Su Gobierno fue el que menos dinero por habitante dedicó a gasto sanitario entre todos los autonómicos en 2017

Fue una de las causas de que el PSOE(A) perdiera en las elecciones regionales del año siguiente 400.000 votos, 14 diputados y San Telmo

Aquel fin de semana del año 2018 en que al llegar a mi pueblo me encontré con una tía mía de casi 90 años y tras abrazarme empezó a hablarme del Impuesto de Sucesiones que el Gobierno de Susana Díaz exigía a los andaluces que heredaban intuí que la lideresa socialista no seguiría en San Telmo. Si hasta una nonagenaria al margen de la política expresaba una preocupación máxima por tal cuestión era señal de que el socialismo andaluz había dejado de conectar con su base electoral, porque mi tía había sido hasta entonces una devota de Felipe (González, por supuesto). La otra causa del descontento popular eran las listas de espera para una operación quirúrgica. Pese a que Susana Díaz proclamaba que la sanidad era la joya de la corona, tanta demora y la ruina del sevillano Hospital Militar demostraban que había dejado ajarse la joya. Ahora, el Tribunal de Cuentas confirma que la Junta de Susana fue el Gobierno autonómico que proporcionalmente menos dinero dedicó a la sanidad en 2017. Al año siguiente, los andaluces le pasaron factura al PSOE(A) en las elecciones regionales y Susana tuvo que salir de San Telmo.

Si los socialistas andaluces, todavía con Susana Díaz al frente, se siguen preguntando por qué 400.000 votantes les retiraron su apoyo en las elecciones autonómicas de diciembre de 2018 y les hicieron perder 14 diputados y a la postre la Presidencia de la Junta por primera vez en su historia, pueden hallar una de las respuestas en el Informe Global del Sector Autonómico correspondiente a 2017 que ha acabado de redactar el Tribunal de Cuentas y en el que dedica un capítulo a analizar el gasto sanitario de las diecisiete comunidades autónomas españolas.

La Constitución Española de 1978 establece, en su artículo 43, el derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria de todos los ciudadanos, y en sus artículos 148 y 149 configura una organización sanitaria de carácter descentralizado, en consonancia con la organización territorial del Estado.

En este ámbito competencial, la regulación de las acciones que permiten hacer efectivo el derecho a la protección de la salud se recogen en un conjunto de normas con rango de Ley: Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad (LGS), Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública y el Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones.

En virtud de esta normativa, el Sistema Nacional de Salud (SNS) se configura como un sistema de cobertura universal, financiado mediante impuestos y que opera principalmente dentro del sector público. La culminación del traspaso de competencias en materia de sanidad a todas las comunidades en 2001, conllevó la necesidad de adoptar un modelo de financiación integrado para garantizar la sostenibilidad financiera y reforzar la corresponsabilidad fiscal y la solidaridad entre comunidades.

Como consecuencia de ello, a partir de 2002 son las comunidades autónomas las que financian mayoritariamente la atención sanitaria, tienen la jurisdicción primaria en la planificación y organización de su propio sistema sanitario y, por tanto, les compete tomar decisiones sobre el presupuesto sanitario para su territorio, siempre que respeten los mínimos acordados a escala nacional -a través del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS)- y el marco jurídico básico del Sistema Nacional de Salud. Debe señalarse que las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla no tienen transferidas las competencias sanitarias, por lo que están gestionadas
por el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA).

Dentro de la estructura integradora de recursos que configura el vigente modelo, la sanidad forma parte, junto con la educación y los servicios sociales, del denominado Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales que trata de asegurar el acceso a los mismos en todas las comunidades autónomas, aplicando a este fondo un sistema de nivelación estático y dinámico.

El Tribunal de Cuentas destaca que el sector sanitario es una pieza clave en el Estado de bienestar, uno de los principales cauces de redistribución de la riqueza, y uno de los factores que contribuyen a la mejora de los indicadores de salud y calidad de vida. Pero también es un sector con un alto peso en el análisis económico, tanto en términos absolutos (miles de millones de euros) como relativos (en relación con el producto interior bruto -PIB-). Es por ello por lo que dicho sector se encuentra, manteniendo unos parámetros o mínimos básicos, en el foco de mira para la adopción de medidas
de racionalización del gasto público.

