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Chaves

El debate abierto por Chaves con su frase “si un director general quiere robar, roba”, en relación con los ERE, nos retrotrae a la preExpo y la tensión entre Pellón y Olivencia. El comisario, catedrático de Derecho, era denostado por su excesivo rigor reglamentista y celo con las contrataciones, que incluían su supervisión por una Auditoría Interna, amén de la Externa ‘a posteriori’, mientras que para Pellón lo importante era hacer las obras aun saltándose los procedimientos, para llegar al día inaugural. Olivencia, pues, creó las condiciones para que quien quisiera robar lo tuviera lo más difícil posible y si aun así robaba, pudiera ser identificado durante o después del robo. Por éso no se le recuerdan escándalos en sus años de comisario, frente a lo que relució después, cuando ya él no estaba y se habían anulado o relajado los controles. Nixon dijo que dimitía no por haber dado la orden de espiar en el Watergate, sino por haber permitido que se dieran las condiciones para aquel espionaje. Los EREs son el Watergate de Chaves: él, con su descontrol, los propició.

 

Armstrong bis

El jurado ha declarado culpable de cohecho en el caso Mercasevilla al exdelegado de Empleo de la Junta, Antonio Rivas, una sentencia pendiente de ratificación por el juez y por las instancias judiciales superiores en la hipótesis de que sea recurrida. Si se confirmara, sería el primer alto cargo condenado por corrupción en los 30 años de historia de la Junta y se desmontaría el argumento de Griñán en contrario, eso de que jamás se había producido tal circunstancia. Lo significativo es que ahora tanto la Junta como el PSOE reniegan de Rivas y subrayan que ya no vive allí: dimitió de su puesto de alta responsabilidad y entregó el carné de militante, cuando su condena deriva justamente de sus actuaciones cuando era director general de la Consejería afectada por el escándalo de los EREs (Griñán lo mantuvo en el puesto aun estando imputado, en contra de su doctrina al respecto) y hombre fuerte del partido en Camas y de confianza de Viera cuando éste ocupaba la Secretaría General. A Rivas quiere hacerle el PSOE lo mismo que la UCI a Armstrong: borrarlo de la historia.

 

Los EREs, una excepción hecha regla

El exconsejero de Empleo y secretario general del PSOE de Sevilla, José Antonio Viera, esgrimió en su reciente rueda de prensa la ley 38/2003 General de Subvenciones para defender el procedimiento empleado por la Junta de Andalucía en el reparto de los 647 millones de euros para subvencionar prejubilaciones en EREs de los últimos diez años. Según Viera, ese dinero eran “subvenciones excepcionales a trabajadores” que podían acogerse a dicha ley, pero en la práctica el Gobierno andaluz incumplió, presuntamente,  sus disposiciones.

José Antonio Viera

José Antonio Viera

La exposición de motivos de esta norma deja ya muy claro que las subvenciones del sector público no pueden otorgarse graciosa y discrecionalmente, sino que han de responder a demandas sociales y económicas de personas y entidades públicas o privadas, osea, previa solicitud de los interesados. Asimismo, el dinero de las ayudas no debe contribuir a engordar el déficit público, al estar sometido a las directrices de la ley de Estabilidad.

Como es sabido, los 647 millones de euros ni pasaron por el Consejo de Gobierno ni por las páginas del Boja, lo que presuntamente supondría un  incumplimiento de la ley invocada por Viera, la cual establece lo siguiente: “Los órganos administrativos concedentes publicarán en el diario oficial correspondiente, y en los términos que se fijen reglamentariamente, las subvenciones concedidas, con expresión de la convocatoria, el programa, crédito presupuestario al que se imputen, beneficiario, cantidad concedida y finalidad o finalidades” (Artículo 18). No será necesaria la publicación en el Boja cuando las ayudas, individualmente consideradas, sean inferiores a 3.000 euros, pero en ese supuesto deberá preverse la utilización de otros procedimientos que, de acuerdo con sus especiales características, cuantía y número, aseguren la publicidad de los beneficiarios de las mismas. Si la Junta hubiera atendido este mandato legal, habría propiciado que afloraran desde el principio los intrusos detectados al cabo de los años y a raíz de estallar el caso Mercasevilla.

Todavía más. La ley especifica en su artículo 20 la obligación de crear una base de datos de ámbito nacional que contendrá información relevante sobre todas las subvenciones concedidas: bases reguladoras, convocatorias, identificación de los beneficiarios, subvención otorgada y efectivamente percibida y otros extremos.

