Dos damas de la derecha han caldeado el ambiente ya de por sí caldeado al proponer diques de contención en el acceso a la política. Primero abrió el fuego la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, cuando en un acto en el que estaba flanqueada por dos concejales que pertenecen a las Nuevas Generaciones del PP abogó por la desaparición de las Juventudes de todos los partidos y recomendó a sus miembros que se dedicaran a estudiar o trabajar. Con el típico corporativismo hispánico, hasta las Juventudes Socialistas saltaron a la palestra para solidarizarse, aparcando las diferencias ideológicas, con sus coleguillas de NNGG y en contra de la señora Botella.

Inmediatamente después tomó el relevo la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, que, a la inversa, suscribió la tesis de su predecesor en el cargo, el socialista Joaquín Leguina, de que sólo deben ser candidatos a un cargo público las personas que previamente hayan demostrado que saben ganarse la vida, es decir, que son empresarios, funcionarios o que cotizan a la Seguridad Social en cualquiera de sus regímenes.

Desde la izquierda y la derecha, Leguina y Aguirre coinciden en la opinión de que la política no puede ser una profesión en sí misma y que ha de ser entendida como un servicio (temporal) a la sociedad. Justamente porque no fueron profesionales de la política quienes la protagonizaron y dieron el salto a la misma desde unas vidas más o menos resueltas la Transición española fue un éxito histórico alabado y tomado como modelo en todo el mundo.

Hay, sin embargo, general coincidencia en la abismal diferencia entre los políticos actuales profesionalizados, a buena parte de los cuales no se les conoce oficio previo, y los amateurs que con su entusiasmo pusieron los cimientos de la Democracia. En 30 años, la clase política ha pasado a ser percibida como uno de los principales problemas del país y salta de escándalo en escándalo. Salvando honrosas excepciones, la política está demasiado llena de advenedizos y arribistas, cuyo único mérito consiste en la lealtad ciega al líder y en apretar el botón del voto conforme a las órdenes del portavoz, a cambio de una generosa soldada y de prebendas fuera del alcance de los ciudadanos que los sostienen con sus impuestos.

Para acabar con este estado de cosas, implántense reglas como la de que el sueldo de cada político sea equivalente, ni superior ni inferior, al que tenga en su vida privada. Así se disuaría a quienes entran en política sólo por dinero: beneficio sin oficio.