La sociología acuñó el término ‘nimby’, derivado de la expresión inglesa “not in my back yard” (“no en mi patio trasero”) para definir a quienes muestran comprensión por lo que ocurre en otra parte pero no cuando les concierne a ellos. La consejera de Educación, Mar Moreno, se solidarizó con el ministro Wert cuando los intolerantes le impidieron hablar en un foro ajeno a sus competencias como el de El Mundo en Los Lebreros. Ahora bien, cuando la foto de ese mismo ministro aparece tiroteada y ensangrentada en la sala de profesores de un instituto de Alcalá de Guadaíra, cuya jefa de Estudios y a la par delegada municipal de Educación es de su mismo partido y se niega a retirarla porque dice que es fruto de la libertad de expresión, se alinea con esta última y alega que calificarla como apología de la violencia es una “cortina de humo del PP”. El humo ciega los ojos, como en la canción de los Platters, de Mar Moreno cuando el PSOE y su ámbito competencial están por medio. La consejera ‘nimby’ practica una solidaridad selectiva, ella, tan opuesta a la Selectividad.
Archivo de la etiqueta: Mar Moreno
Fuera del armario
La portavoz del Gobierno andaluz, Mar Moreno, dice tras el varapalo del Supremo a la Junta en el caso de los ERE -con origen en Mercasevilla- que la voluntad de Griñán es remitir a la juez Alaya el 100% de las actas del Consejo de Gobierno “sin excluir ni una coma, porque no tiene absolutamente nada que ocultar”. Y si no tiene qué ocultar ni hay materia reservada en unas actas que por naturaleza deben ser públicas en una Democracia que sale reforzada por esta sentencia y por la batalla de la juez, ¿por qué se ha resistido como gato panza arriba durante meses a entregar los papeles y montó el numerito de los viajes de ida y vuelta en los armarios blindados hasta el Juzgado? De perdidos, al río, se habrá dicho Griñán, que quiere aparecer ahora marchando el primero por la senda de la transparencia. Según Mar Moreno, en el fondo la Junta ha procedido así por una mera cuestión de fuero. ¿Y qué fuero defendía si no era el de parapetarse tras un secreto oficial decretado por ella misma? Ahora los papeles tendrán que salir del armario. Al final, ni fuero ni huevo.
Los EREs, una excepción hecha regla
El exconsejero de Empleo y secretario general del PSOE de Sevilla, José Antonio Viera, esgrimió en su reciente rueda de prensa la ley 38/2003 General de Subvenciones para defender el procedimiento empleado por la Junta de Andalucía en el reparto de los 647 millones de euros para subvencionar prejubilaciones en EREs de los últimos diez años. Según Viera, ese dinero eran “subvenciones excepcionales a trabajadores” que podían acogerse a dicha ley, pero en la práctica el Gobierno andaluz incumplió, presuntamente, sus disposiciones.
La exposición de motivos de esta norma deja ya muy claro que las subvenciones del sector público no pueden otorgarse graciosa y discrecionalmente, sino que han de responder a demandas sociales y económicas de personas y entidades públicas o privadas, osea, previa solicitud de los interesados. Asimismo, el dinero de las ayudas no debe contribuir a engordar el déficit público, al estar sometido a las directrices de la ley de Estabilidad.
Como es sabido, los 647 millones de euros ni pasaron por el Consejo de Gobierno ni por las páginas del Boja, lo que presuntamente supondría un incumplimiento de la ley invocada por Viera, la cual establece lo siguiente: “Los órganos administrativos concedentes publicarán en el diario oficial correspondiente, y en los términos que se fijen reglamentariamente, las subvenciones concedidas, con expresión de la convocatoria, el programa, crédito presupuestario al que se imputen, beneficiario, cantidad concedida y finalidad o finalidades” (Artículo 18). No será necesaria la publicación en el Boja cuando las ayudas, individualmente consideradas, sean inferiores a 3.000 euros, pero en ese supuesto deberá preverse la utilización de otros procedimientos que, de acuerdo con sus especiales características, cuantía y número, aseguren la publicidad de los beneficiarios de las mismas. Si la Junta hubiera atendido este mandato legal, habría propiciado que afloraran desde el principio los intrusos detectados al cabo de los años y a raíz de estallar el caso Mercasevilla.
Todavía más. La ley especifica en su artículo 20 la obligación de crear una base de datos de ámbito nacional que contendrá información relevante sobre todas las subvenciones concedidas: bases reguladoras, convocatorias, identificación de los beneficiarios, subvención otorgada y efectivamente percibida y otros extremos.
