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Lipasam

El delegado de Urbanismo y Medio Ambiente, Maximiliano Vílchez, declaró al cuarto día de iniciada la famosa huelga de Lipasam el pasado 28 de enero, la más larga de su historia,  que como en ese tiempo habían ardido 15 contenedores, no negociaría con los huelguistas. Ahora, la dirección de Lipasam divulga el Informe de Gestión 2012, donde revela que el año pasado se destrozaron en la ciudad 6.400 unidades entre contenedores y papeleras, a una media de 17 diarios, cifra calificada oficialmente como “en la tónica habitual de los últimos años”. O sea, que había y hay un vandalismo permanente, pero en aquel entonces interesaba políticamente cargarle el mochuelo al personal de la basura y dejar pudrir la situación para que las iras populares se volvieran contra ellos. Cuando al octavo día de conflicto el Ayuntamiento llamó al comité para sentarse a dialogar habían ardido cerca de 300 contenedores, veinte veces más que el número invocado al principio para no negociar. Y al undécimo día se acabó la huelga. ¿Habría durado tanto si hubieran hablado desde el principio?

La bolsa

Cuentan las crónicas de los periodistas locales enviados a cubrir la información de alto riesgo de la huelga de Lipasam cual corresponsales de guerra, debido a que los huelguistas los declararon personas ‘non gratas’ por revelar las prebendas del convenio, que una de las máximas preocupaciones entre los huelguistas al conocerse la apertura  de la Bolsa de trabajo era si a partir de ahora se iban a colocar sólo los enchufados del PP. Esto denota el concepto sindical sobre el sentido de una Bolsa de trabajo: el botín del partido vencedor. Habida cuenta de lo ocurrido tras el triunfo del PP en los talleres de distrito con Pepelu, correligionarios y demás parientes, en la faunística versión pepera del clásico libro de Gerald Durrell, no es de extrañar que cunda esa fundada sospecha. Así que en aras de esa transparencia que tanto predica el alcalde de la luz y los taquígrafos, sugiero que la Bolsa la gestione una agencia externa en vez de esa Comisión Paritaria de que se ha hablado. Y es que eso de paritario me suena a reparto clientelar: uno para ti y otro para mí.

Impactos

El Ayuntamiento proyecta la imagen de que el balance de la huelga en la recogida de basuras es favorable a Lipasam, por cuanto se ahorrará 1,25 millones de euros en las nóminas por los once días no trabajados mientras que ‘sólo’ tendrá que abonar 750.000 euros por las horas extra en la recogida de los 7 millones de kilos de residuos amontonados en las calles, más  100.000 euros en la reposición de los contenedores quemados por los vándalos. Con estas particulares ‘cuentas de la vieja’ municipales, el saldo sería favorable a la empresa pública en 400.000 euros.

El primer error en la contabilidad de la huelga consiste en imputarle el coste de los contenedores quemados, ya que varios días después de finalizado el conflicto laboral siguen ardiendo recipientes en el mismo elevado número que durante las once jornadas de paro, sin que ahora el Consistorio pueda establecer una aparente relación de causa-efecto. Desgraciadamente, no es precisa una huelga en Lipasam para que los vándalos incineren contenedores. Rojas-Marcos contaba en sus tiempos de alcalde que los fabricantes de mobiliario urbano testaban la resistencia de sus productos en Sevilla antes de lanzarlos al mercado porque era entre nosotros donde el vandalismo alcanzaba mayor virulencia.

Sí debe imputarse a la huelga el coste del daño de imagen sufrido por Sevilla en esos once días, un coste que en ningún conflicto en los servicios públicos – se pueden enumerar varios ya en Lipasam, Tussam, taxistas, bomberos y policías a lo largo de la Democracia- jamás valora el Ayuntamiento.

Cada vez que Sevilla aspira a organizar u organiza un gran acontecimiento deportivo se suele hacer una estimación del valor económico que tendrían o han tenido las informaciones en los medios de comunicación sobre nuestra ciudad si hubiera que pagarlas como publicidad, a fin de justificar desde la candidatura olímpica en su día hasta la Copa Davis o una sede del Mundial de balonmano. Y, sin embargo, al Consistorio nunca le da por estimar el impacto económico negativo que en este caso han tenido las noticias sobre la huelga de la basura aparecidas en el New York Times, Le Monde, la CNN, la BBC y todos los telediarios y periódicos nacionales y resto de los internacionales.

Un estudio de esa naturaleza nos permitiría evaluar ‘a priori’ en el futuro el coste que la repetición de una huelga en los servicios públicos esenciales tendría para la ‘marca’ Sevilla. Así, al menos, alguien se lo pensaría dos veces antes de convocarla.

Paisaje después de la batalla

Suele decirse que la primera víctima de la guerra es la verdad. La ‘guerra’ de la huelga de Lipasam confirma una vez más tal aserto. Por éso, en honor a la verdad, es preciso analizar algunas de las declaraciones y comportamientos durante y después del fragor del ‘combate’.

El alcalde ha respondido a las críticas de que demoró deliberadamente durante ocho días el inicio de las negociaciones con el comité de empresa -en los dos primeros hasta se ausentó de Sevilla, como no dándole importancia-  y permitió así que la ciudad acumulara hasta entonces 6.000 toneladas de basura y apareciera en el New York Times, Le Monde y otros grandes medios internacionales -con grave perjuicio para la imagen turística de Sevilla- con el argumento de que no iba a negociar mientras se produjeran actos vandálicos como la quema de contenedores de basura.

