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Promesas ‘boomerang’

En plena polémica por el rebrote de la movida y/o de las ‘botellonas’ en la Alfalfa, el Arenal y la Alameda de Hércules, el Ayuntamiento tuvo la ocurrencia de tratar de contrarrestar las informaciones negativas con la filtración de otros datos aparentemente positivos pero que han tenido un efecto ‘boomerang’, porque sólo han servido para recordar que otro problema sigue irresuelto y para devolverlo al primer plano de la actualidad: las 20.000 multas impuestas a los ‘gorrillas’ durante el mandato de Zoido.

El Consistorio suele reaccionar ante cualquier asunto conflictivo recurriendo a su particular Eurostat estadístico, para arrojar una catarata de cifras con las que demostrar que no ha permanecido de brazos cruzados, sino todo lo contrario, como a su juicio prueban los datos.

La diferencia es que esta vez no había ocurrido nada extraordinario que obligara a tirar de los cuadros de Excel, por lo que se trataba de una maniobra de distracción: frente a la ineficacia, por relajación -admitida públicamente-, ante la movida, imagen de eficacia ante los ‘gorrillas’.

CASCADA DE MULTAS

Y así se filtraron los datos de que desde que se inició el mandato actual se han interpuesto 19.815 denuncias contra los ‘guardacoches’ y se ha detenido a 17 individuos relacionados con estas prácticas vulneradoras de las Ordenanzas, 8 de ellos extranjeros en situación irregular en España. Desde que se activó el plan específico contra los ‘gorrillas’, en febrero de 2012, el número de denuncias ha sido de 13.889 (un 41% de las mismas en Bami y su entorno; casi un 23%, en Nervión; y un 17%, en el distrito Macarena).

El balance estadístico sólo ha servido para remover las estancadas aguas del estanque y generar una onda expansiva de turbulencias, ya que se ha registrado una inusual unanimidad entre los medios de comunicación, fuera cual fuera su espectro ideológico, y la oposición a la hora de apostillar que el problema de los ‘gorrillas’ sigue persistiendo en las calles y que su número es equivalente o incluso superior al que había hace casi cuatro años, al inicio del mandato.

Juan Espadas, el líder de la oposición, lo resumió en una sola frase: “La cuestión es que los ‘gorrillas’ siguen ahí”. Añadió el portavoz socialista que “se dice a cuántos se multa, no a cuántos se consigue cobrar las multas”.

CAMPAÑA ELECTORAL

Por su parte, el delegado de Seguridad y Movilidad, Juan Bueno, sobre el que de golpe han vuelto a caer los problemas de las ‘botellonas’ y los ‘gorrillas’, ha reaccionado diciendo que el gobierno de Zoido “es el único que ha actuado con determinación tanto contra los ‘gorrillas’ como contra el ‘botellón’, tras muchos años de permisividad total del anterior gobierno socialista”.

Y ha añadido: “Preferimos que la oposición nos critique porque no hemos conseguido erradicarlo todavía a que los ciudadanos nos digan que no estamos haciendo nada por solucionarlo. Nadie duda hoy en día de que este gobierno le ha plantado cara a ambos fenómenos”.

La tesis de Juan Bueno sería absolutamente irreprochable si no fuera por un gran matiz: Zoido les dijo a los ciudadanos durante la campaña electoral, e incluso antes, que él iba a acabar con los dos problemas, no que fuera únicamente a intentarlo. Ese fue el factor diferencial de Zoido para ganarse la confianza de los sevillanos, que así le otorgaron la mayor mayoría absoluta que se recuerde, 20 ediles: prometer la solución a problemas que llevaban años enquistados y frente a los que habían fracasado sus predecesores, pese a que todos intentaron resolverlos con Ordenanzas o tratando de regularizar la actividad (PM-40).

SIN VARITA MÁGICA

Como hemos dicho en anteriores ocasiones, Zoido levantó tales expectativas al prometerles a los sevillanos prácticamente todo lo que estaban deseando oír (desde ser el alcalde del empleo hasta acabar con los ‘gorrillas’) que corre el riesgo de que esa enorme ilusión que suscitó (recuérdese cómo fue aclamado en su primera procesión del Corpus)  se troque en frustración colectiva a la hora de la rendición de cuentas al final del mandato: podría resultar que el alcalde no tenía la varita mágica que tomó forma en el imaginario colectivo.

