Hace unos días, los responsables territoriales del PP en la provincia de Sevilla, con su secretario general Eloy Carmona al frente, lanzaban un órdago a la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, y por su condición de sevillana le pedían que diera un trato especial a la provincia en los próximos Presupuestos del Gobierno autonómico, los primeros con la trianera como máxima responsable de Andalucía.
Por su parte, el alcalde de Sevilla y presidente del PP (A), Juan Ignacio Zoido, enviaba en el último Pleno municipal un mensaje a San Telmo al alardear de que el Ministerio de Hacienda ya había consignado una partida para la ronda intermedia SE-35 en los Presupuestos Generales del Estado, cuya presentación por entonces era inminente. Como es sabido, el Ayuntamiento lleva desde el inicio de este mandato exigiendo que el Gobierno andaluz cofinancie, junto con el de la nación, esta vía de comunicación prometida a Ikea para allegarle clientes a su futura segunda tienda cercana al aeropuerto, una supuesta obligación muy discutible, ya que teóricamente la Junta sólo sería responsable de las vías de comunicación interurbanas y de carácter autonómico, y no de las que discurran por el interior de los núcleos urbanos, que serían exclusivamente de competencia municipal.
En el mismo Pleno de septiembre se aprobó por la vía de urgencia el borrador del convenio para la construcción de forma definitiva de la comisaría de Policía en el Polígono Sur, prevista desde el convenio firmado hace años por Monteseirín con el ministro del Interior dentro de un paquete de cinco en distintos distritos de la ciudad y cuya necesidad, evidente desde siempre, se ha demostrado inaplazable después del tiroteo de este verano, en que murió una niña de tan sólo 7 años de edad.
SIN REFRENDO FINANCIERO
Se trataba, pues, de dos apuestas políticas del alcalde para desbloquear sendos proyectos importantes para la ciudad, la capital de Andalucía, y que debía refrendar económicamente el ministro de Hacienda y diputado por Sevilla, Cristóbal Montoro, con quien se supone que Zoido tiene hilo directo para poder asumir riesgos ante la opinión pública hispalense contando con una red de seguridad que no le deje en mal lugar. Si los responsables territoriales del PP proclamaron públicamente que esperaban que Susana Díaz tenga algunos detalles presupuestarios con Sevilla por su condición de sevillana, cabría aplicar el mismo razonamiento desde la óptica del PP con un ministro de Hacienda que a su condición de andaluz une la de parlamentario por la circunscripción de Sevilla.
Pues bien, los fondos asignados a Sevilla por el ministro Montoro en los Presupuestos Generales del Estado para 2014 demuestran la escasa fuerza de Zoido a la hora de poner una pica en Madrid, en su doble condición de alcalde de Sevilla y de presidente del PP (A) y la escasa consideración de Montoro a la circunscripción por la que es diputado, ya que al proyecto-estrella de Zoido, la SE-35 para facilitar la apertura del segundo Ikea, sólo ha destinado un millón de euros, y cero euros para la Comisaría de Policía Nacional en el Polígono Sur y en cualquier otro distrito de la ciudad.
En el caso de la SE-35 hay que recordar que el 23 de septiembre de 2012 el alcalde firmó con la ministra de Fomento, Ana Pastor, un convenio en virtud del cual el Ministerio aportaría 12,5 millones de euros a la obra de la citada vía de comunicación, cuyo presupuesto estimado es de 50 millones de euros y para la que el Ayuntamiento decía haber reservado 29 millones a costa de 
modificar previamente el Presupuesto de Urbanismo y detraerle cantidades destinadas inicialmente a obras en los barrios de la ciudad. Más o menos lo mismo que hizo Monteseirín para las Setas de la Encarnación, si bien en este caso en proporciones bastante menores.
Zoido declaró tras la firma del convenio lo siguiente: “La obra de la futura SE-35 es una obra estratégica que conectará todo el tráfico periurbano de Sevilla con la red de carreteras del Estado y descongestionará en gran medida la actual SE-30, además de crear miles de puestos de trabajo en la ciudad”.
ENVITES A LA JUNTA
El alcalde no dejó de lanzar mensajes comprometedores a la Junta para que “arrimara el hombro”: “Es intención tanto del Ayuntamiento como del Ministerio de Fomento -dijo- incorporar a las actuaciones de este Protocolo a la Junta de Andalucía para su participación y colaboración. Pensamos que la Junta de Andalucía debe aportar otro tanto, lo que con la reserva de crédito del Ayuntamiento de 29 millones nos permitirá abordar la construcción de esta iniciativa”.