Pues ha ocurrido justamente al revés. El Ayuntamiento se sentó a negociar con los huelguistas el mismo día o al siguiente de la mayor quema de contenedores registrada durante la huelga, que se produjo el 4 de febrero, con 64 destruidos por el fuego, pese a que la estrategia del Consistorio durante la primera semana fue la de establecer una vinculación directa entre los actos vandálicos y los huelguistas de Lipasam, sin aportar prueba alguna al respecto. Un gobierno presidido por un juez hacía tabla rasa con la presunción de inocencia y se amparaba en el ‘vandalismo bajo sospecha’, como en su día Monteseirín con el urbanismo. A estas alturas, todavía el Ayuntamiento no ha podido mostrar a ningún miembro de Lipasam sorprendido quemando mobiliario urbano, independientemente de que en todo conflicto siempre hay elementos incontrolados.

AL FINAL ERAN LOS ‘ANTISISTEMA’

Recuérdese que al tercer o cuarto día de la huelga, el delegado de Urbanismo y Medio Ambiente, Maximiliano Vílchez, declaró a los medios de comunicación que como en ese periodo habían ardido 15 -al día siguiente subió la cifra a 18- contenedores, la dirección de la empresa no se sentaría a negociar mientras se produjera tal cantidad de actos vandálicos.

Cuando a partir de octavo día de huelga el Consistorio llamó al comité de empresa para iniciar las negociaciones habían ardido ya entre 200 y 300 contenedores. El balance final ha sido de unos 320 en los once días de paro. Por tanto, las cifras demuestran que esa imagen de firmeza y de no sometimiento a la presión por los actos vandálicos pregonada por Zoido no se ajusta a la realidad: la negociación empezó cuando más contenedores ardían.

De tanto hablar interesadamente de contenedores quemados para así tener un pretexto ante la opinión pública para justificar la inhibición municipal pudo crearse el caldo de cultivo idóneo para que los vándalos habituales se sintieran impelidos a multiplicar sus ataques al mobiliario urbano, ya que desde el Ayuntamiento se estaba desviando la atención hacia los huelguistas de Lipasam.

Daba igual que desde el comité de empresa se condenaran los actos vandálicos y que su presidente declarara que para ellos no tenían lógica alguna porque su interés radicaba en que se viera cuanta más basura en las calles mejor y no consumida por el fuego. Una vez desconvocada la huelga, Maximiliano Vílchez reconoció en declaraciones a una emisora de radio que quienes podían estar quemando los contenedores eran elementos ‘antisistema’ aprovechando la conflictividad laboral. Y un último dato: al día siguiente de desconvocarse la huelga ardieron 62 contenedores en la ciudad. ¿A quiénes cabía entonces culpar de esos actos vandálicos si los huelguistas habían vuelto al trabajo?

CESIONES Y CONCESIONES

La segunda declaración de Zoido tras el fin de la huelga es que no podía “ceder al chantaje” porque ya había un acuerdo firmado y que su deber consistía en buscar el interés general y la viabilidad de Lipasam. Centrémonos en las posiciones iniciales de cada parte y en lo conseguido finalmente por cada una de ellas. Como se recordará, el 2 de abril de 2012, Lipasam y los representantes de los trabajadores firmaron un acuerdo de ampliación de la jornada semanal a 37,5 horas y la reducción del 5% de gastos de personal, que debía incluir conceptos salariales, para su aplicación a partir de enero de 2013 para lograr un ahorro de 3,3 millones de euros.

La huelga estalla porque el Ayuntamiento pretende que la mayor parte de ese ahorro se produzca acabando con las 1.250 contrataciones de los 466 eventuales inscritos en la Bolsa de trabajo de la compañía, gran parte de ellos vinculados a UGT, para lo cual era condición ‘sine qua non’ que la plantilla, en vez de prolongar la jornada laboral hasta completar las 37,5 horas/semana, trabajara durante Semana Santa, Feria y Navidad, una pretensión rechazada por el comité.

¿Qué ha pasado al final tras el acuerdo por el que se ha desconvocado la huelga? La plantilla seguirá sin trabajar durante esas épocas festivas; el recorte salarial no será del 5%, sino del 3,6%, y esa reducción se compensará con una subida del 0,75% en 2014 y del IPC en 2015; el Ayuntamiento ahorrará 2,6 millones de euros en vez de 3,3 millones en gastos de personal y la bolsa de trabajo para eventuales se mantiene, si bien -y ésta es una diferencia esencial- abierta a todos los sevillanos a partir de ahora. ¿Ha habido cesiones o no ha habido cesiones por parte del Ayuntamiento, pese a lo dicho por Zoido?

EFECTO ‘BOOMERANG’

En el balance, aparentemente el alcalde ha cedido más que los huelguistas, aparte de que el Ayuntamiento se sentó a negociar en la coyuntura en la que dijo nunca lo haría -cuando más contenedores se quemaban-, pero ante la opinión pública aparece como ganador del conflicto, por dos razones fundamentalmente:

1) Porque los huelguistas, no contentos con las concesiones municipales, acabaron de dinamitar su ya deteriorada imagen ante los sevillanos al rechazar el “interesante acuerdo que satisface nuestras reivindicaciones” -en palabras del presidente del comité de empresa- en la primera y vociferante asamblea en que a mano alzada acordaron seguir la huelga “hasta el final”. En ese mismo momento se difuminó la posible imagen de intransigencia de Zoido por haberse negado a negociar durante ocho días y quienes quedaron retratados como intransigentes e insolidarios fueron los trabajadores de Lipasam, los cuales querían doblegar al alcalde y al Ayuntamiento pese a gozar de un convenio colectivo privilegiado -hasta una paga de 1.400 euros por no faltar al trabajo- y de empleo asegurado en una ciudad con 90.000 parados, con miles de familias sometidas a recortes de salarios y/o despidos y con los funcionarios municipales afectados por el Plan de Ajuste y hasta sin paga extra de Navidad. Y para colmo tenían la ciudad atestada con 7.000 toneladas de basura en las calles.

Todo el malestar ciudadano acumulado durante diez días de huelga y de soportar sus pestilentes consecuencias se expresó en una oleada de indignación contra los huelguistas.

