El gobierno local veta que la Junta del Distrito Los Remedios debata sobre la pasarela de Altadis

Alega que el Pleno ya se ha pronunciado sobre su financiación privada a cargo de KKH, extremo que los vecinos niegan

El delegado del Distrito Los Remedios y presidente de la Junta Municipal del mismo, a la par que responsable de Fiestas Mayores en el Ayuntamiento de Sevilla, Manuel Alés, ha denegado la inclusión en el orden del día de la reunión del 1 de abril (2025) de la propuesta de la asociación de vecinos del barrio de que sea el Consistorio el que pague la pasarela de Altadis en vez del grupo inversor privado catalán KKH y que éste, con el dinero que se ahorre, compense a Los Remedios con 3.100 m2 construidos para equipamientos en beneficio de los residentes.

Alés alega para justificar su decisión que el Pleno del Ayuntamiento de Sevilla se ha pronunciado en múltiples ocasiones sobre la pasarela y el carácter privado de su financiación. En este sentido, cita los acuerdos del Pleno para la Modificación de la MPG (Modificación del Plan General Nº) 54 de diciembre de 2022, de la MPG (Nº) 58 de mayo del 2023 y del Plan de Fomento de la inversión privada en infraestructuras públicas, de 30 de abril de 2024.

Todos estos acuerdos fueron tomados según el delegado del Distrito por una mayoría
superior a los 2/3 de los miembros del Pleno del Ayuntamiento de Sevilla, tras un periodo de información pública en el que los interesados podían presentar sugerencias y reclamaciones.

Manuel Alés, delegado del Distrito Los Remedios

En el mismo sentido, Alés cita que el protocolo firmado por el alcalde con el presidente del Puerto y el presidente de KKH, el 25 de Julio de 2024, también ratifica la financiación privada de la pasarela por parte de este grupo inversor privado.

Por lo expuesto y de acuerdo con lo señalado en el apartado tercero del artículo 33 del
Reglamento Orgánico de las Juntas Municipales de Distrito del Ayuntamiento de Sevilla, Alés deniega la inclusión en el orden del día de la propuesta presentada, «dado que el asunto es competencia del Pleno y -afirma- ha sido resuelto por éste».

REACCIÓN VECINAL

Fuentes de la asociación de vecinos Los Remedios afirman que la decisión del presidente de la Junta Municipal del Distrito de impedir el debate de su propuesta vulnera de forma evidente los derechos de participación ciudadana reconocidos en el artículo 23.1 de la Constitución Española, así como en la Ley de Bases de Régimen Local y el propio Reglamento Orgánico de las Juntas Municipales de Distrito del Ayuntamiento de Sevilla.

Según la asociación, dicho reglamento (art. 12 y 33) habilita expresamente a las Juntas de Distrito para conocer y debatir sobre asuntos de interés municipal en su ámbito, incluso cuando la competencia última corresponda al Pleno. «Negar el debate no sólo impide trasladar la voz del barrio al órgano competente, sino que cercena la función democrática de estos órganos desconcentrados, diseñados precisamente para canalizar propuestas vecinales», afirma la entidad afectada por la decisión de Manuel Alés.

Añade que el argumento del presidente de la Junta de que el Pleno “ya resolvió” el asunto de la pasarela no se sostiene, por las siguientes razones: el Estudio de Ordenación de la Zona Norte de Altadis aún está en fase de aprobación inicial, sujeto a participación pública, lo que hace plenamente legítimo el debate de alternativas dotacionales y de distribución de cargas. «La imputación de una pasarela –infraestructura de sistema general de ciudad– como carga local en un barrio con el menor nivel dotacional de Sevilla es un asunto urbanístico aún controvertido y no cerrado jurídicamente», afirma la asociación vecinal.

Por último, la asociación de vecinos Los Remedios dice haber actuado conforme a derecho al proponer una solución urbanística basada en normativa estatal y autonómica que prioriza las dotaciones públicas para el barrio y exige que una infraestructura de escala metropolitana como la pasarela sea asumida por el conjunto de la ciudad. «Impedir el debate es, por tanto, improcedente, lesivo y contrario al mandato democrático que debe guiar la actuación de los órganos municipales», concluye la entidad.

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