Las subvenciones previstas en la ley no tienen una finalidad asistencial, como ha defendido la Junta. Al contrario: deben ser incentivadoras de actividad económica y no causar distorsiones ni interferencias en el mercado. La norma establece asimismo un sistema de seguimientos, a través del control y la evaluación de objetivos y de las conductas fraudulentas (artículos 32 y 44), algo que a la vista de lo ocurrido con las falsas prejubilaciones descubiertas al cabo de los años ha brillado por su ausencia en la Junta de Andalucía. Por eso, en el texto publicado en el Boletín Oficial del Estado el 18 de noviembre de 2003, también se prevé la exigencia del reintegro de las subvenciones cobradas de forma ilegal y la imposición de sanciones a los defraudadores.

PUBLICIDAD Y TRANSPARENCIA

Tomando como referencia la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, esta ley especifica en su exposición de motivos los principios que han de informar la gestión de las subvenciones: igualdad, publicidad, transparencia, objetividad, eficacia y eficiencia (artículo 8.3). Unos principios que contrastan con el oscurantismo practicado por el Gobierno andaluz, que ha defendido la exención de publicitarlas en boletín oficial.

También hay párrafos que parecen pensados para prever la aparición de conseguidores, intermediarios y brokers, como los que han actuado en la tramitación de los EREs o, según Viera y Mar Moreno, ayudas a título meramente individual a los trabajadores: “Cuando en la gestión y distribución de los fondos públicos participen entidades colaboradoras, se exige, en todo caso, la formalización de un convenio de colaboración….Cuando la entidad colaboradora sea de derecho privado, su selección deberá realizarse de acuerdo con los principios de publicidad, concurrencia y objetividad”.

Mar Moreno

Mar Moreno

Los artículos 22 y 23 de la ley regulan el procedimiento de concesión de subvenciones, bajo el principio de ‘concurrencia competitiva’, previa convocatoria y bases reguladoras elaboradas por un órgano colegiado: se comparan las solicitudes presentadas y se establece una prelación entre las mismas de acuerdo con los criterios de valoración fijados de antemano. Y he aquí el párrafo al que presumiblemente se acoge la Junta: sólo podrán concederse de forma directa y con carácter excepcional subvenciones cuando se acrediten razones de interés público, social, económico o humanitario, u otras debidamente justificadas que dificulten su convocatoria pública., pero ajustándose a una cuantía económica. La norma habla del carácter excepcional, una excepcionalidad que contrasta con los 25.000 subvencionados, pero no exime de que se conozca públicamente sus beneficiarios, salvo también en circunstancias excepcionales que no parece el caso.

El procedimiento para la concesión de subvenciones se inicia siempre de oficio y mediante convocatoria aprobada por el órgano competente, que tendrá necesariamente el siguiente contenido: disposición que establezca las bases reguladoras y diario oficial en que está publicada; créditos presupuestarios a los que se imputa la subvención y cuantía total máxima dentro de los créditos disponibles, objeto, régimen de concurrencia competitiva, requisitos y forma de acreditarlos, plazos, documentación que debe acompañar a la solicitud….

Compárense estas exigencias con el procedimiento seguido por la Junta, donde el IFA, pagador de las subvenciones tras el acuerdo con la Consejería de Empleo, llegó a acumular desfases presupuestarios cercanos a los 30 millones de euros y que hubo que compensar en ejercicios posteriores.

ns/nc

ministra-lipasam--644x362El título evoca las abreviaturas de las encuestas: no sabe/no contesta. Monteseirín es un ns/nc, según su autodefinición  ante los periodistas que fueron a  la inauguración del centro de limpieza de Lipasam en el telecabina de la Expo. El (sin) se negó a responder a los plumillas que le pusieron la libreta, la alcachofa o la grabadora por delante, y se limitó a decir: “Os tenéis que ir acostumbrando a que no conteste”. No, si ya estábamos. Cada vez que olía a chamusquina, Alfredo salía corriendo o se escondía, dada su natural propensión a tomar las de Villadiego. Y ahora huele a la chamusquina de los EREs sin luz ni taquígrafos, como el sistema opaco que él impuso  en el Consejo de Mercasevilla al quitarse del medio a la Oposición. ¿Y por qué le preguntamos, si es un cadáver político desde el teletipo de Europa Press y lo que diga no le  importa a nadie? ¿Y para qué vamos a sus actos, si ni habla? A lo largo de 12 años, Monteseirín ha acreditado que no sabe. Ahora, él mismo ha despejado la segunda incógnita. El (sin) alcalde de Sevilla, ni sabe, ni contesta.