2) La apertura de la Bolsa de trabajo para que cualquier sevillano pueda aspirar a trabajar en Lipasam, acabándose así con el coto cerrado de enchufados -de UGT y del PSOE, fundamentalmente- desde los tiempos de Monteseirín ha sido percibida por la opinión pública  como un éxito de Zoido, por más que su mantenimiento no se haya traducido en que la plantilla trabaje en épocas festivas como pretendía el Ayuntamiento. En la guerra sindical interna en Lipasam, esta apertura, facilitada por el sindicato mayoritario de CCOO, debilita a la postre el clientelismo de su rival UGT.

TRADUCCIÓN POLÍTICA

En el Pleno municipal posterior a la huelga, Espadas, Torrijos y Zoido se enzarzaron en un cruce de acusaciones sobre el comportamiento de cada uno durante el paro. El alcalde calificó de “rémora” a los partidos de la oposición, los acusó de estar en el lado de la pancarta con los huelguistas en vez de con los ciudadanos y les espetó que no acepta ninguna lección de ellos.

Espadas, por más que Zoido haya presentado la historia al revés, le recordó al alcalde que cuando se hallaba en la oposición no es que hubiera estado al lado o detrás de la pancarta, sino directamente con un megáfono junto a quienes protestaban contra el gobierno local, como ocurrió en  el caso de los eventuales de Tussam.

Efectivamente, dos meses antes de las elecciones municipales de 2011, aquéllos acamparon en la Plaza Nueva porque querían un contrato fijo en una empresa municipal en quiebra que trataba de ahorrar gastos por todos los medios, como ahora Lipasam, y Zoido no se alineó precisamente con Monteseirín, sino con los acampados, a pesar de que esas posteriores contrataciones en cuanto llegó al Poder supusieron un incremento de 6 millones en gastos de personal en Tussam, cuyo número de pasajeros ha vuelto a bajar en 2012 pese a las nuevas líneas puestas en servicio para tratar de justificar los contratos a los acampados.

A diferencia con Zoido en aquel entonces, PSOE e IU salen erosionados de la huelga de Lipasam porque los acampados de Tussam no alteraron la vida cotidiana de los sevillanos ni provocaron la suspensión del transporte público en la ciudad, mientras que Espadas y Torrijos cometieron el error de hacerse la foto con los huelguistas de Lipasam y tras sus pancartas, en vez de haberse limitado a recibirlos en el interior del Ayuntamiento en privado para ofrecer su mediación en el conflicto. No aparecieron como neutrales, sino como alineados con una parte de ese conflicto. Así, los sevillanos percibieron que estaban con quienes además de fastidiarles en su vida ordinaria dejando miles de toneladas de basura en las calles se negaban a aceptar cualquier tipo de sacrificio por la crisis, como si ésta no fuera con ellos.

Espadas y Torrijos han expresado su satisfacción por el fin de la huelga merced al voto favorable al preacuerdo rechazado el día anterior. Sin embargo, tras ese primer rechazo, el PSOE, por boca de Antonio Muñoz, pidió que el Ayuntamiento volviera a negociar. No hubo más negociación y la huelga se desconvocó. Si Espadas mostró su satisfacción sin que hubiera habido ningún cambio, ¿cómo el día antes el PSOE instaba a seguir negociando? Ha sido una prueba más de la errática línea de conducta de la oposición, también perdedora de una huelga en la que Zoido sale reforzado más por los errores ajenos que por su acierto en gestionar el conflicto.

Paradojas de la huelga

El hombre de confianza de quien fue presidenta de Lipasam con Monteseirín, Evangelina Naranjo, me comentó ‘in illo tempore’ que cuando algún asunto se enquistaba en el seno de la empresa por las excesivas pretensiones de los sindicalistas deslizaba la palabra “privatización”, que actuaba como mano de santo y permitía encauzar la situación.

Mentar el término, sobre todo por dirigentes que provenían del PSOE y/o la UGT, era como mentar la bicha, pues los sindicalistas sabían que los trabajadores jamás gozarían de similares salarios y ventajas sociales en una empresa privada.

Los miembros del comité de empresa de Lipasam se limitaron a asentir con un “está todo dicho” cuando la asamblea del miércoles decidió a voz en grito y a mano alzada continuar la huelga “hasta el final” pese al “interesante” -en palabras del presidente del comité- preacuerdo con el Consistorio.

Este asentimiento y complicidad iniciales con la asamblea se trocó en alarma cuando supieron que el delegado de Medio Ambiente, Maximiliano Vílchez, el cual había llevado el peso de la negociación por parte del Ayuntamiento, había anunciado el estudio de la contratación de una empresa externa, previa petición de permiso al Gobierno central, para la retirada de las 7.000 toneladas de basura acumuladas hasta entonces tras diez días de paro.

La intervención de una empresa externa ante la insolidaria cerrazón de una plantilla acostumbrada desde los tiempos de Monteseirín a doblegarle el brazo al alcalde, abría la posibilidad de una posterior privatización del servicio, porque los operarios, pese a las cesiones hechas por Zoido, al dinamitar el preacuerdo con su intransigencia le habían acabado dando al alcalde esa baza impensable, y justificable ante la opinión pública por la indignación de los ciudadanos tras diez días soportando la basura a sus puertas. De hecho han aparecido cartas en los periódicos abogando por la privatización.

Con tan sólo agitar el espantajo de la externalización/privatización, los sindicalistas, olfateando rápidamente el potencial peligro, reaccionaron de inmediato convocando una nueva asamblea, el jueves, con el pretexto de que el descampado junto a los Servicios Centrales no había sido el lugar más adecuado para explicar el muy favorable para ellos preacuerdo con el Ayuntamiento.

Aunque el conflicto se ha solucionado “en segunda vuelta”, la impresión que queda tras el mismo es que se ha llegado a un punto de no retorno en la percepción ciudadana sobre Lipasam y que los sevillanos no están dispuestos a tolerar la repetición de una huelga tan duradera (de hecho ha batido el récord) como ésta, por lo que comprenderían la adopción de medidas excepcionales en el futuro por parte del Ayuntamiento. Por éso, el inicial rechazo al preacuerdo, al mostrar la intransigencia e insolidaridad de la plantilla de Lipasam en un contexto socioeconómico de despidos y recortes salariales generalizados, se ha acabado convirtiendo en una victoria moral para Zoido, paradójicamente.

