Ecologistas en Acción recurre ante los tribunales, con el apoyo vecinal, el Estudio de Ordenación del nuevo estadio del Betis más la mole anexa

Ha presentado la demanda ante el TSJA en la que se reflejan gran parte de las denuncias de las asociaciones del entorno

Ecologistas en Acción Sevilla ha recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) el Estudio de Ordenación del nuevo Estadio Benito Villamarín (Real Betis Balompié), en el que se han introducido los usos terciarios y gran superficie comercial en la parcela municipal aledaña, entre el estadio y la calle Doctor Fleming, y que fue aprobado el pasado mes de septiembre (2025) por el Ayuntamiento hispalense.

Los Verdes cuentan con el apoyo de las asociaciones de vecinos de la zona, que desde el primer momento se han movilizado para oponerse a la introducción de dichos usos, los cuales son independientes del deportivo.

El primer motivo de la demanda es que el Estudio de Ordenación se basa en la habilitación de la Modificación Puntual número 63, que introdujo los usos terciarios y gran superficie comercial, con independencia del uso deportivo, estando dicha Modificación también recurrida ante el mismo Tribunal.

Maquinaria pesada trabajando en las obras en la explanada municipal que ocupará la mole del Betis

Los siguientes motivos de la demanda, que coinciden en parte con las alegaciones efectuadas por las asociaciones vecinales, han sido, entre otros, los siguientes: insuficiente justificación de la mejora urbana, insuficiente ordenación detallada, falta de cálculo del incremento del aprovechamiento por el cambio de usos y la correspondiente cesión del 10% al Ayuntamiento, e insuficiente justificación de la afección al paisaje urbano.

Estima Ecologistas que el tratamiento que el Ayuntamiento ha otorgado al Real Betis Balompié Sociedad Anónima Deportiva en este asunto supone una excepcionalidad que presuntamente infringe el ordenamiento urbanístico en favor de una entidad privada, haciendo realidad la advertencia de un técnico jurista: “un urbanismo a la carta en el que primen los intereses privados sobre el supremo interés público de mejorar la ciudad, sus equipamientos, sus infraestructuras, sus barrios, y, sobre todo, la calidad de vida de sus ciudadanos”.

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