En plena polémica por el rebrote de la movida y/o de las ‘botellonas’ en la Alfalfa, el Arenal y la Alameda de Hércules, el Ayuntamiento tuvo la ocurrencia de tratar de contrarrestar las informaciones negativas con la filtración de otros datos aparentemente positivos pero que han tenido un efecto ‘boomerang’, porque sólo han servido para recordar que otro problema sigue irresuelto y para devolverlo al primer plano de la actualidad: las 20.000 multas impuestas a los ‘gorrillas’ durante el mandato de Zoido.
El Consistorio suele reaccionar ante cualquier asunto conflictivo recurriendo a su particular Eurostat estadístico, para arrojar una catarata de cifras con las que demostrar que no ha permanecido de brazos cruzados, sino todo lo contrario, como a su juicio prueban los datos.
La diferencia es que esta vez no había ocurrido nada extraordinario que obligara a tirar de los cuadros de Excel, por lo que se trataba de una maniobra de distracción: frente a la ineficacia, por relajación -admitida públicamente-, ante la movida, imagen de eficacia ante los ‘gorrillas’.
CASCADA DE MULTAS
Y así se filtraron los datos de que desde que se inició el mandato actual se han interpuesto 19.815 denuncias contra los ‘guardacoches’ y se ha detenido a 17 individuos relacionados con estas prácticas vulneradoras de las Ordenanzas, 8 de ellos extranjeros en situación irregular en España. Desde que se activó el plan específico contra los ‘gorrillas’, en febrero de 2012, el número de denuncias ha sido de 13.889 (un 41% de las mismas en Bami y su entorno; casi un 23%, en Nervión; y un 17%, en el distrito Macarena).
El balance estadístico sólo ha servido para remover las estancadas aguas del estanque y generar una onda expansiva de turbulencias, ya que se ha registrado una inusual unanimidad entre los medios de comunicación, fuera cual fuera su espectro ideológico, y la oposición a la hora de apostillar que el problema de los ‘gorrillas’ sigue persistiendo en las calles y que su número es equivalente o incluso superior al que había hace casi cuatro años, al inicio del mandato.
Juan Espadas, el líder de la oposición, lo resumió en una sola frase: “La cuestión es que los ‘gorrillas’ siguen ahí”. Añadió el portavoz socialista que “se dice a cuántos se multa, no a cuántos se consigue cobrar las multas”.
CAMPAÑA ELECTORAL
Por su parte, el delegado de Seguridad y Movilidad, Juan Bueno, sobre el que de golpe han vuelto a caer los problemas de las ‘botellonas’ y los ‘gorrillas’, ha reaccionado diciendo que el gobierno de Zoido “es el único que ha actuado con determinación tanto contra los ‘gorrillas’ como contra el ‘botellón’, tras muchos años de permisividad total del anterior gobierno socialista”.
Y ha añadido: “Preferimos que la oposición nos critique porque no hemos conseguido erradicarlo todavía a que los ciudadanos nos digan que no estamos haciendo nada por solucionarlo. Nadie duda hoy en día de que este gobierno le ha plantado cara a ambos fenómenos”.
La tesis de Juan Bueno sería absolutamente irreprochable si no fuera por un gran matiz: Zoido les dijo a los ciudadanos durante la campaña electoral, e incluso antes, que él iba a acabar con los dos problemas, no que fuera únicamente a intentarlo. Ese fue el factor diferencial de Zoido para ganarse la confianza de los sevillanos, que así le otorgaron la mayor mayoría absoluta que se recuerde, 20 ediles: prometer la solución a problemas que llevaban años enquistados y frente a los que habían fracasado sus predecesores, pese a que todos intentaron resolverlos con Ordenanzas o tratando de regularizar la actividad (PM-40).
SIN VARITA MÁGICA
Como hemos dicho en anteriores ocasiones, Zoido levantó tales expectativas al prometerles a los sevillanos prácticamente todo lo que estaban deseando oír (desde ser el alcalde del empleo hasta acabar con los ‘gorrillas’) que corre el riesgo de que esa enorme ilusión que suscitó (recuérdese cómo fue aclamado en su primera procesión del Corpus) se troque en frustración colectiva a la hora de la rendición de cuentas al final del mandato: podría resultar que el alcalde no tenía la varita mágica que tomó forma en el imaginario colectivo.