Y hay que decir paradójicamente porque el alcalde ha cometido varios errores en la gestión del conflicto -desde irse de Sevilla los dos primeros días hasta empecinarse durante ocho en no negociar- y se ha apartado de su posición inicial de firmeza, en el sentido de exigir el cumplimiento a rajatabla del pacto firmado con el comité de empresa en 2012 y que a juicio del Consistorio debía traducirse en trabajar los festivos por la ampliación de la jornada a las 37,5 horas semanales, para así eliminar la Bolsa de trabajo eventual (integrada por 466 miembros, que se benefician de unos 1.250 contratos anualmente) y lograr una reducción de gastos de 3,3 millones de euros conjuntamente con el recorte del 5% en la masa salarial.

 Basta contar las veces que las palabras cesión y concesión se emplearon el jueves en los medios de comunicación para comprobar que, como dijeron los sindicalistas, el preacuerdo “se ajustaba a sus reivindicaciones” más que a las del Ayuntamiento: seguirán librando en Semana Santa, Feria y Navidad; el recorte salarial se limita al 3,6% y se compensa con una subida del 0,75% en 2014 y del IPC en 2015; se mantiene la Bolsa de trabajo de los eventuales y el gobierno local sólo ahorra 2,6 millones de euros en vez de los 3,3 millones que se había marcado como objetivo.

Y, sin embargo, este balance favorable para la plantilla queda mitigado ante la opinión pública por el efecto de otra victoria moral y enormemente significativa del Consistorio: la democratización de la Bolsa de trabajo, ampliada en su día por Monteseirín y convertida en un coto cerrado de los afiliados del PSOE y/o UGT y de sus familiares. El propio Viera decía gráficamente que militantes de agrupaciones socialistas acudían a votar en las elecciones internas del partido “con el mono de Lipasam puesto”. Monteseirín no sólo compraba la paz social en la empresa con el dinero de los contribuyentes mediante generosos convenios colectivos, sino también el voto para su facción, contraria a la oficialista de Viera, llenando de enchufados la Bolsa de trabajo de Lipasam y de otras empresas públicas.

La última paradoja de esta huelga es que quien ha creado, mantenido y defendido este sistema cerrado de castas laborales, en que los puestos eventuales pasaban de unos familiares a otros, han sido los autocalificados “progresistas” del PSOE y UGT, con la complicidad por acción u omisión de IU y CCOO, y que quien ha acabado con este sistema feudal mediante la futura convocatoria pública y con igualdad de oportunidades para todos los sevillanos es un alcalde “de derechas” llamado Zoido.

Los tiempos han cambiado

El pasado jueves, durante el cuarto día de la huelga del servicio de recogida de basuras en Sevilla porque los trabajadores de Lipasam rechazan la forma de aplicación de las 37,5 horas de trabajo semanales y el recorte salarial del 5% pactados por el comité de empresa con el Ayuntamiento el 2 de abril de 2012, la patronal de las grandes superficies comerciales (El Corte Inglés, Ikea, Carrefour….) y las centrales sindicales del sector llegaron a un acuerdo sobre su  nuevo convenio colectivo, que habría sido impensable en otras circunstancias que las que ha impuesto la gravísima crisis socioeconómica que sufre España.

Los 230.000 empleados del sector han aceptado trabajar 26 horas más al año por el mismo sueldo, ya que las tablas salariales quedan congeladas hasta el año 2016, por lo que en la práctica esto supone una rebaja en las retribuciones del 1,4%, que podría ser mayor aún en función de cómo evolucione la inflación.

Todos los trabajadores sin excepción, incluidos los más antiguos y que hasta ahora se habían librado, quedan obligados a trabajar durante los festivos. En lugar de abonarlos, las empresas pagarán un complemento de entre 350 y 500 euros para los empleados que durante 2012 hayan trabajado los suficientes festivos como para haber cobrado 350 euros por su tarea, una condición que supondrá que la gran mayoría se quede sin compensación económica alguna porque no la han cumplido.

CINCO AÑOS DE RECESIÓN

Rebaja salarial, trabajo en días festivos…. el paralelismo con los puntos en discusión en Lipasam es evidente, y si este convenio en el sector de las grandes superficies incluye tales sacrificios por parte de los trabajadores es, obviamente, como consecuencia de los cinco años de recesión que sufre nuestra economía y que ha dejado a seis millones de personas sin empleo. Por tanto, el objetivo prioritario de los sindicatos en la negociación era salvar los puestos de trabajo en una situación en que la patronal Anged podía poner encima de la mesa el dato de la caída del consumo de un 10% desde el estallido de la crisis.

En este contexto, donde no hay día sin malas noticias en el ámbito laboral, y en el que lo mismo se cierran paradores de turismo que fábricas señeras como las de Roca y Cargill que se anuncian despidos de hasta la cuarta parte de la plantilla de Vodafone o de 4.000 trabajadores de Iberia, sin contar los 15.000 acumulados en los medios de comunicación, se desarrolla el conflicto entre el Ayuntamiento y los operarios de Lipasam. Hasta la fecha éstos no han sufrido ninguna merma en sus condiciones de trabajo ni en sus emolumentos, porque en 2012 los efectos teóricos de los recortes se “diluyeron” en los gastos generales de la empresa municipal,  de forma que no se tocaron las nóminas.

