Matsa comunica de nuevo a la Junta de Andalucía que si no construye el depósito de residuos cerrará sus minas en dos años

Pide ahora el desvío de un arroyo en Cortegana para poder ejecutarlo

La compañía australiana Sandfire Minas de Aguas Teñidas (Sandfire Matsa), propietaria de las minas de Aguas Teñidas, Magdalena y Sotiel, ha solicitado a la Junta de Andalucía autorización para el desvío de un arroyo innominado tributario del barranco del Tamujoso, en el término municipal de Cortegana (sierra de Huelva) y la ejecución de un nuevo cauce para así poder construir el nuevo depósito de residuos mineros. Matsa le ha vuelto a comunicar al Gobierno andaluz que si el depósito no se erige cesaría por completo su actividad en el plazo de dos años.

Sin embargo, la multinacional australiana incurre en una flagrante contradicción al plantear esta especie de ultimátum en la solicitud de autorización del proyecto de encauzamiento y desvío del cauce público, que califica de necesario para construir el depósito de residuos.

No ha reparado en que ya dio el mismo ultimátum cuando presentó el proyecto del depósito (denominado oficialmente Instalación de Gestión de Tailings o IGT). En aquel entonces afirmó lo siguiente: «esta instalación es vital para la continuidad de la actividad minera de la Compañía, debiendo iniciarse las obras en el primer trimestre del año 2025. Cualquier retraso en el inicio de su ejecución supondría la paralización de la actividad durante el período de tiempo que transcurra entre el fin de la vida útil de la instalación actual, y el inicio de la nueva. Su no ejecución, el cese completo de la actividad en un plazo de dos años desde la fecha actual».

Ahora ha solicitado a la Junta de Andalucía permiso para desviar el cauce de un arroyo sin nombre tributario del arroyo Tamujoso y para la construcción de un nuevo cauce de 334,24 metros de longitud, ya que el curso de agua actual es un obstáculo para erigir el depósito de residuos mineros proyectado, con capacidad para al menos 15 millones de m3 de estériles de tratamiento.

El objetivo del proyecto constructivo para el que ahora pide permiso al Gobierno andaluz es la definición -a nivel de detalle- de un nuevo cauce que sustituya al cauce afectado por la IGT -que será desafectado-, motivada por la construcción del dique Este de esta última. Para ello diseña el trazado en planta y alzado del nuevo cauce y determina su capacidad de desagüe en función de la cuenca vertiente que va a
drenar.

Atendiendo al marco normativo, ha definido una sección-tipo que garantiza el tránsito de la máxima crecida ordinaria (MCO), así como de la avenida de 100 años de periodo de retorno, considerando los resguardos en seco y por sobreelevación
en curvas.

El nivel de detalle es el de un proyecto constructivo por lo que está compuesto por los cuatro documentos habituales: Memoria, Planos, PTP y Presupuesto. El nuevo cauce se ha previsto excavado en tierras con su trazado geometrizado (sic) para minimizar el movimiento de tierras.

No se han previsto expropiaciones, ya que todos los terrenos son propiedad de la multinacional australiana. Una vez iniciados los trabajos, que tienen un presupuesto de 40.268 euros (IVA incluido), el plazo de terminación es de un mes.

La Junta de Andalucía ha sometido el proyecto de desvío del arroyo a información pública, a fin de que durante el plazo de veinte días hábiles se puedan realizar las alegaciones que se consideren pertinentes. El plazo expira el 30 de enero de 2026.

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