A la hora de abordar el análisis del gasto sanitario de las comunidades autónomas, hay que tener en cuenta, según el Tribunal. que nuestro sistema autonómico no es uniforme, sino que, por el contrario, las distintas comunidades difieren no solo en sus características geográficas, demográficas, sociales y económicas, sino también en lo que respecta al sistema de financiación de sus administraciones y a las formas de gestión de sus competencias, pudiendo dar lugar a comparativas heterogéneas que impiden efectuar conclusiones mínimamente claras desde un punto de vista informativo.

Por ello, ha estimado oportuno desarrollar el análisis en dos apartados diferentes, a efectos de intentar proporcionar una información global y, en la medida de lo posible, homogénea en cada uno de ellos. Así, en un primer apartado se analizan los datos provisionales resultantes a marzo de 2020 de la Estadística de Gasto Sanitario Público (EGSP) para toda España, en virtud de la información suministrada, al respecto, por las comunidades autónomas, que abarca todos los agentes públicos actuantes en el gasto sanitario; y en un segundo apartado, recoge las particularidades e incidencias más relevantes de las principales unidades gestoras de la sanidad de las comunidades.

De acuerdo con los datos resultantes de la Estadística de Gasto Sanitario Público
realizada en el ámbito del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, el gasto sanitario público correspondiente a todo el Sistema Nacional de Salud en el año 2017 en España supuso 68.598 millones de euros, lo que representa el 5,9 % del Producto Interior Bruto (PIB), porcentaje muy similar al del ejercicio anterior (6 %). El gasto per cápita ascendió a una media de 1.474 euros por habitante, frente a los 1.436 euros del anterior ejercicio.

En 2017, las comunidades autónomas fueron responsables del 92,7 % del total del gasto. Las siguieron en importancia las Mutualidades de Funcionarios (3,1 %), la Seguridad Social (2,3 %), la Administración Central (0,9 %) y las Corporaciones Locales (1 %). A continuación, siguiendo con los datos resultantes de la Estadística de Gasto Sanitario Público, el Tribunal de Cuentas analiza el gasto sanitario en el ámbito autonómico, atendiendo al porcentaje sobre el PIB y euros por habitante.

De su análisis se infiere que Andalucía, entonces gobernada por Susana Díaz, fue la que menos euros por habitante dedicó a la sanidad, tal como refleja el Tribunal de Cuentas en la siguiente tabla:

Por otra parte, en el ámbito de la clasificación económica, la Estadística de Gasto Sanitario Público atiende para el ejercicio 2017,entre otros, a dos componentes del gasto sanitario de mayor peso económico, y especialmente afectados por las medidas de racionalización del gasto: Remuneración del Personal y Gasto en
Farmacia.

En el siguiente cuadro se recoge el gasto sanitario público en remuneración de personal según cada comunidad autónoma. Andalucía fue la séptima entre las diecisiete comunidades que proporcionalmente menos dinero dedicó a la remuneración de su personal sanitario. Sólo gastaron menos Cataluña, Valencia, Madrid, Galicia, Asturias y Murcia:

El único aspecto en que el gasto sanitario durante el penúltimo ejercicio de Susana Díaz en el poder destacó fue en el farmacéutico, ya que proporcionalmente sólo Extremadura y Valencia dedicaron más recursos (un 19,2%, frente al 19% andaluz), tal como se refleja en el siguiente cuadro:

En mayo de 2018, siete meses antes de las elecciones autonómicas, Susana Díaz seguía con su habitual discurso (tanta insistencia denotaba de que era consciente de su deterioro) de que la sanidad andaluza era la «joya de la corona», y afirmaba que no valorarla «sólo se entiende en quienes tienen intereses muy distintos a los de la salud de nuestros conciudadanos».

«Tenemos la mejor sanidad y naturalmente que cometemos errores, es normal con 120 millones de actos médicos al año», sostuvo Díaz durante su intervención inicial en el debate parlamentario sobre la situación política de Andalucía.

EL HOSPITAL MILITAR COMO SÍMBOLO

Si más allá de las cifras hay un elemento físico perfectamente visible a los ojos de todo el mundo convertido en símbolo del abandono y desmantelamiento por los sucesivos Gobiernos socialistas de la Junta de Andalucía ése ha sido el Hospital Militar de Sevilla. Y por eso justamente su recuperación tiene para el Gobierno del popular Juanma Moreno todavía mayor valor simbólico, al poder exhibirlo como ejemplo de la antítesis entre su gestión y la de Susana Díaz.

