Parafraseando a Wenceslao Fernández Flores, he aquí mis acotaciones como lector y oyente de cuanto se ha venido diciendo estos días sobre los EREs.
–Camuflaje: Al rechazar en el Parlamento una comisión de investigación, Griñán dijo que las ayudas de la Junta han contribuido a mantener la actividad de empresas en crisis. Por su parte, Viera destacó en su rueda de prensa el empeño del Gobierno andaluz por “ayudar a las empresas en dificultades, al objeto de evitar que sus problemas tuviesen “un impacto laboral dramático”. Griñán y Viera reconocen que los 647 millones eran para EREs. Sin embargo, para justificar que ese dinero no pasara por el Consejo de Gobierno ni apareciese en el Boja, la Junta ha sostenido oficialmente que eran ayudas individuales a los trabajadores. Primera contradicción.
José Antonio Viera
–Excepción y regla: Viera, que ha dado varias versiones, defendió el libramiento de estos fondos al amparo de la Ley de Subvenciones y también dijo que las ayudas constituyen “subvenciones excepcionales a trabajadores”. Según algunas fuentes, en diez años se han beneficiado más de 25.000 andaluces, a un promedio de 25.000 euros por cabeza. Veinticinco mil no son una excepción sino una legión.
–Tercera versión: Otra frase de Viera: “Las subvenciones a empresas tenían un recorrido y las ayudas individuales, otro”. Para conceder una ayuda individual, debe haber una solicitud previa. ¿Puede mostrar la Junta las 25.000 solicitudes de auxilio?
Y para dar una subvención a una empresa, se supone que debe mediar también una solicitud, convocatoria pública de ayudas y su publicación en el Boja. ¿Puede acreditar la Junta alguna de las tres circunstancias?
–Paralalelismo: Las familias de las cinco víctimas del Bazar España recibieron cada una de ellas 72.000 euros del Ayuntamiento. Ana Albarrán ha recordado el procedimiento: en el mismo acto de firmar la solicitud, les dieron la ayuda solidaria/subvención. Primera observación: tuvieron que firmar una solicitud. ¿Han firmado los 25.000 subvencionados de los EREs?
Y con el tiempo, como era una ayuda/subvención individual, Hacienda les reclamó el pago del IRPF (¿un 40%?). ¿No habrían estado obligados a ese mismo pago los subvencionados por la Junta? Salvo que lo de la subvención fuera una coartada del Gobierno andaluz para justificar la opacidad del procedimiento.
–Sobreentendido: Empleo y el IFA firmaron un convenio mediante el cual se modificó el sistema por el que la Junta concedía las ayudas a los EREs: de subvenciones excepcionales con publicación en el Boja se convirtieron en transferencias de financiación de explotación. Esta semana, Mar Moreno ha declarado que al tratarse de un convenio con un ente instrumental propio de la Junta, no habría sido necesario el visto bueno de los Servicios Jurídicos, pero dio por sentado que contó con su aprobación.
Aquí no se da nada por sentado ni de pie. O tuvo la aprobación o no la tuvo. Y si la tuvo, ¿por qué la Junta no la enseña? ¿O es que no hubo tal aprobación, sino más bien vista gorda?
–Deducción contraria: Si la consejera da por sentado que hubo un informe positivo de los Servicios Jurídicos, ¿por qué la Intervención General, dependiente de Griñán cuando consejero, lo cuestionó en 2005, 2006 y 2007?
Manuel Recio
–Cambio de sistema: Si el procedimiento instaurado a raíz del convenio era perfectamente legal, ¿por qué el nuevo consejero, Manuel Recio, lo cambió apenas llegar a la Consejería? ¿Qué necesidad había? ¿O es que el escándalo del ERE de Mercasevilla estaba dejando en evidencia el sistema y había que reaccionar sobre la marcha?
–Demasiadas coincidencias: Viera ha calificado de coincidencia el hecho de que fueran las mismas aseguradoras (Vitalia y Uniter) las que intermediaran en los EREs. Algo que se repite durante diez años es muchísimo más que una coincidencia: es una sospechosa contumacia con pinta de contubernio. ¿Por qué no se sacó a concurso público la prestación de este servicio?