Por tanto, puede decirse que en la aplicación del Plan de Ajuste en el seno del Ayuntamiento y de las empresas municipales, Lipasam ha sido la excepción, una especie de oasis ajeno a la crisis general, hasta que el Consistorio ya no ha podido “diluir” más en los gastos generales y trató de tocar los salarios y la jornada laboral con la entrada del nuevo año 2013, para conseguir un ahorro de al menos 3,3 millones de euros. La clave esencial de este ahorro de costes en la masa salarial pasa, a juicio del gobierno local, por suprimir la contratación de los eventuales -se firman unos 1.200 contratos de este tipo habitualmente- incluidos en una Bolsa de Trabajo de la empresa y que hasta ahora realizaban los servicios de limpieza en Semana Santa, Feria y Navidad, y que esas tareas las asuma la plantilla con cargo a la ampliación del horario a 37,5 horas semanales.

BOLSA DE EVENTUALES

Se da la circunstancia de que de que gran parte de la Bolsa de Trabajo de eventuales está formada por hijos y otros familiares de los empleados, de ahí la defensa numantina que éstos hacen del mantenimiento del empleo temporal. En resumen, la plantilla pretende prolongar la jornada habitual en vez de acumular las horas para trabajar en festivos y que sigan siendo los eventuales quienes los suplan en esas fechas señaladas, mientras que el Consistorio esgrime que si tiene que seguir pagando 1.250 contratos eventuales anualmente no logrará rebajar la masa salarial en los 3,3 millones que se ha fijado como objetivo.

En la época de las ‘vacas gordas’, la opinión pública fue  condescendiente con las concesiones económicas y las ventajas sociales que otorgó Monteseirín a las empresas municipales, pese a su situación de quiebra técnica, cada vez que los sindicatos amenazaban con ponerse en huelga en las vísperas de Semana Santa o la Feria, pero esta vez, con una crisis económica pavorosa que ha llevado al paro a 88.000 sevillanos en la capital y a más de 300.000 en la provincia; con recortes hasta en los servicios sociales básicos y con un Ayuntamiento que se ha encontrado con más de 600 millones de euros de deuda y que sólo puede incrementar los ingresos para pagarla inventándose nuevas tasas y tributos, el gobierno de Zoido no se siente presionado para ceder ante las pretensiones de los huelguistas, ni se detecta que los sevillanos sean comprensivos o solidarios con éstos. Más bien incluso al contrario. Los tiempos han cambiado.

LOS COSTES DE LIPASAM

Y máxime cuando con motivo de la huelga se ha puesto la lupa sobre el coste real de Lipasam para la ciudad, un servicio de recogida de basuras que, proporcionalmente y para las ciudades del tamaño de Sevilla, es el segundo más caro de España. Los sindicatos de Lipasam difícilmente pueden justificar por qué, con la que está cayendo, en la empresa municipal hay que pagar un plus de 1.400 euros por cabeza no por trabajar, si no por no faltar al trabajo, para así frenar un absentismo laboral que rayó en el 10%.

Asimismo, por más que contrapongan los 721 euros/mes de salario mensual de un peón a los 100.000 (unos 93.000 realmente tras el recorte) del gerente, omiten que con los 18 pluses de todo tipo existentes más la antigüedad aquéllos pueden triplicar su retribución, de forma que el sueldo medio de 30.000 euros en la compañía divulgado por el Ayuntamiento triplica también el salario de uno de cada tres españoles y supera los ingresos anuales del 83% de los contribuyentes.

Además, el alcalde hasta podría alardear de que en una ciudad con 88.000 parados ha incrementado en un 1% la  plantilla de Lipasam y que ha creado empleo allí, pese a que el Plan de Ajuste y las disposiciones del Gobierno central le han impuesto una tasa cero de reposición en el Ayuntamiento.

ERRORES DE CÁLCULO

Por todas estas razones, es harto improbable que, al menos de momento, la opinión pública comulgue con los huelguistas y eleve su presión sobre Zoido para que ceda ante aquéllos, de ahí que el alcalde se haya mantenido firme en su posición durante esta primera semana de huelga -de hecho, la más larga ya en su género- y los sindicatos muestren su extrañeza por que, al contrario que en anteriores conflictos, nadie ha descolgado el teléfono al otro lado y ha dejado seguir los acontecimientos.

Los huelguistas han cometido otro error de cálculo en la fecha elegida para echarle un pulso al alcalde: en plena ‘cuesta’ de enero y con las familias sevillanas aún más agobiadas económicamente a la hora de comparar su situación con la de la empresa municipal, sin ninguna fiesta estratégica cercana a la vista (no estamos en vísperas de Semana Santa ni de la Feria de Abril), en temporada baja para el sector turístico y hasta con un frío invernal que ralentiza la descomposición de los residuos acumulados en las calles.

No hay interlocución entre las partes en conflicto, y en vez de declaraciones conciliadoras en busca de una aproximación y de una solución negociada, las posturas se radicalizan a cada día que pasa. El presidente del comité de empresa, Antonio Bazo, ha declarado que la huelga se ha convertido en “una guerra política de a ver quién tiene los machos más grandes”. Y ha añadido que los tres sindicatos que forman el comité de huelga son una piña y que los trabajadores tienen fuerzas para continuar: “No nos vamos a morir de hambre -ha aseverado- por no cobrar el sueldo de un mes”.

MEDIACIÓN NECESARIA

En esta tesitura podemos entrar en una dinámica de a ver quién aguanta más, en la que tomar la iniciativa para sentarse a negociar se interprete como una señal de debilidad o de rendición ante las bases sociales o electorales de cada uno y la opinión pública.

La mayor responsabilidad en este sentido corresponde al gobierno local, que es quien debe tomar la iniciativa y que proclama su voluntad de negociar durante 24 horas seguidas si es preciso pero que simultáneamente trata de responsabilizar a los huelguistas de la quema y/o desplazamiento de contenedores  -un clásico en el vandalismo en nuestra ciudad, que destroza  mobiliario urbano sin necesidad de una huelga en Lipasam- sin pruebas fehacientes hasta ahora, aunque es sabido que siempre hay elementos incontrolados en cualquier conflicto por más que el comité de empresa condene este tipo de acciones y haga llamamientos a la calma, pero así el Consistorio tiene la excusa para no sentarse con los sindicalistas, minar su capacidad de resistencia y suscitar su desprestigio ante los ciudadanos.

