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Hacienda coloca al Consistorio en la tesitura de desprenderse de Aussa

Fija el 31 de marzo como límite para la venta de filiales participadas por terceros

Aussa, que gestiona la zona azul, es filial de Tussam pero participada por Azvi

El Ayuntamiento tratará de no vender con la tesis del control “exclusivo” de Tussam

 

La nota aclaratoria del Ministerio de Hacienda sobre los efectos de la ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local coloca al Ayuntamiento de Sevilla ante la tesitura de verse obligado a vender la empresa de Aparcamientos Urbanos de Sevilla S. A. (Aussa), la filial de Tussam a través de la que controla y gestiona los  aparcamientos regulados en superficie (zona azul) de la ciudad.

El Ministerio de Hacienda dedica un apartado de su nota explicativa de 28 páginas de extensión sobre la Reforma Local, adelantada  por Viva Sevilla, a las entidades directamente dependientes de las entidades locales, o sea, las empresas municipales.

En este sentido, distingue las de primer nivel o propiedad al 100% de los ayuntamientos, como en el caso de Sevilla serían Tussam, Lipasam, Emasesa y Emvisesa, y las de segundo nivel, que dependen o están participadas por empresas englobadas en el primer grupo, como es el caso de Aussa, filial de Tussam.

Hacienda prohíbe, como norma general, que ninguna empresa municipal ya existente pueda constituir otra compañía, con independencia de la situación financiera en que se encuentre. En cuanto a las empresas ya existentes y participadas por sociedades municipales, distingue dos grandes grupos:

1) Las que estén controladas exclusivamente por entidades dependientes directamente de los ayuntamientos, o sea, aquellas en que una empresa municipal posea el 100% de las acciones.

2) Las empresas ya existentes pero que no estén controladas exclusivamente por empresas municipales, o sea, aquellas en las que hay otros accionistas que controlen una parte del capital social.

Según la nota aclaratoria de Hacienda, se deberá proceder a la transmisión de la participación en el capital social por parte de la empresa municipal en el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de la ley, un plazo que expira el 31 de marzo de 2014.

En esta situación se halla Aussa, cuya página web oficial reconoce que se trata de una sociedad mercantil integrada por Tussam (Ayuntamiento de Sevilla) y por Concesiones Intercontinentales (COINTER y grupo Azvi), con 15 años de experiencia en la gestión de aparcamientos públicos, en estacionamiento regulado y en servicio de retirada de vehículos de la vía pública, “destacando -especifica- la gestión de aparcamientos en grandes eventos (hasta 20.000 plazas)”.

No obstante, según fuentes municipales consultadas, el Ayuntamiento, para no desprenderse de Aussa, sostiene la interpretación de que forma parte de las empresas del primer grupo, las controladas en su gestión exclusivamente por entidades dependientes de la corporación municipal, a través de Tussam.

PLAN DE EXPANSIÓN

Aussa informa en su web de que en 2008 inició un plan de crecimiento y expansión geográfica desde Sevilla a otras ciudades de España, gracias a su capacidad de adaptación y a la aplicación de las últimas tecnologías, y que actualmente tiene presencia en las provincias de Sevilla, Córdoba, Granada, Jaén, Salamanca y Madrid.

Recientemente, la Mesa de Contratación del Ayuntamiento de Sevilla decidió adjudicarle el contrato de la nueva zona azul de la ciudad a cambio del pago de un canon fijo anual de 1.521.094 euros, con un 12% variable y por un plazo de diez años prorrogables por dos más.

En el pliego de condiciones aparecía como cifra orientativa un número de 7.285 plazas, de las que 3.173 son de nueva creación, si bien su distribución está aún pendiente de acuerdo con los vecinos a través de los Distritos.

La clave está en el Diccionario
¿Qué significa la palabra ‘exclusivamente’? Del significado que se le atribuya al término puede depender el futuro de Aussa. Hacienda estipula que los ayuntamientos deben vender las empresas que no estén controladas exclusivamente por otras empresas municipales, pero no obliga a vender las que están controladas exclusivamente por una sociedad matriz de índole municipal.

El Ayuntamiento de Sevilla, para no vender Aussa, interpreta que está controlada exclusivamente por Tussam. Según el Diccionario de la Academia, ‘exclusivamente’ significa en su segunda acepción “sola, únicamente”. Y la palabra ‘exclusivo’, en su segunda acepción, significa “único, solo, excluyendo a cualquier otro”. Pues bien, Tussam no está sola y únicamente en Aussa, sino con Azvi como socia y accionista.

Es más, es la propia Aussa la que emitió el 19 de noviembre de 2013 una nota de prensa con el siguiente título: ‘Grupo Azvi se adjudica,  a través de Aussa, la gestión de la Zona Azul de Sevilla’.

 

Zoido confirma la Disposición Adicional

para salvar la Zona Franca

 

El alcalde confirmó  la noticia de Viva Sevilla sobre la redacción de una Disposición Adicional para salvar de los efectos de la Reforma Local la Zona Franca, aunque para ello Zoido incurrió en una contradicción al sostener que con la legislación actual no hay ningún inconveniente para que el Ayuntamiento no pueda formar parte del consorcio de la misma. Si no hubiera ningún inconveniente, como pone de manifiesto la nota aclaratoria de Hacienda, no habría hecho falta la citada Disposición sobre la marcha.

El Grupo Popular en el Senado ha tenido que añadir una Disposición específica sobre zonas francas durante la tramitación del proyecto de leuy sobre Cobertura por cuenta del Estado de los riesgos de la internacionalización de la economía española. Con esta Disposición incorpora además otra (la número 23) a la ley del Patrimonio de las Administraciones Públicas sobre el régimen patrimonial de los consorcios de zonas francas.