Pues bien, pese a este carácter estratégico y los supuestos miles de empleos que va a generar la SE-35, la firma del convenio supuso cero euros en los Presupuestos para 2013 y tan sólo un millón para los de 2014, ¡únicamente el 8% del dinero comprometido por Fomento!, cuando Zoido había dado seguridades a Ikea de que todo estaría listo en 2014 para la apertura de su segunda tienda.
Y, una vez más, obligado por la realidad y los incumplimientos de los Gobiernos del PP, Zoido ha cambiado su discurso reivindicativo maximalista ante la Junta de Andalucía. Durante todo este tiempo, confiado en obtener de Madrid los 12,5 millones firmados con la ministra Ana Pastor, el alcalde no ha dejado de reclamarle similar cantidad a San Telmo. Ahora, tras el jarro de agua fría de los Presupuestos Generales del Estado para 2014, pide “lealtad institucional” a la Junta para que aporte “aunque sea un millón” a la SE-35. Añade que el Ayuntamiento “ya tiene reservados 15 millones de euros en los dos próximos años”. O sea, que ya no son tampoco 19 millones y ahora se conforma con sólo un milloncejo con tal de no enfrentarse al Gobierno de la nación y de no dejarlo en evidencia por haber incumplido su compromiso con Sevilla, de lo que se infiere su escasa fuerza ante Madrid.
No sólo no ha conseguido aún el dinero, sino que en su afán de desbloquear la SE-35 a cualquier precio asumió en el convenio con la ministra de Fomento los gastos de conservación y mantenimiento de por vida de tramos estatales de carreteras que pasan por el término de Sevilla, como la ronda Súper Norte, con lo que según los cálculos de la oposición y en razón de su coste anual, dentro de 15 años el Ayuntamiento ya empezará a sufrir pérdidas en el balance de este peculiar ‘cambio de cromos’. Un negocio ruinoso para la ciudad.
EL CONVENIO DE MONTESEIRÍN
Como también está siendo ruinoso el firmado en 2005 por Monteseirín con el Ministerio del Interior y en virtud del cual el Consistorio sevillano pagó 9,9 millones de euros por el abandonado 
edificio de la Gavidia (para el que no se encuentra uso y cuya vigilancia ha llegado a costar 174.000 euros anuales), a cambio de que el Gobierno construyera cinco nuevas comisarías de Policía en Sevilla Este, Macarena, Nervión-San Pablo, Los Bermejales y el Polígono Sur.
Ocho años después, sólo se han edificado las dos primeras y con bastantes problemas, mientras que para las restantes no ha habido ni un solo euro en los Presupuestos, ni siquiera tras el tiroteo de este verano en las Tres Mil Viviendas, sin que Zoido haya alzado tampoco la voz en este caso.
Ha destacado sobre todo los 19, 8 millones de euros destinados a la ronda SE-40 y los 39,6 millones para el puerto, cuando de esa autovía sólo hay 16 kilómetros en servicio de los 77,6 kilómetros de que debe constar y su coste total se eleva a 1.200 millones de euros, por lo que los menos de 20 en los Presupuestos Generales son una gota de agua en el océano. Por otra parte, los 33 millones de euros para el dragado en profundidad del río están condicionados, como no se ha cansado de repetir el ministro Arias Cañete, a que se garantice el cultivo del arroz (precisa de una obra de 180 millones de euros, que no se sabe de dónde obtener, para no depender de los aportes de agua dulce del Guadalquivir en el tramo inferior) y la preservación de Doñana, por lo que ese dinero sobre el papel puede quedar congelado ‘ad calendas graecas’.
Lo mejor del Presupuesto son los 20 millones de euros para rematar las conexiones con el pantano de Melonares, pero por la amenaza de perder el dinero de Bruselas, y entre lo que el alcalde no valora figuran los escuálidos 40.000 euros para el Cercanías, vital para descongestionar la isla de la Cartuja, y los cero euros para el Museo de Bellas Artes, pese a la cual Zoido ha declarado que las Cuentas para 2014 “recogen las necesidades prioritarias de Sevilla”.
Así pues, espíritu reivindicativo cero ante Madrid. Veremos cómo reacciona cuando presente sus Presupuestos la Junta de Andalucía.