Ese sentimiento de frustración por los grandes problemas irresueltos (paro, ‘botellonas’, ‘gorrillas’) es el que ya empieza a proyectar la oposición, en palabras de Espadas: “Zoido apuesta por soluciones que no resuelven el problema, como la ampliación de la zona azul, pero no ha planteado una solución integral. Creía tener la varita mágica para las cosas en un par de meses y, ahora, debería reconocer que las cosas no eran tan fáciles ni él ha tenido capacidad para resolverlas. Los ‘gorrillas’ no ha encontrado solución en este mandato tampoco”.

INSOLVENCIA

La elevadísima cantidad de denuncias (casi 20.000) interpuestas es justamente la demostración de la persistencia del problema, prueba de que se puede multar una y otra vez a los miembros de este colectivo de desclasados sin que por ello dejan de acosar a los conductores una y otra vez: sólo han sido pagadas 405 de las 19.815 sanciones  (el 2%) cursadas por los agentes de la autoridad.

En otras circunstancias, los datos habrían sido calificados de un gran éxito, porque nunca antes se había logrado por ningún gobierno local cobrarle una multa a un ‘gorrilla’, pero cuando el propio Zoido puso tan alto el listón, con la promesa de erradicar el problema al 100%, ese 2% de sanciones cobradas y la vuelta a las andadas de los ‘guardacoches’ no se considera trascendente.

Generalmente, los ‘gorrillas’ ni pagan ni suplen el importe de la multa (120 euros) con trabajos sociales, por tratarse habitualmente de personas insolventes, excluidos sociales y sin trabajo u oportunidad de tenerlo en una ciudad con casi 90.000 parados.

CAUSAS Y CONSECUENCIAS

Nos enfrentamos a un problema social de una compleja solución, que no puede resolverse  con miles y miles de multas, enfocadas hacia las consecuencias y no hacia las causas, salvo que se recurra a un despliegue policial disuasorio prácticamente las 24 horas del día en sus zonas de actuación, como Bami.

La decisión de implantar la zona azul en todas y cada una de las calles de este barrio, colindante con la ciudad sanitaria Virgen del Rocío y cercano a varias consejerías de la Junta y al campus universitario de Reina Mercedes, sólo ha servido para espantar temporalmente a los ‘gorrillas’, que retornan en las horas ‘valle’ en que no está activa, y durante las noches y los fines de semana, y para soliviantar a los empleados del hospital y de las consejerías y a  los estudiantes de la Hispalense, más los comerciantes.

En un caso, aquéllos no pueden afrontar el pago cada hora de estacionamiento regulado; en otro, éstos ven cómo los potenciales clientes no se detienen a comprar en sus establecimientos porque tratan de salir cuanto antes de la zona azul para no pagar más por aparcar.

PICARESCA

La zona azul hasta se ha convertido en un negocio para algunos residentes que ya tenían una plaza de garaje y que ahora la alquilan porque se han podido beneficiar del bono anual por aparcar en el estacionamiento regulado en superficie, mientras que para los comerciantes está siendo una ruina, ya que sus ventas han caído en un 40% desde que se implantó la medida antes del verano.

Casi el 73% de los comerciantes de Bami se han adherido ya a la plataforma creada contra la zona azul, en una demostración de que no había tanta unanimidad en el barrio a la hora de pedir esta regulación de los aparcamientos como sostenía el Consistorio.

Y ésa es la peor noticia para el gobierno: ver que su remedio contra los ‘gorrillas’ acabe siendo considerado peor que el problema que trataba de solucionar y que se una contra sus políticas de movilidad uno de los colectivos que han constituido la base electoral de Zoido, los comerciantes.

Complicarse la vida (con la zona azul)

El gobierno municipal presidido por Juan Ignacio Zoido se ha empeñado en complicarse la vida a tan sólo diez meses de las elecciones municipales tocándole el bolsillo a cada vez mayor número de sevillanos y por ello, siguiendo la tradición por estas fechas de las Administraciones Públicas, ha aprovechado el verano para aprobar, sin comunicarlo a la opinión pública hasta que no lo destapó la oposición, la ampliación de la ampliación de la zona azul a once calles más de tres sectores distintos (Luis Montoto, Viapol y Pirotecnia). Son un total de 144 plazas que se unen a las más de 7.000 que ya provocaron rebeliones vecinales en Bami y Nervión, fundamentalmente.

