La soberbia y el catastrofismo del presidente de la Autoridad Portuaria, Manuel Fernández, empeñado en ignorar el dictamen del CSIC sobre el Guadalquivir con tal de realizar el dragado, ha acabado propiciando el mayor rechazo conocido a su proyecto, contra el que ya se han pronunciado el consejero de Medio Ambiente, Luis Planas; el ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete; la Diputación de Cádiz y, probablemente en los próximos días, también la de Huelva; los ecologistas; los arroceros y los regantes, al tiempo que aparecen las primeras disensiones en el PP frente al desarrollismo de Zoido.
Fernández nunca desaprovecha la ocasión de lanzar mensajes apocalípticos sobre el futuro que a su juicio le espera a Sevilla sin el dragado. Ha llegado a declarar: “Cuando me levanto cada día y veo Danone, Roca…. Veo el desmantelamiento que está habiendo y me preocupa mucho como ciudadano. Si a eso le sumamos el riesgo de alguna empresa que opera con el puerto, que son cientos de trabajadores…El panorama es bastante dramático”.
En su opinión, se pueden perder parte de los 16.000 empleos vinculados al puerto porque “muchos proyectos de permanencia o de instalación de nuevas empresas están en función del dragado. Si éste no se hiciera, muchas empresas que están interesadas no vendrán y algunas de las que están se irían. Ése es el problema real”.
Cuando se le pregunta por las empresas que se irían, responde que no puede revelarlo porque crearía alarma social.
CADA VEZ MÁS EMPRESAS
¿No será que quien crea alarma social es el propio Fernández? Porque no dejan de instalarse empresas en el puerto o ampliar sus instalaciones algunas de las existentes, hasta el punto de que ya están ocupadas más de 45 hectáreas de la Zona Logística (el 84% del total), pese a la desventaja que en su opinión tiene nuestro puerto en costes logísticos por el menor calado del río. Sí, estamos condicionados por la Naturaleza, pero algunas ventajas -ésas que nunca destaca el teórico encargado de vender nuestras excelencias- tendremos como compensación cuando hay tal cantidad de firmas instaladas en la ZAL.
Y pese a esa limitación de calado, desde Hamburgo se transportan hasta Sevilla por vía fluvial enormes piezas para la central termosolar de Morón y, en sentido inverso, aquí construimos y enviamos río abajo no menos inmensas estructuras metálicas para las plataformas petrolíferas del mar del Norte, y buques de hasta 180 metros de eslora cargan 14.000 toneladas de trigo para el Norte de Africa. Pero, claro, no podemos pretender tener un puerto como el de Algeciras.
ASTILLEROS Y ESCLUSA
Sevilla Shipyard, constituida en septiembre con 4.000 euros, ha solicitado una concesión para reactivar los astilleros. Hasta este proyecto ha tratado de vincularse al dragado, cuando se ha publicado que depende de la ampliación del calado del río, ya que permitiría que entraran barcos de mayor tamaño. El promotor de la empresa, Luis Ramón de Celis, lo ha desmentido en un desayuno de trabajo en Antares al asegurar que el posible dragado del Guadalquivir no afecta a su proyecto debido a que los barcos que acudan a ser reparados en el astillero sevillano tendrán que estar totalmente descargados, aunque sí ha admitido que le vendrá muy bien (en caso de que le den la concesión) la nueva esclusa.
En este sentido, Manuel Fernández ya ha reconocido al menos que la esclusa había que hacerla de cualquier manera, independientemente de que él la considere un complemento del dragado, porque la antigua tenía 50 años y sufría un promedio de tres averías anuales, la última de ellas la de una compuerta que costó 600.000 euros.
Estas palabras del presidente de la Autoridad Portuaria echan por tierra el manido argumento de que como nos hemos gastado 170 millones en la nueva esclusa ahora no hay más remedio que ejecutar el dragado, porque sin éste aquélla no tendría sentido. Ahora resulta que lo tiene por sí misma, con o sin dragado, como dice Zoido que lo tendría la Zona Franca en caso de que se le otorgara a Sevilla.
FALSA URGENCIA
Otra falacia desmontada en los últimos días, merced al buen quehacer periodístico de Ana Sánchez Ameneiro al llamar a la Unión Europea y preguntarlo, es la de que hay que hacer cuanto antes el dragado porque en caso contrario se perderían los 25 millones de euros de los fondos europeos concedidos en el programa operativo 2007-2013.
Bruselas ha aclarado que esos fondos pueden utilizarse hasta el 31 de diciembre de 2015 y que incluso es posible ampliar aún más el plazo si lo solicita el Gobierno de España y lo justifica por una causa de fuerza mayor.
El gran problema de Manuel Fernández y del ‘lobby’ pro dragado es que con sus mensajes apocalípticos y su política de hechos consumados tratan de saltarse el dictamen científico al que estaba condicionada la declaración de impacto ambiental del año 2003, a la que se agarran como un clavo ardiendo. El informe del CSIC, publicado en estas páginas, muestra un Guadalquivir agonizante, por lo que la condición ‘sine qua non’ antes de cualquier actuación de gran calado, nunca mejor dicho, es su recuperación integral.
Quienes ahora han dejado de utilizar la palabra río para trocarla por la denominación ‘Eurovía del Guadalquivir’ denotan con este lenguaje su consideración del mítico Betis como una mera autopista fluvial en vez de lo que ha sido y aún podría ser: un organismo vivo y complejo, con múltiples usos generadores de riqueza a lo largo de su cauce y con un paraíso natural en su desembocadura, patrimonio de toda Andalucía y no única y exclusivamente un monopolio del puerto de Sevilla.