Pero incumplen totalmente 4 y 5 indicadores y, parcialmente, 4 y 3, respectivamente

La dos universidades públicas sevillanas, la Hispalense (US) y la Pablo de Olavide (UPO), figuran entre el 96% de las de su tipo que logran el calificativo de transparente establecido por la Fundación Haz. En líneas generales, la gobernanza y el compliance (cumplimiento normativo) son las asignaturas pendientes de las universidades públicas, pese a su alto nivel de transparencia. Destaca el hecho de que ninguna ha implantado todavía la figura del responsable de compliance, por lo que todas incumplen el mandato de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU).

La Fundación Haz tiene como misión fortalecer la confianza de la sociedad en las instituciones y empresas impulsando el buen gobierno, la transparencia y el compromiso social.

Según su ‘Informe de transparencia voluntaria en la web de las universidades públicas españolas’ relativo al año 2025, la evolución de las universidades públicas españolas en materia de transparencia durante los últimos trece años ha sido muy significativa. Un sector que partía de una notable opacidad ha logrado integrar la rendición de cuentas como un pilar de su cultura y actividad, hasta convertirse en un referente para el conjunto del sector público. Los resultados de la presente edición del informe no solo confirman, sino que consolidan este importante avance.

El alto grado de transparencia alcanzado se mantiene, ya que la totalidad de las 49 universidades analizadas vuelve a superar el umbral del 70% de cumplimiento, requisito para la calificación de transparente. No obstante, dos de ellas —La Laguna y País Vasco— han sido calificadas como Translúcidas por un incumplimiento que la Fundación Haz considera de máxima relevancia: no disponer de una auditoría externa actualizada, con un retraso en ambos casos superior a los tres años. Dado que la rendición de cuentas económicas es un pilar insustituible de la transparencia,
se ha mantenido esta calificación a pesar de su buen desempeño en el resto de los indicadores (en total son 31).

Este alto nivel de transparencia se refleja en el elevado cumplimiento de la mayoría de las áreas. Apartados como Personal (98%), Información económica (95%) y Resultados (92%) alcanzan un nivel cercano a la totalidad, lo que confirma la consolidación de las prácticas de publicación de datos sobre la estructura, la actividad académica y el rendimiento económico. Sin embargo, este resultado general contrasta con el retroceso en el indicador de auditoría externa: cinco universidades que hasta ahora obtenían un cumplimiento pleno han pasado a un cumplimiento parcial por no haber publicado el informe de auditoría correspondiente al ejercicio 2024.

No obstante, este alto nivel general de transparencia contrasta de manera significativa con los resultados de las áreas que examinan la función de supervisión ejercida por el consejo social. Es en este ámbito donde se observan los márgenes de mejora más evidentes y donde se sitúa la principal asignatura pendiente del sistema universitario. En concreto, las dos áreas con menor grado de cumplimiento son las relativas al propio Consejo social (57%) y a la función de Ética y compliance (47%). Estos datos revelan una brecha persistente entre la transparencia de la actividad ordinaria —académica, económica y de personal— y la rendición de cuentas del órgano responsable de la supervisión de la institución.

El análisis detallado del área de Consejo social muestra una evolución desigual. Por un lado, se aprecian mejoras puntuales en indicadores relevantes: la publicación del Presupuesto avanza cinco puntos (del 71% en 2024 al 76% en 2025), un dato clave para valorar si el órgano cuenta con medios suficientes para ejercer sus funciones con independencia. En la misma línea, el Informe de actividades, un instrumento fundamental para la rendición de cuentas, mejora del 78% al 84%.

Sin embargo, estas mejoras puntuales contrastan con el bajo desempeño de otros indicadores estratégicos. Los dos con un cumplimiento más deficiente son el Informe de responsabilidad social (35%) y el de Deberes de diligencia y lealtad (33%). El análisis de este último es particularmente revelador, ya que se desglosa en dos componentes: la publicación de la asistencia de los miembros a las reuniones y la realización de una autoevaluación del propio órgano.

