La indagación patrimonial es parte de la que se realiza sobre 175 kilómetros a caballo entre Sevilla y Huelva
La Dirección General de Patrimonio del Estado ha decretado el inicio de una investigación patrimonial para determinar si el Estado es el dueño legítimo de ciertos terrenos ferroviarios en el municipio sevillano de Santiponce. La Administración busca esclarecer la titularidad de los suelos por donde pasaba el antiguo tren de la Mina «La Caridad», tras una solicitud de cesión por parte del ayuntamiento local. Debido a la antigüedad de los registros y la desaparición de la empresa concesionaria original, existe una incertidumbre jurídica que requiere un análisis técnico profundo. El proceso incluye la revisión de archivos históricos, certificados catastrales y la consulta a propietarios colindantes para garantizar la transparencia legal. Si se confirma que las parcelas pertenecen al Estado, éstas podrán ser transferidas oficialmente al municipio para su uso público. Esta resolución administrativa establece formalmente el procedimiento necesario para regularizar la situación de estos activos inmobiliarios en la provincia de Sevilla.
En el centro de esta investigación se encuentran dos parcelas abiertas, desocupadas y de libre tránsito que hoy forman parte de la conocida Vía Verde de Itálica. Aunque estos terrenos figuran formalmente en el inventario municipal del Ayuntamiento de Santiponce, el Consistorio no dispone de un título registral de propiedad que lo avale.
A raíz de un informe técnico emitido en junio de 2023, se instó al Ayuntamiento a solicitar formalmente la cesión gratuita de estos suelos a la Delegación Especial de Hacienda. Sin embargo, para que esta transferencia local sea jurídicamente viable, el Estado debe primero acreditar y registrar que los terrenos son de propiedad estatal.
Esta intervención en Santiponce no es un hecho aislado, sino que forma parte de unas diligencias de investigación mucho más amplias, iniciadas en marzo de 2022, tal como vimos en un anterior informe. El objetivo de Hacienda es esclarecer la propiedad de antiguos trazados ferroviarios mineros que suman unos 175 kilómetros de recorrido a caballo entre las provincias de Sevilla y Huelva. Además de la línea de Aznalcóllar, la investigación afecta al trazado del ferrocarril de Minas de Cala y San Juan de Aznalfarache, junto con varios de sus ramales de conexión.
La investigación se enfrenta a un importante desafío archivístico: la documentación original es sumamente antigua y presenta importantes lagunas sobre cómo se liquidaron y desmantelaron las vías una vez que se rescindieron las concesiones de explotación ferroviaria. Dada la enorme cantidad de parcelas afectadas y la variedad de municipios interesados, el Estado decidió segmentar las actuaciones en expedientes separados para cada ayuntamiento que haya solicitado la cesión de los suelos, facilitando así la tramitación.
La clave del vacío legal actual radica en cómo se formalizaron las adquisiciones de suelo hace más de cien años. Al investigar en el Registro de la Propiedad de Camas, las autoridades descubrieron que no constaba ninguna finca inscrita a nombre de la compañía concesionaria original.
Un informe de la propia empresa, recuperado de 1981, aportó la explicación histórica a este vacío: cuando se realizaron las expropiaciones forzosas de los terrenos entre 1903 y 1914, el criterio registral de la época dictó que únicamente se inscribiera en el Registro la «concesión administrativa» del servicio ferroviario, omitiendo cualquier mención expresa a las parcelas físicas adquiridas sobre el terreno.
De esta forma, sólo constaba inscrita la concesión a favor de la Compañía Gaditana de minas La Caridad de Aznalcóllar en el registro de Sanlúcar la Mayor.
Para complicar más el rastreo, la compañía minera original está completamente inactiva y desvinculada del tráfico mercantil:
-En febrero de 2018, la Agencia Tributaria (AEAT) publicó una resolución en la que disponía la revocación de su Número de Identificación Fiscal (NIF).
-El Registro Mercantil de Sevilla emitió una nota informativa indicando que la sociedad ni siquiera aparece inscrita en sus registros.
-Por su parte, ninguno de los propietarios colindantes a las parcelas investigadas ha reclamado la titularidad de las vías ni ha podido aportar información de relevancia.
Ante la absoluta incertidumbre sobre la situación jurídica de estas antiguas vías férreas, la Abogacía del Estado en Sevilla emitió un informe el 26 de febrero de 2026 concluyendo que lo procedente es aplicar la Ley 33/2003 de Patrimonio de las Administraciones Públicas para determinar los derechos del Estado sobre las parcelas: Tramo del ferrocarril de la Mina de “La Caridad” de Aznalcóllar al Guadalquivir que discurre por el municipio de Santiponce (Sevilla), cuyas fincas tienen como referencia catastral
41089A001090070000XI y 41089A002090060000XF.
El acuerdo de inicio del expediente, firmado por el Subdirector General de Patrimonio del Estado, Bernardino Pérez Crespo, abre una fase clave para resolver este vacío legal centenario.
De confirmarse la titularidad estatal, se abrirá la puerta para la cesión gratuita y definitiva de estos terrenos al Ayuntamiento de Santiponce, garantizando que este espacio siga abierto al libre tránsito y disfrute público de la ciudadanía.
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