Ese sentimiento de frustración por los grandes problemas irresueltos (paro, ‘botellonas’, ‘gorrillas’) es el que ya empieza a proyectar la oposición, en palabras de Espadas: “Zoido apuesta por soluciones que no resuelven el problema, como la ampliación de la zona azul, pero no ha planteado una solución integral. Creía tener la varita mágica para las cosas en un par de meses y, ahora, debería reconocer que las cosas no eran tan fáciles ni él ha tenido capacidad para resolverlas. Los ‘gorrillas’ no ha encontrado solución en este mandato tampoco”.
INSOLVENCIA
La elevadísima cantidad de denuncias (casi 20.000) interpuestas es justamente la demostración de la persistencia del problema, prueba de que se puede multar una y otra vez a los miembros de este colectivo de desclasados sin que por ello dejan de acosar a los conductores una y otra vez: sólo han sido pagadas 405 de las 19.815 sanciones (el 2%) cursadas por los agentes de la autoridad.
En otras circunstancias, los datos habrían sido calificados de un gran éxito, porque nunca antes se había logrado por ningún gobierno local cobrarle una multa a un ‘gorrilla’, pero cuando el propio Zoido puso tan alto el listón, con la promesa de erradicar el problema al 100%, ese 2% de sanciones cobradas y la vuelta a las andadas de los ‘guardacoches’ no se considera trascendente.
Generalmente, los ‘gorrillas’ ni pagan ni suplen el importe de la multa (120 euros) con trabajos sociales, por tratarse habitualmente de personas insolventes, excluidos sociales y sin trabajo u oportunidad de tenerlo en una ciudad con casi 90.000 parados.
CAUSAS Y CONSECUENCIAS
Nos enfrentamos a un problema social de una compleja solución, que no puede resolverse con miles y miles de multas, enfocadas hacia las consecuencias y no hacia las causas, salvo que se recurra a un despliegue policial disuasorio prácticamente las 24 horas del día en sus zonas de actuación, como Bami.
La decisión de implantar la zona azul en todas y cada una de las calles de este barrio, colindante con la ciudad sanitaria Virgen del Rocío y cercano a varias consejerías de la Junta y al campus universitario de Reina Mercedes, sólo ha servido para espantar temporalmente a los ‘gorrillas’, que retornan en las horas ‘valle’ en que no está activa, y durante las noches y los fines de semana, y para soliviantar a los empleados del hospital y de las consejerías y a los estudiantes de la Hispalense, más los comerciantes.
En un caso, aquéllos no pueden afrontar el pago cada hora de estacionamiento regulado; en otro, éstos ven cómo los potenciales clientes no se detienen a comprar en sus establecimientos porque tratan de salir cuanto antes de la zona azul para no pagar más por aparcar.
PICARESCA
La zona azul hasta se ha convertido en un negocio para algunos residentes que ya tenían una plaza de garaje y que ahora la alquilan porque se han podido beneficiar del bono anual por aparcar en el estacionamiento regulado en superficie, mientras que para los comerciantes está siendo una ruina, ya que sus ventas han caído en un 40% desde que se implantó la medida antes del verano.
Casi el 73% de los comerciantes de Bami se han adherido ya a la plataforma creada contra la zona azul, en una demostración de que no había tanta unanimidad en el barrio a la hora de pedir esta regulación de los aparcamientos como sostenía el Consistorio.
Y ésa es la peor noticia para el gobierno: ver que su remedio contra los ‘gorrillas’ acabe siendo considerado peor que el problema que trataba de solucionar y que se una contra sus políticas de movilidad uno de los colectivos que han constituido la base electoral de Zoido, los comerciantes.
La Plataforma pro Parque Guadaira (a mí me gusta sin acento en la ‘i’, pese a Gutiérrez Limones), ya saben, el único parque del mundo proyectado desde su origen con una carretera por medio, ha pedido públicamente su cerramiento ante el riesgo de que sea “fagocitado” por los coches de los aficionados que acuden a los partidos del Betis. Miedo más que justificado. El sábado pasé por allí coincidiendo con el encuentro ante el Español y los automovilistas aparcaban incluso sobre el campo de fútbol del complejo deportivo municipal de la calle Ifni, sin que la invisible Policía se inmutara ni a Zoido se le ocurriera mandar la grúa, no vaya a ser que se le cabreen los votantes. Larga bula a los dos clubes sevillanos. Los gorrillas, que ahora están al aguardo de sus víctimas montados en bicicleta para que nadie se libre de pagarles el ‘impuesto revolucionario’, ya se frotan las manos ante la perspectiva que les ofrece el nuevo espacio explanado entre el Polígono Sur y Heliópolis. Mucho me temo que el Guadaira, más que parque va a ser el parking anexo al estadio del Betis.