Una cochina envidia se ha extendido por diversos ámbitos de la ciudad al conocerse que en los Presupuestos se da 1,1 millones de euros a la Hermandad de la Macarena por obras en su basílica. Para justificar la pasta, más aún que la destinada a la ronda SE-35 ‘de’ Ikea, el capilliteo militante arguye que el Tribunal Supremo falló en favor de la Hermandad tras años de pleito con el laicista Gobierno de Zapatero; que el dinero es legal porque la partida deriva del 1% cultural (sí, pero Arenas, no se lo dijo a nadie más) y que hay que valorar la riqueza que genera la Macarena atrayendo turismo, algo que no se tiene nunca en cuenta. Pues si es cuestión de valorar el impacto económico de la Macarena en Sevilla, ¿qué mayor experto para hacerlo que Emilio Carrillo, que ya tuvo esa ocurrencia con la Feria y la Semana Santa? Si Manolo García hubiera contratado los servicios de Carrillo, el gran aforador de multitudes, a esta hora el Gobierno, en proporción a las cifras que habría medido el exvicealcalde, habría tenido que darle a la Macarena mucho más que un simple millón.
Susana Díaz ha desvelado su declaración de la renta y la de su esposo para someterse a la malsana curiosidad (las cargas del cargo) de sus vecinos de Triana, correligionarios (sí, los mismos que antes la apodaban malévolamente ‘Gusana’ y ahora le rinden pleitesía, hasta la próxima puñalada trapera por la espalda), adversarios y andaluces en general. Aunque me llama la atención que la pareja presidencial tenga tres coches (aparte del oficial de ella) sólo para dos, cada uno es muy libre de coleccionar lo que quiera con su dinero. Más significativo me parece que después de que se haya destacado tanto de su biografía política que había llegado al PSOE desde el Humanismo Cristiano como catequista en su parroquia y que era devota del Rocío (¿de la romería o de la Virgen?) y de la Semana Santa, a la hora de cumplimentar la declaración del IRPF ha puesto la cruz no en la casilla de la Iglesia Católica, sino en la de ‘A fines sociales’, cuando hasta le cabía la opción salomónica de marcar las dos casillas solidarias. A ver cómo se lo explica ahora al cura de su barrio.
La presentación de la declaración de la renta de los consejeros de la Junta y sus cónyuges y ‘cónyugas’, todos y todas, sigue dando juego, y no sólo porque uno de cada tres miembros de nuestro Gobiernillo sea rico conforme a sus propios criterios. Sólo hay cuatro consejeros (atención, lobby feminista, que viene una discriminación de, como dicen, género), todas mujeres, menos Jiménez Barrios, que ganan menos que Susana Díaz. Todos los demás, más que la pobre presidenta. Y todos los consejeros sin excepción, independientemente de su profesión, sexo (que no género) o circunscripción, ganan más que sus parejas en el mercado laboral, que éste sí que es duro. Resalta la enorme diferencia salarial existente entre Susana Díaz y Diego Valderas y sus respectivas medias naranjas, que no pasan de mileuristas y gracias. ¿Qué rentas habría percibido Valderas si se hubiera quedado de repartidor de bombonas en su pueblo en vez de dar un salto adelante más aún que el de Mao? Los IRPF de la Junta demuestran que fuera de la política, como decía el otro del PSOE, hace mucho frío.
Diversos analistas coinciden en señalar que para la Junta de Andalucía rico es todo aquel que gana al año 60.000 euros o más. Por éso ha reducido en el tramo autonómico del IRPF la base imponible, a fin de incrementar el gravamen de las rentas que considera más altas, las cuales han pasado de un mínimo de 80.000 euros a los susodichos 60.000. Fíjense en el pequeño detalle de que el límite que para nuestro Gobiernillo autonómico separa al rico del pobre ha sido establecido con tal milimétrica precisión que no afecta para nada a Susana Díaz. La nueva lideresa andaluza no ha tenido por éso el menor empacho en revelar que, según su declaración de la renta, ha cobrado 58.894,44 euros. ¡Eureka! Por tan sólo 1.105,56 euros, Susana puede seguir manteniendo ese discurso solidario tan grato a los descamisados y desheredados de la fortuna, ya que ella, para envidia de Salvador Sostres, tampoco es rica, conforme a los criterios del Ejecutivo que preside. Así que, en términos fiscales, no falto a la verdad si me refiero a Susana como la pobre presidenta de la Junta.