En esta cerrazón se impone la necesidad de un mediador entre las dos partes en conflicto, alguien para quien levantar el teléfono no signifique un gesto de debilidad, porque carece de intereses en juego. Y aquí cabe recordar que en la Universidad Pablo de Olavide radica la Escuela Sevillana de Mediación y que su director es el único miembro español del Foro Mundial de Mediación. Qué mejor que una institución neutral como la Universidad para tender puentes y,  mediante la recuperación del diálogo, propiciar el fin de una huelga cuyas víctimas finales son los sevillanos y Sevilla.

IRPF versus Lipasam

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, es también diputado por Sevilla, condición que no sabemos si habrá influido en que presentara el balance de las declaraciones de la renta (IRPF) justo a las 48 horas del inicio de la huelga de Lipasam,  que vino precedida de una polémica sobre sus sueldos.

Además, el Gobierno ha incluido esta semana en el anteproyecto de ley para la Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local unas normas de transparencia por las que  obligará a los ayuntamientos a publicar el coste de sus servicios, para que se  puedan compararlos con los de otros municipios. Entre ellos, la recogida de residuos y limpieza viaria, el objeto social de Lipasam. Las corporaciones deberán demostrar mediante una Memoria que en el caso de que los presten sociedades mercantiles municipales (como Lipasam) lo harán de manera eficiente.

Así pues, esta ley va a abocar a que se desmenucen públicamente los costes de Lipasam, Tussam, Emvisesa, Emasesa…. y se comparen con los de compañías homólogas, para ver si están fuera de ‘mercado’ y si se despilfarra el dinero de los contribuyentes, los cuales podrán exigir así medidas correctoras, por más que los sindicatos y la oposición hablen de “satanización” cuando se sacan a colación los sueldos en nuestras  empresas municipales.

Según Hacienda, éstas son las cantidades que declaran percibir anualmente los 19.315.000 contribuyentes, por tramos de renta y número de ellos:

-Menos de 10.000 euros perciben al año 6.560.000 españoles.

-Entre 10.000 y 20.000 euros, 6.104.000.

-Entre 20.000 y 30.000 euros, 3.254.000.

-Entre 30.000 y 40.000 euros, 1.664.000.

-Entre 40.000 y 50.000 euros, 700.000.

Quedan seis tramos más, hasta la minoría de 7.000 afortunados que declaran unos ingresos superiores a los 600.000 euros, pero el conjunto de los perceptores de más de 50.000 euros (incluyendo los de 600.000)  supone sólo el 9% del total.

En la guerra de cifras por la huelga de Lipasam, el Ayuntamiento difundió que el salario medio anual per cápita en la empresa pública de la limpieza es de 30.000 euros, cantidad calificada por el delegado de Urbanismo, Maximiliano Vílchez, como privilegiada y que ya querrían para sí en las actuales circunstancias de crisis la mayoría de los sevillanos.

DATOS QUE NO CUADRAN

Sin embargo, cunde la sospecha de que esta cifra haya sido incluso maquillada a la baja,  pues posteriormente el Consistorio ha filtrado que el gasto en personal asciende a 65 millones de euros en números redondos. Este redondeo también podría haber sido realizado a la baja si tomamos como referencia que la previsión de gastos de personal para 2013 es de 64.359.019 euros contando ya con la obligada reducción del 5% en las nóminas, que los empleados rechazan y que es uno de los motivos invocados para la huelga. Si esta cifra equivale a un 95% de la masa salarial previa, ello significaría que ésta habría sido realmente de unos 67,7 millones y no 65.

Dado que con Zoido como alcalde la plantilla no sólo no se ha reducido, pese a la inversión de 8 millones en maquinaria que los sindicatos interpretan destinada a la futura privatización, sino que incluso se ha incrementado, aun aceptando un gasto en personal de ‘sólo’ 65 millones, el resultado de dividirlos entre los 1.517 empleados arroja una media no de 30.000 euros per cápita, como divulgó el Consistorio, sino de 41.374 euros.

¿Cómo calificaría entonces Maximiliano Vílchez esta cifra si para él la de 30.000 euros ya era un privilegio?

CONTRADICCIONES

Si se compara ese salario medio de 41.374 euros con las tablas del IRPF difundidas esta semana por Cristóbal Montoro, se deduce que esa retribución es superior a la que cobra el 91,02% de los contribuyentes españoles (17.582.000 personas) y se inscribe en la de la selecta minoría del 9% que ingresa más de 40.000 euros anuales.

Volvamos, no obstante, a la cifra presuntamente oficial revelada por el Ayuntamiento de 30.000 euros anuales, que todavía superaría a la que perciben casi 16 millones de contribuyentes (el 83% del total). En tal caso la masa salarial no podría ser de 65 millones, sino tan sólo de 47 millones, que no cuadran con la previsión de Tesorería para 2013 (64,3 millones), pues en un escenario de recortes supondría un incremento anual de 17 millones. Cabría pensar entonces que la diferencia de 18 millones de euros sería la destinada a pagar a los eventuales que suplen a la plantilla en los festivos, pero de nuevo aparece otra contradicción: el gobierno local viene sosteniendo que la supresión de los eventuales (ojo, sumada al recorte salarial del 5%) supondría un ahorro de sólo 3,3 millones de euros, por lo que aún quedarían 15 millones en el aire.

LUCES Y TAQUÍGRAFOS

¿Por qué el Ayuntamiento habla de una media de 30.000 euros, con lo cual el ciudadano piensa que es lo que cobra también un barrendero, y no desglosa los salarios reales por  categorías, con y sin pluses? ¿Disparan la media los directivos? ¿Cuál es el miedo, ya que el convenio es una herencia de Monteseirín, que compró así la paz social con el dinero de los contribuyentes, y Zoido prometió “luces y taquígrafos”?