Acotaciones

Parafraseando a Wenceslao Fernández Flores, he aquí mis acotaciones como lector y oyente de cuanto se ha venido diciendo estos días sobre los EREs.

Camuflaje: Al rechazar en el Parlamento una comisión de investigación, Griñán dijo que las ayudas de la Junta han contribuido a mantener la actividad de empresas en crisis. Por su parte, Viera destacó en su rueda de prensa el empeño del Gobierno andaluz por “ayudar a las empresas en dificultades, al objeto de evitar que sus problemas tuviesen “un impacto laboral dramático”. Griñán y Viera reconocen que los 647 millones eran para EREs. Sin embargo, para justificar que ese dinero no pasara por el Consejo de Gobierno ni apareciese en el Boja, la Junta ha sostenido oficialmente que eran ayudas individuales a los trabajadores. Primera contradicción.

José Antonio Viera

José Antonio Viera

Excepción y regla: Viera, que ha dado varias versiones, defendió el libramiento de estos fondos al amparo de la Ley de Subvenciones y también dijo que las ayudas constituyen “subvenciones excepcionales a trabajadores”. Según algunas fuentes, en diez años se han beneficiado más de 25.000 andaluces, a un promedio de 25.000 euros por cabeza. Veinticinco mil no son una excepción sino una legión.

Tercera versión: Otra frase de Viera: “Las subvenciones a empresas tenían un recorrido y las ayudas individuales, otro”. Para conceder una ayuda individual, debe haber una solicitud previa. ¿Puede mostrar la Junta las 25.000 solicitudes de auxilio?

Y para dar una subvención a una empresa, se supone que debe mediar también una solicitud, convocatoria pública de ayudas y su publicación en el Boja. ¿Puede acreditar la Junta alguna de las tres circunstancias?

Paralalelismo: Las familias de las cinco víctimas del Bazar España recibieron cada una de ellas 72.000 euros del Ayuntamiento. Ana Albarrán ha recordado el procedimiento: en el mismo acto de firmar la solicitud, les dieron la ayuda solidaria/subvención. Primera observación: tuvieron que firmar una solicitud. ¿Han firmado los 25.000 subvencionados de los EREs?

Y con el tiempo, como era una ayuda/subvención individual, Hacienda les reclamó el pago del IRPF (¿un 40%?). ¿No habrían estado obligados a ese mismo pago  los subvencionados por la Junta? Salvo que lo de la subvención fuera una coartada del Gobierno andaluz para justificar la opacidad del procedimiento.

Sobreentendido: Empleo y el IFA firmaron un convenio mediante el cual se modificó el sistema por el que la Junta concedía las ayudas a los EREs: de subvenciones excepcionales con publicación en el Boja se convirtieron en transferencias de financiación de explotación. Esta semana, Mar Moreno ha declarado que al tratarse de un convenio con un ente instrumental propio de la Junta, no habría sido necesario el visto bueno de los Servicios Jurídicos, pero dio por sentado que contó con su aprobación.

Aquí no se da nada por sentado ni de pie. O tuvo la aprobación o no la tuvo. Y si la tuvo, ¿por qué la Junta no la enseña? ¿O es que no hubo tal aprobación, sino más bien vista gorda?

Deducción contraria: Si la consejera da por sentado que hubo un informe positivo de los Servicios Jurídicos, ¿por qué la Intervención General, dependiente de Griñán cuando consejero, lo cuestionó en 2005, 2006 y 2007?

Manuel Recio

Manuel Recio

Cambio de sistema: Si el procedimiento instaurado a raíz del convenio era perfectamente legal, ¿por qué el nuevo consejero, Manuel Recio, lo cambió apenas llegar a la Consejería? ¿Qué necesidad había? ¿O es que el escándalo del ERE de Mercasevilla estaba dejando en evidencia el sistema y había que reaccionar sobre la marcha?

Demasiadas coincidencias: Viera ha calificado de coincidencia el hecho de que fueran las mismas aseguradoras (Vitalia y Uniter) las que intermediaran en los EREs. Algo que se repite durante diez años es muchísimo más que una coincidencia: es una sospechosa contumacia con pinta de contubernio. ¿Por qué no se sacó a concurso público la prestación de este servicio?

Y si no se trataba más que de ayudas individuales, ¿qué necesidad había de intermediarios? ¿Y por qué aparecieron, si teóricamente no se sabía nada de que se estaban repartiendo 647 millones de euros al no haberse divulgado la concesión de ayudas a través del Boja? ¿Quién los puso sobre la pista del dinero?