Espadas ha cogido a Max Vílchez no con el paso cambiado, sino repitiendo el mismo que el año pasado tuvo que refrenar cuando fue también pillado ‘in fraganti’ tratando de colarle a los señores del ladrillo una Ordenanza Fiscal que le habría permitido subirles hasta en un 100% las licencias de obras. Sin propósito de enmienda, ha intentado repetir la jugada, pero su movimiento ha sido detectado por el radar de los sociatas, cuyo líder se ha declarado en guardia permanente para lo que resta de mandato. Para salir del desaguisado, política y económicamente incorrecto, Vílchez se ha escudado en que los duendes de Urbanismo han provocado el ‘error material’ de que se repitiera en el proyecto de Ordenanzas para 2014 el texto que había sido retirado a última hora el año pasado, merced a la alegación de Miguel Rus, de la Ordenanza de 2013. Vamos, que ha cantado la gallina de que en las caracolas de la Cartuja se recurre sin rubor al ‘copiar y pegar’. En su escala y salvando las distancias, las Ordenanzas de Urbanismo equivalen al caso Minutas del Gobierno Zoido.
El alcalde, futbolísticamente de color palangana, ha reaccionado al escándalo suscitado por el contrato de 680.000 euros que le ha regalado al Betis para compensarle por si le da por pagar su deuda tributaria – jibarizada a menos de un millón de euros a base de quitas- filtrando que desde el 17 de junio existe una orden de embargo de la ciudad deportiva del Sevilla F. C., el cual debe al Ayuntamiento 2,8 millones de euros y tampoco paga. ¡Qué callado se lo ha tenido Zoido, cuando habría sido noticia de portada en todos los periódicos! La medida no tiene mérito porque la ciudad deportiva ya estaba embargada preventivamente desde los tiempos de Monteseirín, bético por más señas futboleras, en la Plaza Nueva. Esto demuestra que los alcaldes se pasan unos a otros la patata caliente pero que ninguno la coge y se quema. No hay bemoles. Dos años ha tardado Zoido en redactar su orden de embargar lo ya embargado, pero sigue corriendo el reloj y el embargo de esta corporación tampoco se ejecuta. Hay cartas que se escriben pero que al final nunca se echan al buzón.
Zoido ha confesado que el Ayuntamiento prepara un convenio similar al redactado para el Betis con el fin de cobrarse las deudas tributarias que el otro equipo de la ciudad (¿o el otro es el otro?, y ustedes ya se entienden), o sea el Sevilla F. C. mantiene aún vigentes con el Consistorio ( Zoido debería contar las que han dejado que prescriban para cada uno) y que dice la Fley rondan los 2,8 millones de euros. Y en esto oigo a colegas de Deportes cantar alabanzas a Del Nido porque ha ingresado este verano por la venta de jugadores 60 millones de euros o incluso más. Calculadora y regla de tres: las deudas tributarias del Sevilla suponen tan sólo el 4,66% del dinero que ha obtenido por el traspaso de Jesús Navas, Álvaro Negredo, Luis Alberto y compañía. Y yo me pregunto si no es hasta una ridiculez que el alcalde tenga que estar detrás de Del Nido con un convenio a la carta en plan cobrador del frac. Si hay una entidad en la ciudad que hoy por hoy no necesita acogerse a un convenio para pagar ‘ad calendas graecas’ ésa es el Sevilla F. C. Le sobra liquidez.
Sin embargo, durante la tramitación del convenio de colaboración acordado entre Zoido y Guillén, la Intervención del Ayuntamiento detectó que la Agencia Tributaria Municipal tomó como referencia de la deuda reconocida la cantidad de 1.350.571,08 euros, es decir 45.003,90 euros menos de la cuenta. Asimismo, detectó que la Agencia Tributaria no aplicó los debidos recargos a la hora de calcular la quita del 50% emanada del convenio judicial y que en vez de trabajar sobre una base de 456.388,03 euros había estimado otra inferior, siempre favorable al Betis, por valor de 377.443,20 euros. La diferencia, pues, era de 78.944,83 euros en este sentido.
Además de otorgar estas extraordinarias facilidades de pago sin recargo alguno, que el Ayuntamiento atribuye a las exigencias del convenio judicial y no a una decisión propia, Zoido se ha comprometido con Guillén en el convenio a comprarle al Betis “determinados servicios y recursos”, que se concretarán a principios de cada año, por valor de 170.000 euros anuales desde 2013 hasta 2016, con lo que el Ayuntamiento desembolsará al Betis un total de 680.000 euros.
