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La privatización del IMD reporta tres veces menos ingresos

Los Mares, Fundición y San Jerónimo dejaban 975.000 euros bajo la gestión municipal

 

La concesión de estos centros supondrá en la mejor de las  hipótesis 358.000 euros

 

El Consistorio sólo ha previsto un mínimo garantizado por canon fijo de 144.605 euros

El Ayuntamiento obtendrá menos dinero por la privatización de centros deportivos de la ciudad que el que obtenía cuando los gestionaba a través del Instituto Municipal de Deportes (IMD), según refleja un análisis comparado entre las previsiones de ingresos en los Presupuestos municipales del año 2013 para Los Mares, Fundición y San Jerónimo y el estimado en los pliegos y/o contratos administrativos para la concesión de la gestión de estas instalaciones a empresas privadas.

Los centros deportivos de Los Mares, Fundición y San Jerónimo son los tres casos paradigmáticos de la política de privatización de instalaciones del IMD emprendida por el gobierno de Zoido, al pasar directamente y sin opciones intermedias como las Juntas Rectoras a manos privadas mediante concesiones por un periodo de años prorrogable.

A título de ejemplo, el centro de Fundición ha sido adjudicado a una empresa extremeña, Centro Deportivo de Puerta Palma (la cual compitió por la concesión con Campusport y Medios Acuáticos) por un período de 15 años a contar desde el 1 de marzo de 2014, pero con la posibilidad de prórroga hasta los 25 años.

La política del Ayuntamiento ha sido la de establecer un canon fijo anual a las empresas concesionarias, más un canon variable por tramos de facturación, que se va incrementando en porcentaje en caso de que se superen unas cantidades económicas.

Las condiciones no son homogéneas y varían para cada centro, pero en líneas generales el Ayuntamiento impone un canon del 1% cuando la facturación anual oscile entre 1.400.000 y 1.550.000 euros; del 2% cuando oscile entre 1.550.000 y 1.700.000 euros; del 3% cuando esté comprendida entre 1.700.000 y 1.850.000 euros; y de un 4% cuando, según el caso, se superen cifras que van de 1.700.000 euros a 1.850.000.

En ninguno de los planes económicos realizados para cada centro se estima que se alcancen las facturaciones máximas que justificarían el cobro de ese 4%. No obstante, en este informe hemos aplicado la mejor de las hipótesis (el cobro de ese porcentaje) a la hora de hacer una comparación entre la previsión de ingresos por tasas y otros conceptos que figuraba en los Presupuestos municipales de 2013 para cada centro del IMD y la prevista por la privatización posterior de los mismos. Los resultados son los siguientes:

-Los Mares: Los ingresos previstos bajo la gestión del IMD en el Presupuesto de 2013 eran de 260.120 euros. Con la privatización, el Ayuntamiento ingresa un canon fijo anual de 32.841 euros y, en la mejor de las hipótesis por canon variable (un 4% de 1.800.001 euros), 72.000 euros. Total: 104.841 euros. Balance: 155.279 euros menos con la privatización que con la gestión municipal.

-San Jerónimo: Previsión de ingresos en 2013 bajo gestión municipal: 260.130 euros. Con la privatización, un canon fijo de 26.764 euros, más en la mejor hipótesis por variable (4% de 1.700.001 euros), 68.000. Total: 94.764 euros. Balance: – 192.000 euros.

-Fundición: Previsión de ingresos bajo gestión municipal en 2013: 454.401,11 euros. Con la privatización, un canon fijo de 85.000 euros, más en la mejor hipótesis por variable (4% de 1.850.001 euros), 74.000. Total: 159.000 euros. Balance: -295.401,11 euros.

Así pues, el balance general para estos tres centros emblemáticos es que bajo la gestión del IMD tenían una previsión de ingresos de 974.641,11 euros y que con la operación de privatización pasa a ser de 358.605 euros, por tanto 616.036,11 euros menos  (-271,78%).

Paradojas de la huelga

El hombre de confianza de quien fue presidenta de Lipasam con Monteseirín, Evangelina Naranjo, me comentó ‘in illo tempore’ que cuando algún asunto se enquistaba en el seno de la empresa por las excesivas pretensiones de los sindicalistas deslizaba la palabra “privatización”, que actuaba como mano de santo y permitía encauzar la situación.

Mentar el término, sobre todo por dirigentes que provenían del PSOE y/o la UGT, era como mentar la bicha, pues los sindicalistas sabían que los trabajadores jamás gozarían de similares salarios y ventajas sociales en una empresa privada.

Los miembros del comité de empresa de Lipasam se limitaron a asentir con un “está todo dicho” cuando la asamblea del miércoles decidió a voz en grito y a mano alzada continuar la huelga “hasta el final” pese al “interesante” -en palabras del presidente del comité- preacuerdo con el Consistorio.

Este asentimiento y complicidad iniciales con la asamblea se trocó en alarma cuando supieron que el delegado de Medio Ambiente, Maximiliano Vílchez, el cual había llevado el peso de la negociación por parte del Ayuntamiento, había anunciado el estudio de la contratación de una empresa externa, previa petición de permiso al Gobierno central, para la retirada de las 7.000 toneladas de basura acumuladas hasta entonces tras diez días de paro.

