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Tres mil millones en Aznalcóllar

La decisión de la Junta de Andalucía de convocar un concurso internacional para la reapertura de la mina de Aznacóllar 15 años después de la catástrofe ecológica provocada por la fractura de la balsa de residuos tóxicos de la explotación gestionada entonces por Boliden ha provocado reacciones contrapuestas entre los ecologistas (WWF se opone y Ecologistas en Acción es favorable, con matices) y que empiecen a hacerse especulaciones, como que en el yacimiento hay 80 millones de toneladas extraíbles, se van a crear 5.000 empleos y sería necesario trasladar el mineral en bruto para ser tratado en Riotinto.

La primera cuestión, y clave además, es discernir si es rentable reabrir la mina, para que su efecto riqueza repercuta no sólo en Aznalcóllar, sino también en la provincia de Sevilla y en Andalucía. José Manuel Cantó, consultor internacional en minería y que con probados conocimientos técnicos ha analizado los aspectos que concurren en este controvertido asunto, empieza por centrarse de entrada en las reservas de mineral que al momento de producirse la catástrofe ecológica de Boliden ya estaban probadas y, por tanto, podrían ser extraídas en Los Frailes: 38 millones de toneladas de sulfuros polimetálicos, esto es con mezcla de diversos metales valiosos (cobre, plomo, zinc y plata) y no de tan sólo uno.

Aunque es muy probable que las reservas sean superiores, para determinar lo cual habría que emprender campañas de investigación, estos 38 millones son la cifra real que hay que tomar como punto de partida para no suscitar falsas expectativas.

 

VALOR ECONÓMICO

Para calcular el valor económico del yacimiento, hay que partir de la ley (contenido metálico) del mineral, que es la siguiente: 0,35% de cobre; 2,17% de plomo; 3,82% de zinc y 60 gramos de plata por tonelada. José Manuel Cantó tomó como referencia las cotizaciones en la Bolsa de los Metales de Londres durante julio para ver a qué precio se pagarían hoy los metales contenidos en Aznalcóllar: cobre, 5.287 euros por tonelada; plomo, 1.559 euros; zinc, 1.405 euros por tonelada; plata, 15,30 euros la onza.

Sin embargo, no todo el metal se logra recuperar en el proceso de flotación diferencial al que deberá ser sometido el mineral que se extraiga. Con la experiencia acumulada en este sentido y a los precios actuales de mercado, Cantó estima que el valor comercial recuperable es el siguiente:

-Cobre: 352 millones de euros.

-Plomo: 772 millones.

-Zinc: 1.224 millones.

-Plata: 752 millones.

Total: 3.100 millones de euros.

 

Estas cifras demuestran la viabilidad económica de la reapertura de la mina y que, contrariamente a la creencia establecida, el cobre no es el metal más interesante, más abundante ni más valioso en Aznalcóllar, sino el zinc. Carece de sentido, pues, la idea de Ecologistas de enviar el mineral en bruto a Riotinto pensando en la existencia allí de un concentrador de cobre. Ni éste sirve ya para tal fin ni el cobre debe ser la prioridad de Aznalcóllar, aparte del encarecimiento que supondría un transporte que multiplicaría los riesgos de accidentes de tráfico y ralentizaría la circulación por el elevado flujo de camiones de gran tonelaje.

 

EL FANTASMA DEL VERTIDO

La segunda cuestión esencial es si con la reapertura de la mina se volvería a correr el riesgo de una nueva catástrofe como la anterior. Preguntémonos primero por qué se produjo la rotura de la balsa de lodos tóxicos. Porque se construyó sobre un suelo inestable geológicamente; se almacenaron los residuos en forma húmeda; se vertieron piritas flotadas, de gran peso específico y se recreció la balsa para que albergara el doble de toneladas de su capacidad inicial. Todo ello contribuyó a acabar con la capacidad de resistencia del terreno, que al deslizarse fracturó la presa y provocó el vertido.

