La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir autorizó 106 contratos de este tipo por un volumen de 30 hm3

La Asociación de Comunidades de Regantes de Andalucía (Feragua) ha denunciado que más del 60% del dinero ingresado por el sector arrocero sevillano con los contratos de cesión de derechos de riego en la pasada campaña ante la imposibilidad de sembrar debido a la extrema sequía acabará en manos del Ministerio de Hacienda, cuya titular es la sevillana María Jesús Montero.

Los arroceros han descubierto ahora, en plena campaña de declaraciones de la renta, que los contratos de cesión están sujetos a una doble repercusión fiscal: por un lado, el Impuesto de Sociedades, que se carga a las Comunidades de Regantes, con un tipo del 25%; y por otra parte, el impuesto sobre las rentas de las personas físicas, que se le carga a los agricultores, con un tipo medio del 21%.

Si a esto se le añade el IVA del 21%, «lo que tenemos -se lamenta Feragua- es que a los arroceros le queda menos de la mitad del dinero cobrado para compensar mínimamente sus gastos generales por no poder regar. La economía de supervivencia se convierte en economía de ruina absoluta».

María Jesús Montero, vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda

Desde Feragua y las organizaciones representativas del sector arrocero se han dirigido cartas y se han mantenido reuniones con representantes de todos los Ministerios implicados (Hacienda, Transición Ecológica y Agricultura ) para tratar de evitar lo que califican de «una gran injusticia».

CESIONES DE DERECHOS DE AGUA

La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, recibió en 2023 para su autorización 106 contratos de cesión de derechos de riego, que suponían un volumen de 30 hm3 de agua solicitado. Todas las solicitudes fueron autorizadas salvo dos, al estar el cedente en una zona que no recibía agua directamente de desembalse.

La mayoría de los contratos procedían de la zona arrocera de la cuenca del Guadalquivir, que dada la situación de sequía y la escasa dotación concedida no pudieron cultivar arroz en la pasada campaña.

De los contratos formalizados, quince no contemplaban compensación económica y en el resto oscilaba entre los 0,15 euros por m3 a 0,53€/m3, estando fijada en la mayoría de ellos a 0,24 €/m3. Esta compensación económica se fijó de mutuo acuerdo entre los contratantes, sin mediadores. Los contratos de mayor volumen de agua han tenido como receptores a las Comunidades de Regantes del Valle Inferior del Guadalquivir, del B XII del Bajo Guadalquivir, de la Zona Regable del Genil Cabra, del Bajo Guadalquivir, del Canal Margen Izquierda del Genil y de Fuentepalmera.

La sequía impidió a los arroceros sembrar durante la campaña de 2023

Durante la tramitación se sometió el proceso a información pública en la web de la CHG, en el apartado de concesiones: https://www.chguadalquivir.es/informacion-publica.

La Confederación Hidrográfica destacó en aquel entonces la colaboración y coordinación mantenida entre las administraciones, con la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía y con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, a la que por disposición legal se les solicitó el correspondiente informe preceptivo. Esta cooperación permitió a la CHG emitir en tiempo y forma las resoluciones para dar seguridad jurídica a los contratos de cesión de derechos.El Texto Refundido de la Ley de Aguas establece el plazo de dos meses al organismo de cuenca para autorizar el contrato de cesión.

La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir también subrayó que estos contratos son una herramienta jurídica recogida en el Texto Refundido de la Ley de Aguas y utilizada con normalidad en situaciones graves de sequía en España. Este instrumento regulado en el ordenamiento jurídico español se ha contemplado así en los decretos de sequía que se han publicado al amparo del artículo 58 del Texto refundido de la Ley de Aguas, tanto de la demarcación hidrográfica del Guadalquivir como del resto de demarcaciones.

El contrato de cesión de derechos al uso del agua, regulado en los artículos 67 y siguientes del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas, nace como mecanismo ante episodios de escasez y sequía que permitan garantizar una mejor reasignación de los recursos disponibles y flexibilizar el régimen concesional optimizando el uso del agua, actualmente tan escaso.

De esta forma, esta figura siempre se ha venido aplicando para que, en situaciones de escasez coyuntural, las comunidades de regantes puedan ponerse de acuerdo y cederse los derechos de riego unas a otras. Es una medida operativa que se puede aplicar en cualquier situación, pero que cobra especial relevancia en situaciones de escasez de agua ya que flexibiliza la relación oferta y demanda.

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