Hacienda no somos todos

La Abogacía del Estado ha dejado claro al inicio del juicio por el caso Nóos, en el que la infanta Cristina se sienta en el banquillo de los acusados, que el lema ‘Hacienda somos todos’ no es más que eso, un mero recurso publicitario y no un principio económico o jurídico de obligado cumplimiento.

Antes que la Abogacía del Estado llegaron a esa misma conclusión las 150 empresas con sede en Sevilla y que, salvo error u omisión, aparecen en la lista negra de grandes morosos (deudas superiores al millón de euros) con el Ministerio de Hacienda, cuya divulgación ordenó en diciembre el ministro Montoro.

Los incumplidores sevillanos con el Fisco, algunos de los cuales siguen apareciendo por los canapés de la jet-set local y otros detrás de nuevas sociedades adjudicatarias hasta de concursos públicos, adeudan en conjunto 450 millones de euros (450.066.506,53).

Esta ingente cantidad de dinero (unos 75.000 millones de las antiguas pesetas) habría dado para iniciar al menos las obras de una línea de Metro equivalente a la única existente, cuyo presupuesto original fue de 461 millones. Asimismo, habría permitido construir quince Escuelas Politécnicas como la que para sustituir a la vetusta de la calle Niebla se ha proyectado sobre un solar de Los Bermejales, o setenta y cinco bibliotecas como la que la Universidad Hispalense acaba de erigir, con no demasiado acierto estético ni urbanístico, junto al parque de María Luisa en sustitución de la levantada ilegalmente en los jardines del Prado.

Con los 450 millones de euros dejados de pagar por los 150 grandes morosos de Sevilla, en su gran mayoría del sector del ladrillo, se podrían rematar dieciséis veces las obras pendientes de ejecución del antiguo Hospital Militar, o construir veintiún centros de alta resolución y especialidades médicas (CARE) como el proyectado en el solar del antiguo Equipo Quirúrgico, cerca de los Juzgados.

Y ya que hablamos de los Juzgados, esa cantidad habría permitido construir tres Ciudades de la Justicia si se hubieran mantenido las previsiones iniciales de coste: unos 154 millones de euros.

También se podría haber invertido cuarenta y cinco veces la cantidad que va a destinar la Fundación La Caixa al polémico Centro Cultural en las Atarazanas, reformar diecinueve veces el Museo Arqueológico conforme al diseño de Vázquez Consuegra y recuperar al menos diez veces la Fábrica de Artillería.

Ese dinero  equivale a casi el 60% del que necesita el Ayuntamiento  para mantener en funcionamiento la maquinaria municipal, conservar la ciudad e invertir en nuevos proyectos.

La falta de esos 450 millones es la consecuencia del fin de la vigencia del lema, sólo publicidad según la Abogacía del Estado, ‘Hacienda somos todos’.

Tampoco creyeron en el mismo los responsables de tres entidades promovidas por Administraciones Públicas, que tendrían que haber dado ejemplo en el cumplimiento de sus deberes fiscales, todas gobernadas en la época de autos por políticos del PSOE: Burguillos Natural S. L., que ha dejado un pufo de 2,83 millones de euros; su homóloga Iniciativas de Desarrollo de Los Palacios, cuyo agujero fiscal es de 1,46 millones, y la Mancomunidad de Servicios del Bajo Guadalquivir, que ha dejado una roncha de 1,09 millones.

LUCES Y TAQUÍGRAFOS

El flamante diputado del PP y alcalde de Sevilla hasta hace siete meses, Juan Ignacio Zoido, se destapó hace unos días rememorando otro de esos lemas incumplidos y de los que hizo bandera durante su etapa al frente del Ayuntamiento: el gobierno de ‘las luces y los taquígrafos’.

Zoido ha propuesto ahora, y no aplicado antes cuando era el alcalde, una reforma del Reglamento Orgánico del Consistorio, en virtud de la cual debería implantarse un turno en el Pleno municipal para el debate de las propuestas y mociones que presentaran los sevillanos, consultas vinculantes a los vecinos (recuérdese que Espadas tiene pendiente el cumplimiento de su promesa de una consulta popular sobre la Preferia, y ya estamos a mitad de enero), iniciativas reglamentarias populares de obligada tramitación a partir de un número indeterminado de firmas y hasta retransmisión por Internet de las sesiones de la Comisión de Ruegos, Preguntas e Interpelaciones, en la que se daría presencia pública y voz a los ciudadanos.

El problema de Zoido es que está tan reciente su paso por la Alcaldía que ante cualquier propuesta que lance al nuevo gobierno dirigido por Espadas, al que le tocó morderse la lengua durante sus cuatro años en la oposición para que no le recordaran los escándalos de Monteseirín, aquél le puede responder con la pregunta de por qué no adoptó tales medidas cuando pudo haberlas aplicado sin oposición alguna por haber disfrutado de una mayoría absolutísima de veinte concejales.

Pero en este caso hay un factor añadido que deja aún más en evidencia al exalcalde: su gobierno rechazó una propuesta que para incrementar los niveles de transparencia, participación y debate en el Ayuntamiento le elevó el Grupo Municipal Socialista el 18 de enero de 2012 y que incluía, en representación popular, el denominado concejal 34 (la ciudad todavía no había perdido dos ediles como consecuencia de la regresión demográfica al haber caído por debajo de 700.000 habitantes).

Por razones como no aceptar el concejal 34, el alcalde de los 20 se ha quedado en sólo 12.

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