Tras organizar sólo tres muestras artísticas acabó en 2012 en la quiebra, con una deuda superior a los 2,3 millones de euros
La Audiencia Provincial inhabilitó a Jaime Montaner, ex consejero del Gobierno andaluz, además de a otros patronos de la Fundación
La Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, cuya titular es Patricia del Pozo, ha aceptado la donación del archivo de la Fundación Bienal de Arte Contemporáneo de Sevilla (BIACS) por parte de su último presidente, el pintor portuense Juan Suárez. La Fundación acabó en la quiebra en 2012, tras organizar tan sólo tres muestras artísticas, al haber acumulado una deuda superior a los 2,3 millones de euros, por lo que la Fiscalía acabó pidiendo dos años de inhabilitación para catorce de sus patronos.
Según la Consejería de Cultura, la Fundación BIACS fue un proyecto que ideó la galerista Juana de Aizpuru para intentar dar un impulso a la actividad cultural de la ciudad de Sevilla e incorporarla a los circuitos internacionales de la creación contemporánea.
Juan Suárez fue patrono desde su inicio y su último presidente. Fueron tres las bienales que se celebraron teniendo el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo como sede central entre 2004 y 2009, con gran repercusión mediática no sólo en España sino internacionalmente.
La I BIACS (la alegría de mis sueños), comisariada por Harald Szeemann en 2004 con presencia tanto de creadores jóvenes, muchos de Europa del Este, como de artistas consagrados de la talla de Ulrich Rückriem, Richard Serra y Lucinda Devlin.
La II BIACS (Lo desacogedor: escenas fantasmas de la sociedad global), fue comisariada en 2006-2007 por Okwvi Enwezor, que proponía la constitución de distintos espacios para la reflexión, la interacción y el diálogo crítico en los que la comunidad artística y el público podían manifestarse y debatir en torno a la situación del arte contemporáneo.
La III BIACS (Yourniverse), comisariada en 2008-2009 por un equipo compuesto por Peter Weibel, Wonil Rhee y Marie-Ange Brayer, abordaba las relaciones entre arte, ciencia, tecnología, arquitectura y medio ambiente en el contexto global de la sociedad de la información y la comunicación, siendo el propio público quien interactuaba con los contenidos. Esta última bienal incorporó a Granada como sede junto a Sevilla.
«A través del archivo -afirma Cultura- podemos conocer el funcionamiento de la organización de la Fundación, siendo de gran interés para la investigación y el estudio de la actividad cultural realizada en esos años en Sevilla y Andalucía».
El archivo consta de 184 unidades de instalación, que contienen toda la documentación generada por la gestión administrativa y económica de las BIACS. Entre la documentación destaca la de contenido económico, que recoge la contabilidad y otros documentos relacionados con la misma como son, entre otros, extractos bancarios, facturas, presupuestos, nóminas y documentación de viajes; también sobresale la correspondencia, tanto la recibida como la enviada, resaltando la correspondencia mantenida con los artistas participantes.
La Dirección del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo informó el 10 de junio de 2021 sobre el interés de los bienes ofrecidos en donación, proponiendo su aceptación. Por su parte, la Comisión Técnica del Centro informó también favorablemente el ingreso de los bienes en su reunión del día 27 de mayo de 2021. El archivo de la Fundación BIACS pasará a engrosar los fondos documentales del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo.
UN FRACASO ECONÓMICO
Con subvenciones de la Junta de Andalucía y del Ayuntamiento hispalense, así como la ayuda de mecenas privados, la Fundación organizó tres muestras artísticas en 2004, 2006 y 2008. Las deudas y el recorte de ayudas públicas a partir de la crisis financiera de 2008 impidió la celebración de nuevas ediciones en el monasterio de la Cartuja, sede del Centro de Arte Contemporáneo, así como en la torre de Don Fadrique.
Cuando se declaró en concurso de acreedores, en septiembre de 2012 tenía 2,3 millones de euros de deudas y un patrimonio de 875.000 euros. Un total de 109 personas físicas y jurídicas engrosaban la lista de acreedores, entre los que había montadores, transportistas y artistas que aportaron sus obras para las muestras.
La Fiscalía de Sevilla y la administración concursal de la Fundación Bienal Internacional de Arte Contemporáneo de Sevilla (BIACS) pidieron dos años de inhabilitación para ejercer como administradores de empresas a catorce patronos. Asimismo, que afrontaran con sus bienes personales el pago del 5% del déficit patrimonial. Tanto la Fiscalía como la administración concursal entendieron que los patronos contribuyeron con su actuación a la insolvencia de la entidad.