Y si no se trataba más que de ayudas individuales, ¿qué necesidad había de intermediarios? ¿Y por qué aparecieron, si teóricamente no se sabía nada de que se estaban repartiendo 647 millones de euros al no haberse divulgado la concesión de ayudas a través del Boja? ¿Quién los puso sobre la pista del dinero?
–A la calle: Viera ha dicho que confirmó a Francisco Javier Guerrero como director general de Trabajo por las llamadas de los agentes sociales y económicos, que le dieron magníficas referencias, y ha reclamado para él “la presunción de inocencia, que merece como cualquiera”. Primero lo expulsa del partido y luego va y pide presunción de inocencia (¿?).
La muerte de Sócrates por cicuta (Cuadro de David)
–Perejiles: El presidente del PSOE de Sevilla y de la Diputación, Villalobos, ha declarado por su parte que desde el punto de vista administrativo “no hay nada que objetar” al procedimiento de los EREs, pues en su opinión tenían “todos los parabienes y perejiles que deben tener”.
Aun así, ha justificado la expulsión de Guerrero del partido y ha destacado que “nosotros, en menos de 24 horas, ponemos en su casa al presunto culpable”.
Atención a la perversión jurídica y del lenguaje: el presunto inocente según Viera pasa ‘ipso facto’ a ser presunto culpable según Villalobos, y expulsado en 24 horas sin siquiera trámite de audiencia. ¿Cómo sería la vida ordinaria si se trasladasen las prácticas internas del PSOE?
Y si, según Villalobos, el procedimiento tenía “todos los perejiles”, ¿de qué era culpable el exdirector general para su fulminante laminación interna?
A ver si va a resultar que en vez de perejil, el procedimiento cuestionado tanto por la Intervención General como por la Policía Judicial tenía en realidad cicuta, de similar aspecto, pero muy venenosa (causante, por ejemplo, de la muerte de Sócrates).
Tan venenosa que, si no le encuentran un antídoto a tiempo, sus efectos tóxicos pueden ser letales para los socialistas en las próximas citas electorales.
La sociología acuñó el término ‘nimby’, derivado de la expresión inglesa “not in my back yard” (“no en mi patio trasero”) para definir a quienes muestran comprensión por lo que ocurre en otra parte pero no cuando les concierne a ellos. La consejera de Educación, Mar Moreno, se solidarizó con el ministro Wert cuando los intolerantes le impidieron hablar en un foro ajeno a sus competencias como el de El Mundo en Los Lebreros. Ahora bien, cuando la foto de ese mismo ministro aparece tiroteada y ensangrentada en la sala de profesores de un instituto de Alcalá de Guadaíra, cuya jefa de Estudios y a la par delegada municipal de Educación es de su mismo partido y se niega a retirarla porque dice que es fruto de la libertad de expresión, se alinea con esta última y alega que calificarla como apología de la violencia es una “cortina de humo del PP”. El humo ciega los ojos, como en la canción de los Platters, de Mar Moreno cuando el PSOE y su ámbito competencial están por medio. La consejera ‘nimby’ practica una solidaridad selectiva, ella, tan opuesta a la Selectividad.
La portavoz del Gobierno andaluz, Mar Moreno, dice tras el varapalo del Supremo a la Junta en el caso de los ERE -con origen en Mercasevilla- que la voluntad de Griñán es remitir a la juez Alaya el 100% de las actas del Consejo de Gobierno “sin excluir ni una coma, porque no tiene absolutamente nada que ocultar”. Y si no tiene qué ocultar ni hay materia reservada en unas actas que por naturaleza deben ser públicas en una Democracia que sale reforzada por esta sentencia y por la batalla de la juez, ¿por qué se ha resistido como gato panza arriba durante meses a entregar los papeles y montó el numerito de los viajes de ida y vuelta en los armarios blindados hasta el Juzgado? De perdidos, al río, se habrá dicho Griñán, que quiere aparecer ahora marchando el primero por la senda de la transparencia. Según Mar Moreno, en el fondo la Junta ha procedido así por una mera cuestión de fuero. ¿Y qué fuero defendía si no era el de parapetarse tras un secreto oficial decretado por ella misma? Ahora los papeles tendrán que salir del armario. Al final, ni fuero ni huevo.
