¡Es el urbanismo, estúpido!

El Juzgado de Instrucción Nº 20 de Sevilla está investigando  cómo en Burguillos se ha podido construir de forma presuntamente ilegal todo un polígono industrial sobre suelo no urbanizable. Según los primeros indicios, el Ayuntamiento habría concedido licencia de obras pasando olímpicamente de los informes técnicos y jurídicos. Cuando la Justicia ha inquirido sobre el caso, desde el Consistorio se habría argumentado que el polígono se alza sobre ‘suelo urbano consolidado’. Lo que no dice es que se habría consolidado por la vía habitual de los hechos consumados: calificando el terreno como urbano una vez que el polígono se construyó al margen del procedimiento legal.

En este caso, el Ayuntamiento habría sido el presunto cooperador necesario de la ilegalidad por acción directa. En Arahal, anteriores corporaciones lo habrían sido por omisión, pues si no es inconcebible que el nuevo Consistorio comunique a la Consejería de Vivienda la existencia de 5.000 chalés construidos sobre suelo rústico. Es otro caso de urbanizaciones ilegales como las 1.732 que en los años 80 detectó la Oficina del Defensor del Pueblo  (359 en la provincia de Sevilla) tras inspeccionar 225 de los 771 municipios de la región y que se han alzado con la complacencia o la vista gorda de los ayuntamientos. ¿Cómo ‘el cuerpo del delito’ (5.000 viviendas) pudo pasar de forma tan inadvertida en Arahal sin que el Ayuntamiento se percatara de lo que ocurría delante de sus narices ni actuara contra los infractores para, tal como exige la ley, restablecer el orden subvertido mediante la demolición  a costa de los propietarios?

Mientras quienes han respetado estrictamente la ley no han obtenido beneficio alguno de su ejemplo cívico, quienes la han vulnerado se habrán quedado con los mejores parajes del pueblo a precio irrisorio (un suelo rústico es mucho más barato que el urbano) y a buen seguro tendrán la recompensa de ver  cómo pronto sus casas son legalizadas, porque ¿quién va a derribar 5.000 viviendas? Los ayuntamientos se aplican la misma máxima que en la banca: “Si el cliente debe 2.000 euros al banco, el problema es del cliente;  si la deuda es de 200.000 euros, el problema es del banco”. En esa lógica perversa, el problema de las 5.000 viviendas ilegales ya no es del ayuntamiento de Arahal, que se confiesa desbordado por su magnitud, sino de la Junta, a la que ahora le traslada esta ‘patata caliente’.

La corrupción

En el debate abierto por El Mundo tras la ola de corrupción que nos invade y que se habría cobrado al menos 4.158 millones de euros en los últimos diez años, la clave la han dado los juristas consultados al subrayar que la capacidad de los ayuntamientos para diseñar planes urbanísticos mueve muchísimo dinero y constituye un poder demasiado grande en manos de una Administración pequeña, sin capacidad de resistencia a las presiones de los constructores y gestionada en muchos casos por funcionarios escasamente profesionales que trabajan alejados del control de otros entes superiores, con un enorme grado de autonomía, un amplio margen de discrecionalidad e insuficiente transparencia.

Sí, tal como habría dicho Bill Clinton en nuestra situación, “¡es el urbanismo, estúpido!” ¿Acaso no coreaban “¡Urbanismo, urbanismo!” los militantes del PSOE en Sevilla en la euforia de una noche electoral cuando vislumbraban que iban a desbancar al PA de las caracolas de la isla de la Cartuja, donde radica la Gerencia? ¿Acaso no es Urbanismo la primera delegación que se piden todos los partidos en las negociaciones por el reparto del poder? Obviamente no es una pretensión idealista. Todos sabemos que  el dinero se halla ligado al lápiz con el que se puede cambiar la calificación urbanística de un suelo con un simple trazo en el mapa.

Castilleja de Guzmán

Y mientras alguno de estos juristas propone que se devuelvan las competencias sobre el urbanismo a la Administración central, en Andalucía, la Junta con el hasta ahora sensato Griñán al frente avanza en sentido contrario y prepara la cesión de 29 competencias a los ayuntamientos, entre ellas la autorización de obras en suelo no urbanizable. Error, qué inmenso error. ¿Quiere volver a repetir el fiasco de Castilleja de Guzmán, aunque ahora el Supremo haya anulado la multa de 2,9 millones de euros a la promotora de la urbanización ‘Señorío de Guzmán’ justamente porque la levantó al amparo de una licencia concedida por el Ayuntamiento y anulada posteriormente por el TSJA y el Gobierno autónomo?. Este le había cedido las competencias urbanísticas a este pueblo sito a las puertas de Sevilla, por entonces con tan sólo 600 habitantes,  y lo primero que hizo la corporación municipal  fue modificar las Normas Subsidiarias para permitir la construcción de 800 viviendas donde sólo estaban previstas 300, y pese a los requerimientos de la Junta de que paralizase la modificación urbanística porque en realidad se trataba de una revisión encubierta del planeamiento.

Los alcaldes andaluces, a través de la FAMP, piden más, mucho más: han exigido que sean liberados de cualquier tipo de tutela por parte de la Junta y tener competencias plenas y exclusivas en ordenación, gestión, ejecución y disciplina (¿?) urbanísticas. Eso equivaldría a crear las condiciones objetivas para convertir el territorio en un coto aún más sin vallar, como han demostrado desde los escándalos en Marbella, Estepona y El Ejido hasta estos de ‘andar por casa’ en Castilleja, Burguillos y Arahal.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.