INHABILITACIÓN
Según una información difundida por la agencia Europa Press el 23 de febrero de 2017, la Audiencia Provincial de Sevilla confirmó la sentencia del juez de lo Mercantil número 1, que declaró culpable el concurso de la Fundación Bienal Internacional de Arte Contemporáneo de Sevilla (BIACSy declaró afectados por esta calificación a, entre otros, al exconsejero de la Junta de Andalucía y miembro de la comisión ejecutiva del Patronato, Jaime Montaner, para el que acordó dos años de inhabilitación para administrar bienes ajenos y para representar o administrar a cualquier otra persona.
En la sentencia, la Sección Quinta rechazó el recurso presentado por la defensa del exconsejero contra el fallo del juez de lo Mercantil número 1 de Sevilla, el cual declaró culpable el concurso y declaró afectados por esta calificación a nueve miembros de la comisión ejecutiva del Patronato y al exdirector gerente de la Fundación, Luis Olivar O’Neill.
Cabe recordar que el juez inhabilitó tanto al exdirector gerente como a nueve miembros de la Comisión Ejecutiva, como el arquitecto y pintor Juan Suárez Ávila; los arquitectos Víctor Pérez Escolano y Jaime Montaner; Antonio Valdivieso, exdirector general de General de Producciones y Diseño (GPD); el empresario Diego Valdés Cruces; el médico y empresario Juan Ignacio González-Barba González-Gallarza; el dentista Enrique Solano Reina; Carmen Castellanos y José Ramón Moreno García.
Tanto Jaime Montaner como Carmen Castellanos, Diego Valdés y Enrique Solano recurrieron la sentencia, pero la Audiencia rechazó dichos recursos al entender que «correspondía al comité ejecutivo del Patronato en general y a su tesorero –Montaner– en particular el control de las cuentas de la Fundación, lo que necesariamente implica la comprobación de que la contabilidad se llevaba conforme a lo establecido por las leyes aplicables».
«El hecho de que la no llevanza de los libros obligatorios, lo que priva de fiabilidad a la contabilidad, fuese un defecto heredado, en cuanto que anterior a su nombramiento, no excusa que hubieran denunciado tal situación en cuanto que asumieron sus cargos y hubieran hecho lo necesario para ponerle remedio de forma inmediata», aseveró el tribunal, que añadió que «no consta sin embargo que durante el año que estuvieron al frente de la fundación hicieran nada al respecto».
Asimismo, la Audiencia rechazó la alegación de falta de conocimiento sobre cuestiones de contabilidad, ya que «al aceptar un cargo se asumen las obligaciones y deberes que conlleva y entre ellas la de tomar conocimiento de la situación en que se encontraban las cuentas de la fundación y su contabilidad, asegurándose el cumplimiento de las leyes aplicables».
«De no tener capacidad para ello, no se debió aceptar el cargo o se debió buscar el asesoramiento adecuado», razonó la Audiencia, que consideró que «la falta de un interés lucrativo, el que se tratase de una situación heredada durante largo tiempo y las demás circunstancias que se alegan en los recursos, ya han sido tomadas en cuenta por la sentencia apelada que, de un lado, aplica la sanción de inhabilitación mínima y, por otra parte, no obliga a los afectados a hacerse cargo ni en todo ni en parte de la deuda de la fundación».
Por contra, la Audiencia sí estimó el recurso presentado por el abogado del exdirector gerente de la fundación, Tulio García O’Neill, a quien absolvió de las pretensiones deducidas contra él por la Administración Concursal y el Ministerio Fiscal.
El tribunal recordó que el juez condenó al exdirector gerente entre los años 2004 y 2010 por apreciar que tuvo poderes generales durante todo su mandato que le hacían responsable de las deficiencias de la contabilidad en que se basó la declaración de culpable del concurso.
Al hilo, aseveró que, «aunque es cierto que, como director gerente, tenía una capacidad de gestión notable, ni se ha probado que tuviese facultades generales para llevar la fundación, es decir, que tuviera capacidad de decisión sobre todas las competencias que corresponden al Patronato o a su comité ejecutivo, ni más concretamente que tuviera responsabilidad alguna en las cuentas o en la llevanza de la contabilidad».
Según indicó la Audiencia, Luis Olivar O’Neill «era jefe de personal, pero tal cargo no implica más que la gestión del personal que trabajaba para la fundación, y ello no implica ni responsabilidad en orden a la llevanza de contabilidad, ni siquiera competencias con respecto a la gestión de las cuentas de la fundación, responsabilidad esta que era exclusiva del comité ejecutivo del Patronato y del tesorero».
«Sobre los hechos que estima acreditados la sentencia no existe pues base para imputar a esta persona las graves deficiencias de la contabilidad que han llevado a declarar el concurso culpable, por lo que ha de estimarse su recurso, revocando la sentencia en el sentido de absolverle», argumentó el tribunal.
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