Este riesgo se minimizaría si el suelo elegido para una hipotética nueva balsa fuera geológicamente estable y no se almacenaran en ella residuos húmedos, sino secos y/o inertizados o, mejor aún, se adoptara un sistema de explotación que no requiriera de presa de residuos, como es el hidrometalúrgico de Cobre Las Cruces. O que en vez de mediante a cielo abierto el mineral se extraiga de forma subterránea con acceso a las vetas a través de pozos de profundidad.

Es el caso de la mina de Aguas Teñidas, en Almonaster (Huelva), cuya compañía extrae anualmente en subterráneo 2,2 millones de toneladas de mineral y va rellenando la explotación con los restos una vez beneficiados los metales existentes y ya secos. No es descartable, pues, un cambio en la metodología de extracción, aunque ‘a priori’ resultara aparentemente más cara: de corta a cielo abierto a galerías subterráneas, al modo tradicional.

Una garantía de seguridad añadida sería construir la planta de tratamiento del mineral no en Riotinto, como preconiza Ecologistas en Acción pensando en evitar riesgos a Doñana, sino en un complejo minero aún más cercano: Cobre Las Cruces.

Cantó estima que la planta de procesamiento actual de la mina de Gerena deberá ser cambiada en unos años, cuando haya que tratar no el cobre secundario actual y más cercano a la superficie, sino el primario, sito a más profundidad y contenido en un mineral de las mismas características que el de Aznalcóllar, por lo cual podría construirse una planta para el uso compartido de las dos minas sevillanas.

Y en cuanto a los empleos posibles, los 5.000 de que habla Comisiones Obreras es una exageración andaluza. Tomemos como referencia Aguas Teñidas: cinco años después de su reapertura tenía 443 empleados en nómina y había generado 1.200 empleos inducidos.

Los sabios han hablado por tercera vez

Doñana, paraíso para las aves acuáticas

Doñana, paraíso para las aves acuáticas

Carlos Román y Vicente Granados reseñaron en su día que Doñana es, probablemente, el espacio natural protegido sobre el que existe mayor literatura científica –y no científica- del mundo. Por sus especialísimas características, esta joya de la Naturaleza que tiene todos los títulos del planeta (desde Patrimonio de la Humanidad a Reserva de la Biosfera), es mucho más que un símbolo de la lucha conservacionista, hasta el punto de que una de las organizaciones ecologistas más importantes, el WWF, cuyo logotipo es el panda, se creó expresamente para luchar por su salvación..

En tres ocasiones en que a lo largo de la historia reciente se ha considerado en peligro el espacio natural, la clase política decidió encomendarse al dictamen de los científicos y proceder conforme a sus recomendaciones.

La primera fue a principios de los años 90, con motivo de la macrourbanización ‘Costa Doñana’. La UE, el Gobierno de España y la Junta de Andalucía impulsaron una comisión internacional de expertos que coordinó el sociólogo Manuel Castells y que, tras un año de trabajo, emitió un dictamen que tumbó el proyecto especulativo y apostó por un desarrollo sostenible basado en la universal marca ‘Doñana’.

EL VERTIDO TÓXICO

Vertido tóxico de Boliden desde Aznalcóllar

Vertido tóxico de Boliden desde Aznalcóllar

La segunda ocasión en que los políticos dejaron el futuro de Doñana en manos de los científicos fue tras la rotura, el 25 de abril de 1998, de la balsa de residuos tóxicos de la mina de Boliden en Aznalcóllar, la mayor catástrofe ecológica en Europa hasta entonces. La riada de 6 Hm3 de aguas contaminadas con 2,5 Hm3 de lodos piríticos con alto contenido en metales pesados y arsénico arrasó la vida animal y vegetal Guadiamar abajo y a duras penas pudo ser contenida a las puertas del Parque Nacional.

