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El Ayuntamiento de Sevilla se persona en el caso del expolio en la isla de la Cartuja

Estarían implicados dos policías locales y tres empleados de Mantenimiento

Es la segunda orden de Espadas en tal sentido tras la del caso Carretero

 

El alcalde de Sevilla, Juan Espadas, ha ordenado a los Servicios Jurídicos municipales que el Ayuntamiento se persone, como responsable civil subsidiario y acusación particular, en la causa incoada por el expolio de las antiguas sedes de la Delegación de Gobernación en la isla de la Cartuja antes de su entrega a a Detea, durante el mandato de Zoido. Es la segunda personación ordenada por Espadas en tan sólo unos días, tras otra en el mismo sentido por la actuación de Rafael Carretero en el montaje de la Feria de Abril.

El Juzgado de Instrucción Número 10 ha notificado al Ayuntamiento una providencia de fecha 29 de abril en la que, entre otros extremos, le comunica que en los hechos objetos de instrucción (daños en unos edificios) aparecen indiciariamente implicados una serie de personas que tienen relación de servicio con el Consistorio.

La titular del Juzgado está investigando la posible participación en el expolio de los edificios denominados “Charly”, que en la isla de la Cartuja ocupó la Policía Local hasta su devolución a la constructora Detea, de un intendente y de un agente de la Policía Local, de un cuñado de este último y de tres empleados del Servicio de Mantenimiento de Edificios Municipales, ya que desde aquí se habría dado, presuntamente, la orden de retirar de los edificios policiales todos los enseres que pudieran ser reutilizados en otras dependencias del Consistorio.

La retirada de los enseres acabó convirtiéndose en un auténtico expolio, ya que cuando los responsables de la compañía Detea acudieron a tomar posesión de los edificios una vez que había entregado a la Policía la nueva sede que le construyó en la Ranilla, se encontraron con que se habían llevado puertas, ventanas, el cableado eléctrico, los sanitarios de los cuartos de baño y todo elemento que pudiera ser vendido en una chatarrería o colocado en algún mercadillo.

Tras una prolija investigación, el Grupo Especial de la Policía Local (el Gepol) descubrió que una persona había utilizado un vehículo propiedad del Ayuntamiento para vender cobre en un establecimiento del Polígono Calonge. Fue la pista que sirvió para establecer una presunta conexión entre los expoliadores y empleados de la Corporación Municipal.

El alcalde ha ordenado que “sin perjuicio de atender el requerimiento efectuado por el Juzgado, y como quiera que la mera sospecha de intervención de personal municipal en hechos que son objeto de una instrucción penal requiere de la máxima diligencia por parte de la Corporación para el esclarecimiento de los mismos y para la depuración de responsabilidades a que hubiera lugar”, el Ayuntamiento se persone en la causa.

 

El Ayuntamiento de Sevilla acumula condenas judiciales por valor de 52 millones

Los cuatro grupos políticos de la oposición municipal han señalado con motivo de los primeros 100 días de Espadas como alcalde que están a la espera de que presente sus proyectos de Ordenanzas Fiscales y Presupuestos para evaluar con mayor fundamento su gestión. El problema para Espadas es que desde abril el Ayuntamiento acumula 52 millones de euros en condenas judiciales, una cantidad que supera en 2,6 veces el presupuesto real de inversiones con que cuenta la ciudad para el año en curso y que deja al alcalde con una limitadísima capacidad de maniobra.

El Ayuntamiento no tuvo más remedio la pasada semana, obligado por sendas condenas judiciales en contra, que aprobar el pago de 122.448,15 euros a Telvent y de 173.043 euros a Telefónica, dinero que se suma a varias condenas millonarias que ha sufrido desde el mes de abril y que suman casi 48 millones de euros , a los que hay que añadir más de cuatro millones por intereses de demora y de otro tipo y de reconocimiento de derechos de cobro a las empresas que han pleiteado contra la corporación y han obtenido estas sentencias favorables.

En total, el montante de las condenas asciende a 52 millones de euros, y todavía hay en lontananza pleitos pendientes en los que se dirimen 28 millones de euros más. Dado que en el actual Presupuesto municipal de 2015 el dinero realmente disponible para inversiones asciende a unos 20 millones (en concreto 19.990.748 euros), los pagos por los fallos judiciales en contra superan en 2,6 veces esa cifra.

Por ende, a Espadas se le complica el escenario económico debido a que el Gobierno de la nación le transferirá al Ayuntamiento 6 millones de euros menos con cargo a la participación en los ingresos del Estado que en el último ejercicio. Entre condenas judiciales y menores transferencias, el alcalde se va a ver abocado a buscar aquello que dijo en su controvertido anuncio de bajada/subida del IBI: los resquicios que haya en las normas, para tratar de recaudar más fondos con los que afrontar esta complicada situación.