La nueva ampliación fue acordada mediante una resolución firmada el pasado 30 de junio por el delegado de Movilidad, Juan Bueno, y comunicada a la Junta de Gobierno del Ayuntamiento que se celebró el 4 de julio. En ninguna de las dos fechas se difundió ninguna información al respecto a la opinión pública, pese a tratarse de un asunto de indudable interés ciudadano, dado que se trata de once calles que en algunos casos son muy transitadas y en las que se registra una intensa circulación de vehículos: Eduardo Dato, San Alonso Orozco, José de la Cámara, Trovador, Padre Luque, Ciudad de Ronda, Diego de Riaño, Avenida Carlos V, Doctor Gabriel Sánchez de la Cuesta, Plaza Aviador Ruiz de Alda y Doctor José María Bedoya.

Curiosamente, el gobierno local sí se esforzó en la víspera de la celebración de aquella Junta de Gobierno, incluso con una rueda de prensa del alcalde y del delegado de Urbanismo, de anunciar la aprobación al día siguiente del inicio de los trámites para recalificar la zona portuaria donde pretende instalarse el proyecto Sevilla Park, aunque sin ofrecer tampoco el dato sustancial de que se trata de un macrocomplejo comercial de 65.000 m2 y procurando que toda la atención se concentrara en un Auditorio para eventos musicales y deportivos que no es más que la guinda del pastel.

EXPLICACIONES ‘A POSTERIORI’

Sólo después de que el martes, cuatro días después de celebrada la Junta de Gobierno, el portavoz socialista, Juan Espadas, informara en rueda de prensa de que habían sido incluidas once calles más en la lista de las declaradas con estacionamiento regulado en superficie sin que hubiera mediado difusión pública por parte del gobierno municipal, el delegado de Movilidad se vio obligado a dar estas explicaciones:

1) No ha habido oscurantismo: “El oscurantismo -afirmó- no existe hoy en día. Pertenece a épocas pasadas en las que el PSOE gobernaba con IU en el Ayuntamiento. Entonces sí que había muchas cosas oscuras”.

2) Se ha aprobado esta medida porque lo han pedido los vecinos. En este sentido puso de ejemplo las 90 plazas creadas entre San Alonso Orozco y Plaza Aviador Ruiz de Alda por petición expresa de los presidentes de comunidades de propietarios, que, según dijo, se dirigieron al Distrito para beneficiarse del abono de residentes.

3) La medida, además, la permite el pliego de condiciones, que en estimación del delegado de Movilidad faculta a corregir al alza o a la baja un 10% del total de las plazas existentes.

PUBLICIDAD PREVIA

Veamos, pues, qué dice realmente el pliego de condiciones del concurso para la zona azul. Así, el artículo 14 especifica: “El adjudicatario (o sea, la empresa municipal en segunda instancia Aussa) deberá efectuar una campaña de publicidad con un mes de antelación como mínimo a la instauración de los nuevos sectores, a la puesta en marcha de los nuevos expendedores, así como a cualquier modificación de las zonas reguladas mediante edición de folletos informativos y anuncios en medios y soportes de forma que quede garantizada su amplia difusión”.

Así pues, cualquier modificación obliga a realizar una campaña publicitaria previa con un mes de antelación, pero en este caso no se ha realizado campaña alguna, pese a lo cual el delegado niega que se haya producido oscurantismo.

En cuanto a la corrección del 10% al alza o a la baja en el número de plazas de aparcamiento en la zona azul, curiosamente tanto el delegado como la oposición hacen una interpretación similar de ese margen de maniobra, que está tratado en el pliego en tres artículos distintos, con este tenor:

-El adjudicatario ( o sea, Aussa) no tendrá derecho a ninguna reclamación por desequilibrio económico por errores en el número de plazas computadas, tanto al alza como a la baja, hasta el 10% del número total consignado.