Las subvenciones previstas en la ley no tienen una finalidad asistencial, como ha defendido la Junta. Al contrario: deben ser incentivadoras de actividad económica y no causar distorsiones ni interferencias en el mercado. La norma establece asimismo un sistema de seguimientos, a través del control y la evaluación de objetivos y de las conductas fraudulentas (artículos 32 y 44), algo que a la vista de lo ocurrido con las falsas prejubilaciones descubiertas al cabo de los años ha brillado por su ausencia en la Junta de Andalucía. Por eso, en el texto publicado en el Boletín Oficial del Estado el 18 de noviembre de 2003, también se prevé la exigencia del reintegro de las subvenciones cobradas de forma ilegal y la imposición de sanciones a los defraudadores.
PUBLICIDAD Y TRANSPARENCIA
Tomando como referencia la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, esta ley especifica en su exposición de motivos los principios que han de informar la gestión de las subvenciones: igualdad, publicidad, transparencia, objetividad, eficacia y eficiencia (artículo 8.3). Unos principios que contrastan con el oscurantismo practicado por el Gobierno andaluz, que ha defendido la exención de publicitarlas en boletín oficial.
También hay párrafos que parecen pensados para prever la aparición de conseguidores, intermediarios y brokers, como los que han actuado en la tramitación de los EREs o, según Viera y Mar Moreno, ayudas a título meramente individual a los trabajadores: “Cuando en la gestión y distribución de los fondos públicos participen entidades colaboradoras, se exige, en todo caso, la formalización de un convenio de colaboración….Cuando la entidad colaboradora sea de derecho privado, su selección deberá realizarse de acuerdo con los principios de publicidad, concurrencia y objetividad”.
Los artículos 22 y 23 de la ley regulan el procedimiento de concesión de subvenciones, bajo el principio de ‘concurrencia competitiva’, previa convocatoria y bases reguladoras elaboradas por un órgano colegiado: se comparan las solicitudes presentadas y se establece una prelación entre las mismas de acuerdo con los criterios de valoración fijados de antemano. Y he aquí el párrafo al que presumiblemente se acoge la Junta: sólo podrán concederse de forma directa y con carácter excepcional subvenciones cuando se acrediten razones de interés público, social, económico o humanitario, u otras debidamente justificadas que dificulten su convocatoria pública., pero ajustándose a una cuantía económica. La norma habla del carácter excepcional, una excepcionalidad que contrasta con los 25.000 subvencionados, pero no exime de que se conozca públicamente sus beneficiarios, salvo también en circunstancias excepcionales que no parece el caso.
El procedimiento para la concesión de subvenciones se inicia siempre de oficio y mediante convocatoria aprobada por el órgano competente, que tendrá necesariamente el siguiente contenido: disposición que establezca las bases reguladoras y diario oficial en que está publicada; créditos presupuestarios a los que se imputa la subvención y cuantía total máxima dentro de los créditos disponibles, objeto, régimen de concurrencia competitiva, requisitos y forma de acreditarlos, plazos, documentación que debe acompañar a la solicitud….
Compárense estas exigencias con el procedimiento seguido por la Junta, donde el IFA, pagador de las subvenciones tras el acuerdo con la Consejería de Empleo, llegó a acumular desfases presupuestarios cercanos a los 30 millones de euros y que hubo que compensar en ejercicios posteriores.
Acotaciones
Parafraseando a Wenceslao Fernández Flores, he aquí mis acotaciones como lector y oyente de cuanto se ha venido diciendo estos días sobre los EREs.
–Camuflaje: Al rechazar en el Parlamento una comisión de investigación, Griñán dijo que las ayudas de la Junta han contribuido a mantener la actividad de empresas en crisis. Por su parte, Viera destacó en su rueda de prensa el empeño del Gobierno andaluz por “ayudar a las empresas en dificultades, al objeto de evitar que sus problemas tuviesen “un impacto laboral dramático”. Griñán y Viera reconocen que los 647 millones eran para EREs. Sin embargo, para justificar que ese dinero no pasara por el Consejo de Gobierno ni apareciese en el Boja, la Junta ha sostenido oficialmente que eran ayudas individuales a los trabajadores. Primera contradicción.
–Excepción y regla: Viera, que ha dado varias versiones, defendió el libramiento de estos fondos al amparo de la Ley de Subvenciones y también dijo que las ayudas constituyen “subvenciones excepcionales a trabajadores”. Según algunas fuentes, en diez años se han beneficiado más de 25.000 andaluces, a un promedio de 25.000 euros por cabeza. Veinticinco mil no son una excepción sino una legión.
–Tercera versión: Otra frase de Viera: “Las subvenciones a empresas tenían un recorrido y las ayudas individuales, otro”. Para conceder una ayuda individual, debe haber una solicitud previa. ¿Puede mostrar la Junta las 25.000 solicitudes de auxilio?
