La Corporación Provincial afirma que adaptará su proyecto y la Junta, que recurrirá ante el Supremo
Reacciones dispares tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de andalucía (TSJA) que anula la Modificación Puntual Número 1 del Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Sevilla (POTAUS) que redujo la protección de la ribera del río Guadaíra y por tanto de una franja del Cortijo del Cuarto, donde la Diputación Provincial de Sevilla proyecta la construcción de 6.000 viviendas. Vecinos de Bellavista celebran la sentencia y se ofrecen a dialogar, mientras que la Diputación estima que el varapalo judicial es para la Junta de Andalucía, la cual estudia la presentación de un recurso ante el Tribunal supremo.
La asociación de Bellavista Espacio Verde Cortijo de Cuarto (EVCC) celebra en un comunicado que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) haya anulado la modificación del plan territorial que redujo la protección de la ribera del Guadaíra. A juicio de la asociación, una vez más han sido los tribunales los que han defendido el medio ambiente allí donde los poderes públicos ( Ayuntamiento y Diputación) no lo han hecho.
La Junta de Andalucía, gobernada por el Partido Popular, aprobó en 2023 el cambio que dejó fuera de la red de espacios libres la franja situada entre los 100 y los 200 metros en los sectores afectados. La Diputación de Sevilla, presidida por el PSOE y promotora del desarrollo a través de su sociedad pública Sevilla Activa, no figura como recurrente en la sentencia. La impugnación que ha prosperado la presentó Ecologistas en Acción Sevilla, al cual EVCC y el barrio de Bellavista expresan su gratitud.

Concentración en defensa del Cortijo del Cuarto
Para la asociación, construir más viviendas a costa de perder espacios naturales carece de justificación de interés general. Afirma que proteger la ribera y el pulmón verde del Cortijo de Cuarto es también proteger la salud y la calidad de vida y que reducir esa protección va en dirección contraria a los objetivos de la política ambiental de la Unión Europea, que incluyen conservar el medio ambiente y proteger la salud de las personas. A su juicio, esa ampliación de protección mediambiental permitirá un verdadero corredor verde que transitará junto al rio Guadaira hasta la Laguna de Fuente del Rey, puerta de entrada a Doñana.
La entidad vecinal exige a la Diputación que se siente a dialogar y se comprometa a preservar el Cortijo de Cuarto como un parquet forestal y consoliden entre todos un pulmón verde para la ciudad de Sevilla. «Estamos dispuestos -afirma en su comunicado- a identificar conjuntamente emplazamientos donde se pueda construir vivienda protegida, social y pública sin dañar el medio ambiente. Pedimos que las viviendas que se construyan con esta finalidad sean de alquiler asequible para las personas y familias con menos recursos, con titularidad pública permanente y garantías que impidan su venta o traspaso a manos privadas».
REACCIÓN DE DIPUTACIÓN
La Diputación Provincial de Sevilla ha garantizado por medio de su presidente, Javier Fernández, que el proyecto urbanístico Cortijo de Quarto «sigue muy vivo» y que en ningún caso se paralizará, pese a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). «No enmienda la plana a Diputación, sino a la propia Junta, que es quien con su modificación del POTAUS, que es una herramienta autonómica, ha planteado una salvaguarda de lo que es el espacio de protección medioambiental del Guadaíra de 100 metros», asevera el presidente.
Fernández ha afirmado con respecto a la sentencia: «veremos en qué nos afecta y adaptaremos el proyecto a esta nueva prerrogativa, teniendo en cuenta que, por encima de todo, la iniciativa protege el medio ambiente. De las 140 hectáreas que tienen los suelos de Cortijo de Cuarto, dijimos que 70 eran para zona verde».
Por último, el mandatario provincial ha reiterado que el proyecto sigue «muy vivo» porque se trata de «una de las grandes oportunidades de Sevilla y de la gente joven». «Hemos sacado del mismo el concepto de especulación, tanto del suelo como de la construcción, al ser la Diputación el promotor público», ha añadido.
«Queremos hacer miles de viviendas para gente joven a precio asequible, a precio razonable, personas que estén en el registro de demandantes de viviendas de Sevilla capital», ha abundado. «Estoy convencido de que, posiblemente, junto con otro proyecto en Entre Núcleos (Dos Hermanas) y en La Rinconada, en Pago del Medio, estemos ante el proyecto de urbanismo público más importante en Andalucía».
RECURSO DE LA JUNTA
La Junta de Andalucía, por su parte, ha defendido que la modificación del Cortijo del Cuarto no afecta a la integridad del Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Sevilla (POTAUS), así como tampoco afecta al futuro de los cuatro sectores de suelo urbanizable implicados y ha planteado presentar un recurso ante el Tribunal Supremo.
Fuentes de la Junta han indicado a EP que aunque la administración autonómica respeta y acata la sentencia del TSJA, considera que la modificación está «debidamente justificada en el interés general para garantizar el desarrollo económico y residencial sostenible de los municipios afectados».
Por ello, han añadido que a tenor de que la sentencia no es firme desde la Junta de Andalucía estudiarán interponer un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, dentro del plazo de 30 días que habilita. «El fallo del TSJA no cuestiona el fondo de la reforma, sino que exige una justificación más estricta y detallada del ajuste del ancho de 200 a 100 metros al afectar a suelos previstos como Espacios Libres», aseveran desde el Gobierno andaluz.
La Junta ha argumentado que el desarrollo de estos sectores puede continuar aplicando el planeamiento municipal, la Lista y la redacción original del POTAUS (manteniendo la franja de 200 metros), así como que no se eliminan los Espacios Libres ni se rompen los Corredores Verdes; sólo se ajustaba su ancho de 200 a 100 metros para adaptarlo a la Zona de Servidumbre de Protección de la Ley de Costas.
En esta línea, ha asegurado que la modificación que hizo cuenta con «total respaldo técnico y ambiental», ya que superó la evaluación ambiental estratégica sin objeciones y obtuvo informes favorables tanto de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir como de la Dirección General de Costas y el Mar del Ministerio para la Transición Ecológica.
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