Afirma que millones de toneladas de residuos tóxicos se arrojarán a la antigua corta
El consejero de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía, Jorge Paradela, ha anunciado en la mañana de este viernes 30 de mayo (2025), junto al alcalde de Izquierda Unida de Aznalcóllar, Juan José Fernández Garrido, el otorgamiento del permiso de explotación y del plan de restauración para la reapertura de la mina de Aznalcóllar, clausurada tras el vertido tóxico causado por Boliden el 25 de abril de 1998. Ecologistas en Acción ha criticado duramente en un comunicado la decisión del Gobierno andaluz y ha anunciado que la recurrirá ante los tribunales.
Esta resolución implica una primera fase preoperacional de 18 meses donde según los Verdes se verterán al Estuario del Guadalquivir más de 17 mil millones de litros de aguas tóxicas que actualmente se almacenan en las Cortas de Aznalcóllar y en la Corta de Los Frailes. Y durante la fase operacional de los siguientes 17 años se verterán anualmente a ese mismo espacio ZEC (Zona de Especial Conservación) de la Red Natura 2000, cuatro mil millones de aguas tóxicas procedentes del tratamiento del mineral. Esto, para la entidad ecologista, supondrá de hecho el envenenamiento del Bajo Guadalquivir de manera permanente, y probablemente irreversible.
Según Ecologistas, el consejero no se ajusta a la realidad cuando asegura que el proyecto de reapertura no dispondrá de ninguna balsa de residuos. Los autores del proyecto pretenden depositar durante los 17 años previstos de operación millones de toneladas de nuevos lodos tóxicos mineros, concretamente el 50% de los residuos del proceso de tratamiento del mineral, en la antigua Corta de Aznalcóllar, donde actualmente ya están depositadas millones de toneladas de lodos procedentes de la rotura de la balsa de residuos tóxicos el 25 de abril de1998.
Esto, para Ecologistas, convierte sin duda a esa vieja Corta de Aznalcóllar en una balsa de lodos tóxicos mineros, mientras que la Consejería ha optado por calificar esa actuación como “relleno a efectos de restauración”.
De esta forma la empresa Minera Los Frailes no tendrá la obligación de elaborar y ejecutar un Plan de Emergencia Exterior ante posibles accidentes, roturas o fugas de lodos contaminados, ni tendrá obligación de implantar ninguna de las medidas de seguridad establecidas en la legislación minera para las instalaciones de residuos mineros de categoría A), afirman los Verdes.
Vista satelital del complejo minero de Aznalcóllar
Y de hecho, para Ecologistas en Acción la empresa ya ha incumplido desde el año 2019 sus obligaciones establecidas en el Protocolo de Actuación sobre el nivel de agua en la Corta de Aznalcóllar, que establecía la creación de una Comisión de Seguimiento del nivel de esas aguas tóxicas, con participación de las administraciones mineras y ambientales de la Junta de Andalucía, y de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Afirma Ecologistas que esa Comisión de Seguimiento nunca se creó, ante la pasividad de todas esas administraciones.
La asociación ecologista asevera que la experiencia acumulada les indica que los residuos mineros que van ser depositados en la Corta de Aznalcóllar, reconvertida en balsa de lodos tóxicos mineros, sin duda contaminarán impunemente tanto las aguas subterráneas del acuífero de Gerena (reserva estratégica de agua de consumo humano par Sevilla y área metropolitana para épocas de sequía), como ya lo hizo la cercana mina de Las Cruces cuando inició su actividad en 2008. Y que estos residuos mineros contaminarán las aguas superficiales de la cuenca del Corredor Ecológico del Guadiamar, incumpliendo las bases del concurso minero que adjudicó los derechos mineros en febrero de 2015.
De hecho, con la autorización otorgada, Ecologistas en Acción entiende que el consejero Paradela «asume y se convierte en cómplice de los posibles delitos de corrupción que actualmente se están juzgando en la Audiencia Provincial de Sevilla, contra 14 personas funcionarias y autoridades de la Junta de Andalucía del Gobierno de Susana Diaz del PSOE, que en febrero de 2015 adjudicaron esos derechos mineros, de manera (presuntamente) fraudulenta e ilegal según varios informes de la UDEF (Unidad de Delitos Económicos y Financieros) de la Policía Nacional».
Por todo lo anterior, Ecologistas en Acción llevará a los tribunales también la nueva autorización minera anunciada.
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