Y para dar una subvención a una empresa, se supone que debe mediar también una solicitud, convocatoria pública de ayudas y su publicación en el Boja. ¿Puede acreditar la Junta alguna de las tres circunstancias?
–Paralalelismo: Las familias de las cinco víctimas del Bazar España recibieron cada una de ellas 72.000 euros del Ayuntamiento. Ana Albarrán ha recordado el procedimiento: en el mismo acto de firmar la solicitud, les dieron la ayuda solidaria/subvención. Primera observación: tuvieron que firmar una solicitud. ¿Han firmado los 25.000 subvencionados de los EREs?
Y con el tiempo, como era una ayuda/subvención individual, Hacienda les reclamó el pago del IRPF (¿un 40%?). ¿No habrían estado obligados a ese mismo pago los subvencionados por la Junta? Salvo que lo de la subvención fuera una coartada del Gobierno andaluz para justificar la opacidad del procedimiento.
–Sobreentendido: Empleo y el IFA firmaron un convenio mediante el cual se modificó el sistema por el que la Junta concedía las ayudas a los EREs: de subvenciones excepcionales con publicación en el Boja se convirtieron en transferencias de financiación de explotación. Esta semana, Mar Moreno ha declarado que al tratarse de un convenio con un ente instrumental propio de la Junta, no habría sido necesario el visto bueno de los Servicios Jurídicos, pero dio por sentado que contó con su aprobación.
Aquí no se da nada por sentado ni de pie. O tuvo la aprobación o no la tuvo. Y si la tuvo, ¿por qué la Junta no la enseña? ¿O es que no hubo tal aprobación, sino más bien vista gorda?
–Deducción contraria: Si la consejera da por sentado que hubo un informe positivo de los Servicios Jurídicos, ¿por qué la Intervención General, dependiente de Griñán cuando consejero, lo cuestionó en 2005, 2006 y 2007?
–Cambio de sistema: Si el procedimiento instaurado a raíz del convenio era perfectamente legal, ¿por qué el nuevo consejero, Manuel Recio, lo cambió apenas llegar a la Consejería? ¿Qué necesidad había? ¿O es que el escándalo del ERE de Mercasevilla estaba dejando en evidencia el sistema y había que reaccionar sobre la marcha?
–Demasiadas coincidencias: Viera ha calificado de coincidencia el hecho de que fueran las mismas aseguradoras (Vitalia y Uniter) las que intermediaran en los EREs. Algo que se repite durante diez años es muchísimo más que una coincidencia: es una sospechosa contumacia con pinta de contubernio. ¿Por qué no se sacó a concurso público la prestación de este servicio?
Y si no se trataba más que de ayudas individuales, ¿qué necesidad había de intermediarios? ¿Y por qué aparecieron, si teóricamente no se sabía nada de que se estaban repartiendo 647 millones de euros al no haberse divulgado la concesión de ayudas a través del Boja? ¿Quién los puso sobre la pista del dinero?
–A la calle: Viera ha dicho que confirmó a Francisco Javier Guerrero como director general de Trabajo por las llamadas de los agentes sociales y económicos, que le dieron magníficas referencias, y ha reclamado para él “la presunción de inocencia, que merece como cualquiera”. Primero lo expulsa del partido y luego va y pide presunción de inocencia (¿?).
–Perejiles: El presidente del PSOE de Sevilla y de la Diputación, Villalobos, ha declarado por su parte que desde el punto de vista administrativo “no hay nada que objetar” al procedimiento de los EREs, pues en su opinión tenían “todos los parabienes y perejiles que deben tener”.
Aun así, ha justificado la expulsión de Guerrero del partido y ha destacado que “nosotros, en menos de 24 horas, ponemos en su casa al presunto culpable”.
Atención a la perversión jurídica y del lenguaje: el presunto inocente según Viera pasa ‘ipso facto’ a ser presunto culpable según Villalobos, y expulsado en 24 horas sin siquiera trámite de audiencia. ¿Cómo sería la vida ordinaria si se trasladasen las prácticas internas del PSOE?
Y si, según Villalobos, el procedimiento tenía “todos los perejiles”, ¿de qué era culpable el exdirector general para su fulminante laminación interna?
A ver si va a resultar que en vez de perejil, el procedimiento cuestionado tanto por la Intervención General como por la Policía Judicial tenía en realidad cicuta, de similar aspecto, pero muy venenosa (causante, por ejemplo, de la muerte de Sócrates).
Tan venenosa que, si no le encuentran un antídoto a tiempo, sus efectos tóxicos pueden ser letales para los socialistas en las próximas citas electorales.
