El Defensor del Ciudadano, que depende del (sin) alcalde y no del Parlamento por lo que tiene más mérito su denuncia (ya veremos si no lo liquidan  como a José Vallés por sus dictámenes contrarios a Monteseirín desde el CES), el Defensor –decía- denuncia que los controladores de la zona azul suplantan la identidad de los policías para firmar los boletines y dar validez a las multas al no ser  agentes de la autoridad. Dice el Defensor que hasta tal punto se parecen las firmas  que en principio no se pueden distinguir unas de otras, por lo que al final la multa cuela y los sevillanos son sancionados ilegalmente al desvirtuarse su presunción de inocencia. ¿Y no deberían intervenir la Agencia de Protección de Datos y el Sindicato de la Policía? Porque ¿cómo conocen los controladores las firmas de los policías que deben imitar? ¿Y quién y cómo los ha entrenado para lograr tal  perfección falsificadora? El caso de las facturas falsas de la Macarena es un escándalo menor comparado con este otro, en que parece que se ha montado toda una academia de multas falsas.