Comunica al Ayuntamiento que no erigirá ningún edificio administrativo más en Sevilla mientras paga casi 58 millones de euros en alquileres

El Gobierno andaluz ha pedido a la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla la recalificación de una parcela situada junto a la antigua estación ferroviaria de Cádiz y destinada en el PGOU a Sistema General de Equipamiento Administrativo. La Junta de Andalucía, con el evidente fin de hacer caja, renuncia ahora a ese uso para que en su lugar se puedan construir 214 viviendas de «alto standing» y con el argumento de que no va a alzar ningún nuevo edificio más en Sevilla.

La parcela situada junto a la antigua Estación de San Bernardo, entre la Avenida
de Cádiz, la Avenida de Málaga y las calles Juan Mata Carriazo y Felipe Hansen,
originalmente parcela A de la UE-SB-6 “San Bernardo”, se encuentra calificada por el
PGOU vigente como Sistema General de Equipamiento Administrativo. Dicho uso fue asignado a requerimiento de la Junta de Andalucía, como titular de los terrenos, para la construcción de un edificio público administrativo que albergara una Consejería.

Transcurridos los años y según comunica el gerente de Urbanismo mediante la resolución Nº 3606, de fecha 5 de julio (2024), la Junta de Andalucía ha desistido de ese objetivo, «por tener cubiertas sus necesidades de oficinas e instalaciones administrativas en otras edificaciones, y no ser necesaria para la Comunidad Autónoma la construcción de nuevas edificaciones de equipamiento administrativo en Sevilla».

Vista aérea de la parcela propiedad de la Junta al lado de la antigua estación de Cádiz

A la vista de lo anterior, la Dirección General de Patrimonio de la Consejería de
Economía, Hacienda, y Fondos Europeos de la Junta de Andalucía, como titular de los
suelos, formula ante el Ayuntamiento de Sevilla una propuesta de Actuación de
Transformación Urbanística ATU de Mejora Urbana, para proceder al cambio de
calificación urbanística de la parcela de referencia , a la vista de su desafectación para
el uso previsto de equipamiento administrativo de la administración Autonómica, con
objeto de darle a la parcela un nuevo uso, residencial y de dotaciones locales, «que sea
coherente y positivo para la recalificación urbanística y mejora urbana de esta zona del
barrio de san Bernardo».

PLAN DE SEDES

La propuesta de la Junta de recalificación de un suelo dotacional a otro residencial contrasta con su Plan de Sedes, anunciado el 4 de julio del año 2023. Según la nota oficial emitida en aquel entonces, el Consejo de Gobierno tomó conocimiento de la iniciativa de la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos para elaborar un plan de eficiencia y ahorro de las sedes administrativas de la Junta de Andalucía y cuyo objetivo es reducir al máximo la cuantía que en la actualidad se está pagando por el alquiler de las sedes administrativas, que asciende a 57,7 millones de euros, cifra que se revisa cada año con el IPC, así como poner en valor los inmuebles del patrimonio público infrautilizados o en desuso y en muchos casos abandonados o en estado semirruinoso.

La decisión de redactar este plan de eficiencia y ahorro se produjo tras la detección, como consecuencia del trabajo que se estaba realizando para desarrollar una gestión integral del patrimonio inmobiliario, de tres graves problemas que afectan a las sedes administrativas donde desarrollan su trabajo cerca de 30.000 empleados públicos.

En este sentido, el principal problema es que muchas de estas sedes se encuentran en edificios por los que la Junta de Andalucía paga un arrendamiento, que supone un coste para las arcas públicas de casi 60 millones de euros al año. En estas sedes desarrollan su trabajo prácticamente la mitad de los trabajadores de la Junta de Andalucía que están destinados a labores de carácter administrativo.

Propuesta de ordenación de la parcela

El segundo problema detectado es la dispersión de las sedes administrativas de la Junta de Andalucía, que resta eficiencia al servicio que presta la administración y a la atención al público. Y el tercer problema es la falta de adecuación de muchos de los edificios para su desempeño como sede administrativa y para los servicios que han de prestarse en ellos.

El plan, que se esperaba poder presentar después del verano de 2023, tendrá que proponer soluciones que pasan por reducir el número de los edificios por los que la Junta paga un alquiler, así como la cuantía de éstos, y por buscar alternativas que acaben con la dispersión de las sedes y permitan la adecuación de los edificios al servicio que prestan.

En este sentido, siempre según la nota oficial, el plan deberá proponer medidas como la rehabilitación de edificios abandonados o infrautilizados que sean susceptibles de utilizarse como sede de los servicios administrativos de la Junta de Andalucía, la construcción de nuevos edificios, si fueran necesarios, y la enajenación o puesta en valor mediante las fórmulas de explotación que se consideren más adecuadas de los edificios que no reúnan condiciones para su uso administrativo.

También deberá plantear la reordenación de las sedes administrativas en cada una de las provincias con el objetivo de potenciar el uso más eficiente de los edificios y concentrar los espacios. Todo ello con el objetivo último de mejorar las condiciones de trabajo de los empleados públicos y la prestación de los servicios públicos a los ciudadanos.

Simulación realizada por la Junta de Andalucía de cómo quedaría la manzana con 214 viviendas que se construiría en la parcela tras su recalificación

Además, este plan contribuirá de forma decidida a los objetivos ligados a la transición ecológica, al dotar de mayor eficiencia a los edificios y a la mejora de los servicios y equipamientos de las ciudades, ya que muchos de los inmuebles actualmente abandonados y sin uso van a permitir el desarrollo de proyectos importantes para las ciudades en las que se encuentran.

Así pues, cabe deducir tras la comunicación al Ayuntamiento que la Junta ha desechado la opción que contemplaba en su Plan de Sedes de erigir nuevos edificios más eficientes en Sevilla para prestar un mejor servicio a los ciudadanos y de paso rebajar el coste de los alquileres. La única opción que le queda es la rehabilitación de inmuebles abandonados o infrautilizados.

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