-(…) el concesionario no tendrá derecho a contraprestación y no se considerará que produce desequilibrio económico hasta un 10% de reducción de plazas respecto al número de plazas de la licitación.

-El concesionario deberá admitir una modificación del número total de horas de los 10 años del contrato del 10%, sin que ello sea causa de desequilibrio económico.

DESEQUILIBRIO ECONÓMICO

Se observa que estos tres puntos se refieren esencialmente a que la empresa concesionaria del servicio no podrá alegar desequilibrio económico para ser indemnizada en caso de que las plazas se reduzcan, por cualquier causa en un 10% Y parece difícil que reclame por que  le aumenten el número de plazas en ese porcentaje si con ello se van a incrementar sus posibilidades de facturación en forma equivalente.

El delegado toma el rábano por las hojas cuando se habla de errores al alza o a la baja, pero, atención, de errores (se presupone que involuntarios) en el cómputo de plazas, no como consecuencia de una decisión política de ampliación, como ha sido este caso. Estos puntos, además, van en el sentido de una reducción en las plazas de la zona azul, no en el contrario de una ampliación.

Juan Bueno sí podría haber invocado no esos puntos, sino el artículo 3.3, que faculta al Ayuntamiento a ampliar o reducir el servicio, pero por causas justificadas o de interés público, lo que le habría obligado a razonarlas, algo que tampoco ha hecho.

Su resolución incluye otra medida sorprendente en unos tiempos de crisis y de recortes en que las arcas públicas necesitan captar ingresos y en que la Hacienda municipal por cobrar, cobra hasta la tasa de basuras a los locales vacíos: los residentes pueden obtener el distintivo con derecho a bono de zona azul aunque no estén al corriente de pago del sello del coche. Se trata de un privilegio que la Delegación de Movilidad tampoco ha fundamentado y que va en detrimento de la ejemplaridad fiscal y caza de los morosos que preconiza y practica la Delegación de Hacienda con el resto de los sevillanos.

FIRMAS EN CONTRA

Tras conocerse esta resolución, una plataforma vecinal de Nervión ha entregado en el Registro General del Ayuntamiento mil firmas en contra de la ampliación de la zona azul a sus calles, una actuación que debería poner en un brete al delegado de Movilidad, ya que si dice que el Ayuntamiento ha ampliado la zona azul a petición de presidentes de comunidades de propietarios, ¿qué debe hacer cuando hay mil vecinos que le piden lo contrario, que no la amplíe? ¿Valen má las peticiones de los que están a favor con tal de obtener un bono de aparcamiento de residente y aunque no paguen el sello del coche que quienes están en contra y sí pagan sus impuestos al Ayuntamiento?

La resolución del delegado de ampliar la zona azul se ha producido sin esperar al Defensor del Pueblo andaluz, cuya mediación y/o intervención habían pedido hace varias semanas los vecinos y trabajadores de Bami y Nervión afectados por la regulación del aparcamiento en superficie, y pese a que el alcalde se había mostrado conciliador y dispuesto a que se entablara un diálogo con los opositores a la ampliación de la zona azul.

Esta actitud dialogante no se compadece con una política previa y posterior de hechos consumados, en que no sólo no se congela la nueva zona azul, sino que se amplía a los pocos días aprovechando el éxodo ciudadano a las playas por el verano.  

 

El problema azul

Zoido no ha tenido mejor ocurrencia que conmemorar su tercer aniversario al frente del Ayuntamiento y a tan sólo once meses de las elecciones municipales que incumpliendo una de las reglas no escritas de la política, aquella que prescribe adoptar las decisiones impopulares en los primeros meses, o a lo sumo el primer año del mandato (por ejemplo, Rajoy con la subida de los impuestos), para que el tiempo mitigue sus efectos y el recuerdo que de ellas quede en el electorado.

Pues bien, el alcalde ha hecho justamente lo contrario con la extensión de la zona azul a todo el barrio de Bami (1.767 plazas), Macarena (229), Pirotecnia (772) y Luis Montoto (786) con la excusa, sobre todo en el primero, de acabar con los gorrillas. Como no ha podido con ellos, ha acabado castigando a sus víctimas allí donde más les duele, sus bolsillos, con el predecible efecto de acabar provocando la rebelión de éstas.