Hacienda vuelve a dejar en el aire la Zona Franca de Sevilla

Ratifica en una nota aclaratoria que el Plan de Ajuste impide crear el consorcio

Tampoco podría el Ayuntamiento realizar aportaciones patrimoniales

El Gobierno prepara una Disposición que anule estos efectos de su Reforma Local

 

El Ministerio de Hacienda ha emitido con fecha 5 de marzo una nota explicativa de 28 páginas sobre la Reforma Local que sigue dejando en el aire la Zona Franca en el puerto de Sevilla o, al menos, la participación del Ayuntamiento de la ciudad en la misma, ya que en su documento el Ministerio mantiene el veto para corporaciones municipales que, como la hispalense, decidieron acogerse al Plan de Ajuste.

La nota aclaratoria del ministerio que dirige Cristóbal Montoro, diputado por Sevilla, profundiza en cinco aspectos de la ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local: 1) Clarificación de competencias, 2) Racionalización de la estructura local; 3) Regímenes de dedicación y retribuciones de los miembros de las corporaciones locales; 4) Racionalización del empleo público; y 5) Control financiero y presupuestario más riguroso e Impulso de la actividad económica.

A la hora de hablar del redimensionamiento del sector público local, la nota aclaratoria se refiere especialmente (página 11) a las entidades locales que tengan un Plan Económico-Financiero o de Ajuste que estén aplicando, caso en el que se encuentra el Ayuntamiento de Sevilla. En este supuesto, Hacienda ratifica que durante la vigencia de dichos planes ni los ayuntamientos ni sus organismos autónomos podrán “adquirir, constituir o participaren la constitución, directa o indirectamente, de nuevos organismos, sociedades, consorcios, fundaciones, unidades y demás entes”.

Por tanto, el Ministerio mantiene el veto a que se siga engordando el organigrama municipal con la creación de nuevos entes, como sería el caso de la Zona Franca del puerto de Sevilla que promueve el Ayuntamiento, por lo que en la hipótesis de que siga adelante debería hacerlo sin el Consistorio sevillano, de no mediar un cambio en las actuales circunstancias. Por ello, el Gobierno estudia ahora la aprobación de una Disposición que incluir en otra norma y que permita soslayar este tipo de efectos de su Reforma Local.

Actualmente al menos y conforme a la nota aclaratoria de Hacienda, el Ayuntamiento no puede crear el consorcio de la Zona Franca y si pudiera crearlo se encontraría con un segundo obstáculo que impone el documento de Hacienda: tampoco podría realizar aportaciones patrimoniales ni suscribir ampliaciones de capital.

En este aspecto, la nota de Hacienda abunda en la excepción prevista en la propia ley de Reforma Local, referida a tres puntos concretos: 1) Que se alcance el objetivo de estabilidad presupuestaria o de superávit; 2) que se logre el objetivo de deuda pública; y 3) que el periodo medio de pago a proveedores no supere en más de 30 días el plazo máximo previsto en la normativa de morosidad.

Actualmente, el Ayuntamiento incumple esta tercera condición, ya que según el último informe de la Intervención Municipal sobre el cuarto trimestre de 2013 revela que está pagando a los proveedores con una demora de 81,5 días.

Cabe colegir por la nota aclaratoria de Hacienda que si se permite superar en 30 días el plazo máximo previsto, que ya es de 30 días, el límite quedaría fijado en 60 días. Así pues, al Ayuntamiento de Sevilla le bastaría reducir su demora en veintiuno para empezar a pagar a sus proveedores en esos 60 días. No obstante, el alcalde prometió en el último Pleno que la meta es realizar los abonos en un plazo de 20 a 25 días.

Se faculta a Zoido a cobrar

100.000 euros anuales y

75.000 a Toscano

La nota aclaratoria del Ministerio de Hacienda sobre la Reforma Local también se refiere a los límites salariales para los miembros de los ayuntamientos y por todos los conceptos retributivos: sueldo, complemento de destino, complemento específico, productividad y dos pagas extraordinarias.

La retribución de los alcaldes se fundamenta en dos criterios fundamentales: la naturaleza de la corporación local y el número de habitantes del municipio.

Dado que Sevilla tiene más de 500.000 habitantes, Juan Ignacio Zoido tendría derecho a percibir como alcalde y por todos los conceptos una retribución máxima de 100.000 euros anuales. Por su parte, Francisco Toscano, como alcalde de la segunda ciudad más poblada, Dos Hermanas, podría cobrar un máximo de 75.000, ya que el municipio nazareno aún no llega a los 150.000 habitantes. Antonio Gutiérrez Limones, como alcalde del tercer municipio más poblado, Alcalá de Guadaíra, tiene derecho a percibir un máximo de 65.000 euros, ya que su ciudad no ha superado aún oficialmente los 75.000 habitantes.

Para saber lo que pueden cobrar los alcaldes hay que atenerse a la siguiente tabla, según Hacienda:

 

Número de habitantes         Retribuciones

 

Más de 500.000                  100.000 euros

 

De 300.001 a 500.000          90.000

 

De 150.001 a 300.000          80.000

 

De 75.001 a 150.000            75.000

 

De 50.001 a 75.000              65.000

 

De 20.001 a 50.000              55.000

 

De 10.001 a 20.000              50.000

 

De 5.001 a 10.000                45.000

 

De 1.000 a 5.000                  40.000

Zoido promete ahora pagar a los proveedores en 20 ó 25 días

Actualmente cobran del Ayuntamiento con un retraso de 81,50

El objetivo del Plan de Ajuste era reducir la demora al plazo legal de 30

La evolución cada vez es peor ya que en 2013 el retraso creció en 7 días

 

El alcalde de Sevilla cerró el Pleno celebrado en vísperas del Día de Andalucía con una promesa que pasó prácticamente inadvertida: el plazo de pago a los proveedores. Y es que la atención se había centrado en los efectos que para el Ayuntamiento tendrá o dejará de tener la nueva ley de Reforma de la Administración Local en el mantenimiento o supresión de servicios municipales, hasta el punto de que numerosos directores de Área y otros cargos del Consistorio acudieron al Pleno a escuchar las explicaciones del alcalde.