El ‘EREgate’
La Junta de Andalucía, por boca de Mar Moreno, consejera de Presidencia y portavoz, ha tratado de reducir el escándalo de las falsas prejubilaciones según el ‘modus operandi’ de Mercasevilla (39 detectadas hasta ahora), a una mera discrepancia en el procedimiento para el reparto de 647 millones de euros en casi un decenio. Conforme a su tesis, “si alguien se salta los controles no es una falta de control”.
El procedimiento, esa discrepancia aparentemente menor, es justamente la cuestión, como el ser o no ser shakesperiano. Si no fuera así, no existiría una ley de Procedimiento Administrativo que hunde sus raíces en la de 1958, aún en plena Dictadura.
Según una definición de perogrullo y de manual universitario, el procedimiento es el modo en que deben producirse los actos de la Administración y su importancia no es menor, sino esencial.
BURLA
Si el procedimiento fuera una cuestión al albur del consejero de turno no merecería hasta un artículo de nuestra Constitución, que establece: la ley regulará “el procedimiento a través del cual deben producirse los actos administrativos”. Y entre los principios generales por los que debe regirse destacan los de transparencia, publicidad y participación.
En esencia, ¿qué hizo la Consejería de Empleo a partir de 2001? Dotarse de una pauta al margen del procedimiento establecido en la Ley General de la Hacienda Pública, sin transparencia (la mayoría del dinero se repartió a espaldas del Consejo de Gobierno), ni publicidad (sus acuerdos, totalmente discrecionales a la hora de favorecer a unas empresas y no a otras, con lo que incluso pudo distorsionar el mercado, no se publicaban en el Boja).
Sabemos de casos en que era la propia Consejería la que, para agradable sorpresa del empresario estratégicamente ‘tocado’, ofrecía subvencionar un expediente de regulación de empleo, ERE camuflado como ayuda individual a los trabajadores. Esta calificación fue defendida a capa y espada por Mar Moreno para justificar que no aparecieran en el Boletín Oficial. Y por eso el informe de la Policía Judicial refleja que gracias a la firma de un acuerdo entre la Dirección General de Trabajo y el IFA (ahora IDEA), este último se convirtió en el pagador de las subvenciones, con lo que se evitaron los controles y fiscalización de este tipo de libramientos.
Mediante esta vulneración del procedimiento se burló, a juicio de la Policía Judicial, la ley de Hacienda. Prueba de ello es que no consta en los expedientes ni una sola solicitud de ayuda por parte de las empresas beneficiadas. Si no había solicitud alguna, eso significa que se creó el instrumento para repartir arbitrariamente 647 millones de euros.
LA ‘AGILIDAD’
La coartada para prescindir del procedimiento administrativo la dio Mar Moreno en su comparecencia pública sobre los 37 nuevos falsos prejubilados: “aportar agilidad”. El mismo pretexto usado para la creación de la llamada ‘Administración paralela’ de la Junta: como por los controles garantistas que impone el Derecho Administrativo las Consejerías son lentas y burocráticas, se monta una red de empresas ‘agiles’ que permita tener manos libres y, de paso, ‘cementerios de elefantes’ donde colocar a los afines. De esos polvos vienen estos lodos.
Pese al escándalo que estamos viviendo, Mar Moreno ha dicho, impertérrita, que con el método arbitrario ideado por la Consejería de Empleo “se favorecía el adelanto de recursos sin esperar a los Presupuestos, y que (atención) se va a seguir haciendo”.
¿Y qué recursos había que adelantar, si según la Policía Judicial no consta solicitud de ayuda por empresa alguna? ¿Dónde está la urgencia? ¿Por qué saltarse entonces el procedimiento y el Derecho Administrativo?
DECISIÓN ‘POLÍTICA’
Se da la circunstancia de que con el actual presidente de la Junta, José Antonio Griñán, de consejero de Economía y Hacienda (2004-2008), la Intervención General cuestionó por tres veces (años 2005, 2006 y 2007) el arbitrario método implantado por la Consejería de Empleo pero, como ha reconocido la propia Mar Moreno en su rueda de prensa, aquél se mantuvo “por una decisión técnica y política”.
Más claro, agua. La Intervención General de la Junta, a las órdenes por entonces de Griñán, dio la voz de alarma, pero hubo una decisión “política” (¿quién la avaló?) de mantener un sistema ajeno al procedimiento administrativo y que ha propiciado tal cantidad de falsas prejubilaciones.
Cuando Nixon dimitió por el caso Watergate, dijo que más que por el asunto puntual del intento de espionaje al partido rival por los falsos fontaneros en el hotel del mismo nombre, lo hacía por haber permitido que se crearan las condiciones para que se produjera aquel escándalo que puso fin a una era de la política norteamericana.
