La única novedad relevante es la inclusión de José Romo, CEO de Fhecor, como redactor del proyecto básico
La Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Sevilla (GUMA) ha comunicado oficialmente que el convenio urbanístico suscrito el 12 de diciembre de 2025 con la sociedad Seville Cubic River (filial de KKH Property Investors, nueva dueña de la fábrica de tabacos de Altadis en Los Remedios) para la financiación y construcción de una pasarela peatonal sobre la dársena del Guadalquivir, entre los puentes de San Telmo y de Los Remedios, ha sido depositado en el Registro Municipal de Instrumentos Urbanísticos con el número 2/2026.
El depósito de un convenio urbanístico en el Registro Municipal de Instrumentos Urbanísticos de Sevilla significa que el acuerdo ha sido formalizado, validado administrativamente y hecho público. Esto garantiza la transparencia, permitiendo a terceros consultar sus condiciones y obligando a las partes firmantes a su cumplimiento, a menudo como paso previo indispensable para la ejecución del planeamiento.
El convenio pasa a ser público, cumpliendo con la normativa urbanística de Andalucía. Cualquier persona puede conocer los compromisos adquiridos por el Ayuntamiento y la entidad privada (como cesiones de suelo, financiación de obras, etc.).
Es un paso procedimental necesario, recogido en la legislación, para que el instrumento tenga plena eficacia y el Ayuntamiento pueda proceder con el desarrollo urbanístico planeado.

No hay cambios sustanciales entre la propuesta inicial, divulgada el pasado mes de octubre, y el convenio finalmente depositado. La novedad más relevante es el reconocimiento de que el proyecto básico para la construcción de la pasarela fue redactado por José Romo Martín, consejero delegado de la empresa de ingeniería Fhecor, la misma que ha diseñado el futuro puente en la ronda de circunvalación SE-40 sobre el río Guadalquivir, en el tramo entre dos Hermanas y Coria. La estructura del convenio final es prácticamente idéntica.


El convenio deja claro que la obra se realizará en “cumplimiento de la carga urbanística de ejecución y financiación de la pasarela”. Es decir, es una obligación derivada de la operación Altadis, no una obra pública voluntaria promovida por el Ayuntamiento hispalense.
La promotora debe depositar un aval por el importe total del coste de ejecución material. Esta estipulación blinda financieramente al Ayuntamiento para terminar la obra si se paraliza.
Si la obra se paraliza más de tres meses el Ayuntamiento puede ejecutar el aval y acabar la pasarela.
Aunque la pasarela pase a ser pública, la sociedad promotora mantendrá el sistema técnico de iluminación y pagará su consumo energético, algo poco habitual en infraestructuras públicas.
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