Zoido se pregunta dónde han estado PSOE e IU estos 12 años, porque parece como si no hubieran gobernado mediante Monteseirín/Torrijos. Planteaba la interrogante por críticas como la de Espadas que, oportunista, se ha enganchado a la polémica por la dimisión de Bami Unido a cuenta de los ‘gorrillas’ y le exige que dé a conocer su estrategia global para atajar este problema histórico de la movilidad. No se trata de echarle un capote al alcalde, que se pasó tres pueblos emulando a Adolfo Suárez con el “puedo prometer y prometo” y que se extraña por que le pidan el cumplimiento de la palabra dada, pero no parece lógico que si, según reconoce Espadas, el problema de los ‘gorrillas’ es histórico y PSOE e IU estuvieron doce/ocho años y no fueron capaces de resolverlo, ahora venga él instándole a que lo liquide de la noche a la mañana. Si Zoido fuera más astuto, aparte de incluir a los ‘gorrillas’ en la herencia recibida, podría pedirles a los electores que le den el mismo plazo en el Poder que a Monteserín para acabar con ellos: doce años, igualdad de oportunidades.
Tras la dimisión de la directiva de Bami Unido por el acoso de los ‘gorrillas’ a su indefensa presidenta, cuyo caso puede ser el de cualquiera de nosotros algún día como en el poema de Bertolt Brecht, vuelven a aparecer distinciones entre guardacoches ilegales y legales. Ah, pero ¿acaso esta figura no es ilegal ‘per se’? Porque si es legal sobran los agentes de una Autoridad llamada Ayuntamiento que es incapaz de garantizar la libre circulación de los automovilistas por la vía pública y hemos vuelto a la ley de la jungla. ¿Por qué una misma acción es ilegal si la realiza un individuo de mala catadura y legal si la ejecuta otro uniformado ‘sui generis’ que te pone un recibo disfrazado de donativo en el parabrisas y dice estar amparado por un convenio con el Consistorio? Bastante tienen los sevillanos con pagarle el sello del coche a la Hacienda municipal para tener que sufrir además el ‘impuesto revolucionario’ de todo el que, con buenas o malas maneras, se le pone al pie de la carrocería. En materia de guardacoches también hay coacciones de cuello blanco.
Decididamente, Dios no llamó a Juan Espadas para ser líder de la Oposición municipal y
Aun siendo el partido más votado, la suma de sus ediles con los de IU (14, tras perder uno cada uno) queda lejos del bloque PA (9) y PP (8), y Rojas Marcos-Soledad Becerril se hacen con la Casa Grande. El primero será el alcalde en la Expo, un ‘agravio’ inconcebible para el partido de González y Guerra en la cuna del nuevo socialismo español.
Iba yo a comprar no el pan, como Francisco Umbral, sino el periódico este verano en mi barrio cuando me sorprendí al ver un gran solar contiguo tomado por una legión de operarios de Lipasam. En los 12 años de mandato de Monteserín jamás había parecido por allí brigada alguna de limpieza, por lo que la vegetación había alcanzado una altura considerable y el sitio se había convertido en refugio idóneo para las ratas, mingitorio y defecadero de perros, basurero, vertedero…. En un solo día el solar fue desbrozado y limpiado completamente y la imagen de los camiones llevándose la maleza me retrotrajo a la de los camiones que Soledad Becerril sacó con hojarasca y ramajos del Parque en vísperas de la Expo.
La ‘tolerancia cero’ de Zoido con los ‘gorrillas’ se ha extendido a la prostitución, que ha desaparecido ya de Nervión ante la actuación disuasoria de la Policía, la cual deberá complementarse, al igual que con los ‘aparcacoches’, con medidas sociales para abordar la raíz de estas prácticas y no sólo sus consecuencias.