En medio de su intervención sobre la Reforma, Zoido dejó caer la promesa de que el Ayuntamiento va a pagar a sus proveedores como máximo en un plazo de entre 20 y 25 días. En caso de cumplirse, sería de entre 5 y 10 días menor que el ideal establecido para todas las Administraciones Públicas: 30 días.

Sin embargo, la promesa del alcalde está aún lejos de la realidad cotidiana, como demuestra el informe del interventor municipal, José Miguel Braojos, sobre el grado de cumplimiento por parte del Consistorio del Plan de Ajuste referido al último trimestre del año 2013 y fechado tan sólo veintiséis días antes del discurso del alcalde ante el Pleno.

En la página 7 de su informe, el interventor dice textualmente lo siguiente: “Tratándose de datos de distintas entidades, el periodo medio de pago de la deuda comercial no se refleja por el cálculo ponderado de los periodos medios de pagos. Por ello, se ha optado por reflejar el periodo correspondiente a la entidad Ayuntamiento de Sevilla de 81,50 días, que es la que en términos relativos tiene mayor volumen de gestión de recursos, si bien la generalidad de las entidades cumplen con las previsiones legales de pago. Este dato del periodo medio de pago de la deuda comercial ha empeorado en el cuarto trimestre con respecto al tercero, pasando de 74 días a 81,50 días”.

Así pues, tras las palabras del alcalde de rebajar el plazo a entre 20 y 25 días, el Ayuntamiento tendría que agilizar su ritmo de pagos en un 70% para que se materialice la promesa de Zoido a partir de los actuales 81,50 días.

Recuérdese que uno de los objetivos del Plan de Ajuste y de acogerse a los créditos impulsados por el Ministerio de Hacienda era poner a cero el contador de la deuda acumulada con los proveedores, pero tres años después las demoras en los pagos por parte de la Hacienda municipal se aproximan ya a los tres meses.

Facturas con 660 días de retraso en la era Zoido

El equipo de gobierno municipal someterá a aprobación del último Pleno del año en curso facturas impagadas del Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla (ICAS) y de la Delegación de Seguridad y Movilidad por valor de 890.197 euros, pero  más significativo aún que el importe a pagar es la tardanza en hacerlo, ya que hay tres facturas pendientes desde hace 660 días y que no datan por tanto del mandato del gobierno anterior.

El pasado 15 de octubre, el interventor general, José Miguel Braojos, realizó un informe sobre el seguimiento del Plan de Ajuste al que se acogió el Ayuntamiento y estimó que el periodo medio de pago a los proveedores es de 74 días y que la generalidad de las empresas y organismos autónomos de la Corporación también cumplen con las previsiones legales de pago.

Por su parte, la delegada de Hacienda, Asunción Fley, ha reconocido públicamente que el Ayuntamiento todavía tarda mucho en abonar sus deudas, pero en su opinión menos que antes, en la etapa PSOE-IU, como a su juicio prueban las escasas reclamaciones que en tal sentido se le hacen.

Sin embargo, el Pleno municipal de diciembre va a dejar en evidencia tanto al interventor como a la delegada de Hacienda, debido a las facturas pendientes de pago que elevan las delegaciones de Cultura (por el ICAS) y de Movilidad. Cultura pide el reconocimiento extrajudicial de créditos por servicios y suministros prestados por empresas y que en conjunto suponen 56.664,43 euros.

LA MOROSIDAD DEL ICAS

De las diecisiete facturas del ICAS, sólo tres corresponden al año 2013 (dos del mes de enero y uno del mes de febrero) y catorce están sin pagar desde el año 2012. De este grupo, hay tres que datan de hace 22 meses; una, de hace 21 meses, y otra, con 20 meses de antigüedad. Por tanto, ya no se trata de impagados del mandato de Monteseirín, al que seguir culpando de la ‘herencia recibida’, sino que datan todos ellos de la era Zoido, en la que se registran demoras de hasta 660 días.

En conjunto, el promedio del retraso para el pago a proveedores del ICAS se eleva a 462 días, o sea, más de un año y un trimestre y más de seis veces el plazo medio estimado por el interventor general en su informe sobre el Plan de Ajuste.

Los mayores sufridores de la demora del gobierno local a la hora de pagar han sido la empresa Externa Team, por prestar el servicio de información y recepción de visitantes en el Antiquarium, y Papeles del Norte, que suministró tóner para la impresora del ICAS el 29 de febrero de 2012 y todavía no ha podido cobrarlo. El Ayuntamiento no hace distingos a la hora de retrasarse en los pagos. La agencia de viajes de El Corte Inglés lleva esperando un año y medio a que le le pague 52,15 euros por los gastos de desplazamiento de Chantal Grande Paumier para preparar la exposición ‘Rafael Sáez Lobato’.

ENERGÍA ELÉCTRICA

El paquete de facturas pendientes más importante es el de la compañía eléctrica Endesa, a la que se adeudan cerca de 800.000 euros sólo por el suministro de energía a los semáforos de la ciudad desde agosto de 2012 hasta el mes pasado, con lo cual la factura más antigua data de hace dieciséis meses y cinco tienen un año o más de antigüedad.

