La Dirección General de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Sevilla ha impuesto al Real Club Pineda, considerado el más elitista de la ciudad, veintidós sanciones de 1.501 euros cada una, que suman un total de 33.022 euros, por la vulneración de la normativa ambiental en la realización de actividades vinculadas a instalaciones construidas en los últimos años y tras desestimar las alegaciones presentadas por la entidad privada. Esta tiene la posibilidad de presentar un recurso para tratar de evitar el pago de las multas.

El nuevo gobierno municipal, presidido por el socialista Juan Espadas, se ha limitado a aplicar el expediente sancionador incoado y notificado al club Pineda el pasado mes de febrero, durante el mandato de Zoido (PP) como alcalde y una vez evaluado el informe emitido por la sección de Disciplina Ambiental.

Las sanciones impuestas son a consecuencia del desarrollo de actividades sin la presentación ante el Ayuntamiento de la Declaración Responsable o sin contar con la correspondiente licencia, y tras considerarse como carentes de legalización las actuaciones que se desarrollan en los siguientes sitios: seis pistas de pádel; dos pistas de futbito; la tribuna y el bar de la zona del hipódromo; las pistas de pádel, tenis y frontón de las Pistas de Tenis; el bar, el cuarto de palos y la nave almacén de palos del Campo de Golf; el bar, el vestuario infantil, el picadero cubierto y los boxes antiguos de los Boxes Antiguos; las naves de mantenimiento, la gasolinera y la nave de almacén de paja y semillas.

Además se imponen sanciones por la Tribuna del Hipódromo, tanto porque incumple las dimensiones de los pasillos y salidas en la distribución de los asientos como, pese a ser de madera, no aclararse la clase de reacción al fuego ni su adecuación a la normativa actual.

Y, asimismo, por tres infracciones relacionadas con el Bar del Hipódromo: se desconoce la potencia instalada, dato fundamental para determinar si debe ser considerado local de riesgo especial; no dispone de instalación automática de extinción y el revestimiento del techo incumple lo dispuesto sobre la reacción al fuego.

El Ayuntamiento razona que el global de los 33.022 euros de sanción obedece a criterios de “gravedad, trascendencia de la infracción y daños que pudiera causar al medio ambiente, puesto que tener abierta una actividad sin control municipal puede dar lugar a otros presupuestos de hechos, que por sí solos, constituyen infracciones graves, como, por ejemplo, cualquier perjuicio ocasionado a las personas y al medio ambiente”.

El gobierno local ha acordado también mantener la suspensión de las actividades no legalizadas, como medida restablecedora de la legalidad. Igualmente,  advierte que la clausura es inmediatamente ejecutiva desde la notificación de esta resolución y que, de no cumplirse voluntariamente, se procederá a su ejecución forzosa mediante precinto.