El Parlamento Europeo pide a la Comisión de la UE que abra una investigación preliminar sobre la ampliación del tranvía

El caso ha sido remitido también a tres comisiones de la Eurocámara para su información

La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha admitido una solicitud elevada en representación de los colectivos sevillanos que se oponen a la ampliación del tranvía entre la estación de San Bernardo y El Corte Inglés de Nervión y ha acordado pedir a la Comisión Europea que lleve a cabo una investigación preliminar sobre el proyecto-estrella del alcalde hispalense, Juan Espadas.

La Comisión de Peticiones, que preside la europarlamentaria española Dolors Montserrat, entiende que el asunto del tranvía entra dentro de los ámbitos de actuación de la Unión Europea.

Dolors Montserrat, presidenta de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo

Por ello, además de pedir a la Comisión (equivalente al Gobierno de la UE) que abra una investigación al respecto ha enviado el caso, para su información, a las comisiones de Transportes y Turismo; Medio Ambiente, Salud y Seguridad Alimentaria y la de Desarrollo Regional de la Eurocámara.

Según el artículo 227 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, cualquier ciudadano de la misma o residente en cualquiera de sus Estados miembros puede presentar una petición al Parlamento Europeo, individualmente o en asociación con otros, sobre un asunto que pertenezca a alguno de los ámbitos de actividad de la Unión Europea y que la afecte directamente. Las empresas, organizaciones o asociaciones con sede social en la Unión Europea también pueden ejercer este derecho de petición, garantizado por el Tratado.

Protesta ciudadana contra la ampliación del tranvía y la tala de árboles que implica

Una petición puede consistir en una queja o en una solicitud y puede estar relacionada con asuntos de interés público o privado.

La petición puede contener una solicitud particular, una queja u observación relativa a la aplicación del Derecho comunitario, o un llamamiento dirigido al Parlamento Europeo para que tome posición ante un asunto concreto. Estas peticiones dan al Parlamento la oportunidad de llamar la atención sobre cualquier violación de los derechos de los ciudadanos europeos cometida por un Estado miembro, una autoridad local u otra institución.

La Comisión de Peticiones está integrada por 35 miembros de diversos países de la Unión y presidida por un presidente y cuatro vicepresidentes. La titular actual de la Presidencia es la española Dolors Montserrat, ex portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, y entre los vicepresidentes está una socialista española, Cristina Maestre Martín de Almagro.

ALGUNAS DE SUS INTERVENCIONES

Según un balance de las actuaciones de la Comisión publicado en julio de 2019 por La Vanguardia, España, Alemania e Italia son los países en que se concentran más peticiones superando más del 50% de las demandas. Entre los temas que más se han tratado figuran los siguientes: los derechos fundamentales, justicia, medio ambiente y salud.

Cuando empezó la legislatura anterior, en 2014, hubo 2.714 peticiones; en 2018, 1.220. El 17% de los peticionarios fueron españoles (los primeros, alemanes, un 22%). En 2014, 1.630 peticiones fueron admitidas, el 60% del total; mientras que se rechazaron 1.083. En 2018, el 64,8% se aceptaron (788) y 409 (33,5%) fueron denegadas.

En la legislatura se recogieron un gran número de peticiones de ciudadanos que fueron ‘bebés robados’. Un asunto que la propia comisión admitió que se trataba de una cuestión en la que la legislación europea no tenía competencias, pero si se comprometió a examinarlo. La Comisión Europea, presente en la audición, sugirió a las víctimas que llevaran su caso ante el Tribunal de Derechos Humanos, pero la comisión envió una carta al Fiscal General del Estado, al ministro de Justicia y a la comisión de justicia del Congreso de los Diputados para examinar este delito. Finalmente, se acabó aprobando una proposición de ley aprobada por unanimidad el pasado marzo en el Congreso.

En la comisión anterior también se recuerdan casos recientes de accidentes de transporte en España. Como el del metro de Valencia o el del tren Alvia siniestrado en Angrois, cerca de Santiago de Compostela. En este último caso, tras una petición presentada en 2017, y las múltiples presiones de eurodiputados y de la entonces presidenta de la comisión, Cecilia Wikström, la Comisión Europea envió una carta a las autoridades españolas para reabrir una investigación “plenamente independiente”, además de que abriera un procedimiento de infracción.

“El 3 de julio de 2006, se produjo un grave accidente en el metro de la ciudad de Valencia, en el que fallecieron 43 personas e 47 resultaron heridas”, recuerda el informe de la Comisión sobre el caso. La presidenta de la asociación de víctimas, Beatriz Garrote, pidió la ayuda de los eurodiputados para que se identificara a los responsables del accidente y para que se mejorara la seguridad de los pasajeros en el metro.

El accidente del Metro de Valencia, uno de los casos abordados por la Comisión de Peticiones de la Eurocámara

La Comisión admitió que “las competencias europeas en esta cuestión eran limitadas” debido a que la legislación sobre seguridad ferroviaria no abarca la red de metro; pero sí se puso en contacto con la Embajada española ante la UE, con las autoridades valencianas y pidió a la Comisión de Transporte que también presionara para pedir explicaciones sobre el accidente. Tras ello, en les Corts Valencianes abrieron una comisión de investigación en 2015. La Asociación de víctimas expresó su gratitud a la Comisión por el trabajo realizado.

Otras peticiones recordadas son las de la falta de pluralidad en Radio Televisión Española o TV3, que provocaron tensos debates. En el primer caso la petición quedó abierta y en el segundo se declaró inadmisible; también se llevó la cuestión de la central nuclear de Garoña, en que los habitantes de la zona colindante a la central pidieron su desmantelamiento definitivo.

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