En total, la deuda con Endesa es de 833.533 euros, pero el gobierno local insta a la Delegación de Hacienda a que le retenga a la eléctrica el pago de 56.970,79 euros correspondiente a los recargos por el interruptor de control de potencia, hasta que se aclare si procede su abono o no.

El crédito para pagar las pérdidas de la Davis costó 144.704 euros

El déficit de un millón de euros en números redondos que dejó la celebración en Sevilla, en diciembre de 2011, de la final de la Copa Davis de tenis obligó al Ayuntamiento presidido por Zoido a solicitar un crédito bancario para afrontar las pérdidas, pero las vicisitudes con el expediente municipal fueron tales que acabó generando unos gastos desorbitados por valor dde 144.704 euros.

El gobierno local ha tardado casi dos años en cerrar el expediente abierto con motivo de la final de la Copa Davis, que la selección española de tenis ganó al imponerse en la final a la de Argentina, y todo este tiempo le ha ido engrosando la factura a la Appes, el ente que recibió el encargo de organizar el evento deportivo para, paradójicamente, agilizar las contrataciones y el papeleo prescindiendo de los procedimientos administrativos imperantes en el Consistorio, ya que así, supuestamente, se evitaba la ralentización que podría provocar la burocracia municipal.

Aunque Zoido prometió que la Copa Davis no costaría ni un solo euro a los sevillanos porque se iba a financiar mediante patrocinios privados, las expectativas en este sentido no se cumplieron y el balance arrojó unas pérdidas de un millón de euros en números redondos. Mientras se clarificaban las cuentas de ingresos y gastos y el resultado final ante la opinión pública, hubo que afrontar el ‘agujero’ tenístico pidiendo un crédito de un millón de euros a Cajasol, con un plazo de seis meses (mayo de 2012) y al llamativo interés -por elevado- del 7%, que generaría unos pagos de 35.000 euros. A este coste hubo que añadírsele 3.407 de comisión de apertura, 395 en concepto de caja de seguridad y 348,39  de notaría.

Sin embargo, llegado el vencimiento el Consistorio no pudo devolver el dinero, por lo que acordó, ya con La Caixa, una prórroga, otra vez con unos intereses del 7%, que habría de suponerle unos costes de 29.750 euros. A la vista de lo acaecido anteriormente, la entidad catalana se cubrió las espaldas imponiendo 8.139 euros en concepto de intereses de demora para caso de impago en el plazo establecido. Y aunque se trataba de una mera prórroga del crédito inicial y el Ayuntamiento debería ser teóricamente un cliente ‘VIP’ para cajas y bancos, sorprendentemente éste accedió a pagar otra comisión de apertura que incrementaron la factura en 10.000 euros más. Y por gastos de corretaje, 286,47 euros.

Pero el expediente municipal seguía empantanado y sin aprobarse, ya que sufrió dos grandes parones debido a informes técnicos contrarios, por lo que no acabó aprobándose hasta el pasado mes de octubre. En el ínterim vencía la prórroga del crédito y no había manera de librar el dinero desde la Hacienda municipal para afrontar el pago. ¿Solución? Volver a prorrogar el crédito, ya por segunda vez y, obviamente, con La Caixa. Y también se actuó como si se tratara de un préstamo nuevo, ya que hubo que afrontar 10.000 euros como comisión de apertura y otro corretaje, esta vez de 357,89 euros. Con un interés al 7% anual, el coste se incrementó en 47.022 euros.

Al final, el crédito para tapar el ‘agujero’ de la Davis les ha acabado costando a los contribuyentes sevillanos 144.704 euros en gastos financieros, lo que en la práctica supone que el millón de euros se pagó al 14,47% de interés.

El Consistorio pagó 134.794

euros de facturas ‘impropias’

El portavoz del grupo municipal del PSOE, Juan Espadas, ha enviado una carta al alcalde, Juan Ignacio Zoido, en la que le pide que solicite a la Federación Española de Tenis que reintegre 134.704,59 euros que el Ayuntamiento de Sevilla ha pagado en la final de la Copa Davis por gastos que, según los informes emitidos por la jefa de Servicio municipal, no estaban previstos en el pliego de condiciones como obligación para la organizadora.

Entre los gastos imprevistos e impropios del Consistorio se encuentran, según Espadas, todos los correspondientes a la partida 2.11, bajo el epígrafe ‘tras peticiones y mejoras’, y que se desglosan de la siguiente forma:

-Grúa adicional para la cubierta principal:, 7.145,00 euros

-Coordinación del montaje:                         9.756,59 euros

-Ampliación de la pista para publicidad:     9.438,00 euros

-Iluminación de los entrenamientos:         24.401,92 euros

-Zona Village:                                            30.360,00 euros

-Mayores cerramientos:                           50.925,58 euros

-Fotógrafo:                                                  2.677,50 euros

Destacan los 30.360 euros aportados por el Ayuntamiento para la denominada ‘Zona Village’, que en realidad consistió en la habilitación de un área para los ‘Vip’  a petición de la Federación Española de Tenis, que así le cargó otro coste más a la Hacienda municipal.

 

Zoido mantiene 31 directivos que ganan más que él como alcalde

El proyecto de ley de Presupuestos de la Junta de Andalucía para 2014 declara “nulos de pleno derecho” los acuerdos o contratos de directivos de empresas públicas cuyas retribuciones superen la fijada para la presidenta del Gobierno andaluz, 63.808,20 euros. Esta política contrasta con la del Ayuntamiento de Sevilla, donde 31 directivos o altos cargos perciben más de los 59.831 euros anuales estipulados para el alcalde, Juan Ignacio Zoido.