A la calle: Viera ha dicho que confirmó a Francisco Javier Guerrero como director general de Trabajo por las llamadas de los agentes sociales y económicos, que le dieron magníficas referencias, y ha reclamado para él “la presunción de inocencia, que merece como cualquiera”. Primero lo expulsa del partido y luego va y pide presunción de inocencia (¿?).

La muerte de Sócrates por cicuta (Cuadro de David)

La muerte de Sócrates por cicuta (Cuadro de David)

Perejiles: El presidente del PSOE de Sevilla y de la Diputación, Villalobos, ha declarado por su parte que desde el punto de vista administrativo “no hay nada que objetar” al procedimiento de los EREs, pues en su opinión tenían “todos los parabienes y perejiles que deben tener”.

Aun así, ha justificado la expulsión de Guerrero del partido  y ha destacado que “nosotros, en menos de 24 horas, ponemos en su casa al presunto culpable”.

Atención a la perversión jurídica y del lenguaje: el presunto inocente según Viera pasa ‘ipso facto’ a ser presunto culpable según Villalobos, y expulsado en 24 horas sin siquiera trámite de audiencia. ¿Cómo sería la vida ordinaria si se trasladasen las prácticas internas del PSOE?

Y si, según Villalobos, el procedimiento tenía “todos los perejiles”, ¿de qué era culpable el exdirector general para su fulminante laminación interna?

A ver si va a resultar que en vez de perejil, el procedimiento cuestionado tanto por la Intervención General como por la Policía Judicial tenía en realidad cicuta, de similar aspecto, pero muy venenosa (causante, por ejemplo, de la muerte de Sócrates).

Tan venenosa que, si no le encuentran un antídoto a tiempo,  sus efectos tóxicos pueden ser letales para los socialistas en las próximas citas electorales.

El debate

debate2--478x270A Espadas le pasó con Monteseirín en el debate  entre los alcaldables lo mismo que a Recio con Viera y Fernández en el escándalo de los EREs y las falsas prejubilaciones. Ninguno de los dos ha puesto la mano en el fuego por su (s) antecesor(es), pero mientras el consejero de Empleo ha intentado al menos salirse por la tangente, Espadas acabó ante la ‘caja tonta’ (Giralda Tv) del ‘sin’ alcalde renegando de la era alfredista. Porque, ¿cómo defender al regidor bajo cuyo mandato se descubrió algo tan falso como las prejubilaciones de Mercasevilla, las facturas falsas del caso Macarena? ¿O el dispendio del nuevo estadio ‘olímpico’ en forma de setas en la Encarnación, que supera  con creces los 100 millones de euros? Recordarán que durante el fin de semana, en la convención del PSOE, Chaves dijo que la gestión de Monteseirín quedaría en la historia milenaria de la ciudad. ¿Mil años? Tan sólo 72 horas después, Espadas se desmarcó de Monteseirín sin defender su legado. Antes de que cante el gallo del 22-M, Espadas ya ha negado a Alfredo. Y no creo que sea la última vez.

Preguntas sin respuestas

Del urbanismo bajo sospecha acuñado por Monteseirín hemos pasado a la política laboral de la Junta bajo sospecha. El escándalo de Mercasevilla, que suma y sigue con el insólito descubrimiento de una caja fuerte secreta en un armario de la Consejería de Empleo, ha sembrado un campo de minas en forma de dudas sobre la gestión de este Departamento, cuyo exdelegado provincial, Antonio Rivas, está  imputado en el caso y donde nadie sabe a ciencia cierta quién autorizó la inclusión en los polémicos EREs de falsos prejubilados como el dirigente socialista de Baeza y de contratados ‘ad hoc’ para beneficiarse de generosas jubilaciones con dinero público.

Si al cabo de los años se ha descubierto que los EREs de Mercasevilla están plagados de irregularidades, ¿cómo no sospechar con fundamento que no haya podido ocurrir lo mismo en otros expedientes tramitados por una Consejería que por ende tiene sobre ella la mirada del casi millón de andaluces en el paro?

MIRANDO EN LOS ARMARIOS

La consejera de Presidencia y portavoz de la Junta de Andalucía, Mar Moreno, y la de Agricultura, Clara Aguilera, han declarado que ellas no tienen cajas fuerte secretas como  la Consejería de Empleo. ¿Y cómo lo saben? O si lo saben, cabe inferir de sus palabras que habrán ordenado un registro interno para asegurarse, ya que su colega de Empleo, Manuel Recio, descubrió fortuitamente dos meses después de su toma de posesión la caja camuflada en un armario y de la que nadie tenía noticia.

