Obliga al Ayuntamiento cántabro a cumplir sus propios acuerdos de hace un decenio para liquidar los símbolos franquistas
El de Sevilla está en una situación similar, ya que al cabo de una década aún no ha retirado un rótulo del convento de la Encarnación
El Pleno del Ayuntamiento de Santander correspondiente a abril (2025), a la vista del ultimátum dado un mes antes por la Fiscalía, ha aprobado la ejecución del acuerdo que adoptó hace diez años y que ha mantenido «congelado» durante todo este tiempo de eliminar los símbolos franquistas en la ciudad. En Sevilla, pese a que este 28 de abril se cumplen diez años de un acuerdo similar por unanimidad del Pleno con Zoido de alcalde, todavía no se ha retirado el rótulo «guerracivilista» existente en la fachada del convento de la Encarnación, sito frente al palacio arzobispal.
A finales del pasado mes de marzo, el fiscal de Derechos Humanos y Memoria Democrática de Cantabria, Carlos Yáñez, dio al Ayuntamiento de Santander, gobernado por el PP, un ultimátum para que en el plazo máximo de un mes cumpliera los acuerdos que, en virtud de la entonces vigente ley 52/2007, de 26 de diciembre (conocida como Ley de Memoria Histórica), adoptó para eliminar los símbolos franquistas de la ciudad.
En aquel entonces el gobierno local había aprobado cambiar los nombres de 18 calles y la supresión de referencias al dictador o la Dictadura en diversos monumentos, pero esos acuerdos no se ejecutaron ni entonces ni en los diez años siguientes, en un claro propósito de mantener el ‘statu quo’.
La inacción municipal ha provocado la intervención del fiscal de Derechos Humanos y Memoria Democrática de Cantabria, Carlos Yáñez. En un auto al respecto, Carlos Yáñez, señaló que el Consistorio santanderino se había colocado en «una posición inadmisible de rebeldía frente al cumplimiento de la ley».
Carlos Yáñez, fiscal de Derechos Humanos y Memoria Democrática de Cantabria
El fiscal recordó que el mantenimiento de calles y monumentos referidos a la Dictadura supone «un acto de normalización de una realidad criminal, además de ocultar la historia de los que sufrieron la represión». Asimismo, que internacionalmente «existe una tendencia clara hacia el reconocimiento del derecho a la verdad en casos de violaciones de Derechos Humanos».
Carlos Yánez destacó que la ley fija un régimen sancionador «para acciones u omisiones que supongan incumplimiento de las obligaciones». A su juicio, en este caso, «resulta patente desde un punto de vista jurídico que la legalidad vigente está siendo frontalmente conculcada tanto en lo que se refiere a las obligaciones que le impone al Ayuntamiento de Santander la Ley de Memoria Democrática (como) en lo que se refiere al incomprensible e injustificado incumplimiento de sus propias decisiones como Gobierno municipal».
El fiscal instó a la alcaldesa a cumplir en el plazo de un mes los acuerdos aprobados por el Pleno municipal en agosto de 2015 y mayo de 2016 y procediera «al cambio inmediato» de la denominación de 18 calles del callejero y a retirar el monumento a las legiones italianas, ubicado en la Plaza de Italia, y del levantado en honor a los caídos en la IV División de Navarra, en el Paseo Reina Victoria.
Y le advirtió de que si no cumplía, «se ejercitarán las acciones judiciales que se consideren procedentes» e «igualmente, se dará traslado» a la Dirección General competente «para que inicie, si procede, el procedimiento sancionador por una infracción grave de la Ley de Memoria Democrática».
El ultimátum ha surtido un efecto inmediato, ya que el pasado jueves, 24 de abril, el Pleno del Ayuntamiento de Santander, con el único voto negativo de Vox, ratificó sus acuerdos de eliminar los nombres franquistas aún existentes en vías públicas, así como cualquier medida contraria a la Ley de Memoria.
