Necesita de 1,44 a 3,33 millones de m3 anuales de aguas subterráneas
Ecologistas teme que ponga en peligro las reservas de Sevilla en caso de sequía
La mina reutilizaría también un máximo de 2,2 millones de m3 de la depuradora de San Jerónimo
La compañía minera Cobre Las Cruces, filial de la multinacional canadiense First Quantum, ha solicitado a la Comisaría de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir el aprovechamiento de entre 2.052.000 y 5.560.000 m3 de aguas públicas para su nuevo proyecto de mina subterránea (proyecto PMR), una concesión que a juicio de Ecologistas en Acción podría poner en peligro las reservas de agua subterránea para Sevilla capital en caso de sequía.
Cobre Las Cruces pretende reutilizar al año entre 0,6 millones y 2,2 millones de m3 de aguas procedentes de la depuradora de Emasesa en el sevillano barrio de San Jerónimo y de 6.500 a 30.000 m3 procedentes de la limpieza de la balsa de pluviales del propio complejo minero.
Además, necesitaría entre 1,44 millones y 3,33 millones de m3 de aguas subterráneas anualmente, con el siguiente origen: achique de la mina (de 1 a 2 millones de m3); rechazos del Sistema de Drenaje y Reinyección (de 427.000 m3 a 1.300.000 m3), y la realización de un sondeo de abastecimiento (de 18.500 m3 a 30.000 m3 anuales), tal como muestra el cuadro de la solicitud a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir:
Ecologistas en Acción recuerda, sin embargo, que en las autorizaciones ambientales unificada e integrada (AAU y AAI) que otorgó la Junta de Andalucía en diciembre de 2020 se contempla un uso de hasta 6 millones m3/año de aguas subterráneas.
En 2004 se autorizó la mina a cielo abierto de Cobre Las Cruces (CLC) con una condición de obligado cumplimiento. Quedaba prohibida cualquier afección, en cantidad y calidad, a las aguas subterráneas del entorno minero, porque constituyen una reserva estratégica destinada a abastecer de agua al área metropolitana de Sevilla en épocas de sequía.
Por eso, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) sólo autorizó entonces a CLC usar 180.000 m3/año de esas aguas subterráneas, que además tenía que compensar mediante el cierre de varios pozos del entorno minero.
Según Ecologistas, «CLC nunca ha cumplido esa obligación y ha dañado el acuífero de manera continuada y reincidente, y con conocimiento permanente de las autoridades de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG)».
En mayo de 2008 la CHG tuvo que paralizar la actividad minera por contaminar con arsénico el acuífero, y en 2016 tres dirigentes de la compañía minera fueron condenados por esos hechos, por delitos contra el medio ambiente y daños continuados al dominio público.
Los verdes denuncian que desde 2009 hasta 2019, CLC consumió 1.000.000 m3/año por encima de la autorización, es decir, 5,5 veces más de lo autorizado, ante la pasividad cómplice de la propia CHG.
Recuerda Ecologistas que en 2018 CLC «realizó la primera rampa de minería subterránea y los daños al acuífero se dispararon, y en enero de 2019 se produjo un derrumbe masivo de la escombrera norte hacia el interior de la corta minera, en parte, como consecuencia de la detracción masiva e ilegal de aguas subterráneas».
Con el nuevo Proyecto PMR -minería subterránea y nueva Planta de Beneficio-, CLC ha solicitado que le autoricen -durante 15 años más- extraer hasta 6 millones de m3/año de lo que ahora denomina “aguas de mina”, y un consumo hasta un máximo de 3.330.00 m3/año de esas aguas subterráneas para el nuevo proceso industrial.
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