La medida afecta también a los planes urbanísticos de La Algaba y Coria del Río
La Secretaría General de Medio Ambiente, Agua y Cambio Climático de la Junta de Andalucía ha hecho público el Informe Ambiental Estratégico de la modificación número 1 del Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Sevilla, la cual afectará a la normativa urbanística de la capital de Andalucía, La Algaba y Coria del Río.
La Modificación Nº 1 del Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Sevilla tiene por objeto modificar la letra b) del apartado segundo del artículo 35 del vigente Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Sevilla (POTAUS), limitando la afección de la franja de 200 metros colindantes con el dominio público marítimo terrestre solo a aquellos suelos que estuviesen en situación
de suelo no urbanizable o urbanizable no sectorizado a la entrada en vigor del POTAUS, con el objetivo de homogeneizar sus determinaciones con las de los planes subregionales aprobados con posterioridad y en aras de evitar la interferencia con el planeamiento urbanístico vigente en ese momento, ya que no existió la
intención de alterar dicho planeamiento a este respecto en el momento de la redacción del POTAUS.
La Modificación Nº 1 no conlleva autorización expresa de ningún desarrollo urbanístico. Se trata exclusivamente de posibilitar, de forma reglada, el desarrollo urbanístico de cuatro sectores de suelo urbanizable sectorizado en las condiciones establecidas en el respectivo planeamiento general: SI-1 del PGOU de La Algaba, SUS-DBP-03 Cortijo del Cuarto Norte y SUS-DBP-04 Cortijo del Cuarto Sur del PGOU de Sevilla y el Sector 5 de la Revisión de las Normas Subsidiarias del Planeamiento de Coria del Río.
De esta manera, la franja libre de desarrollo urbanístico, que supone un corredor fluvial, pasa de 200 metros a 100 metros de anchura únicamente en los cuatro sectores afectados por esta modificación. La pérdida de conectividad por la ocupación de suelo parece el efecto principal que podría tener esta modificación, pero a
pesar de la reducción a la mitad de la anchura del corredor fluvial, se considera que la función de corredor ecológico que realiza el río y sus riberas queda garantizada a través de los 100 metros restantes en esos tramos puntuales.
Los usos concretos que, una vez aprobada esta Modificación Nº 1 se podrían implantar en los suelos urbanizables sectorizados afectados, son los mismos usos ya previstos para su desarrollo urbanístico por el planeamiento vigente.
En consecuencia, la presente modificación no altera los supuestos del vigente Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Sevilla en relación con los efectos ambientales de su desarrollo.
CORTIJO DE CUARTO
El presidente de la Diputación de Sevilla, el socialista Fernando Rodríguez Villalobos, declaró en diciembre de 2021 que su institución preveía aprobar en aproximadamente «un mes», en el seno de su junta de gobierno, un «plan estratégico» que defina la futura «puesta en carga» de los terrenos con los que cuenta la entidad en el entorno de Cortijo de Cuarto, unos suelos que ya en 2019 ofreció al Ayuntamiento hispalense.
Se trata de más de 130 hectáreas pertenecientes a la Diputación y divididas entre un sector principal en el sur del término municipal de Sevilla y otro de menores dimensiones en el de Dos Hermanas. En 2012 la institución provincial optó por detener el desarrollo urbanístico de tales terrenos.
Y es que con la anterior crisis (la financiera que estalló en 2008) haciendo estragos, las administraciones sometidas a criterios de austeridad y el mercado inmobiliario en plena debacle, el Gobierno provincial socialista consideró que no era «el momento para llevar a cabo 5.551 viviendas» cuya construcción admitiría la calificación de los terrenos de Cortijo de Cuarto, defendiendo que «lo más razonable» era esperar a contar con «todas las garantías y la máxima previsión de beneficio económico y social».
Dicha decisión estuvo acompañada de la rescisión por mutuo acuerdo del protocolo firmado en 2005 entre la Diputación y la entonces Consejería de Obras Públicas y del posterior convenio urbanístico de ejecución suscrito en 2006 con la entonces Empresa Pública de Vivienda de Andalucía (EPSA, actual Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía), sobre estos terrenos.
La rescisión de tales acuerdos supuso para la Diputación la devolución a EPSA de más de once millones de euros a cuenta de las partidas anticipadas por este organismo para el desarrollo urbanístico de los suelos en cuestión, donde aproximadamente la mitad de las viviendas permitidas contarían con algún grado de protección.
Ya en 2019, la Diputación ofreció al Ayuntamiento de Sevilla la adquisición de tales suelos, dadas «las líneas del urbanismo en la capital con las nuevas alternativas comerciales de esa zona», en alusión al macro centro comercial Lagoh y los desarrollos urbanísticos previstos por la promotora Metrovacesa en el área sur del sector Palmas Altas con 2.870 nuevas viviendas en la promoción denominada ahora Isla Natura y suelo para otros usos, entre otros aspectos, más el proyecto de Ciudad de la Justicia en el antiguo campus de Abengoa.
Fernando Rodríguez Villalobos ha explicado que la Diputación sigue trabajando para resolver el destino de estos suelos «en consonancia y permanente diálogo con el Ayuntamiento Sevilla», detallando que la sociedad provincial Sevilla Activa tiene encomendada la redacción de un nuevo y actualizado plan parcial de los mismos.
El escenario que afronta la entidad para resolver el destino de tales terrenos «ha cambiado» con la entrada en vigor de la nueva Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (Lista), que sustituye a la anterior Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), y la nueva «percepción de la ciudad sobre esos terrenos».
«Con todo eso y tras la entrada en vigor de la Lista, estamos repensando y plasmando en ese plan estratégico acerca de esos terrenos y su puesta en carga», ha declarado Rodríguez Villalobos, precisando que el futuro documento contará con «un componente económico y otro de tramitación en general».
Y, una vez más, ha recordado que el objetivo de la operación no es otro que lograr que la Diputación extraiga un «beneficio» económico de tales suelos, «para revertir esos beneficios económicos en los municipios de la provincia».
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