‘LEGADO’ DE MONTESEIRÍN

La sombra de Monteseirín es tan alargada que cuatro años y medio después de su salida del Ayuntamiento su negativa herencia aún sigue lastrando a sus sucesores. Sin contar las cantidades que tuvo que pagar Zoido en los primeros años de su mandato por sentencias también contrarias por la gestión de Monteseirín, especialmente por las obras de la Alameda y del carril-bici, el pasado abril el Consistorio recibió el, probablemente, mayor golpe judicial de su historia reciente al fallar la Justicia en su contra y a favor de Sacyr en el pleito por las Setas de la Encarnación: 36,5 millones de euros.

Ya con Espadas como alcalde, el Ayuntamiento ha sufrido otra condena en un pleito arrastrado desde la época de Monteseirín, por la cesión de suelos de Mercasevilla a Sando para la construcción de naves industriales. En este caso la condena ha sido de casi 9 millones de euros, que con los intereses de demora y otros conceptos se elevará a 12 millones en números redondos.

Los siguientes pleitos perdidos han sido heredados por Espadas de la gestión de Zoido: condena de dos millones por la suma de dos sentencias favorables a Detea en el caso de la comisaría de la Ranilla, que acabarán siendo tres millones, ya que la Justicia le ha reconocido a la empresa el derecho a reclamar otro millón más.

Y las dos últimas condenas en contra del Consistorio son a favor de Telvent por la revisión de precios al alza del contrato de las señales de tráfico (0,12 millones) y a favor de Telefónica por unas obras de modificaciones de líneas de comunicaciones (0,17 millones).

El Ayuntamiento se enfrenta además a una demanda de Detea de 20 millones por el ruinoso estado en que le entregó los edificios de la Policía en la Cartuja y a una reclamación de Resipark de 7,8 millones por la anulación del contrato que firmó Monteseirín para la construcción de aparcamientos subterráneos en suelos que resultó no eran de propiedad municipal.

La factura judicial del Ayuntamiento

Empresa                 Asunto                                Importe indemnización

Sacyr           Setas Encarnación                        36.532.464,18  euros

Sando          Suelos Mercasevilla                        8.944.710,30

Sando          Intereses y otros (estimado)         3.055.290,00

Detea          Sede Policía La Ranilla                   1.902.366,91

Detea          Sede Policía La Ranilla                            177.923,88

Detea          Intereses y otros                            1.076.685,46

Telvent       Señales de tráfico                                122.448,15

Telefónica   Líneas teléfono                                173.043,00

TOTAL                                                                   51.984.931,88

Insoportable levedad

Cuando al hermano mayor de la Macarena, Manuel García, lo llamaron para pedirle su opinión sobre la polémica surgida por el uso de la imagen de la Virgen por la revista satírica Mongolia para anunciar su presentación en la Casa de la Provincia, con Felipe Alcaraz (IU) y Mercedes de Pablos (PSOE) como maestros de ceremonias, García declaró: “No creo que sea un atentado a la libertad religiosa, sino más bien una falta de educación que busca propaganda gratuita para un acto al que en circunstancias normales no iría nadie”.

La provocación es una de las estrategias de estas publicaciones, aunque en este caso y con todo el respeto para quien disienta, se trataba de una provocación más bien ‘light’: sobre una foto en blanco y negro de la Macarena se habían dibujado cuatro ‘bocadillos’, como en los tebeos y cual si la imagen hablara para comunicar día, hora y lugar de presentación por Felipe Alcaraz, con el remate en plan jocoso e incorrecto gramaticalmente de “Decidme ustedes si no es para llorar”.

Y EN ESO LLEGÓ ZOIDO

El cartel, uno de los tres lanzados y no el oficial, había pasado inadvertido y sin escandalizar a nadie, hasta que hubo alguien más papista que el Papa que, por el cargo que ocupa, convirtió la desconocida convocatoria en ‘trending topic’: Zoido, alcalde de Sevilla por la gracia de sus 20 concejales.

Cuentan las crónicas que él fue el primero en dar la voz de alarma a través de Twitter, desde la que lanzó este mensaje: “La libertad de unos termina donde empieza la de otros. ¿Hay necesidad de ofender los sentimientos de los sevillanos? Es una falta de respeto muy grave y, sobre todo, innecesaria y gratuita”. El alcalde no dejó de remarcar que el acto lo organizaba la Diputación de Sevilla (PSOE).

