los expedientes de regulación de empleo con almas aún vivas  y pese a que jamás han tenido relación laboral alguna con la empresa municipal hispalense.

En el ERE del año 2003 fue incluida Carmen González, que nunca tuvo vinculación con Mercasevilla. Y ahora se descubre que la misma señora aparece como por arte de magia en el expediente promovido en 2005 por el restaurante Río Grande, pese a que tampoco trabajó allí nunca. Por tanto, alguien ha percibido en su nombre durante 8 y 6 años, respectivamente, una falsa prejubilación a cuenta del erario público.

Son 14 años, justamente los mismos que un vecino de Sanlúcar la Mayor, detenido hace cuatro días por la Policía, llevaba cobrando la pensión de un ‘alma muerta’: la de la tía de su esposa., aparentemente viva para la cuenta del banco donde ingresaba los pagos la Seguridad Social porque nunca notificó su muerte, como los terratenientes de la novela de Gogol pero por motivos opuestos: no para no pagar al Fisco, sino para que el Fisco le pagara a él. La picaresca andaluza incluso supera a la fabulación del gran escritor ruso.

INSPECCIONES INEFICACES

Volviendo a Mercasevilla, a la falsa prejubilada Carmen Fontela hay que unir el nombre de un dirigente del PSOE de Baeza, Antonio Garrido, también incluido en un ERE cuando jamás trabajó en la empresa municipal sevillana, y el de cinco operarios más que ni siquiera tenían la edad reglamentaria.

Tal como ha planteado en su brillante investigación el compañero Sebastián Torres, resulta cuando menos sorprendente que ni la Delegación Provincial de la Consejería de Empleo ni la Inspección de Trabajo detectaran estas irregularidades, pese a que las vidas laborales de los prejubilados deben incorporarse a los informes de los ERE.

Viera y, a su derecha, Fernández

Viera y, a su derecha, Fernández

Es evidente, pues, la existencia de, como mínimo, un descontrol administrativo, laxitud favorecida por la firma en 2001 de un convenio entre la Consejería de Empleo, cuyo titular era por entonces José Antonio Viera –hoy secretario provincial del PSOE-, y el IFA, dirigido por Antonio Fernández, posterior titular del Departamento –acogido a otro ERE en una bodega de Jerez cuando aún era consejero-.

Un convenio que permitió soslayar la normativa imperante en materia de subvenciones, con lo que los más de 600 millones de euros destinados por la Junta en el último decenio a EREs de empresas en crisis no habrían pasado por el Consejo de Gobierno ni sido publicados en el BOJA. De facto se otorgó un poder discrecional para manejar esa ingente cantidad de dinero, de ahí que la juez Alaya haya exigido ahora al Gobierno autónomo información sobre los criterios que ha seguido en la concesión de ayudas sociolaborales desde 2002.

CONSEJERÍA BAJO SOSPECHA

Parafraseando a Monteseirín en su famosa campaña electoral sobre el Urbanismo, toda la política laboral de la Junta está bajo sospecha, por lo que el PP no ha dudado en poner en su punto de mira al líder de los socialistas sevillanos, José Antonio Viera, al que ha calificado como el inventor del sistema con el que se habrían burlado los procedimientos reglados, esenciales en una Democracia, tal como sostenía Olivencia frente a Pellón cuando era el comisario general de la Exposición Universal de 1992 y el ingeniero cántabro quería regirse sólo por el principio de eficacia al margen de cualquier fiscalización.

El caso Mercasevilla demuestra que ni siquiera hace falta gobernar a golpe de Boletín Oficial, porque hasta el Boja ha sido omitido en el manejo de cantidades multimillonarias. La Junta de Andalucía no sólo ha creado una Administración paralela mediante una trama de sociedades y empresas ajenas a las luces y los taquígrafos del Parlamento, sino también unas pautas paralelas y ajenas a la norma digamos, aunque sea redundante, legal.

Una pauta en la que el descontrol es la norma, porque sólo así es posible asignar en EREs como el de Mercasevilla y el de Río Grande cientos de miles de euros a ‘almas’ que, al contrario de las de la novela de Nikolai Gogol, no estaban precisamente muertas, sino demasiado vivas.

Desprecio

El (sin) alcalde, que desvió 172 millones a las setas y otros delirios arquitectónicos para que además de la cotidianidad la posteridad lo tome por loco, el (sin), decía, hizo en plan trilero  que ese dinero del PGOU para los sistemas generales de los futuros barrios acabara en el Metropol & Cía. Ahora ha  tenido que entonar un ‘mea culpa’ en forma de pacto con los señores del ladrillo,  para que no lo lleven directamente al Juzgado de Guardia. Para representarle en la negociación, el (sin) nombró a su valido Marchena, acostumbrado a disfrutar de gañote  de pinceladas de mariscos al centro con los constructores, por aquello de su época de gerente de Urbanismo. Pero para su escarnio, y sorpresa de Monteseirín, los ladrilleros reclamaron otro interlocutor porque ya no le aguantan ni mijita sus modos matoniles. El desprecio de sus antiguos comensales ha sido un duro golpe a su vanidad. Y es que el valido ya no asusta a nadie desde que lo imputaron en Mercasevilla y los reyes magos le echaron carbón en el Ateneo. Como cantaba Dylan, los tiempos están cambiando.