¿Cómo actuar para afrontar un desastre sin precedentes y descontaminar los suelos envenenados? Los políticos se pusieron a las órdenes de los científicos y éstos transmutaron la negligencia de la Administración (¿a quién se le ocurrió autorizar una inmensa balsa en parte del dominio hidráulico del río Agrio y con un pésimo control de su estabilidad?) y de la multinacional sueca –que se ha ido de rositas- en el corredor verde, con lo que salvaron la imagen de España ante el mundo.

EL DRAGADO DEL RÍO

La tercera ocasión está siendo el proyecto de ampliación del dragado del Guadalquivir, promovido por la Autoridad Portuaria de Sevilla. La declaración de impacto ambiental emitida en 2003 se supeditó a posteriores informes que despejaran las dudas sobre su impacto ecológico en el estuario del río y en Doñana.

El dictamen de la comisión de científicos, realizado a petición del Ministerio de Medio Ambiente, recomienda que en la desastrosa situación actual del río no se ahonde el canal de navegación  desde los -6 metros actuales hasta los -8 porque es incompatible con la conservación del estuario y, en consecuencia, de Doñana.

En el futuro, si mejoraran las condiciones del Guadalquivir, podría reexaminarse el proyecto, pero mientras tanto la recomendación es que se mantenga el actual dragado de mantenimiento y bajo control científico, para minimizar sus efectos negativos.

HECHOS CONSUMADOS

El puerto y las fuerzas vivas –las mismas que a las primeras objeciones, hace años, dijeron: “lo importante es que se hagan las obras y que el dinero nos lo llevemos nosotros”- han reaccionado poniendo de manifiesto el sinsentido de haber ejecutado una esclusa de 160 millones de euros para que ahora no se drague.

La nueva esclusa

La nueva esclusa

Este argumento no se compadece con otras declaraciones del presidente de la Autoridad Portuaria,  que dijo que la nueva esclusa había que hacerla “sí o sí”, ya que por la antigüedad y frecuentes averías de la antigua se habían tenido que gastar 1,5 millones de euros en los últimos tiempos.

Pero si ahora quieren darle la vuelta a sus tesis, cabe preguntarse entonces por la irresponsabilidad de haber gastado 160 millones en una nueva esclusa sin esperar a la finalización de los estudios científicos.

En el puerto de Sevilla siguen sin comprender que el Guadalquivir no es su monopolio y que hay multitud de actores en escena, todos con intereses tan legítimos como el suyo: arroceros, pescadores, Doñana, municipios ribereños, Sanlúcar…. Nuestro puerto, pese a su importancia, tiene las limitaciones de su carácter fluvial, por lo que jamás podrá competir en pie de igualdad con los puertos marítimos cercanos (Algeciras, Huelva, Cádiz), amén de que en un Estado de Derecho como España, obligada además por convenios internacionales, no puede plantear como un chantaje su política de hechos consumados. Como en la frase bíblica del sábado y el hombre, no se hizo el Guadalquivir para el puerto, sino que ha de ser el puerto el que se adapte al Guadalquivir y a todo su estuario.

La esclusa es una metáfora de esta Sevilla nuestra, donde, contra la lógica, se colocan los bueyes detrás  de la carreta. Aquí hacemos una esclusa tal que nos tomen por locos antes del dictamen científico sobre el Guadalquivir, como promotores inmobiliarios compraron Tablada para llenarla de ladrillos sin sopesar que el PGOU podía declararla zona verde, o se construyó el estadio olímpico sin pensar en que el Sevilla y el Betis jamás irían a compartirlo.

Por tercera vez, los científicos han dictaminado sobre Doñana. A una ministra andaluza, Rosa Aguilar, le toca ahora  el papel de obrar en consecuencia  o ser la primera gobernante de España que hace oídos sordos a su dictamen.

* ‘Radiografía del Guadalquivir’ (Informe del comité de expertos)