Con las redes sociales incendiadas con opiniones a favor y (parece que más) en contra del alcalde, inmediatamente el ejército de Zoido entró en campaña. Su lugarteniente, Gregorio Serrano, abundó en la idea: “Los sentimientos y las devociones de los miles de sevillanos no pueden ser objeto de burla amparándose en el derecho de expresión, tan respetable como el de las devociones marianas de Sevilla”. Y el portavoz del PP en la Diputación, Eloy Carmona, anunció que exigirá explicaciones al presidente de la Corporación Provincial y del PSOE de Sevilla, Villalobos, en el próximo pleno, “porque ni la Diputación ni los ayuntamientos están para fomentar con sus recursos e instalaciones ofensas de este tipo”.

TIRO ERRADO

En su afán de crear un escándalo y de aprovecharse políticamente del mismo, Zoido y el PP se precipitaron y cometieron el error de involucrar al PSOE y la Diputación, cuando ésta pudo demostrar con tan sólo remitirse a la página web de la Casa de la Provincia que se había limitado a ceder el espacio para un acto cuyo cartel oficial únicamente reflejaba un grupo de personas, con sombrero y de espaldas, y la indicación de la fecha, hora y lugar de la presentación, también con ‘bocadillos’, bajo el llamamiento de ‘Sevillanos, el Medicine Show de Mongolia llega a vuestra ciudad’.

Se colige, pues, que como el anuncio oficial no debió de tener  mucha repercusión, Mongolia recurrió a la imagen de la Macarena y, después, a la de Queipo de Llano para llamar la atención. Posiblemente el eco hubiese sido tan mínimo  como antes si Zoido no se hubiera convertido en sus mejor propagandista al hacerle el juego con su cruzada en la Red y transmutando la mera “falta de educación”, según García, en un “atentado a la libertad religiosa”.

PROMOCIÓN GRATIS

El ‘efecto Zoido’ sólo ha servido en este caso para proporcionar a Mongolia una enorme campaña de publicidad gratuita en la Red y en los medios de comunicación merced a la implicación personal del alcalde de Sevilla, por lo que si antes eran pocos los que la conocían, ahora su nombre suena en toda España y asociado al de Sevilla como ‘martillo de herejes’. La publicación estará eternamente agradecida al alcalde y a la ciudad, que se proyecta así externamente como  guardiana de las esencias y tierra de María Santísima.

Sevilla es una ciudad con 88.000 parados que tiene una deuda de 500 millones de euros y graves problemas de toda índole, cuyo alcalde, por aunar también la condición de presidente del PP (A) y de parlamentario andaluz, carece de tiempo para atender tantos frentes como tiene abiertos. Diez días antes de la polémica por el cartel, Zoido había llegado casi una hora tarde a la inauguración del Museo del Mudéjar y algunos de sus selectos invitados, hartos de esperarle, se fueron y lo dejaron plantado.

SIN TIEMPO, DEPENDE PARA QUÉ

La empresa Detea le envió un preaviso de demanda por 17,1 millones de euros y la devolución de 23,7 millones por la entrega en ruinas de la antigua comisaría de la Cartuja. En total hay en juego 40,8 millones de euros. Zoido la instó a dialogar para evitar los juzgados. Finalmente Detea, aburrida de esperar la entrevista prometida y que nunca llegó, recurrirá a los tribunales. Con la Policía rebelada de nuevo y una huelga en ciernes de Lipasam que puede dejar 900 toneladas diarias de basura en las calles….el alcalde se entretiene en tuitear sobre un cartel de una revista satírica del que nadie se había percatado salvo él.

Así que durante esta semana Sevilla ha vuelto a ser noticia nacional por esta polémica creada por Zoido, mientras que en la anterior las redes sociales y los medios de comunicación estuvieron también muy entretenidos con otra polémica existencial hispalense: la colocación del escudo del Betis por unos albañiles en la cima de la torre Pelli y si ello debía ser o no ser motivo de sanción laboral.

Las insoportables levedades de Sevilla.

Out

Detea le ha enviado un preaviso de demanda al Ayuntamiento por 17,1 millones de euros debido al ruinoso estado en que, con cuatro años de retraso (tres de ellos imputables a Monteseirín), le ha devuelto los edificios que cedió a la Policía Local en la isla de la Cartuja mientras le construía su nueva sede en la Ranilla. Como además plantea que el Consistorio se quede con las ruinas de Palmira en que le ha convertido los locales cartujanos y le devuelva los 23,7 millones que le pagó en su día, el pleito se sustancia por 40,8 millones de euros, más dinero que el que exige Sacyr por devolver las ‘Setas’ de la Encarnación, otra ruina, aunque sólo económica. Detea dice que se ha visto obligada a dar este paso tras tratar en numerosas ocasiones de contactar tanto con el alcalde como con el delegado de Urbanismo, siempre de forma infructuosa. Recordarán que Zoido dijo aquello de ponerle una alfombra roja a todo empresario que llamara al Ayuntamiento. Lo que omitió decir es que si le llamaban para plantearle un problemón como éste su teléfono estaría fuera de cobertura.