El último pleno municipal aprobó no sólo las Ordenanzas Fiscales para 2014, sino también el polémico sueldo de la directora general de Hacienda y Gestión Presupuestaria, Tereja Ojeda, fijado ahora en 105.000 euros anuales.

La delegada de Hacienda, Asunción Fley, defendió el nuevo salario de Ojeda con el argumento de que asumía también la Dirección General de Recursos Humanos tras la destitución de su antiguo titular, con lo que al fusionar los dos cargos en uno solo el Ayuntamiento se ahorrará en realidad 30.000 euros, ya que el sueldo de la doble directora pasa de sus antiguos 75.000 a 105.000.

Para los partidos de la oposición, PSOE e IU, la aprobación de este nuevo salario únicamente con los votos favorables del PP resulta “indecente”, dados los recortes de las nóminas del personal municipal y las vacantes de plantilla dejadas sin cubrir como consecuencia del Plan de Ajuste, cuando el Consistorio podría haberse ahorrado íntegramente el salario que percibía el anterior director general de Recursos Humanos en vez de destinar el 50% del mismo a subirle a la directiva ahora promocionada.

La oposición sostiene que la fusión de las dos direcciones generales demuestra en el fondo que una de ellas era innecesaria y que la directiva que asume ambas competencias no va a trabajar a doble turno como para hacerse acreedora al cobro de 105.000 euros en vez de 75.000.

En este sentido, la posición defendida por Juan Espadas, el portavoz municipal socialista, es que los 31 directivos y/o altos cargos del Ayuntamiento y sus empresas cobren en 2014 no más que el alcalde, Juan Ignacio Zoido, cuya retribución ha quedado fijada en 59.831,24 euros anuales.

Según las estimaciones de Espadas, si esos 31 directivos percibieran lo mismo que el alcalde e incluso se equipara la retribución del jefe de Protocolo, que es de 57.990, la ciudad se ahorraría 644.251,76 euros anualmente. La idea de Espadas no ha merecido el apoyo del PP, por lo que gracias a la mayoría absoluta de éste en el Ayuntamiento esos directivos seguirán cobrando más que Zoido.

EL RANKING DE LOS DIRECTIVOS MUNICIPALES

Esta es la clasificación de directores-gerente, directores generales y otros altos cargos del Ayuntamiento y de sus empresas según el departamento o la sociedad municipal en que desarrollan su labor:

1) Director-gerente de Fibes 150.000 euros

2) Emasesa 134.000 euros

3) Urbanismo 120.000 euros

4) Emvisesa 113.700 euros

5) Hacienda 105.000 euros

6) Tussam 102.000 euros

7) Lipasam  98.600 euros

8) Instituto Cultura (ICAS) 98.000 euros

9) Agencia Tributaria 93.500 euros

10) Instituto de Deportes (IMD) 86.700 euros

11) Innovación   75.200,99

12) Régimen Interior 75.200,99

13) Seguridad 75.200,99

14) Cultura 75.200,99

15) Asuntos Sociales 75.200,99

16) Familia y Salud 75.200,99

17) Coordinación Servicios   75.200,99

18) Participación Ciudadana     75.200,99

19) Consorcio de Turismo 75.200,99

20) Instituto Tecnológico (ITAS) 64.606,00

21) Comunicación 60.221,14

22) Jefe Gabinete Alcaldía 60.221,14

23) Medio Ambiente 60.221,14

24) Empleo y Economía 60.221,14

25) Movilidad 60.221,14

26) Zonas de Especial Actuación 60.221,14

27-31) Tribunal Económico (5 miembros)      60.221,14

 

El secreto está en la tasa

Cuenta la leyenda que Leonardo Fernández Pujals, el cual había conocido en Estados Unidos el ‘boom’ del reparto de comida a domicilio y en especial el de pizzas, se propuso emular en España aquel negocio de éxito, para lo cual dejó su cómodo puesto de directivo de una multinacional, hipotecó su casa para conseguir liquidez y empezó desde la nada las probaturas para fabricar pizzas antes de poder repartirlas.

Los niños que jugaban al fútbol en las calles del madrileño barrio del Pilar fueron sus conejillos de Indias. Les dio a probar todo tipo de combinaciones de ingredientes y sólo cuando la mayoría de ellos coincidieron en señalar la que más les gustaba de todas supo que había dado con la fórmula, la cual tradujo en un lema comercial: ‘El secreto está en la masa’. Había nacido Telepizza.

Asunción Fley, la delegada de Hacienda de Zoido que pasa por ser la dama de hierro y la ‘manostijeras’ municipal (por aquello de los recortes a troche y moche, salvo cuando se trata de subirle el sueldo hasta los 105.000 euros a su directora general), le ha dado un sinfín de vueltas al proyecto de Ordenanzas Fiscales de 2014, para conciliar el mensaje propagandístico del alcalde de que supondrían la mayor rebaja impositiva de la historia de la Democracia con la necesidad de compensar de tapadillo y por otras vías la caída de ingresos que supondrá la congelación del IBI, previa subida del 10% en ejercicios anteriores.

Tras frustrarse, por impopular, la idea de implantar el copago policial, la oposición descubrió en el Pleno de las Ordenanzas celebrado el pasado 30 de octubre que el secreto de Fley estaba en la tasa….. de la basura, en la Ordenanza reguladora de la recogida de residuos. Así, se suscitó un debate entre lingüístico y técnico, de esos que espantan a los no iniciados, pero que justamente por la aversión que suscitan permiten que en caso de no producirse los tecnócratas como Asunción Fley, fichada para la política por Zoido, acaben camuflando sus medidas y que éstas no se perciban hasta que sus consecuencias no se hacen evidentes, ya demasiado tarde.

