El fiscal le había pedido dos años de cárcel por ocupar una vía pecuaria durante la urbanización de la finca

La Junta de Andalucía ha emitido un informe en que niega la afección a  la cañada real de Peromingo a Palmete

Los urbanistas Mariñas, Bernal y Gea también quedan exonerados de cualquier responsabilidad penal

 

La titular del Juzgado de Instrucción Nº 12 de Sevilla ha decretado el sobreseimiento y archivo definitivo de la causa abierta contra el promotor y constructor Gabriel Rojas Fernández y varios urbanistas por la presunta usurpación de un trozo de vía pecuaria limítrofe con la Hacienda El Rosario durante el proceso de urbanización de la finca para su puesta en carga urbanística, una actuación que en principio fue calificada por el fiscal como delictiva y por la que le pedía pena de cárcel.

El promotor inmobiliario y constructor Gabriel Rojas y los urbanistas y técnicos José Carlos Mariñas, Francisco Javier Bernal y José María Gea, han quedado exonerados de cualquier responsabilidad de tipo penal al archivarse de forma definitiva la causa abierta por el procedimiento abreviado Nº 181/2014, según un auto judicial dictado el pasado día 5 de julio y al que ha tenido acceso Viva Sevilla.

El Ministerio Fiscal, en el escrito de calificación -adelantado por nuestro periódico- calificó los hechos investigados como un delito contra la ordenación del territorio, por estimar que se realizaron obras sin licencia municipal durante el proceso de urbanización de la Hacienda El Rosario y que supusieron la ocupación y daño de la cañada real de Peromingo a Palmete.

 

Tras esa calificación, la titular del Juzgado interesó una nueva práctica de diligencia de instrucción para que se informase si el deslinde practicado había afectado a la vía pecuaria, y en tal sentido libró un oficio a la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía.

INFORME DE LA JUNTA

El secretario general provincial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Salvador Camacho Lucena, contestó el 28 de abril que una vez consultada la documentación urbanística existente en la Delegación Territorial y el expediente de deslinde parcial de la vía pecuaria en el tramo que discurre desde el Canal del Bajo Guadalquivir hasta el ámbito del Sector SUS-DE-09 Hacienda del Rosario (término municipal de Sevilla y de Alcalá de Guadaíra), “se constata que no se ha producido afección a la vía pecuaria deslindada por la realización de las obras mencionadas”.

Hay que reseñar, por otra parte, que la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla no ha informado en esta fase del procedimiento.

Por tanto, a la vista del informe enviado por la Junta de Andalucía, la titular del Juzgado Nº 12 ha acordado el sobreseimiento y archivo definitivo de las actuaciones.

Fuentes de Ecologistas en Acción, organización que no se había presentado en la causa, han comentado al respecto que no podía esperarse que la Consejería de Medio Ambiente emitiese un informe en sentido contrario al que lo ha hecho, porque en tal caso se podría haber deducido algún tipo de responsabilidad propia como órgano encargado de la supervisión y aprobación del deslinde de la vía pecuaria en conflicto.

 

LA CALIFICACIÓN DEL FISCAL

 

Según el escrito del fiscal, los hasta ahora acusados, a través de la empresa Gabriel Rojas Sociedad Limitada, ocuparon significativamente la cañada, pese a que el Ayuntamiento no había autorizado las obras  e independientemente de que se hubiera realizado o no su deslinde.

Por la presunta usurpación de la vía pecuaria y su urbanización para incorporarla al proyecto constructivo, el fiscal pidió para todos los implicados pena de dos años de prisión, privación del derecho de sufragio pasivo, multa de 12 meses con cuota de 20 euros, inhabilitación especial para el ejercicio de las funciones, oficios y profesiones que ejercían en el momento en que concurrieron los hechos durante el tiempo de la condena.

 Asimismo, el fiscal exigió que rehabilitaran la cañada a su estado anterior a las obras y, en su defecto, que indemnizaran a la Agencia Andaluza del Agua / Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía con 389.741,25 euros, más los intereses legales desde la fecha de realización del informe en que se cuantificaron los costes de reposición.  Como responsable civil directo se señalaba a la empresa Gabriel Rojas S.L. El fiscal pidió que los implicados depositaran una fianza por el valor del coste de reposición y que se le ofreciera a la Agencia Andaluza del Agua /Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía el ejercicio de acciones civiles.