Aquí la diferencia es notable: mientras que 38 de las 49 universidades analizadas ya publican los datos de asistencia, la autoevaluación sigue siendo una tarea pendiente en la mayoría, pues solo 16 la realizan y publican. Esta brecha demuestra que, si bien se avanza en la transparencia sobre la actividad, la cultura de la evaluación interna y la reflexión estratégica sobre el propio desempeño constituye la principal debilidad del consejo.

El área de Ética y compliance, analizada por segundo año, revela una implantación
todavía inmadura. Si bien la existencia de un Código ético es una práctica mayoritaria (84%), la funcionalidad del Canal ético es desigual. Mientras que un 57% de las universidades ofrece un canal integral que permite tanto plantear consultas como realizar denuncias, un significativo 41% lo limita a un mero ‘canal de denuncias’. Esta carencia impide a la comunidad universitaria resolver dudas sobre la aplicación del código, lo que reduce la herramienta a un instrumento puramente reactivo y merma su fundamental potencial preventivo.

El punto más crítico, sin embargo, es el indicador relativo al Responsable de compliance, con un cumplimiento nulo (0%). Este incumplimiento generalizado se debe a que ninguna universidad ha implantado todavía la exigencia del artículo 47.2.L de la Ley Orgánica 2/2023 del Sistema Universitario (LOSU).

Aunque muchas instituciones disponen de comisiones de ética o convivencia, la ley requiere la creación de un órgano específico para el sistema de compliance en su
conjunto, dependiente directamente del consejo social. Esta figura, clave para una supervisión independiente y eficaz, es la gran ausente en la estructura de supervisión universitaria.

LAS UNIVERSIDADES SEVILLANAS

Las dos universidades públicas sevillanas, la Hispalense (US) y la Pablo de Olavide (UPO), logran una calificación global de transparentes, aunque todavía tienes zspectos que mejorar.

La Universidad de Sevilla o Hispalense incumple totalmente cuatro de los 31 indicadores usados por la Fundación Haz en su examen: Informe RS del Consejo Social, Código Ético, Profesores extranjeros y nivel de endogamia.

Incumple parcialmente los Presupuestos del Consejo Social, Deberes de Lealtad y Diligencia, Responsable de Compliance y Canal Ético.

Cumple totalmente los 23 indicadores restantes: Plan estratégico, Información general del personal, Bandas salariales, Composición de políticas y gobierno, Actas, Estatutos, Informe de actividades, Entidades dependientes, Demanda, Evolución, Perfil del personal docente e investigador, Canales para alumnos, Ayudas para alumnos, Presupuesto, Estados financieros, Memoria, Auditoría, Investigación, Rendimiento académico, Satisfacción, Rankings, Internacionalidad e Inserción Laboral.

Por su parte, la Universidad Pablo de Olavide incumple totalmente el Informe de RS del Consejo Social, Deberes de lealtad y diligencia, Código Ético, Responsable de compliance y Satisfacción con los resultados.

Cumple parcialmente los indicadores Canal ético, Auditoría económica y Rendimiento económico.

Cumple totalmente los siguientes indicadores: Plan Estratégico, Información general de personal, Bandas salariales, Composición de políticas y gobierno, Actas, Estatutos, Informe de actividades, Entidades dependientes, Demanda, Evolución, Perfil del personal docente e investigador, Canales para alumnos, Ayudas para alumnos, Presupuesto, Estados financieros, Memoria, Investigación, Rankings, Internacionalidad e Inserción Laboral.

*Informe sobre el grado de transparencia de las universidades privadas, en el siguiente enlace: https://www.manueljesusflorencio.com/2025/11/la-loyola-andalucia-calificada-como-universidad-opaca-en-el-examen-anual-de-transparencia-de-la-fundacion-haz/

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