Desde 2009, los salarios públicos -y no digamos los privados, amén de los millones de despedidos en las empresas- han perdido casi un 24% de poder adquisitivo. En Lipasam, el recorte del 5% no ha tenido aún incidencia en las nóminas porque “fue diluido” (¿?) en 2012 en diferentes aspectos. Al negarse a aceptar siquiera esa reducción, los sindicatos pretenden que esta empresa municipal (y hasta con más plantilla, sumada a los eventuales) sea la única inmune a la crisis.

Zurbaraneando

En 2002, Schröder tenía las elecciones perdidas frente a Stoiber, pero mientras éste se quedó en la retaguardia sin hacer nada, el canciller se metió hasta el fango durante las inundaciones por las crecidas del Danubio y del Elba y el pueblo alemán valoró su liderazgo frente a la adversidad y le dio la victoria. En 2005, Bush pasó tan olímpicamente como Stoiber de otra inundación, la de Nueva Orleans tras el huracán ‘Katrina’, y su partido perdió las siguientes elecciones. En 2012, el huracán ‘Sandy’ inundó Nueva York. Obama suspendió su campaña para acudir a la Gran Manzana y junto a su alcalde del rival Partido Republicano. Revalidó la Presidencia. No estamos en vísperas electorales ni los casos son equiparables, en magnitud y en consecuencias, pero a su manera Sevilla está sufriendo otra inundación, la de las  toneladas de basura sin recoger por la huelga de Lipasam, y Zoido no tiene mejor ocurrencia que irse al tercer día del conflicto a Madrid y rodearse de los modistos de la ‘jet’ para presentar una exposición pictórico-textil sobre las ‘Santas de Zurbarán’.

Huelga

El periódico recogía declaraciones del siguiente tenor: “Los vecinos están viviendo una huelga salvaje y lo que queremos es intentar arreglar un problema incomprensible”. “Hemos venido porque es incomprensible la huelga que se está produciendo aquí; nosotros apostamos por el camino del diálogo y del entendimiento, desde la voluntad de acuerdo que tiene el alcalde”. “Es una huelga política, incomprensible e injusta”. Al principio no podía dar crédito a mis ojos al leer estas declaraciones de Fernando Rodríguez Villalobos, presidente de la Diputación Provincial, y de Susana Díaz, secretaria general del PSOE de Sevilla y consejera de Presidencia de la Junta de Andalucía, pero al final de la lectura lo comprendí todo. No se estaban refiriendo al problema de Zoido en Sevilla con la huelga de Lipasam, sino al del alcalde socialista de El Coronil, Jerónimo Guerrero, con la huelga en el servicio de limpieza que mantiene el SAT. Sobre el conflicto parecido, similar, equivalente o aproximado de Sevilla, ni una sola palabra solidaria. Hasta en las huelgas hay clases.

El final de la luna de miel

En el momento de redactar estas líneas, a Zoido le ha estallado la primera huelga en su mandato de una empresa municipal, en este caso la de la limpieza (Lipasam), cuya consecuencia más inmediata será la acumulación de 900 toneladas de basura en las calles de la ciudad. Y empleo la expresión clásica en periodismo de “en el momento de redactar estas líneas” porque no sería la primera vez en que tras una negociación de ultimísima hora se cerrara un acuerdo que pusiera fin al conflicto laboral, con su desconvocatoria ‘ipso facto’ tras las habituales concesiones del gobierno local a los sindicalistas.

Las huelgas en los servicios municipales, desde el transporte público de Tussam hasta la recogida de basuras de Lipasam, pasando por los bomberos, son todo un clásico en la ciudad, una poción amarga que han probado casi todos los alcaldes, fuera cual fuera su color político, a lo largo de la Democracia. El primero en sufrir una de Lipasam fue el socialista Manuel Del Valle, en pleno mes de agosto, hasta el punto de que la procesión de la patrona de la ciudad, la Virgen de los Reyes, discurrió con el decorado de fondo de las bolsas de basura apiladas en las aceras de las calles.

Otro conflicto sonado lo sufrió, siete años más tarde, el andalucista Rojas-Marcos. En aquella ocasión, la fecha estratégica elegida por los sindicatos de Lipasam fue la Feria de Abril, con la consiguiente estampa de la basura acumulada por las calles del Real y acabando con la imagen de ‘glamour’ de la fiesta primaveral sevillana. Rojas-Marcos, que no se dejaba amilanar por nadie, afrontó la bronca de los huelguistas frente a la caseta del Ayuntamiento, episodio que, aumentado, volvió a repetirse al año siguiente, esa vez con los bomberos rebelados contra el alcalde.

UNA CONCESIÓN TRAS OTRA

En estos 30 años de ayuntamientos democráticos, los sevillanos han sufrido en numerosas ocasiones los conflictos laborales en el seno de los servicios básicos, planteados por los sindicatos generalmente en las vísperas de fechas señaladas como Semana Santa, Feria, el día de la patrona o Navidad, con el fin de multiplicar el efecto de las huelgas y doblegarle el brazo al alcalde de turno, temeroso del daño que pudiera sufrir la economía local, basada en el turismo, y la imagen de Sevilla.

Fruto del poderío sindical, acrecentado por la toma como rehenes de los ciudadanos al controlar a su antojo servicios urbanos esenciales, y de la debilidad de los sucesivos gobiernos, las empresas municipales han conseguido históricamente unos convenios colectivos con unas tablas salariales y ventajas sociales sin parangón con sus homólogas del sector privado. Todos los alcaldes han hecho el firme propósito de acabar con estas situaciones de privilegio, pero todos, indefectiblemente, han acabado transigiendo con las demandas sindicales.