ANÁLISIS COMPARADO

Juan Espadas, el portavoz socialista, comparó la redacción de la Ordenanza Fiscal de las Basuras de 2013 y 2014 y reparó con alarma en, sobre todo, el artículo 6º, que ahora reza así: “Constituye el hecho imponible de la presente Tasa, la prestación del servicio de recepción obligatoria de gestión de residuos urbanos que se generen o que puedan generarse, tanto en viviendas y edificaciones cuyo uso catastral sea predominantemente residencial, como en alojamientos, edificios, locales, establecimientos e instalaciones de todo tipo, cuyo uso catastral no sea residencial en los que se ejerzan o puedan llegar a ejercerse actividades comerciales, industriales, profesionales artísticas, administrativas, de servicios y sanitarias públicas o privadas”.

La diferencia esencial es que hasta ahora la tasa de la basura se cobra a viviendas y locales o establecimientos donde se ejerzan actividades de cualquier tipo o sean utilizados a modo particular por el contribuyente, sea empresario, profesional o un simple vecino sin más, y que a partir de ahora, conforme a esta nueva redacción del artículo 6º la tasa de basura se cobrará tanto por la actividad que se realice en los locales comerciales, profesionales, industriales…. (en suma, los no destinados a vivienda o uso residencia) como por la actividad que pueda llegar a ejercerse en los mismos.

La conclusión es obvia: un local comercial o destinado a usos profesionales (despacho de abogados, por ejemplo) o de cualquier tipo que no sea para vivienda particular pagará la tasa de la basura aun cuando esté vacío; aun cuando no se desarrolle ninguna actividad en el mismo, ya que se grava por igual que allí no haya una actividad de tipo económico y esté ocupado por personas que generan residuos que deba recoger Lipasam como el hecho de que en un futurible pueda ser alquilado o comprado para instalar un nuevo negocio, ya que por definición un local que no es vivienda es porque va a ser utilizado de forma no residencial.

LA TESIS DE FLEY

La delegada de Hacienda sostiene que no ha cambiado nada, lo cual no se compadece entonces con la necesidad de haber modificado ocho artículos de la Ordenanza de 2013 y una decena de tarifas, sino que sólo se produce una especie de afinación en el criterio a la hora de cobrar la tasa: hasta hoy se tenía en cuenta la solicitud de alta que realizaba el promotor del negocio o el propietario del local comercial, pero con la nueva Ordenanza se toma como referente los datos del Catastro, el cual refleja la categoría del local, si es para uso residencial o no residencial. Con esta medida, según Fley, se simplifican los procedimientos y se combate mejor el fraude fiscal.

La delegada sostuvo en el Pleno que el servicio de recogida de basuras por Lipasam se sigue prestando, con independencia de que un negocio se haya cerrado o no, lo cual justificaría, a su juicio, la polémica redacción del artículo 6º.

La tesis de Asunción Fley no parece muy consistente: los camiones de Lipasam siguen pasando por la calle donde se haya clausurado un negocio y por tanto el local comercial está ya vacío, pero los operarios no recogen ninguna basura procedente de los mismos ni cajas vacías de cartón, no le prestan ningún servicio técnicamente hablando, sencillamente porque el comerciante o el profesional ya ha echado el cierre por la crisis y lo único que queda es un cartel sobre la luna del escaparate o en la puerta con el anuncio de ‘se vende’ o ‘se alquila’. Los centenares de locales afectados por el cerrojazo seguirán generando derechos de cobro de la tasa de basura para Hacienda aunque no generen ninguna renta para sus propietarios, los cuales en muchos casos han invertido en ellos los ahorros de toda una vida.

¿Y cuánto le puede costar al dueño mantener vacío, no precisamente por su voluntad sino por causa de la crisis, un local comercial? Pues en función de su superficie (de menos de 20 m2 hasta 500 m2) entre 96 euros y 1.245 euros anuales.

EL CATASTRO

El hecho imponible para el Ayuntamiento de Zoido – el mismo que hablaba de bajar impuestos, eliminar trabas administrativas y tender alfombras rojas a los inversores- ya no es el alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas, sino que un local no residencial esté calificado como tan en el Catastro, esté activo o inactivo, ocupado o vacío. Da igual porque va a pagar el ‘tasazo’ de la basura, en expresión de Espadas, sólo por el hecho de que por su puerta pase el camión de Lipasam y aunque no tenga nada que recoger.

Como medida defensiva, el propietario al que se le quede vacío un local comercial podría tratar de darle de baja en el Catastro para así librarse del tasazo de Fley, pero la delegada ya ha previsto tal posibilidad y ha modificado también la Ordenanza para asegurarse seguir cobrando por la basura durante el tiempo que el Catastro tarde en hacer la modificación y hasta tanto el propietario no presente una declaración fehaciente del cambio.

El informe técnico de la Delegación de Hacienda para justificar el cambio normativo revela que el objetivo del mismo es lograr un incremento de ingresos por valor de 2,184 millones de euros, lo cual permitirá “la financiación -puede leerse- de las bajadas previstas en los impuestos de plusvalía, ICIO e IAE, los beneficios fiscales otorgados en materia de fomento del empleo y hacer  frente a la financiación suficiente por la congelación generalizada de tasas  y precios públicos”.

