Las minas de Aznalcóllar y Cobre las Cruces verterán al cauce casi 130.000 millones de litros

Ciudadanos, científicos, docentes y profesionales de todos los ámbitos y sectores, a los que se suman entidades y colectivos, preocupados por los vertidos masivos de residuos tóxicos mineros en el cauce del Guadalquivir y que podrían provocar una catástrofe irreversible para su estuario han constituido una plataforma denominada ‘Salvemos el Guadalquivir’ que se presenta oficialmente este miércoles, 18 de diciembre (2024), en la Sala el Cachorro (Calle Procurador 19, Sevilla).

A juicio de la plataforma, la Junta de Andalucía no ha evaluado el impacto acumulativo de los vertidos autorizados (130.000 millones de litros de aguas que califica como tóxicas) directamente en el cauce del estuario del Guadalquivir, tras una depuración que estima insuficiente, desde dos minas distintas: Mina Los Frailes, situada en Aznalcóllar (en su próxima reapertura desde el desastre de 1998), y Mina las Cruces, situada entre Gerena, Salteras y Guillena (ambas en la provincia de Sevilla).

Los colectivos que integran la plataforma manifiestan que el Guadalquivir no es una cloaca, sino «fuente de Vida -afirman- y base de muchos sectores económicos que resultarán gravemente afectados». Añaden que tienden la mano a la Junta de Andalucía para colaborar con el objetivo de prevenir «la catástrofe anunciada para el río grande del pueblo andaluz».

Esta plataforma pone a disposición de los interesados una web (sosguadalquivir.es) que recopila la información y detalles sobre los vertidos mineros que son de difícil acceso, así como los informes científicos, estudios y artículos de expertos que demuestran que estos vertidos masivos autorizados por la Junta de Andalucía podrían poner en grave peligro la subsistencia del estuario del Guadalquivir y la salud de las personas.

En Julio de 2024, la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul de la Junta de Andalucía firmó la denominada Autorización Ambiental Unificada (que da el visto bueno al proyecto de concesión de explotación de “recursos de la sección C denominada Zona Aznalcóllar; Nº de registro 7976”).

En dicho expediente, a pesar de las sustanciales y fundamentadas alegaciones de Ecologistas en Acción, la Junta de Andalucía da el visto bueno a los vertidos masivos desde la Mina Los Frailes, propiedad de Grupo México, que construirá una tubería de 30 km desde las minas de Aznalcóllar para verter 85.520 millones de litros de agua con metales pesados tóxicos, según reconoce la propia empresa, directamente en el cauce del Estuario del Guadalquivir.

Estos vertidos se sumarán a los 44.460 millones de litros de agua procedentes de la tubería de 12 km desde Mina Cobre las Cruces, propiedad de Fisrt Quantum, que reconoce que portará también metales tóxicos diluidos.

En total serán 85.520 (desde Mina Los Frailes de Aznalcóllar) + 44.460 (desde Mina Las Cruces): 129.980 millones de litros de aguas tóxicas, autorizados para ser vertidos en el cauce del Guadalquivir sin estudios adecuados de impacto de acumulación en los sedimentos y la biota.

Según la plataforma, ni la Junta de Andalucía ni las promotoras mineras han realizado los estudios necesarios e imprescindibles de impacto acumulativo eco-tóxico en sedimentos y la biota para evaluar los efectos en dicho estuario. Es decir, se han tramitado ambas autorizaciones como si los residuos se enviasen a dos “islas” distintas.

Mapas que reflejan los puntos de vertido y su dispersión por el río hasta el mar

Tampoco se ha tenido en cuenta, por ejemplo, que hay estudios que demuestran que el Guadalquivir ya se encuentra contaminado en sus sedimentos aguas abajo de donde se ha realizado el primer vertido de Cobre las Cruces.

Según consta en la documentación de las compañías, se realizará un proceso de depuración de las aguas que en opinión de la plataforma «es a todas luces insuficiente, pues la carga contaminante acumulada total vertida al estuario del Guadalquivir mantiene un alto contenido en arsénico, cadmio, cobre, cromo, mercurio, níquel, plomo, selenio y zinc, entre otros metales».

A estos vertidos contaminados los denominan “agua casi potable” , expresión que para la plataforma es un tecnicismo lingüístico creado para confundir, ya que si fuese agua realmente casi potable o cercana a la potabilidad no sería necesaria una tubería de 30 Km y podría ser utilizada para el regadío en la agricultura.

La plataforma estima que «se corre peligro de que estos vertidos envenenen el estuario del Guadalquivir hasta su desembocadura en Sanlúcar de Barrameda y a las puertas del Parque Natural de Doñana, lo que pondrá en grave peligro no solo la integridad de los ecosistemas, sino también la salud de las personas y la seguridad alimentaria, pues el estuario abastece de agua a una proporción importante de los arrozales, de la agricultura de riego comarcal, siendo además un vivero fundamental de mariscos y pescados que se esparcen de adultos por el Golfo de Cádiz y que son la base de la economía de los pescadores».

Para la plataforma, como alternativa a los vertidos tóxicos la Junta de Andalucía debe exigir a las empresas mineras (Minera Cobre Las Cruces y Minera Los Frailes) la puesta en marcha de un sistema de depuración completa del agua mediante ósmosis inversa (membranas). El agua depurada podría usarse para un aprovechamiento sostenible en la comarca, generando empleo y riqueza ambiental.

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