En vísperas de su reapertura, siquiera parcial, el vicesecretario general del PP-A, Toni Martín, declaró que «el Gobierno de Juanma Moreno endereza, en seis meses, lo que los gobiernos socialistas torcieron durante 16 años, recuperando para la sanidad pública andaluza y sevillana un hospital que otros abandonaron vergonzosamente».

Martín agregó que «la diferencia entre los gobiernos se demuestra con hechos, no con palabras, y es un hecho que ha tenido que llegar el Gobierno que preside Juanma Moreno para que por fin sea una realidad la recuperación y puesta en funcionamiento del Hospital Militar, una de las grandes reivindicaciones y aspiraciones de los sevillanos, e incumplida sistemáticamente por anteriores gobiernos socialistas durante tantos años».

Y es que, según ha añadido el vicesecretario general del PP-A, «si el símbolo de la corrupción socialista son los ERE; si el símbolo de los desmanes urbanísticos y contra el medio ambiente andaluz es el Algarrobico, está claro que el símbolo sonrojante de la desidia, del abandono y de la falta de respeto absoluta al dinero público que presidió la gestión socialista de la Junta de Andalucía es el Hospital Militar de Sevilla».

Martín ha destacado que «después de plantear una auténtica batalla mediática y política para que el Ministerio de Defensa les cediera su propiedad, en lo que fue un capítulo más de la estrategia de confrontación que siempre usaron contra los gobiernos del PP, la Junta presidida por el señor Chaves recibió en 2004 una infraestructura en perfecto estado de funcionamiento, un fabuloso centro sanitario con 83.000 metros cuadrados, 12 plantas, 29 especialidades médicas, 750 camas, laboratorios, un centro de investigación donde se realizaban análisis clínicos y hasta un helipuerto».

El Hospital Militar de Sevilla, continuó, «destacaba por su excelente asistencia sanitaria, por no tener nunca sus Urgencias saturadas y por tener habitaciones individuales», es decir, «destacaba por todo aquello por lo que no destacaba la sanidad pública gestionada por el socialismo andaluz».

Pero «fue recibir la propiedad y, como ya no servía de elemento de confrontación con el gobierno del PP, pues sencillamente el PSOE la abandonó durante 16 años», lamentó el vicesecretario general de los ‘populares’, que ha denunciado que «el hospital militar fue destrozado por el abandono, el vandalismo y los robos».

Se convirtió, añadió, «en un lugar donde el socialismo andaluz enterró no solo el pastizal que había costado esta infraestructura, sino además otros 50 millones de euros de ese dinero público de los andaluces que ellos mantienen que no es de nadie, invertidos supuestamente para recuperar el edificio, pero que también se fueron por el sumidero del expolio y el gasto inservible, un proceso capitaneado como consejera de la Junta por María Jesús Montero, hoy ministra de Hacienda».

Toni Martín ha valorado que, «afortunadamente, todo eso es pasado ya y el Gobierno que preside Juanma Moreno recupera el Hospital, y lo hace además en tiempo récord, en seis meses han arreglado lo que otros han tenido paralizado 16 años, porque el objetivo es aumentar la capacidad de atención especializada de Sevilla y su provincia ante el aumento del Covid-19».

UN COMPROMISO ELECTORAL

«Lo anunciaron y lo han hecho, dicho y hecho, y se da cumplimiento, además, con ello, a un compromiso electoral de mi partido, el Partido Popular, y del Gobierno, el Gobierno andaluz del cambio», subrayó el vicesecretario del PP-A, que destacó además que el Ejecutivo de Moreno «invierte un 20% más en sanidad que el de Susana Díaz, ha elevado la plantilla de profesionales de la salud pública nada menos que a las 118.000 personas, ha dedicado 170 millones de euros a infraestructuras sanitarias en el año 2020 para enfrentarse a la pandemia» y «más 11.000 millones de euros a la sanidad en los presupuestos de 2021, lo que supone el 7% del PIB».

«Las comparaciones son odiosas, pero, con esas cifras, comparar lo que está haciendo el Gobierno de Juanma Moreno con lo que hicieron los gobiernos socialistas andaluces resulta sonrojante para Susana Díaz, José Antonio Griñán y Manuel Chaves», concluyó el vicesecretario general del PP-A.

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