Viva Sevilla ha ofrecido un análisis socioeconómico de cada distrito y, previamente, un amplio informe en el ecuador del mandato de Zoido, en el que quedaba claro el incumplimiento de la mayor parte de las 135 promesas de su programa para las municipales de mayo de 2011, desde los 29 aparcamientos (no ha hecho ninguno) hasta el pabellón cubierto en Los Bermejales con pistas de nieve artificial, pasando por centros cívicos y deportivos, guarderías, comisarías de Policía, mercados y hasta centros de salud.
Así, sin cortarse lo más mínimo, entró Zoido al debate, en el que no aludió a los 89.000 parados sevillanos, pese a su famosa promesa de convertirse en el ‘alcalde del empleo’ (12.000 parados más que cuando él llegó a la Alcaldía), ni a las 1.000 VPO que iba a construir cada año para los 16.600 sevillanos inscritos en la lista de espera de Emvisesa.
También hizo otra con pocos visos de credibilidad, como el anuncio de la adjudicación de las obras del edificio puente de Los Pajaritos a una nueva empresa, tras declararse la anterior en concurso de acreedores, para iniciar también en septiembre el realojo de 96 familias del barrio e iniciar así el derribo de las primeras infraviviendas de esta zona deprimida de Sevilla. Y es que el anuncio de Zoido se produjo tan sólo 48 horas después de que su Delegación de Urbanismo adoptara la iniciativa de reducir de 250.000 euros a tan sólo 15.000 el presupuesto que estaba aprobado este año para la rehabilitación integral del barrio, con lo cual los vecinos han perdido ya toda confianza en el alcalde y sus promesas.
El primer efecto-sorpresa relativo fue el anuncio de que antes de que concluya julio Sevilla contará con la primera Zona Franca fluvial de España, de lo que se colige que Hacienda dará luz verde a la solicitud del Ayuntamiento, conforme a un expediente al que no se ha permitido acceso a la oposición municipal y que, por lo que se ha filtrado, incluiría entre las empresas potencialmente interesadas en instalarse en la misma a algunas como Danone, algo ilógico tras la decisión de la multinacional del yogur de darle el cerrojazo a su fábrica de Sevilla.
Está por ver qué dice la Consejería de Salud sobre esta apropiación por el procedimiento del tirón perpetrada por Zoido, aunque dadas las restricciones presupuestarias existentes hasta cabe dentro de lo posible que la consejera María Jesús Montero esté encantada con el favor que le haría el alcalde de librarla del compromiso de gastar parte de su presupuesto en un centro avanzado de salud en Sevilla. Al final va a resultar que quien boicotea a la capital de Andalucía no es la Junta, sino el propio alcalde en su afán de complacer a jueces y abogados y, de matute, a él mismo. En cualquier caso, de aceptar el consejero de Justicia y colega de Zoido, Emilio Llera, el ofrecimiento del Prado para la Ciudad de la Justicia habría que proceder a la modificación del PGOU, un lento trámite burocrático que, falta de dinero aparte, impediría que la primera piedra se pusiera en este mandato del alcalde.
La paradoja del anuncio de Zoido es que esta política de incentivos a las familias y las empresas que ahora preconiza como posible es la misma que viene propugnando desde hace meses la oposición municipal. Cuando a principios de año los tres grupos del Ayuntamiento se reunieron para otro frustrado Pacto por el Empleo, Espadas (PSOE) propuso al gobierno local que propiciara la contratación de 3.600 parados mediante subvenciones y exenciones fiscales a pymes y autónomos, aunque ello supusiera la renuncia a unos ingresos de 4,6 millones de euros en concepto de impuestos y tasas: benificación del 95% en el IBI, IAE, ICIO y ocupación de vía pública.
La respuesta del Ayuntamiento a través de la delegada de Hacienda, Asunción Fley, ha sido siempre que no se podían atender estas demandas de la oposición, y más aún la rebaja del IBI, porque era “ilegal”. O sea, que cuando lo proponen Espadas y Torrijos no se puede, pero cuando lo anuncia Zoido, a pesar de que el Gobierno de Rajoy ha prorrogado el gravamen complementario del IBI hasta 2015, Asunción Fley deja de ser la dama de hierro de las cuentas y se aplica el lema de Obama: “Yes, we can”.