Ha impuesto una tasa que se eleva a 47,50 euros para los edificios más grandes
A este coste hay que sumar el que cobren los profesionales por la inspección
El gobierno presidido por Juan Ignacio Zoido no sólo no aplica la Ordenanza de la ITE a los edificios municipales con el argumento, en palabras del alcalde, de que gozan de “otra condición” mientras multa a los propietarios y comunidades vecinales que incumplen la norma, sino que ha sido el primero en convertir la ITE en un instrumento recaudatorio más para las arcas del Ayuntamiento.
La primera Ordenanza de la Inspección Técnica de Edificios fue aprobada por el Ayuntamiento el 25 de mayo del año 2000 en el primer mandato de Monteseirín como alcalde, y desde entonces su presentación ante la Gerencia de Urbanismo era gratuita, al margen de lo que pagaran los propietarios de los inmuebles a los profesionales acreditados tras proceder a la revisión.
Con la llegada del nuevo gobierno municipal en 2011, el Ayuntamiento ha convertido el mero trámite de la presentación de la ITE en otro coste más para los sevillanos y en otra fuente de recaudación más para la Hacienda local, ya que creó una tasa específica bajo el epígrafe ‘Control y revisión por la Gerencia de Urbanismo del deber de presentar la Inspección Técnica de los Edificios realizada por facultativo competente, a fin de determinar el estado de conservación’.
Así pues, por cada ITE que se presente a revisión mediante el empleo de la aplicación informática habilitada al efecto por la Gerencia de Urbanismo y por vía telemática, en función de los metros cuadrados del inmueble, el Ayuntamiento cobra las siguientes tasas:
-Por edificios de hasta 300 m2 de superficie construida, por ITE presentada: 25 euros.
-Por edificios de hasta 450 m2: 32,50 euros.
-Por edificios de hasta 600 m2: 40,00 euros.
-Por edificios de más de 600 m2: 47,50 euros.
La intención inicial, conforme al Plan de Ajuste, era aún más gravosa para los ciudadanos, ya que el Ayuntamiento quería imponer una tarifa mínima de 100 euros, y tasas de 200 euros para edificios de hasta 500 m2; 350 euros para edificios de hasta 1.000 m2; 1.000 euros para los inmuebles de hasta 5.000 m2, y 3.000 para los que tuvieran una superficie superior a los 5.000 m2. Con estas cuantías estimó que podría ingresar 200.000 euros anualmente.
dentro del gobierno municipal al ser desautorizado por la delegada de Hacienda, Asunción Fley, en su intento de aplicar la Ordenanza de la Inspección Técnica de Edificios (ITE) a los inmuebles del Ayuntamiento y ver cómo el alcalde ha tomado partido por esta última y en contra de sus tesis.
jurídico en la Gerencia que justifique que los edificios municipales no deban pasar la ITE. En este sentido, el artículo 1.2 de la norma dice textualmente: “Toda clase de edificaciones y construcciones, con independencia de su uso o destino, estarán afectadas por la obligación regulada en esta Ordenanza”.
Sin embargo, Urbanismo también dejó ayer en evidencia a Zoido, ya que en la reunión del Consejo de Gerencia sus máximos responsables reconocieron que no les consta que se haya hecho revisión alguna a los 400 edificios municipales por la Delegación de Hacienda ni se le ha remitido tampoco por esta última informes que acrediten el estado de conservación de estos inmuebles, manifiestamente deficiente en casos a la vista de todos como los de Villa Encarnita y la estación de autobuses del Prado de San Sebastián. 
edificios no han pasado la Inspección Técnica (ITE), la misma que, sin embargo, el Consistorio exige al resto de Administraciones Públicas y a los sevillanos bajo amenaza de sanciones con hasta 6.000 euros.
página siguiente a la de la información citada, El Correo de Andalucía informa de que el Registro General de la calle Pajaritos se mudará de forma inminente a una zona de la estación del Prado de San Sebastián que ha necesitado dos meses de obras, por valor de 58.695 euros, ya que “el inmueble se encontraba, según los informes previos, en mal estado por su falta de mantenimiento….”.
salida a subasta del inmueble del barrio de Nervión y afirmaba que había que “poner (lo) en el mercado cuanto antes a fin de acometer su rehabilitación o su demolición y nueva planta, a la vista del estado de conservación en el que se encuentra la construcción y a fin de evitar el coste económico que supone la adopción de medidas periódicas para su mantenimiento y seguridad….”.
en el plazo límite de noviembre de 2009, por lo cual puede imponerle una sanción de 6.000 euros si califica la infracción como muy grave. Además de a la Junta, está incoando expedientes sancionadores a propietarios de otros edificios sin ITE, a los que estaría proponiendo multas de unos 4.500 euros. Paradójicamente, hay edificios municipales cuya ficha en Urbanismo figura en blanco como muestra de que no han sido sometidos o no han superado la inspección técnica.
propia Ordenanza: la sede del Consistorio en la Plaza Nueva, el edificio municipal de la calle Pajaritos, la sede del Distrito de Triana, el antiguo mercado de la Puerta de la Carne, el teatro Lope de Vega, el mercado del Arenal, la sede del Servicio de Estadística (calle El Jobo) y la estación de autobuses del Prado de San Sebastián.
La ficha del mercado del Arenal demuestra que todos los edificios de Sevilla sin excepción, aunque sean de titularidad pública, deben pasar y superar la ITE, pero no aclara la sanción que Urbanismo habría debido imponer al gobierno municipal por estos cuatro años de demora, en línea que la que podría aplicar a la Junta de Andalucía por su dejación en las Atarazanas y a todos los sevillanos a los que se ha expedientado por no cumplimentar este trámite.
empresa privada pese a que no ha pasado la Inspección Técnica. Igualmente, el Consistorio ha alegado el mal estado de la estación de autobuses del Prado de San Sebastián en su conflicto con la Junta por cambiarla de uso, pero tampoco consta que pasara la ITE, cuya consecuencia debería ser la reparación inmediata de los desperfectos detectados. En ninguno de los siete casos en que la ficha aparece en blanco como no realizada la inspección pese a los años transcurridos desde la fecha límite consta la incoación de expedientes sancionadores.