En Andalucía, pese a que con el ‘EREgate’ se han dado también las condiciones propicias para el escándalo de las falsas prejubilaciones por una decisión política (Mar Moreno ‘dixit’) de ‘sostenella y no enmendalla’, ni siquiera se ha creado una comisión de investigación en el Parlamento.
Será que Andalucía es diferente.
De 4 a casi 40
Mar Moreno anunció que la Consejería de (Des)Empleo ha detectado 37 nuevos casos de falsos prejubilados conforme al ‘modus operandi’ de Mercasevilla, cuya isocrona llegaría hasta el ayuntamiento de El Pedroso, de donde salió el director general que cantó lo del ‘fondo de reptiles’. La Junta, que decía tenerlo todo controlado, sólo ha inspeccionado ahora (¿qué inspección hizo antes?) una treintena de empresas acogidas a los EREs tramitados sin luz ni taquígrafos. Sumados estos casos a los dos de Mercasevilla, ya van 39. El promedio es de 1,3 falso prejubilado por cada ERE que, según la Junta, no eran EREs, sino ayudillas individuales, como aquellas que al margen de Hacienda dio Monteseirín por las víctimas del Bazar España y luego vino el Fisco reclamando su parte. Recordarán que el ‘griñanini’ portavoz socialista en el Parlamento, Mario Jiménez, despachó este escándalo diciendo que era cosa de “cuatro sinvergüenzas”. Los cuatro son ya casi 40. Diez veces más. ¿Cuántos sinvergüenzas necesita el PSOE para crear una comisión de investigación en el Parlamento?
Preguntas sin respuestas
Del urbanismo bajo sospecha acuñado por Monteseirín hemos pasado a la política laboral de la Junta bajo sospecha. El escándalo de Mercasevilla, que suma y sigue con el insólito descubrimiento de una caja fuerte secreta en un armario de la Consejería de Empleo, ha sembrado un campo de minas en forma de dudas sobre la gestión de este Departamento, cuyo exdelegado provincial, Antonio Rivas, está imputado en el caso y donde nadie sabe a ciencia cierta quién autorizó la inclusión en los polémicos EREs de falsos prejubilados como el dirigente socialista de Baeza y de contratados ‘ad hoc’ para beneficiarse de generosas jubilaciones con dinero público.
Si al cabo de los años se ha descubierto que los EREs de Mercasevilla están plagados de irregularidades, ¿cómo no sospechar con fundamento que no haya podido ocurrir lo mismo en otros expedientes tramitados por una Consejería que por ende tiene sobre ella la mirada del casi millón de andaluces en el paro?
MIRANDO EN LOS ARMARIOS
La consejera de Presidencia y portavoz de la Junta de Andalucía, Mar Moreno, y la de Agricultura, Clara Aguilera, han declarado que ellas no tienen cajas fuerte secretas como la Consejería de Empleo. ¿Y cómo lo saben? O si lo saben, cabe inferir de sus palabras que habrán ordenado un registro interno para asegurarse, ya que su colega de Empleo, Manuel Recio, descubrió fortuitamente dos meses después de su toma de posesión la caja camuflada en un armario y de la que nadie tenía noticia.
Y al igual que Mendelssohn escribió las canciones sin palabras, aquí cabe escribir muchas preguntas aún sin respuestas. ¿Cómo se pudo camuflar la caja sin que ningún funcionario advirtiera los trabajos para su instalación? ¿Pasó inadvertida porque se introdujo en la Consejería embalada como si fuera un ordenador? ¿Cómo pasaron con ella los controles de seguridad sin que su aspecto en la pantalla provocara sospecha alguna del vigilante de turno? ¿No se disparó ninguna alarma por los kilos de metal que se estaban introduciendo? ¿Y en calidad de qué se presentaron a sí mismos quienes acudieron a montarla dentro del armario, para lo cual debieron cargar con el instrumental adecuado? ¿Como ‘fontaneros’, similares a aquellos del escándalo Watergate?
¿Trabajaron en el horario laboral habitual, con lo que habrían coincidido con los funcionarios como incómodos testigos, o se presentaron a horas intempestivas para que no los viera nadie? ¿Quién les abrió entonces la puerta?
LA DETERMINACIÓN
Mar Moreno dice que todavía no tiene claro si es normal o no que en la sala anexa al despacho del consejero de Empleo hubiera una caja fuerte secreta. Si es normal que haya secretos que custodiar en cajas acorazadas , ¿por qué entonces el sucesor de Antonio Fernández, el ya exconsejero ilocalizable cuando la juez pregunta por él, llamó a la Policía Autonómica para que la abriera y no dio cuenta de la misma a la magistrada encargada del caso Mercasevilla? ¿Por qué mantuvo en secreto la operación de apertura de la caja secreta?
