La Audiencia Provincial de Sevilla ha estimado el recurso de apelación interpuesto por Sando Proyectos Inmobiliarios contra una sentencia dictada el 27 de marzo de 2014 por el Juzgado de Primera Instancia Nº 3 y desestimado simultáneamente el presentado por Mercasevilla, y obliga al mercado central de abastos sevillano, con mayoría de capital municipal, a indemnizar a la constructora malagueña con un total estimado de 12 millones de euros por todos los conceptos, tras un pleito que se venía prolongando desde hacía años y en el que Sando encomendó su defensa al bufete hispalense Pérez Alfonso.

El fallo judicial califica el incumplimiento del contrato por parte de Mercasevilla ( cedió una serie de parcelas sin suministro eléctrico y, en algunos casos, sin posibilidad de ofrecerlo) como “grave y esencial, con suficiente entidad como para dar lugar a tal consecuencia (la resolución del contrato)”.

Además de decretar la nulidad del acuerdo firmado entre ambas partes, la Audiencia condena a Mercasevilla a abonar a Sando 8.944.710,30 euros, así como los intereses legales desde la fecha de presentación de la demanda y diversas costas. Si a ello se suman los intereses ordinarios, los monitorios y los de ejecución, la cifra total que deberá desembolsar la empresa municipal se eleva a unos 12 millones de euros, según fuentes jurídicas.

En su demanda original, Sando Proyectos Inmobiliarios alegó que cuando accedió a los terrenos cedidos por Mercasevilla -de los que se subrogó a la inmobiliaria Larena 98 a cambio de 1.890.000 euros-, inició la tramitación de licencias y proyectos para la construcción de un edificio comercial y 14 naves industriales sobre la parcela 20, lo que lo supuso un desembolso superior a los 8,9 millones, que era la indemnización que inicialmente reclamaba. El problema se presentó en otros dos solares (los números 19.1 y 19.2) por cuanto la conexión eléctrica era costosa y complicada de realizar. Este hecho, que se alargaba en el tiempo sin solución, imposibilitaba el suministro eléctrico necesario para la explotación de las construcciones a edificar y las ya levantadas, por lo que «la inversión ya no era rentable y no se adecuaba a la finalidad del contrato».

SUELO INDUSTRIAL

La Audiencia destaca en su sentencia que el contrato de cesión de suelo a Sando se refería a “parcelas totalmente urbanizadas” y a “suelo urbano y uso industrial”, y que correría por cuenta de Mercasevilla “el alumbrado público y las redes de suministro hasta el límite de las parcelas”.

Sin embargo, la parcela Nº 20 no dispuso de dotación eléctrica hasta enero de 2012, cuando hacía tres años que Sando había dado por resuelto el contrato y dejado las naves y locales construidos a disposición de Mercasevilla.

En cuanto a las otras parcelas cedidas, la Audiencia afirma que ni siquiera a día de hoy consta la posibilidad de suministro eléctrico y que incluso queda fuera del alcance de la empresa municipal, ya que habría que tender una línea especial a través de terrenos propiedad de particulares y de entidades como Adif y la Confederación Hidrográfica, los cuales se han opuesto rotundamente a tal posibilidad. Además, Sando se encontró con la sorpresa del soterramiento de una línea de alta tensión por el suelo concedido en vez de por la vía pública, con lo que no podía aprovechar buena parte del terreno objeto del contrato.

FINES OCULTOS

La Audiencia no ha dado crédito a la línea argumental de Mercasevilla de que el fin oculto del contrato de cesión de suelo por un periodo de 15 años prorrogable a 25 era que sirviera de instrumento para la consecución de un objetivo más amplio: la adjudicación de todos los terrenos de Mercasevilla para, una vez modificado el Plan General de Ordenación Urbana, construir viviendas en los mismos. El contrato original se firmó durante el mandato de Monteseirín como alcalde, el 18 de julio de 2005.

Este caso de cesión de suelos para la construcción de naves industriales y locales comerciales a cambio del pago de un canon mensual por parte de Sando está al margen de la investigación sobre la presunta venta ilegal de terrenos de Mercasevilla a Sanma -filial de Sando- a través de un concurso supuestamente amañado y que hasta ahora ha investigado la juez Mercedes Alaya.