Así que mientras aún está por ver que los gorrillas desaparezcan de los barrios con nueva zona azul, Zoido ha conseguido el efecto contrario de soliviantar a una parte de los vecinos y comerciantes, a los más de 6.000 trabajadores de la ciudad sanitaria Virgen del Rocío, a la infinidad de enfermos y sus familiares que se ven obligados a estancias de larga duración en el complejo médico, a los mismos colectivos de las clínicas privadas (por ejemplo, la del Sagrado Corazón) radicadas en Bami y sus aledaños, a los centenares de estudiantes allí asentados por la proximidad del campus de Reina Mercedes y a las plantillas de las consejerías de Medio Ambiente y de Agricultura, sitas en el área de influencia del centro sanitario y también por tanto de la nueva zona azul.

NO HAY CONSENSO

El final del curso ha paliado las protestas estudiantiles en el campus de Pirotecnia y la inminencias de las vacaciones de verano hará lo propio en julio y agosto con los trabajadores del complejo sanitario, por lo que la oposición podría radicalizarse aún más en septiembre, con el inicio del último curso político de este mandato. Además, al Ayuntamiento se le ha abierto otro frente entre los trabajadores del área de Luis Montoto, con los 800 empleados de Telefónica a la cabeza, los cuales han recabado en tan sólo unos días 500 firmas en contra de la zona azul y proyectan una manifestación conjunta de todos los colectivos afectados.

Estas protestas, el sabotaje de parquímetros en Bami y el mismo anuncio de los delegados de Movilidad, Juan Bueno, y del distrito Sur, José Luis García de crear mesas de diálogo con los afectados desmienten las afirmaciones oficiales de que la extensión del aparcamiento regulado en superficie se ha realizado por consenso y a petición de los propios vecinos.

El gobierno municipal, ya claramente a la defensiva, ha incurrido en flagrantes contradicciones al tratar de sofocar el descontento ofreciendo ahora bonos de descuento a quienes trabajan en Bami y en la ciudad sanitaria (en este caso, tan sólo unos 150) para que gocen de las mismas condiciones que los vecinos, los cuales deberán pagar 80 euros anuales para el derecho a aparcar en la zona azul, pese a que ya abonan cada año el sello del coche.

DECÍAN QUE ERA ILEGAL

En su momento, tanto la Confederación de Empresarios de Sevilla, como el PSOE, IU y el Consejo de Alumnos de la Universidad de Sevilla (Cadus) presentaron emiendas y/o alegaciones al proyecto de Ordenanzas Fiscales en las que, entre otros, pidieron al gobierno local bonificaciones, exenciones y reducciones para comerciantes, trabajadores y estudiantes afectados por la zona azul. IU incluso fue más lejos al plantear que los descuentos fueran mayores en función del Iprem.

La respuesta municipal entonces fue que no se podían conceder bonificaciones a los no residentes porque vulnerarían el mismísimo concepto de la zona azul, cuyo objeto era precisamente obligar a la rotación de vehículos en los aparcamientos, no a que éstos estuvieran ocupados la mayor parte del tiempo por los mismos coches.

La delegada de Hacienda, Asunción Fley, respondió lo siguiente: “Hemos de estar a lo previsto en la Ley General Tributaria, que dispone en su art. 8 que se regularán por ley: d) El establecimiento, modificación, supresión y prórroga de las exenciones, reducciones, bonificaciones, deducciones y demás beneficios e incentivos fiscales. De la norma se extrae -aseguró- que no existe habilitación legal para el establecimiento de los citados beneficios fiscales”.

Si, según la delegada, es ilegal ofrecer bonificaciones a los no residentes, no se comprende cómo ahora el Ayuntamiento recurre a ellas para tratar de sofocar el conflicto, aunque no es la primera vez que Asunción Fley tacha de ilegal propuestas de la oposición y que pasado el tiempo haya acabado haciéndolas suyas, olvidándose de sus propias palabras en sentido contrario.