Manuel Recio dice haber abierto una investigación interna sobre los EREs de Mercasevilla. ¿Por qué no ha hecho lo mismo sobre quién, cómo, cuándo y por qué ordenó comprar e instalar la caja acorazada? ¿No está acaso la factura de compra en Intervención? ¿Cuánto costó? ¿Qué fabricante la suministró?
La portavoz del Gobierno también imagina que se habrá determinado el montaje de la caja secreta por razones de seguridad. Para empezar, ¿quién lo determinó? Porque si era una cuestión de seguridad, lo lógico habría sido aconsejarse por la Policía Autonómica, la misma en que se pensó a la hora de abrirla y que tampoco sabía de su existencia. ¿Lo determinó acaso una empresa privada previo pago de los correspondientes emolumentos? Y si lo determinó una empresa privada, ¿se contrató el servicio mediante concurso público o se adjudicó a dedo?
LA VERSIÓN OFICIAL
¿Y qué razones de seguridad se dan en la Consejería de Empleo para que tenga una caja fuerte secreta camuflada que no se dan en otras consejerías para que éstas no dispongan de un equipamiento tan ‘sui generis’? ¿No se dan ‘a priori’ más razones de seguridad en la Consejería de Gobernación, equivalente en plan doméstico al Ministerio del Interior? ¿O en la Consejería de Justicia, por su propia naturaleza? ¿Por qué no tienen entonces cajas fuertes secretas en los armarios? ¿O sí las tienen y también guardan silencio?
¿Qué había que custodiar en la caja acorazada de Empleo? ¿Papeles secretos en plan Wikileaks o dinero contante y sonante al margen de las cuentas bancarias oficiales? ¿O las dos cosas a la vez?
¿Y por qué hemos de creernos la versión oficial, dada a conocer al cabo de los meses y sólo después de que EL MUNDO haya desvelado el secreto mejor guardado de la Consejería, de que la caja fuerte estaba vacía cuando la Policía Autonómica logró por fin forzarla, si nadie ha dado parte de todo esto al Juzgado que investiga el caso Mercasevilla? ¿Cómo creer la versión oficial cuando no ha sido avalada por nadie ajeno a la Consejería, que es parte interesada en el escándalo ? ¿Se camufla acaso una caja fuerte en un armario para no ocultar luego nada en su interior y dejarla tan vacía como vino de fábrica?
Javier Arenas asevera que ésta es una historia truculenta, sin parangón en los 30 años de autonomía, y que “en esa caja fuerte hay mucho gato encerrado”. De haberlos habido, esos gatos andan ya sueltos desde hace mucho tiempo; y si algo queda allí dentro son únicamente telarañas.
Preguntas sin respuestas
Del urbanismo bajo sospecha acuñado por Monteseirín hemos pasado a la política laboral de la Junta bajo sospecha. El escándalo de Mercasevilla, que suma y sigue con el insólito descubrimiento de una caja fuerte secreta en un armario de la Consejería de Empleo, ha sembrado un campo de minas en forma de dudas sobre la gestión de este Departamento, cuyo exdelegado provincial, Antonio Rivas, está imputado en el caso y donde nadie sabe a ciencia cierta quién autorizó la inclusión en los polémicos EREs de falsos prejubilados como el dirigente socialista de Baeza y de contratados ‘ad hoc’ para beneficiarse de generosas jubilaciones con dinero público.
Si al cabo de los años se ha descubierto que los EREs de Mercasevilla están plagados de irregularidades, ¿cómo no sospechar con fundamento que no haya podido ocurrir lo mismo en otros expedientes tramitados por una Consejería que por ende tiene sobre ella la mirada del casi millón de andaluces en el paro?
MIRANDO EN LOS ARMARIOS
La consejera de Presidencia y portavoz de la Junta de Andalucía, Mar Moreno, y la de Agricultura, Clara Aguilera, han declarado que ellas no tienen cajas fuerte secretas como la Consejería de Empleo. ¿Y cómo lo saben? O si lo saben, cabe inferir de sus palabras que habrán ordenado un registro interno para asegurarse, ya que su colega de Empleo, Manuel Recio, descubrió fortuitamente dos meses después de su toma de posesión la caja camuflada en un armario y de la que nadie tenía noticia.