Zoido observó en su momento, al igual que todos los sevillanos, la elevada conflictividad en las empresas municipales que marcó la última etapa del gobierno de Monteseirín, cuando la Plaza Nueva se convirtió en pasarela de manifestaciones como las del pasado viernes, cuando con motivo del Pleno desfilaron frente al Ayuntamiento todos los colectivos enfrentados al gobierno del PP. Y el nuevo alcalde se propuso como objetivo vital en su mandato el de evitar este tipo de revueltas sindicales desde su germen, antes de que tomaran cuerpo en la calle, para marcar así las diferencias con su predecesor.

LOS EVENTUALES

Pero Zoido empezó igual que acabaron sus antecesores en el cargo: cediendo. Nada más ganar las elecciones, se dirigió a los eventuales de Tussam, que llevaban más de dos meses acampados en la Plaza Nueva en demanda de que la empresa municipal les hiciera un contrato justo cuando por su situación de quiebra la dirección procuraba recortar gastos como fuera e incluso externalizar servicios a terceros, mucho más baratos.

El nuevo alcalde, en vez de rebajar la masa salarial en Tussam, la incrementó  contratando a los eventuales acampados y camufló la operación justificando su aparente necesidad con una mejora del servicio mediante la ampliación del recorrido de once líneas y/o la creación de otras nuevas, política similar a la que acometió en su día Blas Ballesteros, con catastróficos resultados económicos por la falta de suficiente demanda.

Aquel gesto de Zoido, que mereció la alabanza del portavoz de los acampados, fue el inicio de su luna de miel con los sindicatos en las empresas municipales. En este sentido, Zoido proclamó: “Con el anterior equipo de gobierno, desgraciadamente en cada Pleno se levantaba la Junta de Personal o el comité de empresa; era una constante. A partir de ahora, los entes municipales empezarán a funcionar de otra forma, con respeto al cumplimiento de los acuerdos que se cierren con los comités de empresa”.

Tras la decisión de Zoido de contratar a los eventuales de Tussam, el Ayuntamiento tuvo que aprobar para el ejercicio de 2012 una aportación superior en 6,4 millones de euros, para gastos de personal, mientras que las líneas modificadas ganaron al final de 2011 unos 139.000 usuarios, lo que significó que cada nuevo viajero le costó al Consistorio 46 euros. Cuando a final de año volvieron las dificultades para pagar a tiempo las nóminas en Tussam (con una deuda entonces cercana a los 70 millones de euros), el sindicato CCOO denunció la gestión del alcalde, en estos términos: “El Ayuntamiento conocía los problemas de liquidez que se iban a plantear en octubre y, en vez de actuar con previsión, ha aprobado medidas populistas con un elevado coste económico sabiendo que no había dinero para pagar al personal. La ampliación de la red de líneas para contentar a los comerciantes y de la gratuidad a todos los pensionistas, así como la contratación de los compañeros de la bolsa (de trabajo), a pesar de que siempre hemos defendido la creación de empleo, ha sido una irresponsabilidad por parte de Zoido”.

EL PLAN DE AJUSTE

La diferencia entre Tussam y Lipasam es que en aquel entonces aún no regía el Plan de Ajuste suscrito por el gobierno local para pagar los atrasos a los proveedores merced a la financiación avalada por el Estado y que obliga al ayuntamiento a aplicar un recorte salarial del 5% y ampliar la jornada a 37,5 horas semanales; y que como con la crisis del ladrillo se ha frenado el crecimiento urbanístico de la ciudad, difícilmente se puede justificar un incremento del número de calles a barrer para adoptar medidas similares a las de Tussam. Aun así, la plantilla ha aumentado en un 1% por la contratación de eventuales para acometer las limpiezas de choque realizadas por el nuevo gobierno para mejorar el aspecto de la ciudad.

El Consistorio quiere ahorrar entre 3,5 y 4,5 millones de euros con medidas como no contratar más eventuales en épocas festivas, para que esa labor la haga la plantilla a costa de disfrutar de menos días libres, una pretensión que el comité rechaza, hasta el punto de convocar la huelga en defensa de la bolsa de trabajo de los eventuales, compuesta en buena parte, según fuentes de Lipasam, por familiares de los propios trabajadores. Dado el generoso convenio colectivo del que gozan los empleados de Lipasam, los cuales cobran hasta una paga extra de 1.400 euros sólo por no faltar al trabajo, el alcalde les ha pedido “solidaridad” con la ciudad y que hagan un esfuerzo, ya que el Ayuntamiento está “en la ruina”.

RECHAZO SINDICAL

Para los trabajadores de Lipasam, sin embargo, Zoido carece de fuerza moral para lanzarles el discurso de la “ruina” municipal, por razones como éstas:

-El pago de 600.000 euros a final de año a la Policía como paga extra de Navidad camuflada de productividades atrasadas pese al informe en contra de la Intervención Municipal.

-El establecimiento de un plus de 1,5 millones de euros para gratificar a los 233 empleados de la Agencia Tributaria.

-Los 20 millones de euros de excedente de tesorería colocados a plazo fijo en la banca.

-Los 450.000 euros que ha anunciado para organizar una muestra sobre los trajes que aparecen en las pinturas de Zurbarán.

-Sueldos de los gerentes municipales en el entorno de los 100.000 euros, pese a la prohibición de que superaran la retribución de los gobernantes con mayor responsabilidad.

Así pues, Zoido ha podido mantener la paz social en el Ayuntamiento durante menos de dos años, pero al final, por unas razones o por otras y atrapado entre las promesas que hizo cuando estaba en la oposición y la realidad que le impone la crisis económica y las políticas de ajuste, la plantilla -y ya no sólo Lipasam- se le ha rebelado y el último Pleno empezó y acabó de la misma manera en que él denunciaba le ocurría a Monteseirín, con empleados contestatarios desalojados por la Policía y la Plaza Nueva convertida en un carnaval de protestas.

Es el final de la luna de miel sindical de Zoido, que ahora se ve en el mismo dilema de sus antecesores ante la huelga: ceder o no ceder, ésa es la cuestión.