El gobierno local dio ayer por finalizadas las reuniones que ha celebrado con los portavoces de los grupos políticos municipales para avanzarles las líneas maestras de las nuevas Ordenanzas Fiscales, encuentros en los que sólo ha faltado Zoido, que delegó su representación. Espadas ha declarado intocables a las familias, considera inviable la rebaja del 10% en el IBI preconizada por el PP y Ciudadanos y aplicará una mayor presión fiscal a las grandes empresas, que reducirá si éstas demuestran un mayor compromiso con la ciudad con, por ejemplo, el incremento de sus plantillas.
Las familias y las pequeñas y medianas empresas sevillanas no se verán afectadas, en líneas generales, por el proyecto de Ordenanzas Fiscales para 2016 que el gobierno local ha avanzado a los portavoces de los grupos políticos y que remitirá hoy al Consejo Económico y Social de Sevilla (CESS) para someterlas a su dictamen previo.
Según las primeras impresiones recogidas, ante la actualización de los valores catastrales, en el caso del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) el coeficiente pasa de 0,8067 que tiene en 2015 a 0,7334. Con esta medida, los recibos quedarán completamente congelados para los hogares y las pymes.
El gobierno de Espadas ha rechazado, por inviable, la rebaja del 10% preconizada desde la oposición por PP y Ciudadanos, ya que tendría una repercusión de 17,3 millones de euros en las cuentas municipales, a lo que hay que sumar el recorte en 6 millones de euros decretado por el Gobierno de la nación en la participación de la ciudad en los ingresos del Estado.
Con este escenario, una rebaja en el IBI provocaría que el Consistorio no pudiera afrontar una mínima subida salarial siquiera a los funcionarios, ni el abono de la paga extra. Hay que tener en cuenta que la previsión de ingresos por el IBI para el año en curso es de 173 millones de euros tras las fuertes subidas realizadas en los primeros años del mandato de Zoido, cuando ascendió a 183 millones (año 2012) y 201 millones (año 2013). Por tanto, una rebaja de esa cuantía supondría esos 17 millones de menos en la principal fuente de ingresos del Consistorio.
Por otra parte, en el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, popularmente conocido como el impuesto sobre las plusvalías, se reducen los coeficientes que aplica el Ayuntamiento hasta en un 32% en el caso de las plusvalías a corto plazo: cinco años. La cuota de este impuesto pasa de 29,5 a 36,8 con carácter general para que no tenga incidencia la actualización de los valores catastrales. En las transmisiones, además, de 1 a 5 años pasa del 3,7% al 2,5%.
En esta línea de no tocar el bolsillo de la inmensa mayoría de los sevillanos, se congelará el sello del coche y hasta se rebajará en un 4% el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), ya que pasa de 3,85 a 3,70.
La mayoría de las tasas con incidencia en familias y pequeñas y medianas empresas se congelan, desde la tasa de basuras hasta la de Tussam, y se suprime también la tasa de la basura a los locales vacíos que había aprobado el gobierno de Zoido.
En este escenario de congelaciones generalizadas, a salvo de conocer en profundidad el proyecto de Ordenanzas, la presión fiscal se incrementará para las grandes empresas, conforme al discurso del alcalde de que “otros tienen que hacer un esfuerzo: quienes más beneficio obtiene por su actividad, los grandes contribuyentes con grandes instalaciones en la ciudad”.
Ahora bien, el Ayuntamiento introducirá medidas correctoras para aliviar esa presión fiscal destinada a recaudar los 6 millones de euros menos que transferirá el Gobierno de la nación, siempre que las grandes corporaciones adopten un mayor compromiso con Sevilla, con medidas como, por ejemplo, la creación de empleo, habida cuenta de que la ciudad tiene en el paro (84.483 desempleados en septiembre) el mayor de sus problemas.