Y al igual que Mendelssohn escribió las canciones sin palabras, aquí cabe escribir muchas preguntas aún sin respuestas. ¿Cómo se pudo camuflar la caja sin que ningún funcionario advirtiera los trabajos para su instalación? ¿Pasó inadvertida porque se introdujo en la Consejería embalada como si fuera un ordenador? ¿Cómo pasaron con ella los controles de seguridad sin que su aspecto en la pantalla provocara sospecha alguna del vigilante de turno? ¿No se disparó ninguna alarma por los kilos de metal que se estaban introduciendo? ¿Y en calidad de qué se presentaron a sí mismos quienes acudieron a montarla dentro del armario, para lo cual debieron cargar con el instrumental adecuado? ¿Como ‘fontaneros’, similares a aquellos del escándalo Watergate?

¿Trabajaron en el horario laboral habitual, con lo que habrían coincidido con los funcionarios como incómodos testigos, o se presentaron a horas intempestivas para que no los viera nadie? ¿Quién les abrió entonces la puerta?

LA DETERMINACIÓN

Mar Moreno dice que todavía no tiene claro si es normal o no que en la sala anexa al despacho del consejero de Empleo hubiera una caja fuerte secreta. Si es normal que haya secretos que custodiar en cajas acorazadas , ¿por qué entonces el sucesor de Antonio Fernández, el ya exconsejero ilocalizable cuando la juez pregunta por él, llamó a la Policía Autonómica para que la abriera y no dio cuenta de la misma a la magistrada encargada del caso Mercasevilla? ¿Por qué mantuvo en secreto la operación de apertura de la caja secreta?

Manuel Recio dice haber abierto una investigación interna sobre los EREs de Mercasevilla.  ¿Por qué no ha hecho lo mismo sobre quién, cómo, cuándo y por qué ordenó comprar e instalar la caja acorazada? ¿No está acaso la factura de compra en Intervención? ¿Cuánto costó? ¿Qué fabricante la suministró?

La portavoz del Gobierno también imagina que se habrá determinado el montaje de la caja secreta por razones de seguridad. Para empezar, ¿quién lo determinó? Porque si era una cuestión de seguridad, lo lógico habría sido aconsejarse por la Policía Autonómica, la misma en que se pensó a la hora de abrirla y que tampoco sabía de su existencia.  ¿Lo determinó acaso una empresa privada previo pago de los correspondientes emolumentos? Y si lo determinó una empresa privada, ¿se contrató el servicio mediante concurso público o se adjudicó a dedo?

LA VERSIÓN OFICIAL

¿Y qué razones de seguridad se dan en la Consejería de Empleo para que tenga una caja fuerte secreta camuflada que no se dan en otras consejerías para que éstas no dispongan de un equipamiento tan ‘sui generis’? ¿No se dan ‘a priori’ más razones de seguridad en la Consejería de Gobernación, equivalente en plan doméstico al Ministerio del Interior? ¿O en la Consejería de Justicia, por  su propia naturaleza? ¿Por qué no tienen entonces cajas fuertes secretas en los armarios? ¿O sí las tienen y también guardan silencio?

¿Qué había que custodiar en la caja acorazada de Empleo? ¿Papeles secretos en plan Wikileaks o dinero contante y sonante al margen de las cuentas bancarias oficiales? ¿O las dos cosas a la vez?

¿Y por qué hemos de creernos la versión oficial, dada a conocer al cabo de los meses y sólo después de que EL MUNDO haya desvelado el secreto mejor guardado de la Consejería, de que la caja fuerte estaba vacía cuando la Policía Autonómica logró por fin forzarla, si nadie ha dado parte de todo esto al Juzgado que investiga el caso Mercasevilla? ¿Cómo creer la versión oficial cuando no ha sido avalada por nadie ajeno a la Consejería, que es parte interesada en el escándalo ? ¿Se camufla acaso una caja fuerte en un armario para no ocultar luego nada en su interior y dejarla tan vacía como vino de fábrica?

Javier Arenas asevera que ésta es una historia truculenta, sin parangón en los 30 años de autonomía, y que “en esa caja fuerte hay mucho gato encerrado”. De haberlos habido,  esos gatos andan ya sueltos desde hace mucho tiempo; y si algo queda allí dentro son únicamente  telarañas.