ACUERDO DEL PLENO DE SEVILLA
Este lunes, 28 de abril de 2025, se cumplen exactamente diez años desde la aprobación unánime por el Pleno municipal del Ayuntamiento de Sevilla -el último ordinario que presidió Zoido (PP) como alcalde- de una propuesta que presentó por vía de urgencia el Grupo Socialista, según recoge el acta de la sesión a partir de la página 225, para que se retiraran los símbolos franquistas de la ciudad.
El PSOE recordó que «como dice -en aquel entonces- la exposición de motivos de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, llamada de la Memoria Histórica, se debe evitar toda exaltación de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura, en el convencimiento de que los ciudadanos tienen derecho a que así sea, a que los símbolos públicos sean ocasión de encuentro y no de enfrentamiento, ofensa o agravio».
Además, que dicha ley establecía una clara obligación para el Ayuntamiento de
Sevilla, en relación con las situaciones descritas: “las administraciones públicas, en
el ejercicio de sus competencias, tomarán las medidas oportunas para la retirada de
escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de
exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la
represión de la Dictadura”.
«El deber de cumplir y hacer cumplir las leyes, que de manera especial tienen
los representantes ciudadanos, debe ser motivo suficiente para la aprobación de esta
propuesta: es ilegal el mantenimiento de esta simbología», concluía el Grupo Socialista.
Contenido del acta del Pleno municipal del 28 de abril de 2015
La propuesta fue aprobada en el Pleno municipal por unanimidad de todos los concejales, fueran del grupo político que fueran. En virtud de la misma se debían retirar expresamente estos siete símbolos franquistas:
a. Placa conmemorativa situada en el Palacio Yanduri en la que se
conmemora que en el mismo estableció el General Franco su primer
cuartel general tras la sublevación del 18 de julio de 1936.
b. Inscripción realizada en el retablo cerámico de la Virgen de los Reyes
situada en la facha del convento de la encarnación en la que se lee:
“SEVILLA AGRADECIDA A SU MADRE REINA Y ABOGADA.
SABADO 18 DE JULIO DE 1936”.
c. Escudo con el águila de San Juan en mural de cerámica situado en la
antigua escuela del Magisterio y Práctica Aneja, en la calle Recaredo.
d. Escudo en cerámica vigente durante la dictadura franquista situado a la
entrada de las Reales Atarazanas.
e. Escudo labrado en piedra situado en la antigua puerta de la facultad de
ciencias, en el edificio de la antigua Fábrica de Tabacos.
f. Escudo labrado en piedra situado en el edificio de Economía y Hacienda y
de la Aduana de Sevilla, en la Avenida de la Raza.
g. Escudo franquista de bronce sito en la Subdelegación de Defensa en
Sevilla, en la Avda. de Eduardo Dato, número 21.
DIEZ AÑOS DESPUÉS
Ha transcurrido, al igual que en Santander, un decenio desde la aprobación unánime de aquel acuerdo municipal y de la lista de aquellos siete símbolos franquistas hay al menos uno que permanece en el mismo sitio y nunca ha sido retirado, pese a que tan sólo dos meses después el promotor de la iniciativa, el socialista Juan Espadas, se convirtió en alcalde de Sevilla durante seis años, periodo tras el que le sucedió durante un bienio su mano derecha, Antonio Muñoz, que también votó a favor en el Pleno del 25 de abril de 2015.
Espadas en su época de alcalde, con el entonces arzobispo, monseñor Asenjo
De hecho, en la actual Corporación Municipal quedan siete ediles supervivientes de aquella de hace diez años y que estuvieron de acuerdo, como no podía ser de otro modo al tratarse del cumplimiento de la ley, en la retirada de los símbolos franquistas de las calles de Sevilla: Juan Francisco Bueno Navarro, Ignacio Manuel Flores Berenguer, José Luis García Martín, María Amidea Navarro Rivas, Antonio Muñoz Martínez, Juan Carlos Cabrera Valera y José Luis David Guevara García.
El símbolo franquista que al menos permanece al cabo de una década del acuerdo plenario municipal es el segundo que iba en la lista para su retirada:
«Inscripción realizada en el retablo cerámico de la Virgen de los Reyes situada en la facha del convento de la Encarnación en la que se lee: “SEVILLA AGRADECIDA A SU MADRE REINA Y ABOGADA. SABADO 18 DE JULIO DE 1936”.
