Desestima las alegaciones presentadas al proyecto técnico al cabo de casi un año de tramitación
El delegado del Área de Cultura, Movilidad, Economía y Comercio del Ayuntamiento de Sevilla, Álvaro Pimentel, ha desestimado las alegaciones presentadas por las entidades al proyecto técnico de las zonas de bajas emisiones de la Cartuja Norte y Cartuja Sur sometido a información pública conforme al procedimiento establecido en el
Real Decreto 1052/2022, Zonas de Bajas Emisiones y a la vista de informe de la
unidad Administrativa de Movilidad. Aunque la resolución de aprobación definitiva es del 20 de marzo de 2026, el documento técnico tiene como fecha de emisión el 23 de abril de 2025. Esto confirma que el Ayuntamiento ha estado tramitando administrativamente este texto durante casi un año antes de su aprobación final tras el periodo de alegaciones.
La resolución número 232 de fecha 20 de marzo de 2026 firmada por el delegado de Movilidad confirma la existencia de una profunda contradicción entre el discurso político y la realidad administrativa del Ayuntamiento de Sevilla.
Como se recordará, una de las medidas que el gobierno popular presidido por José Luis Sanz pactó con Vox a cambio de su apoyo a los presupuestos municipales fue poner fin a la «imposición automática de multas» y a las restricciones permanentes en la isla de la Cartuja por causa de la Zona de Bajas Emisiones.
Sin embargo, la resolución aprobada el pasado 20 de marzo de 2026 por el Área de Movilidad municipal (Álvaro Pimentel) da validez definitiva a un proyecto técnico que, en su página 12, afirma textualmente que desde «julio de 2024 a la actualidad el sistema funciona con normalidad con envío de sanciones a los infractores».
Plano con la situación de las cámaras de control en la Cartuja
El Ayuntamiento ha aprobado ahora (marzo 2026) un proyecto cuya Versión 8 fue redactada en abril de 2025. Esto implica que el «manual de instrucciones» legal de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de la isla de la Cartuja no se ha actualizado para reflejar el pacto político entre PP y Vox de enero de 2026. Se mantiene por tanto el régimen sancionador vigente, con multas de 200 euros a los infractores.
Se anunció en virtud de dicho acuerdo bipartidista que las multas sólo se aplicarían en días de alta contaminación (cuando se superen los 40 microgramos de dióxido de nitrógeno o NO2). Sin embargo, los servicios municipales recibieron la orden de instalar los nuevos medidores de partículas contaminantes en la isla de la Cartuja en ese mismo mes de enero de 2026.
El propio proyecto técnico aprobado ahora incluye tablas de calidad del aire de 2022 y 2023 que muestran que en ninguna estación de Sevilla (incluyendo Torneo, la más cercana a la Cartuja) se superan esos límites.
Si se aplica estrictamente el pacto PP-Vox basado en esos medidores, en la ZBE se dejaría de multar en la práctica la inmensa mayoría de los días, ya que el aire de Sevilla se mantiene por debajo de esos umbrales de alerta hasta el último año analizado (2022).
NUEVOS PUNTOS DE MONITORIZACIÓN
De momento, la Delegación de Movilidad hasta presume de haber propuesto dos nuevas ubicaciones para la instalación de sistemas de monitorización de la calidad del aire, con la finalidad de poder hacer un seguimiento de los impactos derivados de la implantación de la misma.
En la zona Cartuja Norte, se ha seleccionado como punto óptimo la calle Leonardo da Vinci. Por otra parte, para el seguimiento de la zona Cartuja Sur, de nuevo se opta por una de las arterias principales, en este caso, la calle Américo Vespucio.
Ubicación de los nuevos puntos de monitorización
El proyecto técnico ahora aprobado por Álvaro Pimentel recuerda que «La Ley 7/2021, de 20 de mayo, de Cambio Climático y Transición Energética, determina en su artículo 14.3, que los municipios españoles de más de 50.000 habitantes, los territorios
insulares y los municipios de más de 20.000 habitantes, cuando se superen los valores límite de los contaminantes regulados en el Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire, deberán adoptar, antes de 2023, planes de movilidad urbana sostenible que introduzcan medidas de mitigación, que reduzcan las emisiones derivadas de la movilidad incluyendo, al menos, entre otras, el establecimiento de ZBE. El establecimiento de estas ZBE es pues una obligación legal.…·
La puesta en marcha de la ZBEs de Cartuja Norte y Cartuja Sur ha supuesto la movilización de 1.378.043,93€ de fondos públicos por el Ayuntamiento de Sevilla desde su diseño hasta su puesta en marcha (balance a fecha 2024).