La intervención de una empresa externa ante la insolidaria cerrazón de una plantilla acostumbrada desde los tiempos de Monteseirín a doblegarle el brazo al alcalde, abría la posibilidad de una posterior privatización del servicio, porque los operarios, pese a las cesiones hechas por Zoido, al dinamitar el preacuerdo con su intransigencia le habían acabado dando al alcalde esa baza impensable, y justificable ante la opinión pública por la indignación de los ciudadanos tras diez días soportando la basura a sus puertas. De hecho han aparecido cartas en los periódicos abogando por la privatización.

Con tan sólo agitar el espantajo de la externalización/privatización, los sindicalistas, olfateando rápidamente el potencial peligro, reaccionaron de inmediato convocando una nueva asamblea, el jueves, con el pretexto de que el descampado junto a los Servicios Centrales no había sido el lugar más adecuado para explicar el muy favorable para ellos preacuerdo con el Ayuntamiento.

Aunque el conflicto se ha solucionado “en segunda vuelta”, la impresión que queda tras el mismo es que se ha llegado a un punto de no retorno en la percepción ciudadana sobre Lipasam y que los sevillanos no están dispuestos a tolerar la repetición de una huelga tan duradera (de hecho ha batido el récord) como ésta, por lo que comprenderían la adopción de medidas excepcionales en el futuro por parte del Ayuntamiento. Por éso, el inicial rechazo al preacuerdo, al mostrar la intransigencia e insolidaridad de la plantilla de Lipasam en un contexto socioeconómico de despidos y recortes salariales generalizados, se ha acabado convirtiendo en una victoria moral para Zoido, paradójicamente.

Y hay que decir paradójicamente porque el alcalde ha cometido varios errores en la gestión del conflicto -desde irse de Sevilla los dos primeros días hasta empecinarse durante ocho en no negociar- y se ha apartado de su posición inicial de firmeza, en el sentido de exigir el cumplimiento a rajatabla del pacto firmado con el comité de empresa en 2012 y que a juicio del Consistorio debía traducirse en trabajar los festivos por la ampliación de la jornada a las 37,5 horas semanales, para así eliminar la Bolsa de trabajo eventual (integrada por 466 miembros, que se benefician de unos 1.250 contratos anualmente) y lograr una reducción de gastos de 3,3 millones de euros conjuntamente con el recorte del 5% en la masa salarial.

 Basta contar las veces que las palabras cesión y concesión se emplearon el jueves en los medios de comunicación para comprobar que, como dijeron los sindicalistas, el preacuerdo “se ajustaba a sus reivindicaciones” más que a las del Ayuntamiento: seguirán librando en Semana Santa, Feria y Navidad; el recorte salarial se limita al 3,6% y se compensa con una subida del 0,75% en 2014 y del IPC en 2015; se mantiene la Bolsa de trabajo de los eventuales y el gobierno local sólo ahorra 2,6 millones de euros en vez de los 3,3 millones que se había marcado como objetivo.

Y, sin embargo, este balance favorable para la plantilla queda mitigado ante la opinión pública por el efecto de otra victoria moral y enormemente significativa del Consistorio: la democratización de la Bolsa de trabajo, ampliada en su día por Monteseirín y convertida en un coto cerrado de los afiliados del PSOE y/o UGT y de sus familiares. El propio Viera decía gráficamente que militantes de agrupaciones socialistas acudían a votar en las elecciones internas del partido “con el mono de Lipasam puesto”. Monteseirín no sólo compraba la paz social en la empresa con el dinero de los contribuyentes mediante generosos convenios colectivos, sino también el voto para su facción, contraria a la oficialista de Viera, llenando de enchufados la Bolsa de trabajo de Lipasam y de otras empresas públicas.

La última paradoja de esta huelga es que quien ha creado, mantenido y defendido este sistema cerrado de castas laborales, en que los puestos eventuales pasaban de unos familiares a otros, han sido los autocalificados “progresistas” del PSOE y UGT, con la complicidad por acción u omisión de IU y CCOO, y que quien ha acabado con este sistema feudal mediante la futura convocatoria pública y con igualdad de oportunidades para todos los sevillanos es un alcalde “de derechas” llamado Zoido.

Incoherencia

El número dos del PSOE(A), Velasco, expresó en Cádiz su sorpresa  por el revuelo que se había montado a cuenta de la intervención de Susana en la huelga de Tussam. Velasco proclamó que no iban a arrugarse ante las críticas por la injerencia de la secretaria de Organización en las competencias del (sin) alcalde de Sevilla, porque a su juicio “dan la impresión de querer ahondar en la posible privatización del servicio de la empresa, a lo que el partido se opone”. Recapitulemos: el PSOE de Andalucía se opone a privatizar servicios de una empresa municipal de transportes. Pues al mismo tiempo que Velasco hacía un canto a Galicia en Tussam, resulta que el gobierno ‘de progreso’ PSOE-IU del Ayuntamiento de Jaén proponía que la gestión del futuro tranvía de la ciudad sea asumida por una empresa privada, debido a que el Consistorio debe 300 millones de euros. Tussam, por su parte, adeuda 130 millones. Yo ni quito ni pongo euros, pero veo que el PSOE incurre  en una flagrante contradicción: dice en Jaén lo contrario que en Sevilla. Será que allí aún hay alcalde.