COMPENSACIONES

Salta a la vista: Fley compensa por un lado con nuevos ingresos, en este caso por el ‘tasazo’ de la basura a los locales vacíos, las rebajas que por el suyo anuncia Zoido, aunque ello suponga una incoherencia para la ideología del PP y una increíble aproximación a las tesis de Izquierda Unida sobre la propiedad privada.

Las malas lenguas dicen que Torrijos no sufrió una lipotimia por el exceso de calor y la fatiga en el último Pleno municipal, sino por la emoción que le produjo comprobar el desplazamiento de Zoido hacia la izquierda en el espectro político: IU propuso antes del Pleno que se gravaran las viviendas vacías; el PP ha empezado por aprobar el ‘tasazo’ a los locales vacíos.

Como decía Fraga, la política hace extraños compañeros de cama.

 

Un fondo de inversión con el IBI

Zoido anuncia la rebaja en 2014 del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) en un 13,41% y alardea de que con esta primera bajada de impuestos en 30 años deja 34 millones de euros en los bolsillos de los sevillanos -a una media de 52 euros – “para que ellos elijan en qué se lo quieren gastar y puedan crearse nuevos puestos de trabajo”.

Voy a obviar que previamente subió el IBI en un 10%, con lo cual la cuantía de la rebaja se reduce a un 3,41%, para darle la vuelta a la frase. Su decisión, coherente con su promesa electoral de bajar impuestos (ojo, sólo algunos), se produce con 89.000 parados en la ciudad, marco presupuestario que prevé una caída de la inversión municipal en un 40% hasta 2016, paralización o ausencia de grandes y medianos proyectos de inversión privada, cierre del grifo del crédito a empresas y emprendedores por la banca y creciente descapitalización humana por la emigración de personas con talento que aquí se ven en el paro y sin incentivos ni financiación para emprender.

ESCENARIO ECONÓMICO

En esta situación, que el Ayuntamiento deje de cobrarnos 52 euros/año, individualmente nos resuelve poco, por más que incremente, como subraya el alcalde, la capacidad de gasto colectivo en 34 millones. Así que planteo: ¿y si en vez de aceptar la ‘devolución’ de ese dinero para tener 52 euros más mandatamos al Ayuntamiento para que los transfiera en nuestro nombre a un fondo de inversión digamos ‘soberano’ de Sevilla, gestionado de forma profesional e independiente de políticos y sindicalistas y destinado a financiar con criterios de rentabilidad proyectos empresariales de sevillanos y en Sevilla?

Esta opción significaría reconvertir la frase de Zoido en esta otra: “para que ellos elijan en qué lo quieren invertir y puedan crearse nuevos puestos de trabajo”. Cambiar la palabra “gastar”, que significa emplear el dinero sin más propósito que el de consumir, por “invertir”, que consiste en emplear el dinero con un propósito de rentabilidad.

Porque no se trataría de aportar esos 52 euros de cada uno a fondo perdido sólo por la samaritana buena intención de tratar de crear empleo en cualquier proyecto que surja del seno de la ciudad, sino del equivalente a participaciones en un fondo de inversión de cåpital-riesgo o ‘business angels’ regido por estrictos criterios de profesionalidad en la selección de los proyectos y procurando que sean mayores los éxitos que los fracasos (algunos serán inevitables), como en la parábola bíblica del trigo.

LAS ‘SPIN-OFF’

Imaginemos el efecto multiplicador que podría tener para nuestra economía la aparición de un fondo con los 34 millones de euros de la (no) rebaja del IBI y que invirtiera en ‘spin-off’ o empresas emanadas de nuestras universidades, al modo de las exitosas Inerco, Indisys e Icinetic, por poner sólo tres ejemplos.

Como botón de muestra, la última de las citadas ha consolidado 25 empleos en las tecnologías de la información en tan sólo siete años y ya ha abierto delegaciones en Cataluña, País Vasco y Estados Unidos. ¿Cuántas Icinetic más podrían crearse en Sevilla, con la subsiguiente generación de empleo de calidad, si otros jóvenes con talento como sus promotores pudieran disponer de la financiación para su arranque, un crédito que ahora no encuentran en la banca?

Y no sólo en las cuatro universidades con sede en Sevilla (Hispalense, Pablo de Olavide, Internacional de Andalucía y la privada Loyola) se encontrarían canteras de emprendedores por una parte y analistas de inversiones por otra (ya que  en este caso se podría recurrir a profesionales del sector privado retirados de la primera línea pero con experiencia -tipo Secot- para gestionar altruistamente y por amor a la ciudad el fondo con el capital del IBI) sino también en cualquier sector, siempre que los estudios previos apuntaran una razonable rentabilidad.

Recuérdese que aunque tenían pedidos previos para haber arrancado, la falta de crédito fue la causa del fracaso de la sociedad laboral creada por los extrabajadores de Hytasa para haber mantenido la actividad textil en Sevilla, personas que ahora lo vuelven a intentar en número de 30 para, aportando 140.000 euros del resto de sus indemnizaciones, reconvertirse en cultivadores de setas, champiñones y otros productos ecológicos. Con los 34 millones de euros del IBI aplicados a la inversión en economía productiva en vez de al simple gasto podrían arrancar en Sevilla 242 empresas como la nueva Hytasal.