La polémica jurídica no acaba aquí. Tanto los partidos de la oposición municipal como la asociación de consumidores Facua han anunciado la presentación de recursos contra la ampliación de la zona azul por el hecho de que el gobierno municipal no incluyó la lista de calles afectadas en la Ordenanza Fiscal reguladora, sino en una disposición muy posterior, lo que a juicio de los recurrentes vulneraría la ley de Haciendas Locales.

CIUDAD SANITARIA

El conflicto afecta especialmente a Bami, donde se han incluido todas y cada una de sus calles. Era previsible salvo, al parecer para el propio Ayuntamiento, que sólo ha tenido en cuenta la opinión favorable de una parte del barrio -esgrime varios miles de firmas a favor-, pero no se ha percatado de la existencia de millares de trabajadores de la sanidad pública y privada que allí acuden a diario y del gran número de pacientes y de sus familiares que requieren sus servicios y que también se ven afectados por la zona azul sin los beneficios paliativos del bono de residencia.

Por la propia naturaleza de la función médica y la condición de los enfermos y de los familiares que los acompañan, este gran colectivo no se puede permitir, aunque económicamente pudiera, salir del hospital cada dos horas a retirar el vehículo aparcado y dar vueltas en busca de un nuevo estacionamiento. Piénsese, por ejemplo, en un cirujano operando en quirófano o en un paciente en plena diálisis.

Se ha estimado que un trabajador de la ciudad sanitaria o de cualquier otro establecimiento sito en Bami necesitaría pagar 260 euros mensuales y estar saliendo de su trabajo cada dos horas para mover el coche si pretende aparcar en la zona azul dentro del barrio, una situación similar a la que sufrirían los familiares de enfermos de larga duración internados en el Virgen del Rocío, por lo cual la medida municipal acabará creando una onda expansiva por toda la ciudad a modo de recordatorio permanente de la política de movilidad del Consistorio.

INSOLVENTES

Zoido podría haber argumentado que hizo lo mismo e incluso más que sus predecesores para acabar con la lacra de los gorrillas y cumplir su promesa electoral al respecto. Incluso llegó a anunciar una Ordenanza que permitiera requisarles el dinero que llevaran en sus bolsillos, pero como jurídicamente habría sido muy difícil demostrar que todos sus fondos procedían de una actividad ilegal, desistió. También los ha acribillado a multas, pero con nulo efecto práctico. A título de ejemplo, a principios de año el BOP de Sevilla publicó más de 500 sanciones de entre 30 y 50 euros a gorrillas por su actividad como aparcacoches y a los que no se había podido notificar individualmente por hallarse en paradero desconocido. Y cuando se les localiza se declaran insolventes.

El alcalde, pues, podría haber demostrado que no se cruzó de brazos o haber adoptado medidas disuasorias y no probadas hasta ahora, como habría sido un despliegue permanente de la Policía Local en la treintena de calles de Bami, cumpliendo así la función añadida de Policía de proximidad, pero en vez de eso ha optado por la solución más impopular y aún más gravosa que la propina al gorrilla de turno: la ampliación de la zona azul, con lo que ha acabado proyectando la imagen de que en el fondo hay también un afán recaudatorio en beneficio de la empresa municipal Aussa.

Zona azul

El Ayuntamiento de Sevilla, gobernado por un juez llamado Juan Ignacio Zoido, es a su vez juez y parte en la empresa de aparcamientos urbanos Aussa, al poseer el 51% del capital social. Ahora, la Corporación municipal le ha adjudicado a Aussa, que es tanto como adjudicárselo a sí misma (para que luego hablen de la Fundación dedicada por Felipe González a la figura de Felipe González), el concurso de la nueva zona azul por un canon de 1,5 millones de euros, cuando había otra compañía, Dornier, que ofrecía 2,5 millones. Yo no es por señalar, pero caigo en la cuenta de que la juez Alaya investiga “el perjuicio del interés general” en el caso Mercasevilla porque la Gerencia de Urbanismo, que no era accionista ni nada de la empresa ganadora, tuvo la ocurrencia de adjudicarle los suelos de la lonja a Sanma, filial del Grupo Sando, por 106 millones de euros cuando había una oferta de Noga por valor de 158 millones. La diferencia entre la oferta de Sanma y de Noga era de un -49%; la existente entre la de Aussa y Dornier es de un -73,33%. A ver ahora cómo lo explica Zoido.