Y al igual que Mendelssohn escribió las canciones sin palabras, aquí cabe escribir muchas preguntas aún sin respuestas. ¿Cómo se pudo camuflar la caja sin que ningún funcionario advirtiera los trabajos para su instalación? ¿Pasó inadvertida porque se introdujo en la Consejería embalada como si fuera un ordenador? ¿Cómo pasaron con ella los controles de seguridad sin que su aspecto en la pantalla provocara sospecha alguna del vigilante de turno? ¿No se disparó ninguna alarma por los kilos de metal que se estaban introduciendo? ¿Y en calidad de qué se presentaron a sí mismos quienes acudieron a montarla dentro del armario, para lo cual debieron cargar con el instrumental adecuado? ¿Como ‘fontaneros’, similares a aquellos del escándalo Watergate?
¿Trabajaron en el horario laboral habitual, con lo que habrían coincidido con los funcionarios como incómodos testigos, o se presentaron a horas intempestivas para que no los viera nadie? ¿Quién les abrió entonces la puerta?
LA DETERMINACIÓN
Mar Moreno dice que todavía no tiene claro si es normal o no que en la sala anexa al despacho del consejero de Empleo hubiera una caja fuerte secreta. Si es normal que haya secretos que custodiar en cajas acorazadas , ¿por qué entonces el sucesor de Antonio Fernández, el ya exconsejero ilocalizable cuando la juez pregunta por él, llamó a la Policía Autonómica para que la abriera y no dio cuenta de la misma a la magistrada encargada del caso Mercasevilla? ¿Por qué mantuvo en secreto la operación de apertura de la caja secreta?
Manuel Recio dice haber abierto una investigación interna sobre los EREs de Mercasevilla. ¿Por qué no ha hecho lo mismo sobre quién, cómo, cuándo y por qué ordenó comprar e instalar la caja acorazada? ¿No está acaso la factura de compra en Intervención? ¿Cuánto costó? ¿Qué fabricante la suministró?
La portavoz del Gobierno también imagina que se habrá determinado el montaje de la caja secreta por razones de seguridad. Para empezar, ¿quién lo determinó? Porque si era una cuestión de seguridad, lo lógico habría sido aconsejarse por la Policía Autonómica, la misma en que se pensó a la hora de abrirla y que tampoco sabía de su existencia. ¿Lo determinó acaso una empresa privada previo pago de los correspondientes emolumentos? Y si lo determinó una empresa privada, ¿se contrató el servicio mediante concurso público o se adjudicó a dedo?
LA VERSIÓN OFICIAL
¿Y qué razones de seguridad se dan en la Consejería de Empleo para que tenga una caja fuerte secreta camuflada que no se dan en otras consejerías para que éstas no dispongan de un equipamiento tan ‘sui generis’? ¿No se dan ‘a priori’ más razones de seguridad en la Consejería de Gobernación, equivalente en plan doméstico al Ministerio del Interior? ¿O en la Consejería de Justicia, por su propia naturaleza? ¿Por qué no tienen entonces cajas fuertes secretas en los armarios? ¿O sí las tienen y también guardan silencio?
¿Qué había que custodiar en la caja acorazada de Empleo? ¿Papeles secretos en plan Wikileaks o dinero contante y sonante al margen de las cuentas bancarias oficiales? ¿O las dos cosas a la vez?
¿Y por qué hemos de creernos la versión oficial, dada a conocer al cabo de los meses y sólo después de que EL MUNDO haya desvelado el secreto mejor guardado de la Consejería, de que la caja fuerte estaba vacía cuando la Policía Autonómica logró por fin forzarla, si nadie ha dado parte de todo esto al Juzgado que investiga el caso Mercasevilla? ¿Cómo creer la versión oficial cuando no ha sido avalada por nadie ajeno a la Consejería, que es parte interesada en el escándalo ? ¿Se camufla acaso una caja fuerte en un armario para no ocultar luego nada en su interior y dejarla tan vacía como vino de fábrica?
Javier Arenas asevera que ésta es una historia truculenta, sin parangón en los 30 años de autonomía, y que “en esa caja fuerte hay mucho gato encerrado”. De haberlos habido, esos gatos andan ya sueltos desde hace mucho tiempo; y si algo queda allí dentro son únicamente telarañas.
El PSOE proyecta nombrar senador a Espadas
El alcaldable socialista iría a la Cámara Alta
en lugar del exconsejero García Garrido
El plan crea tensiones en Cádiz y Chaves exige que se compense
a Garrido con la Delegación del Gobierno
Es la segunda vez que el puesto de López Garzón está en peligro
por el candidato a la Alcaldía
El PSOE de Sevilla ha llegado a un principio de acuerdo con la Ejecutiva Regional para dar visibilidad institucional a Juan Espadas, candidato a la Alcaldía de la capital, con su nombramiento como senador por designación autonómica en lugar de otro exconsejero de la Junta, el gaditano Luis García Garrido.
