El hombre de confianza de quien fue presidenta de Lipasam con Monteseirín, Evangelina Naranjo, me comentó ‘in illo tempore’ que cuando algún asunto se enquistaba en el seno de la empresa por las excesivas pretensiones de los sindicalistas deslizaba la palabra “privatización”, que actuaba como mano de santo y permitía encauzar la situación.

Mentar el término, sobre todo por dirigentes que provenían del PSOE y/o la UGT, era como mentar la bicha, pues los sindicalistas sabían que los trabajadores jamás gozarían de similares salarios y ventajas sociales en una empresa privada.

Los miembros del comité de empresa de Lipasam se limitaron a asentir con un “está todo dicho” cuando la asamblea del miércoles decidió a voz en grito y a mano alzada continuar la huelga “hasta el final” pese al “interesante” -en palabras del presidente del comité- preacuerdo con el Consistorio.

Este asentimiento y complicidad iniciales con la asamblea se trocó en alarma cuando supieron que el delegado de Medio Ambiente, Maximiliano Vílchez, el cual había llevado el peso de la negociación por parte del Ayuntamiento, había anunciado el estudio de la contratación de una empresa externa, previa petición de permiso al Gobierno central, para la retirada de las 7.000 toneladas de basura acumuladas hasta entonces tras diez días de paro.

La intervención de una empresa externa ante la insolidaria cerrazón de una plantilla acostumbrada desde los tiempos de Monteseirín a doblegarle el brazo al alcalde, abría la posibilidad de una posterior privatización del servicio, porque los operarios, pese a las cesiones hechas por Zoido, al dinamitar el preacuerdo con su intransigencia le habían acabado dando al alcalde esa baza impensable, y justificable ante la opinión pública por la indignación de los ciudadanos tras diez días soportando la basura a sus puertas. De hecho han aparecido cartas en los periódicos abogando por la privatización.

Con tan sólo agitar el espantajo de la externalización/privatización, los sindicalistas, olfateando rápidamente el potencial peligro, reaccionaron de inmediato convocando una nueva asamblea, el jueves, con el pretexto de que el descampado junto a los Servicios Centrales no había sido el lugar más adecuado para explicar el muy favorable para ellos preacuerdo con el Ayuntamiento.

Aunque el conflicto se ha solucionado “en segunda vuelta”, la impresión que queda tras el mismo es que se ha llegado a un punto de no retorno en la percepción ciudadana sobre Lipasam y que los sevillanos no están dispuestos a tolerar la repetición de una huelga tan duradera (de hecho ha batido el récord) como ésta, por lo que comprenderían la adopción de medidas excepcionales en el futuro por parte del Ayuntamiento. Por éso, el inicial rechazo al preacuerdo, al mostrar la intransigencia e insolidaridad de la plantilla de Lipasam en un contexto socioeconómico de despidos y recortes salariales generalizados, se ha acabado convirtiendo en una victoria moral para Zoido, paradójicamente.

Y hay que decir paradójicamente porque el alcalde ha cometido varios errores en la gestión del conflicto -desde irse de Sevilla los dos primeros días hasta empecinarse durante ocho en no negociar- y se ha apartado de su posición inicial de firmeza, en el sentido de exigir el cumplimiento a rajatabla del pacto firmado con el comité de empresa en 2012 y que a juicio del Consistorio debía traducirse en trabajar los festivos por la ampliación de la jornada a las 37,5 horas semanales, para así eliminar la Bolsa de trabajo eventual (integrada por 466 miembros, que se benefician de unos 1.250 contratos anualmente) y lograr una reducción de gastos de 3,3 millones de euros conjuntamente con el recorte del 5% en la masa salarial.

 Basta contar las veces que las palabras cesión y concesión se emplearon el jueves en los medios de comunicación para comprobar que, como dijeron los sindicalistas, el preacuerdo “se ajustaba a sus reivindicaciones” más que a las del Ayuntamiento: seguirán librando en Semana Santa, Feria y Navidad; el recorte salarial se limita al 3,6% y se compensa con una subida del 0,75% en 2014 y del IPC en 2015; se mantiene la Bolsa de trabajo de los eventuales y el gobierno local sólo ahorra 2,6 millones de euros en vez de los 3,3 millones que se había marcado como objetivo.

Y, sin embargo, este balance favorable para la plantilla queda mitigado ante la opinión pública por el efecto de otra victoria moral y enormemente significativa del Consistorio: la democratización de la Bolsa de trabajo, ampliada en su día por Monteseirín y convertida en un coto cerrado de los afiliados del PSOE y/o UGT y de sus familiares. El propio Viera decía gráficamente que militantes de agrupaciones socialistas acudían a votar en las elecciones internas del partido “con el mono de Lipasam puesto”. Monteseirín no sólo compraba la paz social en la empresa con el dinero de los contribuyentes mediante generosos convenios colectivos, sino también el voto para su facción, contraria a la oficialista de Viera, llenando de enchufados la Bolsa de trabajo de Lipasam y de otras empresas públicas.

La última paradoja de esta huelga es que quien ha creado, mantenido y defendido este sistema cerrado de castas laborales, en que los puestos eventuales pasaban de unos familiares a otros, han sido los autocalificados “progresistas” del PSOE y UGT, con la complicidad por acción u omisión de IU y CCOO, y que quien ha acabado con este sistema feudal mediante la futura convocatoria pública y con igualdad de oportunidades para todos los sevillanos es un alcalde “de derechas” llamado Zoido.