El retablo cerámico de la Virgen de los Reyes en la fachada del convento de la Encarnación (frente al palacio arzobispal) y detalle del rótulo que se le añadió mencionando la fecha del golpe de Estado del 18 de julio de 1936 y la gratitud a su supuesta intercesión/intervención durante la guerra civil
La inscripción añadida al retablo hace una alusión implícita a la leyenda inventada por la propaganda franquista (Queipo de Llano) de que la patrona de Sevilla propició en La Pañoleta el estallido de la dinamita que traía la Columna Minera de Riotinto e impidió así que sus integrantes volaran la Giralda, un propósito que jamás manifestaron los voluntarios de la Cuenca Minera, a los que únicamente animaba el propósito de defender en la capital de Andalucía al legítimo Gobierno de la II República frente al denominado Alzamiento nacional.
Con dicha inscripción en el retablo se coloca a la Virgen en el papel de aliada de los facciosos como «abogada» de su causa, a la que se identifica deforma exclusiva con toda la ciudad, con Sevilla, como si no hubieran existido otros sevillanos que hubieran pensado de forma distinta y se hubieran mantenido fieles al Ejecutivo democrático.
Como en Santander, ha pasado un decenio y al menos en este caso el Ayuntamiento de Sevilla, ahora presidido por el popular José Luis Sanz, sigue sin cumplir su propio acuerdo plenario y, por ende, la Ley de Memoria Histórica, que en su artículo 15.1 estipulaba lo siguiente:
Las Administraciones públicas, en el ejercicio de sus competencias, tomarán las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura. Entre estas medidas podrá incluirse la retirada de subvenciones o ayudas públicas.
No se trata de retirar el retablo de la Virgen, sino como muy bien se especificaba en el acuerdo municipal, sólo la inscripción superior añadida posteriormente.
LA SITUACIÓN DE SANZ
La cuestión es que el gobierno de José Luis Sanz, al igual que el de su correligionaria de Santander, está incumpliendo de forma flagrante la ley y se arriesga a que el fiscal delegado de Derechos Humanos y Memoria Democrática de Sevilla, Daniel Valpuesta Contreras, le exija, como ha hecho su colega en Cantabria, el cumplimiento de la legalidad y le dé un ultimátum para ello.
Daniel Vaspuesta, fiscal delegado de Derechos Humanos y Memoria Democrática de Sevilla
La opción que le queda a Sanz es adelantarse a esa posibilidad y, en consenso o sin él con el arzobispo, ejecutar el acuerdo de hace un decenio y lograr la retirada de la inscripción franquista del retablo cerámico de la Virgen de los Reyes en el convento de la Encarnación.
José Luis Sanz, con su antecesor en la Alcaldía, el socialista Antonio Muñoz
Así, además, podría dejar en evidencia a sus antecesores socialistas, que pese a haber presentado la propuesta de retirada de los símbolos de la Dictadura y logrado su aprobación por unanimidad estuvieron luego ocho años en el Poder y no hicieron nada respecto del rótulo de la Virgen, no se fuera a molestar alguien ajeno a sus votantes o la Iglesia y perdieran, los muy ingenuos, algún voto despistado. El electoralismo antepuesto a los principios.
¿Cómo va a exigirle a Sanz el actual líder del Grupo municipal Socialista, Antonio Muñoz, que cumpla la ley y aquel acuerdo de 2015 si él incumplió ambos en los años en que estuvo de delegado de Urbanismo y luego de alcalde?.
¡Qué tanto político se apuntaría Sanz si hiciera lo que no ha hecho el PSOE!
Así, en bandeja, se la han puesto al PP Espadas y Muñoz.
(Y si Sanz, que ya no puede alegar ignorancia ni de la ley de Memoria ni del acuerdo plenario municipal de hace un decenio, tampoco quiere hacer nada por no molestar a su derecha, como les ocurrió a sus antecesores socialistas, correrá el riesgo de que el fiscal o algún otro partido o entidad ciudadana se lo demande en los tribunales).
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