El plan, sin embargo, no es del agrado del vicepresidente del Gobierno y extitular de la Junta, Manuel Chaves,. por afectar a Cádiz, la provincia por la que tradicionalmente ha sido diputado y donde hay una larvada guerra entre distintas corrientes socialistas. Chaves quiere que se compense a García Garrido con otro cargo, preferentemente la Delegación del Gobierno en Andalucía.
El reciente episodio de la inauguración del curso escolar, donde el candidato socialista a la Alcaldía de Sevilla, Juan Espadas, tuvo que colarse en la comitiva oficial sin rango alguno que le diese cobertura al tratarse sólo de un señor particular que, según la versión oficial de la Delegación de Educación fue invitado únicamente en esa condición mientras se vetaba el acceso de políticos del PP (Arenas, Zoido) con rango institucional, ha colmado el vaso de la paciencia del PSOE sevillano.
La Ejecutiva Provincial socialista quiere que Juan Espadas, que no será nombrado oficialmente candidato a la Alcaldía de la capital hasta el próximo mes de octubre, tenga un cargo oficial que le evite problemas como el citado a la hora de justificar su presencia en cualquier tipo de acto y le dé visibilidad pública hasta el momento de su designación.
Fuentes socialistas han confirmado que la Ejecutiva Provincial y la Regional han llegado a un principio de acuerdo para que Juan Espadas sea nombrado senador en Madrid en representación del Parlamento de Andalucía. Como se recordará, anteriormente se proyectó su nombramiento como delegado del Gobierno en sustitución de Juan José López Garzón, aunque las reticencias internas y la polémica externa suscitadas por dicha maniobra acabaron por tumbar la iniciativa, de la que López Garzón se enteró por los periódicos.
En este nuevo plan, el senador inicialmente señalado para dejar su puesto a Espadas es otro exconsejero, el de Obras Públicas, Luis García Garrido. Este a su vez sustituyó en el Senado en la primavera de 2009 a Mar Moreno, que causó baja en la Cámara Alta para incorporarse al Gobierno de José Antonio Griñán como consejera de Educación y portavoz.
IMPACTO EN CÁDIZ
El pacto entre el PSOE de Sevilla, bastión de Griñán en el congreso extraordinario que le elevó a la Secretaría General del partido en Andalucía tras su designación como sucesor de Chaves, y el PSOE regional no ha sido del agrado del vicepresidente del Gobierno y líder socialista andaluz durante los últimos veinte años, Manuel Chaves.
Chaves entiende que ese movimiento de piezas altera el delicado tablero del partido en la provincia por la que tradicionalmente ha sido diputado, Cádiz, donde se asienta una de las facciones más descontentas con Griñán por su pérdida de poder tras el congreso extraordinario. De hecho, el secretario general de los socialistas gaditanos y presidente de la Diputación Provincial, Francisco González Cabaña, dio el plante a Griñán y no se integró en la Ejecutiva del PSOE(A).
Si al descontento del ‘clan de Alcalá’, al que pertenece el hombre de confianza de Chaves en Andalucía, Luis Pizarro, relegado en la Junta a consejero de Justicia y eliminado del núcleo duro del partido donde fue todopoderoso secretario de Organización, se le unen las tensiones generadas por el afán de Madrid de que se potencie al máximo la figura de la ministra de Igualdad, Bibiana Aído, se comprende el miedo de Chaves, hombre siempre de equilibrios, de que Luis García Garrido pueda ser relegado a un papel menor.
Y es que en Madrid se ve a Luis García Garrido, por su bonhomía y su autoridad moral unánimente reconocida por todos sus compañeros gaditanos, como un hombre clave para el futuro en caso de que fuera necesario pacificar la situación en la provincia, un hombre de integración y eliminador de tensiones. Además, es también clave en la agrupación de Sanlúcar de Barrameda, municipio del que fue concejal durante años y por el que llegó a la Diputación Provincial.
Chaves entiende que no se puede devaluar políticamente la figura de Luis García Garrido en las actuales circunstancias y que para llevar a cabo el plan del PSOE de Sevilla de darle rango y visibilidad a Juan Espadas habría que compensar a García Garrido con otro cargo como la Delegación del Gobierno en Andalucía, cuyo titular es Juan José López Garzón.
Curiosamente, es la segunda vez que se piensa en el relevo de López Garzón como delegado del Gobierno por el afán de darle proyección pública a Juan Espadas con un cargo institucional. López Garzón lleva ya más de seis años en el puesto y su nombre también ha sonado en diversas ocasiones para la presidencia de Cartuja-93 en caso de que hiciera falta hacerle un hueco institucional.