Mantener en funcionamiento las ZBEs de Cartuja Norte y Cartuja Sur supondrá un gasto anual aproximado para el Ayuntamiento de Sevilla de 528.096,55€ en su primera anualidad y de 430.161,55€ para la segunda anualidad. A partir de este umbral temporal se puede estimar un aumento de la anualidad basado en los aumentos del IPC.
RETORNOS POSITIVOS
En el proyecto técnico se destaca que el establecimiento de una Zona de Bajas Emisiones aporta una serie de flujos positivos para la economía y sociedad de la ciudad en la que se ubican. Experiencias como las de la ciudad de Pontevedra, pionera en la restricción al tráfico rodado en España así lo demuestran: reducción de accidentes, no hay fallecidos por atropellos, reducción de niveles de contaminación y mejora
de la salud…
Varios de estos retornos no son fácilmente cuantificables económicamente, aunque
se están empezando a elaborar estadísticas a nivel europeo y nacional sobre el impacto de la contaminación en la salud. Está constatado que los contaminantes del aire son responsables de unas 10.000 muertes al año, según varios estudios de la Escuela Nacional de Salud, del Instituto de Salud Carlos III (2019).
Los ingresos por infracciones supondrán un ingreso para las arcas del Ayuntamiento de Sevilla, que tendrán un comportamiento decreciente a lo largo del tiempo.
En el mes de abril de 2024, que se tomó como referencia para realizar un muestreo estadístico, se registró una media de casi 266 notificaciones diarias. La previsión era que el número bajaría considerablemente tras la propia campaña de notificación y con las futuras campañas informativas, así como con el efecto disuasorio de la puesta en marcha de las sanciones económicas.
Álvaro Pimentel ha desestimado todas las alegaciones presentadas a la ZBE
Entre los principales beneficios de la ZBE, en el proyecto técnico se subrayan los siguientes:
-Reducción de los accidentes de tráfico y de los atropellos a peatones. En 2021 murieron 15 personas en accidentes en las vías urbanas de la provincia de Sevilla, según datos de la DGT.
-Disminución de los niveles de contaminación y mejora calidad del aire. Sebeneficia la
salud pública al reducirse el tráfico rodado de vehículos movidos por combustibles fósiles y usar medios más sostenibles: transporte público, caminar y la bicicleta. Según el Instituto de Salud Global en una urbe como Barcelona, gracias a diversos estudios, se conoce que se producen cada año más de 500 muertes prematuras, más de 2.000 casos de enfermedad severa y más de 1.000 casos de asma infantil.
-Mejorar la calidad del aire aumenta la esperanza de vida, mejora el desarrollo de nuestro organismo en la fase de crecimiento, reduce la presencia o aparición de enfermedades cardiorrespiratorias, así como ayuda a disminuir los casos de ciertos tipos de cáncer.
Las limitaciones establecidas en la ordenanza que regula las ZBEs de Cartuja Norte y Sur no suponen una afectación a la competencia y al mercado de las empresas ubicadas en ese espacio.
Si se analizan las limitaciones de la normativa, se comprueba que existe facilidad para el acceso a la ZBE de vehículos de las empresas ubicadas en la misma, como se refleja en el punto B) de las Excepciones de la Ordenanza reguladora. Según los casos existen excepciones directas o es necesario cumplimentar un registro previo en la Delegación competente en materia de Movilidad.
La existencia de una red de transporte público y de las mencionadas excepciones permiten -puede leerse en el proyecto técnico- el acceso no sólo del personal de las empresas allí radicadas, sino también el de sus clientes y proveedores, que se pueden acoger a ambas en caso de no contar con un vehículo con distintivo ambiental «B», «C», «Eco» o «Cero Emisiones», de acuerdo con la clasificación recogida en el Reglamento General de Vehículos.
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