LOS SECTORES DEL FUTURO

Al igual que ha obtenido la cesión de los derechos de crédito de los afectados por los parkings de Resipark, el Ayuntamiento podría sondear a todos los sevillanos para ver cuántos querrían cambiar la rebaja del IBI por su congelación y destinar ese dinero a constituir un fondo de inversión que sirva para la creación de empresas como paso previo para la generación de empleo en sectores como los que, según la consultora McKinsey, marcarán la economía en los próximos decenios, afectarán a millones de trabajadores y consumidores y propiciarán un negocio billonario: Internet móvil, programas informáticos ‘inteligentes’ (como los desarrollados en Sevilla por Indisys), Internet de las cosas, tecnología en la ‘nube’, robótica, vehículos autodirigidos, genómica, almacenamiento de energía (como hacen nuestras termosolares en Fuentes de Andalucía y Sanlúcar), impresión tridimensional, nuevos materiales, nuevas técnicas para extracción de gas y petróleo y energías renovables.

Pongo mis 52 euros del IBI a disposición de Zoido, por si quiere capitanear un proyecto de inversión colectiva en Sevilla.

La luz subirá más en las casetas de las ‘velás’ que en las de la Feria

El Ayuntamiento que dirige Juan Ignacio Zoido proyecta subir las tasas por suministro de energía eléctrica a las casetas de las veladas populares de los barrios entre tres y cuatro puntos más que a las casetas de la Feria de Abril para el próximo año 2014 en las correspondientes Ordenanzas Fiscales, amén de las alzas que sufrirán las atracciones festivas y los puestos de venta de turrón, golosinas y similares en todo tipo de festejos.

El uso y consumo de energía eléctrica en cualquier instalación que se coloque en la Feria de Abril y en las veladas de los barrios será objeto de tasas más caras durante el año 2014 y deberán ser pagadas justo en el momento en el que el Ayuntamiento dé el permiso para la ocupación del terreno.

Las Ordenanzas Fiscales que ha preparado el Consistorio para 2014 reflejan una mayor subida, que en algunos casos es casi cuatro puntos superior, en las casetas de las veladas populares de barrio que en las de la Feria.

A efectos de cobro de las tasas, las veladas han sido clasificadas en función de su duración. En las que duran cuatro días, los titulares de casetas de un módulo pasarán a pagar de los actuales 197,04 euros a 216,74 euros (un + 9,99%), y los de dos módulos, de 345,73 a 380,30 euros (otro + 9,99%).

Por lo que se refiere a las veladas de cinco días, los titulares de casetas de un módulo pasarán de 235,17 a 258,69 euros (+ 10%). Similar porcentaje de subida se aplicará a las casetas de dos módulos, que de pagar 422 euros pasarán a abonar 464,20.

Si por circunstancias especiales el titular de la caseta necesita de más potencia, el precio se incrementará en función de la medida de la misma, tomando las de un módulo o 100 m2 o fracción como referencia. En estos casos, el coste adicional sube en un 9,99% tanto en las veladas de cuatro como de cinco días de duración: de 99,03 a 108,93 euros en el primer caso y de 124,43 a 136,87 en el segundo.

En la Feria de Abril no cabe hacer distinciones por número de días y la subida es menor, aunque también considerable. Así, las casetas de un módulo, que pagan ahora 283,31 euros, abonarán 300,53 (+ 6,07%); las de dos módulos pasan de 512,77 a 546,61 euros (+ 6,59%), y las de tres módulos, de 741,92 euros a 792,68 (+ 6,84%).

En caso de necesitarse potencia adicional, el coste añadido será de 144,43 euros, con los mismos criterios que en los casos de las veladas de barrio.

Además hay cinco casetas consideradas especiales, dos de ellas en la calle Pascual Márquez y una en Juan Belmonte, Joselito El Gallo y Gitanillo de Triana, respectivamente. Para estas cinco las subidas oscilan entre el 9,17% y el 9,44%.

 

Zoido crea el copago policial

El alcalde anuncia la primera rebaja de impuestos en Sevilla durante la Democracia al reducir en un 13,4% el IBI para el año próximo tras haberlo subido previamente en un 10%, pero esa reducción no alcanza a las tasas y los precios públicos y, además, crea otras nuevas de las que no se ha informado a la opinión pública, como es el caso de un nuevo copago policial.

El Ayuntamiento ha incluido dos nuevos epígrafes en su propuesta para 2014 de la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por los Documentos que expida o de que entienda la Administración o las Autoridades Municipales a instancia de parte, sin que exista una Memoria de justificación económica para estas dos nuevas medidas más que la de esgrimir el tiempo y gasto empleados en la confección, gestión y tramitación de los documentos, como si ello no formara parte de la labor policial desde siempre y supusiera un acontecimiento extraordinario e imprevisto que hubiera que afrontar a partir de ahora.

Así, los sevillanos tendrán que pagar 5 euros por la expedición de certificaciones y acreditaciones de las actuaciones que haga la Policía Local para particulares, compañías de seguros, despachos de abogados…. sobre siniestros en bienes materiales (responsabilidad patrimonial) como caídas, lesiones, denuncias, obras, daños, inundaciones….

Seis veces más, en concreto 30 euros, costará a los implicados en un accidente de tráfico la expedición del típico informe/atestado de la Policía Municipal. Esta tasa también habrá que pagarla cuando la Policía intervenga en siniestros en bienes materiales ante casos de posible responsabilidad patrimonial.

Los contribuyentes sevillanos ya pagan con sus impuestos,  a través del Ayuntamiento, cerca de 43 millones de euros en sueldos a la Policía Local para que haga sus labores habituales, amén de 6,5 millones de euros en complementos de productividad (en los que, por ejemplo, podrían englobarse las actividades citadas anteriormente para no aplicar nuevas cargas económicas a los ciudadanos), pero al Gobierno de Juan Ignacio Zoido no le basta con todo ese dinero y ha decidido inventarse estas dos nuevas tasas que, junto con la imposición de multas, contribuirán a deteriorar aún más la imagen de los policías a pie de calle.